26/4/13

Movilización y Constituyente para la paz en Colombia

Ricardo Sánchez Ángel

Especial para Gramscimanía
El momento político está signado por el avance de los diálogos en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia armada de las FARC. Un nuevo capítulo de la larga guerra en el marco de violencias de todo orden, que arrastra tras de sí la sociedad colombiana. Si se toma el período inaugurado el 9 de abril de 1948, la violencia y sus guerrillas cumplen 63 años de edad. Si se marca desde los comienzos de las FARC en 1964, la edad es de 49 años.

Algo y mucho explica la edad de esta guerra y sus proyecciones. En toda esta zaga, cuyos orígenes vienen de las guerras civiles decimonónicas y los distintos momentos de violencia del s. XX, se adelantaron diálogos, negociaciones con amnistías, indultos, leyes de extinción de penas y traiciones, además de nuevas instituciones[1]. Experiencias a tener en cuenta en el actual momento político por la paz.

El paisaje económico

El desenvolvimiento de la economía capitalista, con sus modelos de acumulación, han vivido y se han beneficiado de las distintas modalidades de violencia y, en especial, de la confrontación con los alzados en armas agraristas, rebeldes y revolucionarios. La insurgencia, a su vez, vivió sus propias vicisitudes en el contexto de los cambios en la arena nacional e internacional. 

Desde el triunfo de los gobiernos de Reagan y Thatcher y su contrarrevolución, neoliberal en lo económico y reaccionaria en lo internacional y lo político, se aceleró una etapa del capitalismo caracterizada por la búsqueda de nuevas fuentes de acumulación. Es así que salarios, seguridad social, empleo y servicios públicos se encuentran sometidos a una brutal intervención de signo negativo. Asimismo, el comercio internacional vio disminuir el proteccionismo de los países de Nuestra América y en otras latitudes del capitalismo periférico.

Al compás de la liberación económica y financiera, se acentuó la transnacionalización y financiarización de la economía en el marco de la “globalización”. La concentración y centralización del capital se aceleró en las metrópolis y en las altas clases a nivel planetario. En forma simultánea, se producía una revolución científico-tecnológica en las comunicaciones, la biotecnología, la computarización, los descubrimientos químicos, el armamentismo, la naturaleza y el universo, en búsqueda de mayor productividad.

Todas estas tendencias se profundizaron a distintos ritmos y contradicciones, expresados en resistencias de los trabajadores. También de gobiernos, como en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Pero la tendencia dominante no ha cambiado de rumbo, mientras las resistencias se mantienen y acrecientan, y los nuevos procesos de las multitudes en el continente son favorables a la causa de la justicia social.

En el interregno de los ochenta a hoy, las crisis del capitalismo de ciclo recesivo desmejoraron la condición de los trabajadores a nivel mundial, aunque con ritmos diferentes, porque lo que está en curso desde el 2009 es una verdadera depresión, más fuerte en Europa y Estados Unidos.

En Colombia, hay que subrayar como decisiva la contrarreforma agraria más grande del continente y del hemisferio occidental, con su concentración neolatifundista y de haciendas agroindustriales en expansión sobre territorios de selva y bosques, como en el Chocó y la Orinoquía. Ha sido una de las fuentes más grandes de la acumulación capitalista, con base en la violencia y expropiación, causante de la más espantosa tragedia humanitaria en el continente: más de cuatro millones de desplazados, miles de asesinados, desaparecidos y heridos. La estructura económica dominante ha fortalecido su expansión con las multinacionales, que operan como eje de la explotación, verdadero saqueo colonial de petróleo, carbón, níquel, oro, cobalto,toda una variopinta canasta de recursos naturales.

Además, y en concordancia con estas realidades, la banca y las finanzas se han acrecentado, con jugosas e inmorales ganancias. Por último, pero no de último, desde hace tres décadas el país es epicentro del cultivo, producción y comercialización de la cocaína, con el consecuente fortalecimiento del crimen organizado, que opera en la ilegalidad y legalidad. Se trata de uno de los componentes del sistema de acumulación más potente en Colombia, varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Es el capitalismo por expropiación del trabajo y la propiedad. La economía de mercado, centralizada y concentrada, ha colocado a la sociedad, la educación, la salud, la cultura, al igual que a la naturaleza, a sus designios.

