Ricardo
Sánchez Ángel |
| Especial para Gramscimanía |
El momento político está signado por el avance
de los diálogos en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos y la insurgencia armada de las FARC. Un nuevo capítulo de la larga
guerra en el marco de violencias de todo orden, que arrastra tras de sí la
sociedad colombiana. Si se toma el período inaugurado el 9 de abril
de 1948, la violencia y sus guerrillas cumplen 63 años de edad. Si se marca
desde los comienzos de las FARC en 1964, la edad es de 49 años.
Algo y mucho explica la edad de esta guerra y
sus proyecciones. En toda esta zaga, cuyos orígenes vienen de las guerras
civiles decimonónicas y los distintos momentos de violencia del s. XX, se
adelantaron diálogos, negociaciones con amnistías, indultos, leyes de extinción
de penas y traiciones, además de nuevas instituciones[1]. Experiencias a
tener en cuenta en el actual momento político por la paz.
El paisaje económico
El desenvolvimiento de la economía capitalista,
con sus modelos de acumulación, han vivido y se han beneficiado de las
distintas modalidades de violencia y, en especial, de la confrontación con los
alzados en armas agraristas, rebeldes y revolucionarios. La insurgencia, a su
vez, vivió sus propias vicisitudes en el contexto de los cambios en la arena
nacional e internacional.
Desde el triunfo de los gobiernos de Reagan y
Thatcher y su contrarrevolución, neoliberal en lo económico y reaccionaria en
lo internacional y lo político, se aceleró una etapa del capitalismo
caracterizada por la búsqueda de nuevas fuentes de acumulación. Es así que
salarios, seguridad social, empleo y servicios públicos se encuentran sometidos
a una brutal intervención de signo negativo. Asimismo, el comercio
internacional vio disminuir el proteccionismo de los países de Nuestra América
y en otras latitudes del capitalismo periférico.
Al compás de la liberación económica y
financiera, se acentuó la transnacionalización y financiarización de la
economía en el marco de la “globalización”. La concentración y centralización
del capital se aceleró en las metrópolis y en las altas clases a nivel
planetario. En forma simultánea, se producía una revolución
científico-tecnológica en las comunicaciones, la biotecnología, la
computarización, los descubrimientos químicos, el armamentismo, la naturaleza y
el universo, en búsqueda de mayor productividad.
Todas estas tendencias se profundizaron a
distintos ritmos y contradicciones, expresados en resistencias de los
trabajadores. También de gobiernos, como en el caso de Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Argentina. Pero la tendencia dominante no ha cambiado de rumbo,
mientras las resistencias se mantienen y acrecientan, y los nuevos procesos de
las multitudes en el continente son favorables a la causa de la justicia
social.
En el interregno de los ochenta a hoy, las
crisis del capitalismo de ciclo recesivo desmejoraron la condición de los
trabajadores a nivel mundial, aunque con ritmos diferentes, porque lo que está en
curso desde el 2009 es una verdadera depresión, más fuerte en Europa y Estados
Unidos.
En Colombia, hay que subrayar como decisiva la
contrarreforma agraria más grande del continente y del hemisferio occidental,
con su concentración neolatifundista y de haciendas agroindustriales en
expansión sobre territorios de selva y bosques, como en el Chocó y la
Orinoquía. Ha sido una de las fuentes más grandes de la acumulación
capitalista, con base en la violencia y expropiación, causante de la más
espantosa tragedia humanitaria en el continente: más de cuatro millones de
desplazados, miles de asesinados, desaparecidos y heridos. La estructura
económica dominante ha fortalecido su expansión con las multinacionales, que
operan como eje de la explotación, verdadero saqueo colonial de petróleo,
carbón, níquel, oro, cobalto,toda una variopinta canasta de recursos naturales.
Además, y en concordancia con estas realidades,
la banca y las finanzas se han acrecentado, con jugosas e inmorales ganancias.
