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Revolución @ Diego Rivera |
Sergio Ordóñez & Paty
Montiel
Introducción
El objetivo de este ensayo es mostrar que en el largo
periodo conocido como «la Revolución mexicana» tiene lugar un proceso de
revolución pasiva que devendría en la conformación de un bloque
histórico corporativo en México, así como argumentar que a finales de los años
ochenta y los primeros noventa se verifica un intento (fallido) de construcción
de un nuevo bloque histórico, por medio del proceso ideológicamente aglutinado
en el liberalismo social.
Para desarrollar esta problemática, en primera instancia se
expondrán los conceptos básicos desde una perspectiva gramsciana; en un segundo
momento explicaremos cómo el fenómeno de «la Revolución mexicana» es, en
realidad, resultado de la confluencia de tres procesos revolucionarios, entre
los cuales la revolución pasiva dará lugar a la constitución de un nuevo bloque
histórico nacional. En la última parte, se argumentará sobre el intento
reciente de construcción de un nuevo bloque histórico de cara al siglo XXI.
1. Conceptos gramscianos
La aportación de Gramsci consiste en la formulación de una
serie de conceptos articulados que pueden ser considerados como conceptos de
mediación metodológica en un doble sentido: 1) entre la doble dimensión
histórica del capitalismo, entendido ya sea como modo de producción, o bien,
como sucesión de fases históricas de desarrollo, en las que la economía,
política e ideología y cultura se entrelazan de forma distinta; y 2) en esa
perspectiva, entre la estructura económica, las clases y grupos sociales, y su
posibilidades de acción[1].
Estos conceptos son los de hegemonía, revolución pasiva, bloque histórico y
otros más que se derivan de ellos, siendo el concepto fundamental el de
hegemonía, ya que los demás resultan de elaboraciones construidas a partir de
él. A continuación se desarrollarán estos conceptos generales.
Se entiende por crisis históricas del capitalismo a los
momentos en que, habiéndose manifestado contradicciones insuperables en la
economía, las fuerzas políticas que operan a favor de su conservación se
esfuerzan por resolver tales contradicciones dentro de los límites de su
configuración actual, mientras otras fuerzas se organizan buscando demostrar
(con su propio triunfo) que existen ya condiciones necesarias y suficientes
para dar solución a las mismas en una nueva fase de desarrollo del capitalismo
(Gramsci, 1930-1932, C.4, parágrafo 38 y C.13, parágrafo 17)[2].
Con ello las fuerzas políticas progresistas promueven el tránsito de una
fase histórica del capitalismo a otra.
Si se considera que de acuerdo con Marx la contradicción
fundamental del capitalismo es entre el desarrollo de las fuerzas productivas y
las relaciones sociales de producción –contradicción que implica que al
carácter cada vez más social de la producción corresponde un carácter cada vez
más privado de la apropiación del producto (social)–, la solución de una crisis
histórica plantea al capitalismo la necesidad de dar un paso más hacia la
socialización de la producción, que permita un ulterior desarrollo de las
fuerzas productivas, conservando aún el carácter privado de la apropiación del
producto.
En este sentido, la misión histórica del capitalismo es
incorporar en su desarrollo el progreso tecnológico, lo cual constituye la
condición indispensable para que las clases y grupos dominantes progresistas
puedan constituir una nueva hegemonía sobre las clases y grupos subalternos, es
decir, puedan continuar ejerciendo una capacidad de dominación (mediante
la coerción) sobre ellos, teniendo, al mismo tiempo, un «rol» de dirección o
conducción histórica, mediante el consenso o la capacidad de convencimiento
sobre sus fines históricos.
Dialécticamente, mas no históricamente, la función
hegemónica «nace» de la estructura productiva y, en particular, del papel
dirigente de la clase o grupo hegemónico en el proceso de
producción, y posteriormente se extiende y generaliza en las superestructuras
complejas, sellando así una unidad en la construcción histórica concreta, entre
economía, política, ideología y cultura (Donzelli, 1981).
Pero, en la medida en que el proceso implica dar un paso
hacia la socialización de la producción que posibilite un ulterior
desarrollo de las fuerzas productivas, las clases y grupos dominantes necesitan
desarrollar e integrar como propios elementos histórico-político-culturales
ajenos, e incluso, contrarios a ellos, pero necesarios para incorporar el
desarrollo tecnológico y preservar su hegemonía. Esto es, requieren sustentar
su hegemonía en un proceso de revolución pasiva o revolución-restauración y
transformismo[3],
que posibilite que sean únicamente estas clases y grupos dominantes los que
logren desarrollar todas sus posibilidades de acción, para no dejarse superar
históricamente por las clases subalternas (Gramsci, 1933, C. 15 p. 1768) [4].