Estas realidades se consolidaron durante el largo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continúa con variados énfasis y adecuaciones en el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, en que los tratados de libre comercio se firman como “vales de cantina” y sin debate nacional, acelerando la liberación económica en detrimento del trabajo doméstico. Las cinco locomotoras del actual Plan de Desarrollo: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación, se encuentran en esa dirección.
Lo que hay en materia laboral, en salud y educación, así como en materia tributaria, seguridad social y régimen pensional, han hecho de Colombia el segundo país más desigual de América Latina y el tercero en el mundo, superado solo por Haití y Angola, con niveles alarmantes de pobreza y un desempleo abierto de dos dígitos, el más alto del continente. En síntesis, en Colombia no avanzó la reforma, sino la contrarreforma neoliberal.  

La geografía en que actuó y lo sigue haciendo la insurgencia es multicolor, porque también está el ELN y antes el M-19, el EPL, el PRT y otros núcleos guerrilleros. Así, las FARC y el ELN vienen a ser unas organizaciones al mismo tiempo tradicionales y modernas. Combinan en sus experiencias y actuaciones, en sus mentalidades y propuestas, asuntos de lo antiguo y lo actual. Nada refleja mejor la larga transición del mundo rural, agrario y campesino que la constante guerrillera.

El cruce de caminos

El discurso de Manuel Marulanda al inaugurar los diálogos del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), es un documento ilustrativo. La querella del jefe guerrillero es contra el robo de las gallinas y los cerdos, una lograda metáfora que sintetiza la violencia contra la economía de subsistencia de los pobres del campo y explica en profundidad la raíz justiciera de la resistencia armada que las FARC adelantó contra la expropiación de las propiedades campesinas y aldeanas[2]. Este discurso me evoca la novela histórica Michael Kohlhaasde Heinrich Von Kleist[3].
El establecimiento dominante ha escogido la guerra contra la insurgencia. A veces ha cedido amnistías y perdones, pero en forma que le permitiera reprimir o asesinar, desde antes del legendario Guadalupe Salcedo, a dirigentes que se incorporaron a la política legal, con las promesas incumplidas y la cuenta de cobro por pagar con su propia vida[4].

La experiencia horrible del exterminio de la Unión Patriótica, creada en los diálogos de paz durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, incluyendo el asesinato de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, ambos candidatos presidenciales,fue decisivo. Todo esto coloca serios interrogantes que deben ser absueltos inequívocamente, para garantizar de verdad verdad que la firma de la paz no sea la firma de la sentencia de muerte para los jefes insurgentes y los militantes. Esta tarea de clarificación y de toma de medidas debe comenzar en forma contundente, desmantelando los organismos y aparatos del paramilitarismo, de la ultraderecha, que operan con fluidez en el escenario nacional, asesinando a los líderes sociales[5].

Las guerrillas son hijas no reconocidas del sistema vigente, incoadas y mantenidas por las guerras de los dominadores. Está bien que ahora se las reconozca como hijas legítimas de esas injusticias indignantes y existentes. Cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió dialogar con las FARC en un acto de realismo político plausible, reconoció la legitimidad de la insurgencia. No se trata entonces de un diálogo con terroristas o bandidos, sino de insurgentes armados con razones para luchar, independiente de que no se comparta esta forma de lucha. Los atrapados sin salida de la guerra abren su puerta hacia el propósito de unos diálogos que conduzcan a una paz realista y posible.

El gobierno abrió esta puerta porque la opinión nacional e internacional lo exige. Es una ética y eficaz movilización de los pacifistas en todas partes. Las miles de víctimas de la más grande tragedia humanitaria del continente, son los primeros protagonistas de esta tarea, con los vasos comunicantes de los activos de derechos humanos, los sindicatos, las mujeres, juristas, periodistas e intelectuales. Las denuncias y las investigaciones documentadas han contribuido a la preocupación doméstica e internacional. Los gobiernos del vecindario latinoamericano están colaborando en esta materia y los organismos internacionalesmanifiestan sus apoyos. Solo la derecha extrema que comanda el ex presidente Álvaro Uribe se opone a rajatabla.