Por último, pero no de último, desde hace tres décadas el país es epicentro del
cultivo, producción y comercialización de la cocaína, con el consecuente
fortalecimiento del crimen organizado, que opera en la ilegalidad y legalidad.
Se trata de uno de los componentes del sistema de acumulación más potente en
Colombia, varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Es el
capitalismo por expropiación del trabajo y la propiedad. La economía de
mercado, centralizada y concentrada, ha colocado a la sociedad, la educación,
la salud, la cultura, al igual que a la naturaleza, a sus designios.
Estas realidades se consolidaron durante el
largo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continúa con variados énfasis y
adecuaciones en el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, en que
los tratados de libre comercio se firman como “vales de cantina” y sin debate
nacional, acelerando la liberación económica en detrimento del trabajo
doméstico. Las cinco locomotoras del actual Plan de Desarrollo: infraestructura,
vivienda, agro, minería e innovación, se encuentran en esa dirección.
Lo que hay en materia laboral, en salud y
educación, así como en materia tributaria, seguridad social y régimen
pensional, han hecho de Colombia el segundo país más desigual de América Latina
y el tercero en el mundo, superado solo por Haití y Angola, con niveles
alarmantes de pobreza y un desempleo abierto de dos dígitos, el más alto del
continente. En síntesis, en Colombia no avanzó la reforma, sino la
contrarreforma neoliberal.
La geografía en que actuó y lo sigue haciendo la
insurgencia es multicolor, porque también está el ELN y antes el M-19, el EPL,
el PRT y otros núcleos guerrilleros. Así, las FARC y el ELN vienen a ser unas
organizaciones al mismo tiempo tradicionales y modernas. Combinan en sus
experiencias y actuaciones, en sus mentalidades y propuestas, asuntos de lo
antiguo y lo actual. Nada refleja mejor la larga transición del mundo rural,
agrario y campesino que la constante guerrillera.
El cruce de caminos
El discurso de Manuel Marulanda al inaugurar los
diálogos del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), es un
documento ilustrativo. La querella del jefe guerrillero es contra el robo de
las gallinas y los cerdos, una lograda metáfora que sintetiza la violencia
contra la economía de subsistencia de los pobres del campo y explica en
profundidad la raíz justiciera de la resistencia armada que las FARC adelantó
contra la expropiación de las propiedades campesinas y aldeanas[2].
Este discurso me evoca la novela histórica Michael Kohlhaasde Heinrich Von
Kleist[3].
El establecimiento dominante ha escogido la
guerra contra la insurgencia. A veces ha cedido amnistías y perdones, pero en
forma que le permitiera reprimir o asesinar, desde antes del legendario
Guadalupe Salcedo, a dirigentes que se incorporaron a la política legal, con
las promesas incumplidas y la cuenta de cobro por pagar con su propia vida[4].
La experiencia horrible del exterminio de la
Unión Patriótica, creada en los diálogos de paz durante el gobierno del
presidente Belisario Betancur, incluyendo el asesinato de Jaime Pardo Leal y
Bernardo Jaramillo, ambos candidatos presidenciales,fue decisivo. Todo esto
coloca serios interrogantes que deben ser absueltos inequívocamente, para
garantizar de verdad verdad que la firma de la paz no sea la firma de la
sentencia de muerte para los jefes insurgentes y los militantes. Esta tarea de
clarificación y de toma de medidas debe comenzar en forma contundente,
desmantelando los organismos y aparatos del paramilitarismo, de la
ultraderecha, que operan con fluidez en el escenario nacional, asesinando a los
líderes sociales[5].
Las guerrillas son hijas no reconocidas del
sistema vigente, incoadas y mantenidas por las guerras de los dominadores. Está
bien que ahora se las reconozca como hijas legítimas de esas injusticias
indignantes y existentes. Cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
decidió dialogar con las FARC en un acto de realismo político plausible,
reconoció la legitimidad de la insurgencia. No se trata entonces de un diálogo
con terroristas o bandidos, sino de insurgentes armados con razones para
luchar, independiente de que no se comparta esta forma de lucha. Los atrapados
sin salida de la guerra abren su puerta hacia el propósito de unos diálogos que
conduzcan a una paz realista y posible.
