
escocesa o la del Estado como expresión de la eticidad en Hegel) que permitiera reconciliar las contradicciones entre lo público y lo privado y entre los intereses de los distintos individuos y grupos que conforman la sociedad capitalista.
Los ideólogos del liberalismo no sólo no respondieron a
estos ataques, sino que si seguimos la historia de las doctrinas políticas
después de l848, lo que podemos observar es el abandono de la idea de la
sociedad civil. John Keane ha llamado la atención al hecho de que a partir de
esa época, el debate sobre la relación entre sociedad civil y Estado entra en
un período de declive, emergiendo posteriormente de modo sólo esporádico. “Desde la segunda mitad del siglo XIX el
pensamiento político y social europeo comienza a abrazar, de forma creciente,
la suposición mítica de que sistemas sociales complejos pueden ser ordenados,
pacificados y emancipados de conflictos anulando la división entre poder
político y social”. La continuación lógica de la idea de sociedad civil
había conducido necesariamente a la hegeliana percepción del carácter contradictorio
de la misma, y de su relación de presuposición-oposición con el Estado,
abriendo así un flanco muy vulnerable para la crítica al capitalismo y a la
propia ideología liberal. Como instrumento legitimador de los reclamos de la
burguesía revolucionaria y de su proyecto de reconstrucción de lo social, esta
idea había topado con un fuerte límite a su capacidad de interpretación y
proyección de lo social dentro de los marcos teóricos y metodológicos que
caracterizan al liberalismo. Para entender esto, es preciso explicar la
dinámica histórica que llevó a que este concepto, fundamental hasta entonces en
la filosofía política del liberalismo, fuera arrinconado en el baúl de los
recuerdos.
La idea de sociedad civil nació en la ideología burguesa
como expresión del interés de esta clase por limitar el poder del Estado
entonces existente, aún no burgués, y delimitar una esfera de acción legítima y
resguardada de su autoconstitución como clase, en tanto sujeto social. A partir
de l848, la posición de la burguesía en la trama social cambió radicalmente.
Coronando un proceso que comenzó con la revolución inglesa del siglo XVII y se
continuó con la revolución de las 13 colonias y la francesa en el siglo XVIII,
la oleada revolucionaria de 1848 eliminó los últimos residuos de las
estructuras políticas feudales en Europa y consolidó en forma definitiva el
poder político de la burguesía. Con esto, los objetivos del pensamiento
político de aquella clase cambiaron también sustancialmente. Su propósito ya no
era tanto el de reflexionar sobre cómo limitar
el poder del Estado, sino el de meditar en torno a cómo repartir este poder
para toda la clase, y no sólo para un grupo de la misma; para que en ese Estado
se alcance la expresión de un equilibrio efectivo de los intereses de los
distintos grupos que conforman a la burguesía. A este objetivo se sumaba un
segundo, determinado por la aparición de un nuevo actor social, la clase
obrera, que se demostró desde las mismas revoluciones de l848 como un
formidable retador a su poder: cómo estructurar un sistema político que
impidiera el acceso del proletariado a las libertades políticas que ella había
obtenido anteriormente. El tema principal de las luchas políticas en el Siglo
XIX y buena parte del Siglo XX - y por ende del pensamiento político de esta época
- fue el de la extensión de lo que se denominó como “derechos de ciudadanía”.
El más importante de estos era el derecho al sufragio, que estuvo fuertemente
restringido durante mucho tiempo sólo a los propietarios (varones, por
supuesto) de determinada cantidad de riqueza. Pero otro derecho por el que
también las masas populares tuvieron que luchar fuertemente lo constituyó el
derecho a la asociatividad: el derecho a organizar partidos políticos,
sindicatos y otras organizaciones que expresaran y defendieran los derechos de
los grupos preteridos en la escala social. Si el concepto de sociedad civil
constituyó una consigna de combate de la burguesía en la época en que ella
defendía su derecho a asociarse para defender su espacio de acción e intercambio
económico (para lo que desde mucho antes constituyó guildas, logias
fraternales, compañías comerciales, clubes políticos, congregaciones
religiosas, etc.), ahora - cuando de lo que se trataba era de cerrar el acceso
de los grupos sociales contendientes a esos espacios de asociatividad - se
tornó un tema molesto para esa misma burguesía. Ya para entonces, no tenía
sentido identificar a la sociedad civil con la sociedad burguesa, como había
ocurrido anteriormente en el imaginario dieciochesco. “Al lado de las empresas privadas han surgido un gran número de
organizaciones populares, en especial sindicatos y cooperativas, las cuales se
expresan políticamente en los partidos socialistas que presionan por el voto
universal. La sociedad civil deja de ser el ámbito de una sola clase, toda vez
que ahora aparecen otras clases organizadas. En su seno brota un conflicto, que
es ante todo un conflicto de clases”.
Este trabajo constituye el
Capítulo X del libro ‘Traducir a
Gramsci’ de Jorge Luis Acanda González. Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2007, 292 pp.
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