Es importante destacar el respaldo del gobierno de Estados Unidos al proceso de diálogos, a propósito del reportaje de Yamid Amat a Michael Mckinley, embajador de ese país en Colombia, publicado en el periódico El Tiempo el pasado 17 de febrero. A la pregunta El nuevo secretario de Estado, John Kerry, ha dicho que EE.UU. apoya el proceso de paz. ¿Qué significa ese apoyo?,sostiene el funcionario: “Desde cuando comenzó el proceso hemos sido muy claros en apoyar la iniciativa del presidente Santos. Creemos que los conflictos y las guerras tienen que llegar a una conclusión negociada y, por eso, un apoyo diplomático al proceso, como el que Colombia ha obtenido del mundo entero, es importante. En términos bilaterales, todo el esfuerzo, desde que se lanzó el Plan Colombia, ha sido dirigido a fortalecer instituciones, aumentar la seguridad, mejorar las condiciones dentro del país y debilitar a los grupos narcotraficantes, incluyendo la guerrilla. De todas maneras, este es un proceso colombiano y, como en todo proceso de negociación, el gobierno decidirá cuándo necesita un apoyo más fuerte de la comunidad internacional”[6]

Vivimos un cruce de caminos, entre seguir transitando la guerra o escoger la vía de la paz. El logro de esto último abrirá caminos de civilización y progreso, hoy vedados por la barbarie de las violencias. Facilita que los escenarios de la lucha de clases por la democracia, la justicia social y la unidad latinoamericana se concreten. La paz es movilizadora, conviene a todos, pero en primer lugar a los de abajo, que viven el incendio de sus aldeas y la muerte por doquier. 

Del lado de las FARC se acepta igualmente el carácter legítimo del gobierno actual. Es un principio rector reconocerse mutuamente para dialogar, sincerando sus diagnósticos y aspiraciones. Con ello, ni el gobierno ni las FARC han renunciado a sus lugares desde donde hablan y actúan, pero sí han desplazado los antagonismos, buscando concretar la política como escenario. Aunque esta modulación se vea limitada y precaria ante la continuidad de la guerra entre ambos contendientes. La liza militar anula así el quehacer político.

Esta guerra sin fin, con ribetes de barbarie, no ha producido lo que el establecimiento se propuso: la derrota y rendición de la insurgencia. Pero igual, en su carácter de movimiento revolucionario, no solo de resistencia con propósitos de poder, los insurgentes no han triunfado. Hay que reconocer que la Seguridad Democrática fracasó, y que la ofensiva con ejércitos guerrilleros no fue posible. Ni los unos han ganado, ni los otros tampoco, y la sociedad es la gran perdedora. Gerardo Molina afirmó el 13 de abril de 1982: “Estoy convencido hoy de que ni las guerrillas derrotan al ejército, ni el ejército derrota a la guerrilla. La solución no puede ser entonces la militar; creo que la única es la solución política a base de negociaciones”[7].

Hay que buscar humanizar la guerra mediante la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Humanitario: poner fin a las retenciones-secuestros, erradicar conjuntamente los campos minados, reconocer el estatuto de presos políticos ycolocar a la población civil indígena y negra por fuera. La Humanización se debe complementar con el cese al fuego bilateral.

El acuerdo de paz entre gobierno e insurgencia será el comienzo de la justicia social y tiene un valor cualitativo inmenso. Los movimientos de toda naturaleza deben participar con sus reflexiones y propuestas, al igual que los partidos políticos.

Los diálogos

Los diálogos transcurren en medio de la guerra y de la vida sociopolítica, con carriles interrelacionados, pero diferentes en sus ritmos particulares, que pueden o no sintonizarse.

Los medios masivos de comunicación están creando una atmósfera enrarecida sobre los diálogos. Es una peligrosa decisión, que convierte el escenario mediático en un teatro de confrontación, para que la opinión termine sintonizándose con el proyecto del expresidente Álvaro Uribe, como ocurrió con la movilización del 4 de febrero de 2008, donde primó la consigna contra las FARC. Es un ejercicio mediático altanero, que asume la confrontación con las FARC como un poder independiente y que se autoproclama representante de la opinión pública nacional e impone pautas de conducta al gobierno.

Así las cosas, el periodismo serio, independiente y de las redes sociales, debe seguir ejerciendo la deliberación colectiva. No se trata de no interpelar a las FARC y de no criticarla, lo cual es necesario y legítimo, sino hacerlo con objetividad y veracidad. Yo mismo he criticado duramente a las FARC en distintas oportunidades[8]. La experiencia internacional en España y en Egipto, en Venezuela y en Bolivia, enseñan que la comunicación desde las redes sociales puede competir con el mensaje de los grandes medios.