El gobierno abrió esta puerta porque la opinión
nacional e internacional lo exige. Es una ética y eficaz movilización de los
pacifistas en todas partes. Las miles de víctimas de la más grande tragedia
humanitaria del continente, son los primeros protagonistas de esta tarea, con
los vasos comunicantes de los activos de derechos humanos, los sindicatos, las
mujeres, juristas, periodistas e intelectuales. Las denuncias y las
investigaciones documentadas han contribuido a la preocupación doméstica e
internacional. Los gobiernos del vecindario latinoamericano están colaborando
en esta materia y los organismos internacionalesmanifiestan sus apoyos. Solo la
derecha extrema que comanda el ex presidente Álvaro Uribe se opone a rajatabla.
Es importante destacar el respaldo del gobierno
de Estados Unidos al proceso de diálogos, a propósito del reportaje de Yamid
Amat a Michael Mckinley, embajador de ese país en Colombia, publicado en el
periódico El Tiempo el pasado 17 de febrero. A la pregunta El nuevo secretario
de Estado, John Kerry, ha dicho que EE.UU. apoya el proceso de paz. ¿Qué
significa ese apoyo?,sostiene el funcionario: “Desde cuando comenzó el proceso
hemos sido muy claros en apoyar la iniciativa del presidente Santos. Creemos
que los conflictos y las guerras tienen que llegar a una conclusión negociada
y, por eso, un apoyo diplomático al proceso, como el que Colombia ha obtenido
del mundo entero, es importante. En términos bilaterales, todo el esfuerzo,
desde que se lanzó el Plan Colombia, ha sido dirigido a fortalecer
instituciones, aumentar la seguridad, mejorar las condiciones dentro del país y
debilitar a los grupos narcotraficantes, incluyendo la guerrilla. De todas
maneras, este es un proceso colombiano y, como en todo proceso de negociación,
el gobierno decidirá cuándo necesita un apoyo más fuerte de la comunidad
internacional”[6].
Vivimos un cruce de caminos, entre seguir
transitando la guerra o escoger la vía de la paz. El logro de esto último
abrirá caminos de civilización y progreso, hoy vedados por la barbarie de las
violencias. Facilita que los escenarios de la lucha de clases por la
democracia, la justicia social y la unidad latinoamericana se concreten. La paz
es movilizadora, conviene a todos, pero en primer lugar a los de abajo, que
viven el incendio de sus aldeas y la muerte por doquier.
Del lado de las FARC se acepta igualmente el
carácter legítimo del gobierno actual. Es un principio rector reconocerse
mutuamente para dialogar, sincerando sus diagnósticos y aspiraciones. Con ello,
ni el gobierno ni las FARC han renunciado a sus lugares desde donde hablan y
actúan, pero sí han desplazado los antagonismos, buscando concretar la política
como escenario. Aunque esta modulación se vea limitada y precaria ante la
continuidad de la guerra entre ambos contendientes. La liza militar anula así
el quehacer político.
Esta guerra sin fin, con ribetes de barbarie, no
ha producido lo que el establecimiento se propuso: la derrota y rendición de la
insurgencia. Pero igual, en su carácter de movimiento revolucionario, no solo
de resistencia con propósitos de poder, los insurgentes no han triunfado. Hay
que reconocer que la Seguridad Democrática fracasó, y que la ofensiva con
ejércitos guerrilleros no fue posible. Ni los unos han ganado, ni los otros
tampoco, y la sociedad es la gran perdedora. Gerardo Molina afirmó el 13 de
abril de 1982: “Estoy convencido hoy de que ni las guerrillas derrotan al
ejército, ni el ejército derrota a la guerrilla. La solución no puede ser
entonces la militar; creo que la única es la solución política a base de
negociaciones”[7].