En suma, para que la revolución pasiva y el conjunto del
proyecto hegemónico triunfen, las clases y grupos dominantes que pretenden
demostrar la necesidad de una nueva unidad histórica del capitalismo deben
reconocer y apoyarse en innovaciones efectivas en el campo de la producción y
ser capaces, además, de proyectarlas en una nueva utopía social actuante,
o «catarsis», en capacidad de desencadenar la energía política de la
sociedad[5].
La unidad histórica concreta se sintetiza en el concepto de
bloque histórico, que constituye una unidad orgánica entre la estructura económico-política
y las superestructuras complejas, esto es, el conjunto tupido de actividades
teórico-prácticas de las clases y grupos sociales, así como individuales, en
torno a un proyecto histórico común que implica, por tanto, una unidad de
elementos contrarios y diversos[6];
siendo la estructura económico-política el «punto de referencia y de origen
dialéctico de las superestructuras». Esto implica que la política y el resto de
las superestructuras tienen su especificidad y una función activa en el cambio
histórico, no limitándose al mero reflejo de la estructura económica (Gramsci,
1932-1934, C.13, p 1577-1578)[7].
En la construcción del bloque histórico en su conjunto, el
papel de los intelectuales es fundamental, puesto que, a partir de su capacidad
técnico-formativa y de liderazgo, se diferencian de los individuos «simples» de
su clase o grupo social[8],
y están en posibilidad de generalizar y proyectar los intereses y las acciones
teórico-prácticas propias a esa clase o grupo social, y, en esa medida,
contribuyen a generar una identidad de clase o grupo social. En una perspectiva
histórico-social, los intelectuales constituyen el «cemento» que articula a las
diferentes clases y grupos sociales que confluyen en el bloque histórico,
siendo, por tanto, los «funcionarios» encargados del ejercicio de la función
hegemónica (Gramsci, 1932-1935, C.12, p.1518-1519).
El bloque histórico se cristaliza en el Estado, que es el
organismo que condensa las relaciones políticas de la sociedad. Tal organismo
debe permitir el máximo desarrollo y la máxima expansión del grupo hegemónico,
presentándolo como desarrollo y expansión de toda la sociedad.
Avancemos hacia la exposición de «la Revolución mexicana».
2. La «Revolución mexicana» como revolución pasiva y el
bloque histórico corporativo
El fenómeno conocido como «la Revolución mexicana» es en
realidad el conjunto de tres procesos revolucionarios que tuvieron lugar
durante el largo periodo de 1910-1940: el primero, una revolución
liberal-democrática (burguesa) que luchó por la democratización del Estado
liberal porfirista, incluso por el acceso al poder del Estado de los grupos de
la burguesía, particularmente agrícola, desarrollada durante el
porfiriato. Esta revolución dirigida por Madero[9]
y Carranza[10],
se radicalizó después de tener el poder para combatir al segundo proceso[11]:
la revolución campesina, y para formar un nuevo bloque histórico, en el cual la
clase obrera sería incorporada sobre la base de un indudable consenso. Obregón
y después Calles serían los «caudillos» que dirigirían la revolución burguesa
en esta fase. Por su parte, la revolución campesina de Zapata y Villa lucharían
por restituir la tierra a los campesinos y sería finalmente derrotada por las
armas de Obregón.
La tercera revolución es aquélla dirigida por Lázaro
Cárdenas (1936-1940),[12]
en la cual tanto los intereses históricos como las reivindicaciones de las
clases obrera y campesina son incorporados y articulados en un nuevo proyecto
histórico de las nuevas clases dominantes emergidas de la confrontación
de los dos procesos revolucionarios precedentes, para proporcionar al Estado la
autonomía relativa necesaria para promover el desarrollo nacional a partir de
una estrategia de industrialización basada en la sustitución de
importaciones. Este último proceso revolucionario dará lugar a la
constitución del bloque histórico, como se desarrollará a
continuación.