Ojalá los acuerdos de paz sean con mucha justicia social, pero la paz que convenga al gobierno y las FARC será aceptable y habrá que saludarla y evaluarla en la acción comunicativa pública sin maximalismos.

La condición básica de estos diálogos es que no descansen en los supuestos falsos de que se está hablando con una insurgencia diezmada y poco menos que destruida, y que el gobierno está acorralado y obligado, sin alternativa diferente a adelantar la tarea del diálogo.

De darse estos supuestos, el desencuentro sería de raíz y tales cálculos serían obstáculos casi insalvables. Hay que aceptar con realismo que las guerrillas son existentes como fuerza política y que el gobierno es dominante, en una correlación de fuerzas favorable a las derechas económicas, políticas y sociales, con una extrema derecha sectaria y armada.

No se trata de protocolizar una rendición, ni una revolución pactada, sino de reconocer la necesidad de la negociación política como cese de la confrontación armada y como un bien común que debe acompañarse de justicia social. 
La clave de los diálogos, de los avances de la agenda y en los alcances finales de los acuerdos de paz, descansa en la cantidad y calidad de las multitudes sociales, políticas y pacifistas, de su organización y expresión. La ecuación es: a mayor movilización, mayor profundidad en los acuerdos y viceversa.

Hay una enorme potencia en los movimientos sociales, que pueden convertirse en multitud erguida y producir cambios cualitativos en la correlación de fuerzas. En el tejido sociopolítico se adelantan luchas y movilizaciones en todo el país. El que adquiera un sentido unitario y programático es lo necesario.

Se dieron 2863 huelgas entre 1984 y 2010, con 20.877.157 participantes, a las que se suman otras 110 sobre las que no hay información del número de huelguistas. Este es un aspecto relevante de la participación de las multitudes durante este período[9]. La protesta social incluye mingas, bloqueos, manifestaciones, paros cívicos, y motines como el de Bogotá el 9 de marzo de 2012. En la Colombia profunda hay una multiplicidad de formas de comunidad: campesina, indígena, negra, barrial y ciudadana. Al igual que ligas, asociaciones y asambleas.

La crisis recurrente de las izquierdas es un déficit a favor de la derecha. La división de las fuerzas en el Polo Democrático Alternativo, que su dirección protocolizó con expulsiones estalinistas, con la ironía que algunos de los expulsados todavía ofician en el altar del “padrecito” Stalin, constituye un duro revés para las ideas partidarias con democracia interna.

El surgimiento en la arena política de nuevos movimientos sociopolíticos como Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Minga Social y Comunitaria, está recomponiendo el mapa político de las izquierdas, con incidencia positiva en los procesos de paz, no solo con las FARC, sino también con el ELN.

El anuncio de los insurgentes de conformar sus propios movimientos una vez se haga tránsito a la legalidad de la paz, creará nuevas condiciones de reagrupamiento. Algo saludable para la democracia.

La Constituyente

La salida constitucional a lo que se acuerde, para que tenga legitimidad, ha sido puesto sobre la mesa por las FARC, que proponen una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente. Sería esta institución la que decida sobre el rumbo, para darle aplicación a lo acordado. La respuesta del presidente Juan Manuel Santos fue que se haría una consulta vía referendo. Dos maneras de concebir la salida institucional que merecen unas reflexiones que lleven a la mejor alternativa.
Descartar de entrada la propuesta de la Constituyente como lo hizo el gobierno, como si fuese un llamado a la debacle, olvida que tal propuesta es constitucionalmente legítima, al igual que el referendo. Precisamente la Constitución de 1991 llevó a canon constitucional los mecanismos de participación. En el art. 103 y 104 de la codificación original de la Carta de 1991 se dice:
Art. 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato.
Art. 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.
El plebiscito, el referendo y la consulta, tal como están diseñados, son instituciones de origen bonapartista que dejan la iniciativa en el presidencialismo. Restringen el escenario de la deliberación democrática, de la acción comunicativa en la sociedad, acerca de los temas a decidir. Por ello es la vía preferente que escogen los gobiernos. Además, los acuerdos del gobierno y la insurgencia pueden ser derrotados por la ultraderecha convocada por Álvaro Uribe, tal como sucedió en Guatemala para los acuerdos de paz en 1996. Esto, porque la fluidez de la vida política es un campo de lucha, al cual no escapan las definiciones institucionales.