Hay que buscar humanizar la guerra mediante la
vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Humanitario:
poner fin a las retenciones-secuestros, erradicar conjuntamente los campos
minados, reconocer el estatuto de presos políticos ycolocar a la población
civil indígena y negra por fuera. La Humanización se debe complementar con el
cese al fuego bilateral.
El acuerdo de paz entre gobierno e insurgencia
será el comienzo de la justicia social y tiene un valor cualitativo inmenso.
Los movimientos de toda naturaleza deben participar con sus reflexiones y
propuestas, al igual que los partidos políticos.
Los diálogos
Los diálogos transcurren en medio de la guerra y
de la vida sociopolítica, con carriles interrelacionados, pero diferentes en
sus ritmos particulares, que pueden o no sintonizarse.
Los medios masivos de comunicación están creando
una atmósfera enrarecida sobre los diálogos. Es una peligrosa decisión, que
convierte el escenario mediático en un teatro de confrontación, para que la
opinión termine sintonizándose con el proyecto del expresidente Álvaro Uribe,
como ocurrió con la movilización del 4 de febrero de 2008, donde primó la
consigna contra las FARC. Es un ejercicio mediático altanero, que asume la
confrontación con las FARC como un poder independiente y que se autoproclama
representante de la opinión pública nacional e impone pautas de conducta al
gobierno.
Así las cosas, el periodismo serio,
independiente y de las redes sociales, debe seguir ejerciendo la deliberación
colectiva. No se trata de no interpelar a las FARC y de no criticarla, lo cual
es necesario y legítimo, sino hacerlo con objetividad y veracidad. Yo mismo he
criticado duramente a las FARC en distintas oportunidades[8]. La experiencia
internacional en España y en Egipto, en Venezuela y en Bolivia, enseñan que la
comunicación desde las redes sociales puede competir con el mensaje de los
grandes medios.
Ojalá los acuerdos de paz sean con mucha
justicia social, pero la paz que convenga al gobierno y las FARC será aceptable
y habrá que saludarla y evaluarla en la acción comunicativa pública sin
maximalismos.
La condición básica de estos diálogos es que no
descansen en los supuestos falsos de que se está hablando con una insurgencia
diezmada y poco menos que destruida, y que el gobierno está acorralado y
obligado, sin alternativa diferente a adelantar la tarea del diálogo.
De darse estos supuestos, el desencuentro sería
de raíz y tales cálculos serían obstáculos casi insalvables. Hay que aceptar
con realismo que las guerrillas son existentes como fuerza política y que el
gobierno es dominante, en una correlación de fuerzas favorable a las derechas
económicas, políticas y sociales, con una extrema derecha sectaria y armada.
No se trata de protocolizar una rendición, ni
una revolución pactada, sino de reconocer la necesidad de la negociación
política como cese de la confrontación armada y como un bien común que debe
acompañarse de justicia social.
La clave de los diálogos, de los avances de la
agenda y en los alcances finales de los acuerdos de paz, descansa en la
cantidad y calidad de las multitudes sociales, políticas y pacifistas, de su
organización y expresión. La ecuación es: a mayor movilización, mayor
profundidad en los acuerdos y viceversa.
Hay una enorme potencia en los movimientos sociales,
que pueden convertirse en multitud erguida y producir cambios cualitativos en
la correlación de fuerzas. En el tejido sociopolítico se adelantan luchas y
movilizaciones en todo el país. El que adquiera un sentido unitario y
programático es lo necesario.
Se dieron 2863 huelgas entre 1984 y 2010, con
20.877.157 participantes, a las que se suman otras 110 sobre las que no hay
información del número de huelguistas. Este es un aspecto relevante de la
participación de las multitudes durante este período[9]. La protesta
social incluye mingas, bloqueos, manifestaciones, paros cívicos, y motines como
el de Bogotá el 9 de marzo de 2012. En la Colombia profunda hay una
multiplicidad de formas de comunidad: campesina, indígena, negra, barrial y
ciudadana. Al igual que ligas, asociaciones y asambleas.