La llamada «institucionalización de la Revolución mexicana»,
que en la práctica se llevó a cabo durante el periodo cardenista, debe ser
interpretada como un proceso de revolución pasiva en un país fundamentalmente
agrario y dependiente financieramente de las grandes potencias. En efecto,
Lázaro Cárdenas pone, en el centro de su proyecto de nación, la
industrialización nacional, en una situación en donde existe una industria
local muy débil (más débil que en países como Brasil o Argentina, Cárdenas,
[1988]), siendo por tanto apenas naciente la burguesía industrial. Por su
parte, la burguesía
agrícola, que constituye el grupo hegemónico, es muy dependiente del capital
extranjero, particularmente del norteamericano, y de la relación
comercial y político-diplomática con Estados Unidos. En tal
situación el Estado substituye a la burguesía industrial en la promoción del
cometido de la industrialización: la dependencia respecto de Estados Unidos y
del capital extranjero, así como la resistencia de fracciones de los grupos
hegemónicos, e incluso de la misma burguesía industrial,[13]
sólo pueden ser enfrentadas gracias al impulso de las reivindicaciones y de la
movilización de las clases obrera y campesina. Ello concede
al Estado la conquista de una soberanía económico-política que le
permite la promoción de la industrialización, a partir de su intervencionismo
económico.
Es en este sentido que el conflicto por un nuevo contrato
colectivo de trabajo entre el sindicato petrolero y las compañías petroleras
extranjeras, precedido por un período de fuerte movilización sindical
(Hamilton, 1983), es utilizado por el gobierno para expropiar esas firmas,
adquiriendo así el control nacional sobre la producción de petróleo con el
apoyo sindical.[14]
De este modo, el conflicto inicial por un nuevo contrato colectivo de trabajo
se convierte en una administración obrera de la industria petrolera
nacionalizada, que es defendida con la formación de batallones obreros integrados
momentáneamente en el ejército.
En lo que concierne a los campesinos, el gobierno de
Cárdenas aprovecha una huelga general de los jornaleros de las plantaciones de
algodón de la región lagunera, en 1936, precedida de un
movimiento intenso de organización campesina, para profundizar la reforma
agraria a partir de la expropiación de terratenientes y de grupos de grandes
agricultores (Hamilton, 1983).[15]
Además, la reivindicación de tierras de la revolución campesina de Zapata y
Villa es impulsada por medio de la extensión del ejido colectivo, en tanto que
forma de producción en el campo. De este modo, la profundización de la reforma
agraria contribuye a la conquista de soberanía y de autonomía relativa por el
Estado, gracias la expropiación de terratenientes extranjeros y nacionales, así
como de grupos de agricultores; además, el ejido se extiende en la
perspectiva de la industrialización nacional, puesto que aquél debería producir
los alimentos para los obreros de ésta (Cárdenas [1936], citado por Córdova
[1984]).
En consecuencia, con el fin de promover la
industrialización, el Estado se moderniza, absorbiendo e incorporando las
reivindicaciones y la movilización de las clases subalternas fundamentales, en
los términos de una nueva hegemonía: la de la burguesía industrial.
Con este fin, aquél substituye a ésta. Esto implica que el
«retraso» económico se compensa con un impulso hacia delante de lo político,
que entraña una conquista de soberanía y una gran autonomía relativa, en
relación con el grupo hegemónico, por parte del Estado.
Este proceso de revolución pasiva es rápidamente
institucionalizado (sólo doce días después de la expropiación petrolera) con la
fundación del antecesor del PRI: el Partido de la Revolución Mexicana (PRM),[16]
cuya estructura organizacional se establece a partir de grandes corporaciones
(o «sectores») de los grupos subalternos: corporaciones obrera, campesina,
popular y militar. La integración de los obreros y campesinos al PRM constituye
entonces el último escalón de la revolución pasiva: sus organizaciones se convierten
en corporaciones estatales que participan en la gestión del sistema político y
de la economía, a partir de la participación en la determinación del gasto
social. A ello se agrega la intervención de los sindicatos en la gestión de la
reproducción social de la fuerza de trabajo (bajo el «modelo» del Estado
«social») y la de las organizaciones campesinas en la gestión de la reforma
agraria.
Este proceso se complementa con la constitución de la
armadura institucional que permite la concreción de la Ley Federal del Trabajo
(LFT), cuyas cláusulas de exclusividad y de exclusión[17]
conceden al Estado un poder discriminatorio sobre la representación sindical,
sobredeterminando su papel en
la gestión de las
relaciones laborales e industriales.
A diferencia del «americanismo», en México la
institucionalización del conflicto social en el Estado («social») asume una
forma tutelar en donde el Estado «protege» a la clase obrera frente a la
burguesía. Esto se corresponde con una acción compartida de dirección y de
mando en el seno del proceso productivo entre los técnicos de producción, en
tanto que representantes de la patronal, y el dirigente sindical, en tanto que
burócrata del Estado.[18]
Esto permitió desarrollar la estrategia de industrialización
por sustitución de importaciones (ISI) a cargo del Estado a través de la
inversión pública, así como de la producción de bienes para el mercado interno.