El mecanismo de la constituyente lo estableció el art. 374 de la Constitución, que dice:
Art. 374. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Nacional o por el pueblo mediante referendo.
También por el art. 376, así:
Art. 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.
Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en un acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

La pieza maestra de la Reforma Política es la lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, de claro signo democrático y popular con plenos poderes para cambiar, no sólo lo que a temas constitucionales se refiera, sino también leyes con carácter de aplicación urgente en materia de reforma agraria y urbana, de trabajo masivo justo y digno, de organización financiera (deuda externa, banca central…) y de un nuevo orden político-regional, una ley por la Nueva Educación Pública y Cultural, al igual que definir sobre nuevas materias centrales: paz, política exterior, Fuerzas Armadas…
La Asamblea Constituyente Popular y Democrática, viene a ser la forma más avanzada de la democracia, posible en las condiciones del país como poder alternativo para lograr soluciones adecuadas y justas.

La institución de la Asamblea Constituyente tiene una larga historia en la democracia de occidente y en el desarrollo del constitucionalismo. Las grandes revoluciones como la francesa y la de Estados Unidos, y entre nosotros la revolución de independencia[10], fundaron, reformaron y expidieron, una y otra vez, enmiendas o nuevas constituciones. Fueron salidas supraconstitucionales o extra-constitucionales, producto de necesidades urgentes en el devenir de la República, como concretar acuerdos de paz, por ejemplo. La valoración de cada momento constituyente hay que realizarla en su contexto histórico[11].

Lo que hizo la constituyente que expidió la Carta de 1991 fue desbloquear las salidas extraordinarias que se hacían necesarias para el logro de altos intereses de la nación. La Constituyente como nuevo poder transitorio viene a ser este tipo de herramienta jurídica legítima, en que el derecho es camino para la paz.

La Constitución de 1991 fue híbrida en esta materia del poder constituyente. Combinó lo autoritario de arriba hacia abajo, el plebiscito con lo democrático y la Asamblea Constituyente. Se trata de un escenario de lucha que lo decidirá la opinión nacional.
Hay otras consideraciones que me parecen útiles para la discusión. La Constitución actual tiene un núcleo de Estado Social Democrático de Derecho, sobre el cual no parece haber cuestionamientos de fondo de parte de la insurgencia. Hay instituciones, especialmente de tipo económico, que favorecen el modelo liberal de economía, además de numerosas reformas de 1991 al día de hoy, que desnaturalizan el alcance democrático de la Constitución.

Además, el hecho que los diferentes gobiernos,en compañía de  Congresos bastante cuestionado por la opinión, hayan convertido el núcleo duro de la Carta en un “rey de burlas”, suscita el interés por un cambio constitucional. Se trata de precisar qué se conserva y qué se incorpora,y entre la tradición y la ruptura, cuál es el nuevo régimen constitucional.

No se entiende, que si la Constitución ha sufrido numerosas reformas, no se pueda hacer ahora una gran reforma a la misma, conservando lo esencial en materia de derechos.

Escenarios posibles

La firma de unos acuerdos de paz y la convocatoria de la Constituyente pueden, pero nada está asegurado, crear una nueva situación con tintes de poder constituyente en las multitudes, que podría canalizarse hacia un debate eleccionario transparente y democrático. La democracia hay que abrirla, contrario a la postura del gobierno del presidente Santos, que quiere recortar las consultas a las comunidades que ordena la Constitución vigente.

Los propios resultados de estas elecciones, con cambios cualitativos o no en la situación política, pueden favorecer a las FARC, igual puede que no, por lo menos en la apuesta de ser mayoría en la Asamblea. Este es un asunto que no está decidido de antemano. Además, el gobierno podría obtener la mayoría.

El argumento de que las fuerzas de la derecha, con el protagonismo del expresidente Álvaro Uribe, podrían alzarse con un triunfo decisivo, es interesante. Puede suceder o no y solo la solución la debe dar la democracia. Invalidar la conveniencia de una Asamblea Constituyente porque puedan ganar las FARC o el “Puro Centro Democrático” no es válido en lo conceptual republicano.