La crisis recurrente de las izquierdas es un
déficit a favor de la derecha. La división de las fuerzas en el Polo
Democrático Alternativo, que su dirección protocolizó con expulsiones
estalinistas, con la ironía que algunos de los expulsados todavía ofician en el
altar del “padrecito” Stalin, constituye un duro revés para las ideas
partidarias con democracia interna.
El surgimiento en la arena política de nuevos
movimientos sociopolíticos como Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y
la Minga Social y Comunitaria, está recomponiendo el mapa político de las izquierdas,
con incidencia positiva en los procesos de paz, no solo con las FARC, sino
también con el ELN.
El anuncio de los insurgentes de conformar sus
propios movimientos una vez se haga tránsito a la legalidad de la paz, creará
nuevas condiciones de reagrupamiento. Algo saludable para la democracia.
La Constituyente
La salida constitucional a lo que se acuerde,
para que tenga legitimidad, ha sido puesto sobre la mesa por las FARC, que
proponen una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente. Sería
esta institución la que decida sobre el rumbo, para darle aplicación a lo
acordado. La respuesta del presidente Juan Manuel Santos fue que se haría una
consulta vía referendo. Dos maneras de concebir la salida institucional que
merecen unas reflexiones que lleven a la mejor alternativa.
Descartar de entrada la propuesta de la Constituyente
como lo hizo el gobierno, como si fuese un llamado a la debacle, olvida que tal
propuesta es constitucionalmente legítima, al igual que el referendo.
Precisamente la Constitución de 1991 llevó a canon constitucional los mecanismos
de participación. En el art. 103 y 104 de la codificación original de la Carta
de 1991 se dice:
Art. 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato.
Art. 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.
El plebiscito, el referendo y la consulta, tal
como están diseñados, son instituciones de origen bonapartista que dejan la
iniciativa en el presidencialismo. Restringen el escenario de la deliberación
democrática, de la acción comunicativa en la sociedad, acerca de los temas a
decidir. Por ello es la vía preferente que escogen los gobiernos. Además, los
acuerdos del gobierno y la insurgencia pueden ser derrotados por la
ultraderecha convocada por Álvaro Uribe, tal como sucedió en Guatemala para los
acuerdos de paz en 1996. Esto, porque la fluidez de la vida política es un
campo de lucha, al cual no escapan las definiciones institucionales.
El mecanismo de la constituyente lo estableció
el art. 374 de la Constitución, que dice:
Art. 374. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Nacional o por el pueblo mediante referendo.
También por el art. 376, así:
Art. 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.
Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea,
si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo
electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los
ciudadanos, en un acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de
la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para
reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea
cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.
La pieza maestra de la Reforma Política es la
lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, de claro signo democrático y
popular con plenos poderes para cambiar, no sólo lo que a temas
constitucionales se refiera, sino también leyes con carácter de aplicación
urgente en materia de reforma agraria y urbana, de trabajo masivo justo y
digno, de organización financiera (deuda externa, banca central…) y de un nuevo
orden político-regional, una ley por la Nueva Educación Pública y Cultural, al
igual que definir sobre nuevas materias centrales: paz, política exterior,
Fuerzas Armadas…
La Asamblea Constituyente Popular y Democrática,
viene a ser la forma más avanzada de la democracia, posible en las condiciones
del país como poder alternativo para lograr soluciones adecuadas y justas.
La institución de la Asamblea Constituyente
tiene una larga historia en la democracia de occidente y en el desarrollo del
constitucionalismo. Las grandes revoluciones como la francesa y la de Estados
Unidos, y entre nosotros la revolución de independencia[10], fundaron,
reformaron y expidieron, una y otra vez, enmiendas o nuevas constituciones.
