17/2/14

La comprensión gramsciana de la sociedad civil

Jorge Luis Acanda González  |  Ya hemos visto que la “idea clásica” de sociedad civil fue sometida a dos fuertes críticas, primero por Hegel y después por Marx. El intento del primer liberalismo de convertir al concepto de sociedad civil - y al espacio objetivo que este concepto designaba - en elemento capaz de expresar y lograr la síntesis de las contradicciones existentes en la sociedad moderna, implicaba una concepción del hombre que era insostenible por especulativa. Advertido de la seriedad de los conflictos operantes en la sociedad civil, Hegel pensó superarlas subsumiendo a esta dentro de un Estado que concebía como entidad ética. Marx, por su parte, sometiendo a una crítica implacable la concepción liberal del Estado como elemento neutro e intermediario, y a toda concepción sobre el hombre que se apoyara en una antropología especulativa, avanzó a un primer plano la tesis de la imposibilidad de encontrar una “llave mágica” (la idea de sociedad civil en la Ilustración
escocesa o la del Estado como expresión de la eticidad en Hegel) que permitiera reconciliar las contradicciones entre lo público y lo privado y entre los intereses de los distintos individuos y grupos que conforman la sociedad capitalista.

Los ideólogos del liberalismo no sólo no respondieron a estos ataques, sino que si seguimos la historia de las doctrinas políticas después de l848, lo que podemos observar es el abandono de la idea de la sociedad civil. John Keane ha llamado la atención al hecho de que a partir de esa época, el debate sobre la relación entre sociedad civil y Estado entra en un período de declive, emergiendo posteriormente de modo sólo esporádico. “Desde la segunda mitad del siglo XIX el pensamiento político y social europeo comienza a abrazar, de forma creciente, la suposición mítica de que sistemas sociales complejos pueden ser ordenados, pacificados y emancipados de conflictos anulando la división entre poder político y social”. La continuación lógica de la idea de sociedad civil había conducido necesariamente a la hegeliana percepción del carácter contradictorio de la misma, y de su relación de presuposición-oposición con el Estado, abriendo así un flanco muy vulnerable para la crítica al capitalismo y a la propia ideología liberal. Como instrumento legitimador de los reclamos de la burguesía revolucionaria y de su proyecto de reconstrucción de lo social, esta idea había topado con un fuerte límite a su capacidad de interpretación y proyección de lo social dentro de los marcos teóricos y metodológicos que caracterizan al liberalismo. Para entender esto, es preciso explicar la dinámica histórica que llevó a que este concepto, fundamental hasta entonces en la filosofía política del liberalismo, fuera arrinconado en el baúl de los recuerdos.

La idea de sociedad civil nació en la ideología burguesa como expresión del interés de esta clase por limitar el poder del Estado entonces existente, aún no burgués, y delimitar una esfera de acción legítima y resguardada de su autoconstitución como clase, en tanto sujeto social. A partir de l848, la posición de la burguesía en la trama social cambió radicalmente. Coronando un proceso que comenzó con la revolución inglesa del siglo XVII y se continuó con la revolución de las 13 colonias y la francesa en el siglo XVIII, la oleada revolucionaria de 1848 eliminó los últimos residuos de las estructuras políticas feudales en Europa y consolidó en forma definitiva el poder político de la burguesía. Con esto, los objetivos del pensamiento político de aquella clase cambiaron también sustancialmente. Su propósito ya no era tanto el de reflexionar sobre cómo limitar el poder del Estado, sino el de meditar en torno a cómo repartir este poder para toda la clase, y no sólo para un grupo de la misma; para que en ese Estado se alcance la expresión de un equilibrio efectivo de los intereses de los distintos grupos que conforman a la burguesía. A este objetivo se sumaba un segundo, determinado por la aparición de un nuevo actor social, la clase obrera, que se demostró desde las mismas revoluciones de l848 como un formidable retador a su poder: cómo estructurar un sistema político que impidiera el acceso del proletariado a las libertades políticas que ella había obtenido anteriormente. El tema principal de las luchas políticas en el Siglo XIX y buena parte del Siglo XX - y por ende del pensamiento político de esta época - fue el de la extensión de lo que se denominó como “derechos de ciudadanía”. El más importante de estos era el derecho al sufragio, que estuvo fuertemente restringido durante mucho tiempo sólo a los propietarios (varones, por supuesto) de determinada cantidad de riqueza. Pero otro derecho por el que también las masas populares tuvieron que luchar fuertemente lo constituyó el derecho a la asociatividad: el derecho a organizar partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones que expresaran y defendieran los derechos de los grupos preteridos en la escala social. Si el concepto de sociedad civil constituyó una consigna de combate de la burguesía en la época en que ella defendía su derecho a asociarse para defender su espacio de acción e intercambio económico (para lo que desde mucho antes constituyó guildas, logias fraternales, compañías comerciales, clubes políticos, congregaciones religiosas, etc.), ahora - cuando de lo que se trataba era de cerrar el acceso de los grupos sociales contendientes a esos espacios de asociatividad - se tornó un tema molesto para esa misma burguesía. Ya para entonces, no tenía sentido identificar a la sociedad civil con la sociedad burguesa, como había ocurrido anteriormente en el imaginario dieciochesco. “Al lado de las empresas privadas han surgido un gran número de organizaciones populares, en especial sindicatos y cooperativas, las cuales se expresan políticamente en los partidos socialistas que presionan por el voto universal. La sociedad civil deja de ser el ámbito de una sola clase, toda vez que ahora aparecen otras clases organizadas. En su seno brota un conflicto, que es ante todo un conflicto de clases”.

Este trabajo constituye el Capítulo X del libro ‘Traducir a Gramsci’ de Jorge Luis Acanda González. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, 292 pp.
 


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