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| El juego de la vida ✆ Ben Heine |
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| [Català] |
La deuda es hoy una cuestión central en la agenda social y
política. En su nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes, ajustes y,
en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la mayor parte de la
población. Pero, ¿a quién beneficia la deuda? ¿Quién la contrajo? ¿A qué ha
servido? ¿Quién debe pagarla? A estas preguntas buscan respuesta aquellos que
en el seno del movimiento indignado plantean una auditoría ciudadana de la
misma.
En la década de los años 80, 90, 2000, vimos el impacto de
la deuda externa en los pueblos del Sur, mediante la aplicación sistemática de
programas de ajuste estructural y de recortes sociales, que se decían
necesarios para hacer frente a su pago. Desde el 2010, con el estallido de la
crisis de la deuda soberana, ésta se ha convertido en un tema clave en los
países de la Unión Europea, y en especial en los de su periferia donde se
condensan las contradicciones de la crisis contemporánea.
La deuda externa ha sido un instrumento de control y
dominación de las élites políticas y económicas del Norte respecto al Sur, y un
potente mecanismo de transferencia de recursos financieros en sentido inverso.
Ahora, la misma lógica centro-periferia de sometimiento vuelve a darse aunque,
en este caso, en el seno de Europa y se repite el mantra de que es necesario
pagar la deuda y de que para hacerlo es imprescindible aplicar dichas medidas
de ajuste.
Pero el repudio de la deuda ha sido una constante a lo largo
de la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se
utiliza para repudiar una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de
su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo
largo de los siglos XIX, XX y XXI.
Desde hace años, organizaciones sociales en los países del
Sur impulsan campañas para denunciar la ilegitimidad de la deuda y en
consecuencia su no pago. Y las auditorías han sido uno de los principales
instrumentos utilizados con este fin. La experiencia más relevante fue la
llevada a cabo en Ecuador donde, en 2007, se puso en marcha la Comisión de
Auditoría Integral de la Deuda Pública Interna y Externa, formada por
representantes de la administración y de organizaciones sociales ecuatorianas y
de otros países, y que culminó, en el 2008, rechazando pagar parte de la deuda
al declararla ilegítima.
El proceso de auditoría posibilita investigar por qué las
deudas fueron contraídas, para qué sirvieron, a quiénes beneficiaron y sacar a
la luz las irregularidades presentes en su contratación, revelar la complicidad
de sus acreedores y obtener los fundamentos legales para su repudio. Se trata
de un instrumento profundamente pedagógico que permite discutir sobre el
funcionamiento del Estado, de la economía de mercado, de las relaciones
institucionales e inyectar un rayo de luz en los oscuros pasillos de las
bambalinas del poder.
Con la llegada de la crisis de la deuda a Europa,
organizaciones y movimientos que en décadas anteriores trabajaron en campañas
de repudio de la deuda externa de los países del Sur ahora, y junto al
movimiento indignado y occupier, han empezado a promover acciones de denuncia
sobre el pago de la deuda y a explicar las implicaciones que esta tiene en los
recortes, las privatizaciones y el aumento de la precariedad.
Con el objetivo de promover un debate público y la
participación popular en la toma de decisiones sobre la deuda y romper con el
discurso hegemónico de la “inevitabilidad” de su pago, los procesos de
auditoría se han convertido en una de sus principales herramientas. Su
celebración debería permitir, junto a una gran movilización social, anular la
parte ilegítima de la deuda y reducir significativamente el resto. En países
como Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia y el Estado español
están en marcha campañas ciudadanas para auditarla.
De este modo, frente al discurso hegemónico de “salvar a los
bancos”, “rescatar a las finanzas”, “pagar la deuda”, empieza emerger otro
discurso: el de “salvar a las familias”, “rescatar a los pobres”, “no pagar la
deuda”. ¿Cuál es el sentido de inyectar masivamente dinero público a entidades
financieras como Bankia sino mantener los privilegios de unos pocos a costa de
los derechos y las necesidades de la gran mayoría? Como bien señala Occupy Wall
Street, se sacrifica al 99% para salvar al 1%.
Las verdades absolutas para hacer frente a la crisis
empiezan a resquebrajarse. Otra conciencia colectiva emerge desde abajo y
empieza por preguntarse: ¿Hay que pagar la deuda? La respuesta es clara.
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| Esther Vivas |
Esther Vivas
es investigadora en movimientos sociales y políticas agrícolas y alimentarias.
Periodista y socióloga. Forma parte del Centro de Estudios sobre Movimientos
Sociales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Su último libro es Planeta
indignado. Ocupando el futuro (Sequitur 2011), escrito junto a Josep María
Antentas. Otras de sus obras son Del campo al plato. Los circuitos de
producción y distribución de alimentos (Icaria ed., 2009) y En pie
contra la deuda externa (El Viejo Topo, 2008) por citar algunas. Colabora
habitualmente con varios medios de comunicación.