Fueron salidas supraconstitucionales o extra-constitucionales, producto de
necesidades urgentes en el devenir de la República, como concretar acuerdos de
paz, por ejemplo. La valoración de cada momento constituyente hay que
realizarla en su contexto histórico[11].
Lo que hizo la constituyente que expidió la Carta
de 1991 fue desbloquear las salidas extraordinarias que se hacían necesarias
para el logro de altos intereses de la nación. La Constituyente como nuevo
poder transitorio viene a ser este tipo de herramienta jurídica legítima, en
que el derecho es camino para la paz.
La Constitución de 1991 fue híbrida en esta
materia del poder constituyente. Combinó lo autoritario de arriba hacia abajo,
el plebiscito con lo democrático y la Asamblea Constituyente. Se trata de un
escenario de lucha que lo decidirá la opinión nacional.
Hay otras consideraciones que me parecen útiles
para la discusión. La Constitución actual tiene un núcleo de Estado Social
Democrático de Derecho, sobre el cual no parece haber cuestionamientos de fondo
de parte de la insurgencia. Hay instituciones, especialmente de tipo económico,
que favorecen el modelo liberal de economía, además de numerosas reformas de
1991 al día de hoy, que desnaturalizan el alcance democrático de la
Constitución.
Además, el hecho que los diferentes gobiernos,en
compañía de Congresos bastante
cuestionado por la opinión, hayan convertido el núcleo duro de la Carta en un
“rey de burlas”, suscita el interés por un cambio constitucional. Se trata de
precisar qué se conserva y qué se incorpora,y entre la tradición y la ruptura,
cuál es el nuevo régimen constitucional.
No se entiende, que si la Constitución ha
sufrido numerosas reformas, no se pueda hacer ahora una gran reforma a la
misma, conservando lo esencial en materia de derechos.
Escenarios posibles
La firma de unos acuerdos de paz y la
convocatoria de la Constituyente pueden, pero nada está asegurado, crear una
nueva situación con tintes de poder constituyente en las multitudes, que podría
canalizarse hacia un debate eleccionario transparente y democrático. La
democracia hay que abrirla, contrario a la postura del gobierno del presidente
Santos, que quiere recortar las consultas a las comunidades que ordena la
Constitución vigente.
Los propios resultados de estas elecciones, con
cambios cualitativos o no en la situación política, pueden favorecer a las
FARC, igual puede que no, por lo menos en la apuesta de ser mayoría en la
Asamblea. Este es un asunto que no está decidido de antemano. Además, el
gobierno podría obtener la mayoría.
El argumento de que las fuerzas de la derecha,
con el protagonismo del expresidente Álvaro Uribe, podrían alzarse con un
triunfo decisivo, es interesante. Puede suceder o no y solo la solución la debe
dar la democracia. Invalidar la conveniencia de una Asamblea Constituyente
porque puedan ganar las FARC o el “Puro Centro Democrático” no es válido en lo
conceptual republicano.
Es de prever otro escenario, posible y deseable.
El que la Constituyente sea pluralista, con mayorías y minorías, pero con una
representación que evite hegemonías y unanimismos. Sería un escenario de
acuerdos sobre los poderes, sobre su reparto, sobre los modelos económicos, la
soberanía y el mundo de los derechos. Expediría una Constitución y unas medidas
legítimas. Sería un pacto de paz.
Digamos que las FARC están haciendo una apuesta,
en que como fuerza política aspiran al protagonismo y al poder, aspiración
legítima, pero ello puede resultar al revés y ese es un cálculo que habrán
hecho al presentar su propuesta. Están confiados en el deshielo de lo establecido
y en la fluidez de las aguas de la democracia. Ojala no mantengan la tentación
del alzamiento general armado de la población. Y a su vez, que el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos tenga la voluntad y la fuerza política de ser un
gobierno hacia la paz.