Es de prever otro escenario, posible y deseable. El que la Constituyente sea pluralista, con mayorías y minorías, pero con una representación que evite hegemonías y unanimismos. Sería un escenario de acuerdos sobre los poderes, sobre su reparto, sobre los modelos económicos, la soberanía y el mundo de los derechos. Expediría una Constitución y unas medidas legítimas. Sería un pacto de paz.

Digamos que las FARC están haciendo una apuesta, en que como fuerza política aspiran al protagonismo y al poder, aspiración legítima, pero ello puede resultar al revés y ese es un cálculo que habrán hecho al presentar su propuesta. Están confiados en el deshielo de lo establecido y en la fluidez de las aguas de la democracia. Ojala no mantengan la tentación del alzamiento general armado de la población. Y a su vez, que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tenga la voluntad y la fuerza política de ser un gobierno hacia la paz.

Conviene, por su pertinencia,citar a Walter Benjamin: “Pero, ¿es acaso posible la resolución no violenta de conflictos? Sin duda lo es. Las relaciones entre personas privadas ofrecen abundantes ejemplos de ello. Dondequiera que la cultura del corazón haya hecho accesibles medios limpios de acuerdo, se registra conformidad inviolenta. Y es que a los medios legítimos e ilegítimos de todo tipo, que siempre expresan violencia, pueden oponerse los no violentos, los medios limpios. Sus precondiciones subjetivas son cortesía sincera, afinidad, amor a la paz, confianza y todo aquello que en este contexto se deje nombrar”[12].

El gobierno no puede oponerse a que la cuestión agraria, la crisis humanitaria, la soberanía frente a las multinacionales, el derecho pleno a la vida, la democracia política y la justicia social, se discutan con carácter decisorio en un escenario de poder distinto al del Congreso, que representa los intereses de las clases altas, el clientelismo y la corrupción,y es un apéndice del presidencialismo bonapartista.
El debate que necesita Colombia debe ser en paz, absolutamente libre, sin cortapisas para nadie, donde compitan todos los programas sobre la sociedad. Allí tendrá su oportunidad la democracia y el socialismo.

Notas

[1] Ver: Mario Aguilera Peña: “Refundemos la nación: perdonemos a delincuentes políticos y comunes”. Análisis Político No. 76, Bogotá D.C., 2012, PP. 5-40.
[2] Ver: Intervención de Manuel Marulanda Vélez, comandante en jefe de las FARC-EP, en el acto de instalación de la mesa de diálogo con el gobierno nacional, En: Archivo Chile. Documentación de Historia Político Social y Movimiento Popular contemporáneo de Chile y América Latina (http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0005.pdf); También: Enfoques distintos para la paz, Periódico  El Tiempo, enero 8 de 1999 (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-870717). 
[3] Heinrich Von Kleist:Michael Kohlhaas,Ediciones Destino, Barcelona, 1990.
[4] Ver: Orlando Villanueva Martínez: Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera, 1949-1957, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 2012.
[5] Ver:Iván DavidOrtiz Palacios: Genocidiopolítico contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2006.
[6] Ver: Colombia está en el mejor momento. Reportaje de Yamid Amat a Michael Mckinley, embajador de Estados Unidos en Colombia. Publicado en el periódico El Tiempo, febrero 17 de 2013. 
[7] Gerardo Molina: “La violencia, el ejército y la nación”,La formación del Estado en Colombia y otros textos políticos,Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 99. 
[8] Ver: Ricardo Sánchez Ángel: Crítica y Alternativa. Las izquierdas en Colombia.Editorial La Rosa Roja, Bogotá, 2001.
[9] Mauricio Archila, Alejandro Angulo Novoa, Álvaro Delgado Guzmán, Martha Cecilia García Velandia, Luis Guillermo Guevara Guevara y Leonardo Parra: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, CINEP, Bogotá, 2012.
[10] Para un estudio del poder constituyente en la revolución democrática, ver: Antonio Negri: El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Libertarias/Prodhufi S.A., España, 1994
[11] He realizado en su oportunidad este escrutinio, para el período comprendido entre 1886 y 1991, en: Ricardo Sánchez Ángel: Política y Constitución, Fundación Universidad Central, Bogotá, 1998. Cap. Segundo: “El poder y las constituyentes en la historia colombiana 1886-1991”, pp. 35-63. 
[12] Walter Benjamin: “Para una crítica de la violencia”, Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV, Taurus Humanidades, Madrid, 1991, p. 34. 

Ricardo Sánchez Ángel es doctor en historia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia