31/8/12

Octava carta a las izquierdas / Las últimas trincheras

Boaventura
de Sousa Santos
Boaventura de Sousa Santos

¿Qué pasa para que el poder, una vez conquistado, se vuelva tan fácil y violentamente contra quien luchó para que fuese poder? ¿Por qué razón, siendo un poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este dominio, es cada vez más difícil distinguir entre los países del norte y los países del sur?

Los hechos

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En los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) mostraron que podían velar tan bien por los intereses de los acreedores y especuladores internacionales como cualquier partido de derecho, no pareciendo nada anormal que los derechos de los trabajadores fuesen expuestos a las cotizaciones de las bolsas de valores y, por tanto, devorados por ellas. En África del Sur, la policía al servicio del gobierno de ANC, que luchó contra el apartheid en nombre de las minorías negras, mata 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa.

Bien cerca, en Mozambique, el gobierno de Frelimo, que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de las empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de docilidad (a bien o mal) de las poblaciones que serán afectadas por la minería a cielo abierto. En la India, el gobierno del partido del Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, hace concesiones de tierras a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de millares y millares de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado.

En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contra medidas, la construcción de una carretera en territorio indígena (Parque Nacional TIPNIS) para explotar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que corajudamente concede asilo político a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber garantizado los derechos del pueblo indígena Sarayaku en lucha contra la explotación de petróleo en sus territorios. Y ya en mayo de 2003 la Comisión había solicitado al Ecuador medidas cautelares a favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicita a Brasil, mediante una medida cautelar, que suspenda inmediatamente la construcción de la represa de Belo Monte (que cuando concluya será la tercera mayor del mundo) hasta que sean adecuadamente consultados los pueblos indígenas afectados por ella. Brasil protesta contra la decisión, retira a su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), suspende el pago de su cuota anual a la OEA, retira a su candidato a la CIDH y toma la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer la reforma de la CIDH en el sentido de disminuir sus poderes de cuestionar a los gobiernos sobre violaciones de derechos humanos. Curiosamente, la suspensión de la construcción de la represa acaba de ser decretada por el Tribunal Regional Federal de la 1ra Región (Brasilia) con base en la falta de estudios de impacto ambiental.

Los riesgos

Para responder a las preguntas con las que comencé esta crónica veamos lo que hay de común entre todos estos casos. Todas las violaciones de derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos 50 años. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del capital financiero.

En el Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean estos mineros, petróleo, gas, agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser tierra y las poblaciones que habitan en ellas, obstáculos para el desarrollo, que es necesario remover cuanto más rápido mejor. Para el capitalismo extractivista, la única regulación verdaderamente aceptable es la auto-regulación, que incluye, casi siempre, la auto-regulación de la corrupción de los gobiernos.

Honduras ofrece en este momento uno de los más extremos ejemplos de auto-regulación de la actividad minera donde todo pasa entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) y la embajada de Canadá. Sí, Canadá que hace 20 años parecía ser una fuerza benévola en las relaciones internacionales es hoy uno de los más agresivos promotores del imperialismo minero.

Cuando la democracia concluye que no es compatible con este tipo de capitalismo y decide resistirse, puede ser demasiado tarde. Es que, entre tanto, puede el capitalismo ya haber concluido que la democracia no es compatible con él.

¿Qué hacer?

Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo solo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser de otra manera si así nos lo proponemos. La situación es de tal modo grave que es necesario tomar medidas urgentes aunque sean pequeños pasos. Esas medidas varían de país en país y de continente en continente, aunque la articulación entre ellas, cuando es posible, sea indispensable.

En el continente americano la medida más urgente es cerrar el paso a la reforma de la CIDH en curso. En esta reforma están particularmente activos cuatro países con los que soy solidario en múltiples aspectos de su gobernación, Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma del CIDH estoy firmemente al lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la CIDH. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha, que más hostilizan al sistema interamericano de derechos humanos, como es el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que los gobiernos progresistas objetivamente les están prestando.

Primeramente, apelo a los gobiernos brasilero, ecuatoriano, venezolano y argentino para que abandonen el proyecto de la reforma. Mi apelación es especialmente dirigida a Brasil dada la influencia que tiene en la región. Si tuvieran una visión política de largo plazo, no les sería difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, se podrán beneficiar más del prestigio y la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos.

De igual forma, Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que permitió llevar a la justicia los crímenes de violación de los derechos humanos cometidos por la dictadura, que muy acertadamente se convirtió en una bandera de los gobiernos Kirchner en la política de los derechos humanos.

A pesar de que la ceguera de corto plazo puede prevalecer, apelo también a todos los activistas de derechos humanos del continente y a todos los movimientos y organizaciones sociales –que vieron en el Foro Social Mundial y en la lucha continental contra el ALCA la fuerza de la esperanza organizada– que se junten en la lucha contra la reforma de la CIDH en curso. Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, aun cuando no sea porque los dos países más poderosos de la región ni siquiera suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos (Estados Unidos y Canadá).

También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones tienden a fortalecerse, actuando con más independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con que han condenado muchas violaciones de derechos humanos.

Desde los años de 1970 y 1980 la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala y publicó informes denunciando las violaciones cometidas por las dictaduras militares, desde las misiones y denuncias después del golpe de Estado en Honduras en 2009, para no hablar de las reiteradas solicitudes para el cierre del centro de detención de Guantánamo.

A su vez, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo indígena Kchwa de Sarayaku versus Ecuador”, de 27 de Julio pasado, es un marco histórico de derecho internacional no solo a nivel del continente, como a nivel mundial. Tal como la sentencia “Atala Riffo y niñas versus Chile” involucrando la discriminación en razón de la orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH sobre la violencia doméstica en Brasil que condujo a la promulgación de la Ley María da Penha?

Los dados están lanzados. Ante la rebeldía de la CIDH y con fuertes limitaciones en la participación de las organizaciones de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara un conjunto de recomendaciones para que sean presentadas para aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar hasta marzo de 2013 (hasta 30 de septiembre, los Estados presentarán sus propuestas).

De lo que se sabe, todas las recomendaciones van en el sentido de limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados en materia de violación de derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos y menos a la investigación de violaciones; acortar de tal modo los plazos de investigación que se torne imposible un análisis cuidadoso; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación de los derechos humanos merece atención especial; limitar la emisión y extensión de medidas cautelares; acabar con el informe anual sobre la libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que se ciernen como amenazas pero que aún no fueron concretizadas.

Cabe ahora a los activistas de derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia trabar este proceso.

Traducido del portugués por Bolpress