Conviene, por su pertinencia,citar a Walter
Benjamin: “Pero, ¿es acaso posible la resolución no violenta de conflictos? Sin
duda lo es. Las relaciones entre personas privadas ofrecen abundantes ejemplos
de ello. Dondequiera que la cultura del corazón haya hecho accesibles medios
limpios de acuerdo, se registra conformidad inviolenta. Y es que a los medios
legítimos e ilegítimos de todo tipo, que siempre expresan violencia, pueden
oponerse los no violentos, los medios limpios. Sus precondiciones subjetivas
son cortesía sincera, afinidad, amor a la paz, confianza y todo aquello que en
este contexto se deje nombrar”[12].
El gobierno no puede oponerse a que la cuestión
agraria, la crisis humanitaria, la soberanía frente a las multinacionales, el derecho
pleno a la vida, la democracia política y la justicia social, se discutan con
carácter decisorio en un escenario de poder distinto al del Congreso, que
representa los intereses de las clases altas, el clientelismo y la corrupción,y
es un apéndice del presidencialismo bonapartista.
El debate que necesita Colombia debe ser en paz,
absolutamente libre, sin cortapisas para nadie, donde compitan todos los
programas sobre la sociedad. Allí tendrá su oportunidad la democracia y el
socialismo.
Notas
[1] Ver: Mario Aguilera Peña: “Refundemos la nación: perdonemos a
delincuentes políticos y comunes”. Análisis
Político No. 76, Bogotá D.C., 2012, PP. 5-40.
[2] Ver: Intervención de Manuel
Marulanda Vélez, comandante en jefe de las FARC-EP, en el acto de instalación
de la mesa de diálogo con el gobierno nacional, En: Archivo Chile.
Documentación de Historia Político Social y Movimiento Popular contemporáneo de
Chile y América Latina (http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0005.pdf);
También: Enfoques distintos para la paz,
Periódico El Tiempo, enero 8 de 1999 (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-870717).
[3] Heinrich Von Kleist:Michael
Kohlhaas,Ediciones Destino, Barcelona, 1990.
[4] Ver: Orlando Villanueva Martínez: Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera, 1949-1957, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá D.C., 2012.
[5] Ver:Iván DavidOrtiz Palacios: Genocidiopolítico
contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2006.
[6] Ver: Colombia está en el
mejor momento. Reportaje de Yamid Amat a Michael Mckinley, embajador de
Estados Unidos en Colombia. Publicado en el periódico El Tiempo, febrero 17 de
2013.
[7] Gerardo Molina: “La violencia, el ejército y la nación”,La formación del Estado en Colombia y otros
textos políticos,Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 99.
[8] Ver: Ricardo Sánchez Ángel: Crítica
y Alternativa. Las izquierdas en Colombia.Editorial La Rosa Roja, Bogotá,
2001.
[9] Mauricio Archila, Alejandro Angulo Novoa, Álvaro Delgado Guzmán,
Martha Cecilia García Velandia, Luis Guillermo Guevara Guevara y Leonardo
Parra: Violencia contra el sindicalismo
1984-2010, CINEP, Bogotá, 2012.
[10] Para un estudio del poder constituyente en la revolución democrática,
ver: Antonio Negri: El poder
constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Libertarias/Prodhufi
S.A., España, 1994
[11] He realizado en su oportunidad este escrutinio, para el período
comprendido entre 1886 y 1991, en: Ricardo Sánchez Ángel: Política y Constitución, Fundación Universidad Central, Bogotá,
1998. Cap. Segundo: “El poder y las constituyentes en la historia colombiana
1886-1991”, pp. 35-63.
[12] Walter Benjamin: “Para una crítica de la violencia”, Para una crítica de la violencia y otros
ensayos. Iluminaciones IV, Taurus Humanidades, Madrid, 1991, p. 34.
Ricardo Sánchez Ángel es doctor en historia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia
Correo: Rsangel49@gmail.com