Distinguimos tres periodos de la ISI con características distintas[19].
El primero de 1929-1945, cuando la capacidad de importar se reduce y las
restricciones del sector externo son «absolutas», la sustitución se hizo de
bienes no durables de consumo final. En el segundo periodo de 1945-1955, las
limitaciones a importar disminuyeron al mejorar el poder de compra de las
exportaciones; en esta etapa el proceso de la ISI avanzó hacia los bienes
duraderos, productos intermedios y bienes de capital. Esta estrategia permitió
al Estado discriminar entre los grupos del empresariado industrial para
incorporarse y beneficiarse del proceso de la ISI[20];
además, se debe considerar la influencia de la Segunda Guerra Mundial que
intensificó el proceso de la industrialización; pues produjo la disminución del
flujo de importaciones.
El tercer periodo inicia a mediados del cincuenta y
finalizará con el agotamiento de la ISI hacia la década del sesenta. Es el
periodo de madurez y mayor crecimiento acelerado en el que se expande la ISI;
la solución a la limitación de generar ventajas competitivas para exportar es
el objetivo en esta etapa; se trata de promover la industria pesada[21].
Continúa la industrialización en las ramas de bienes de consumo durable y
en los intermedios, como en las etapas anteriores, pero esta vez también se
pretende llegar a los bienes de capital.
Las contradicciones propias de la estrategia de crecimiento
basada en la ISI y el bloque histórico corporativo se precipitaron abruptamente
en el movimiento estudiantil-popular de 1968, a lo cual siguieron experiencias
fallidas de las grupos políticos dominantes por resolver tales contradicciones
pero dentro de los límites de los paradigmas establecidos durante los años
setenta del siglo anterior, periodo que se cierra definitivamente con la crisis
de la deuda en 1982, para dar paso a una nueva realidad.
3. Nueva fase de desarrollo y la necesidad de un nuevo
bloque histórico en México
La nueva realidad implica el abandono de la ISI en pos de
una nueva estrategia de crecimiento basada en las exportaciones industriales,
la inversión extranjera y la redefinición y el repliegue del intervencionismo
estatal, que finalmente llevaría a la integración en el TLCAN.
Ese proceso tiene lugar en el marco de la
reestructuración mundial del capitalismo, un cuestionamiento
generalizado de los fundamentos del antiguo bloque histórico
fordista-americanista predominante en los países occidentales, la caída de la
Unión Soviética y el derrumbe de su sistema internacional de hegemonía de
Estados, y, por tanto, del «socialismo real».
Lo anterior trae consigo la emergencia de EEUU como la única
gran potencia hegemónica, la cual ha tratado de conservar su sistema hegemónico
internacional adaptándolo a la nueva realidad que se caracteriza
estructuralmente por las siguientes tendencias: 1) el surgimiento del
capitalismo del conocimiento en tanto que respuesta capitalista a las
contradicciones del fordismo-keynesianismo, consistente en la incorporación el
conocimiento en la producción como nuevo mecanismo de incremento de la
productividad; 2) el neoliberalismo en tanto que proyección económico-política
superestructural que persigue dar cauce al despliegue de los fundamentos
tecnológico-productivos de la nueva fase de desarrollo y restaurar la
dominación de las clases dominantes, que se había visto fuertemente cuestionada
hacia finales de los años setenta del siglo anterior (Harvey, 2005), pero
evitando, en lo esencial, el complejo y extremadamente peligroso problema (para
las clases dominantes) de la revolución pasiva como fundamento de una nueva
hegemonía sobre las clases y grupos subalternos[22];
3) la emergencia de nuevas potencias económicas (Japón y Alemania en los años
ochenta y noventa, y más recientemente China y el resurgimiento de Rusia), el
desplazamiento del eje dinámico de la economía mundial a Asia y el nuevo
protagonismo de algunos países emergentes; y 4) la tendencia mundial a la
agregación de los países en bloques económicos continentales.
El despliegue de la nueva estrategia de crecimiento entra en
contradicción con el bloque histórico corporativo hacia finales de los años
ochenta, lo que precipita los acontecimientos que rodearon a la elección
presidencial de 1988 y el ascenso del nuevo gobierno, a saber: 1) la escisión
del PRI, la ruptura con éste por parte de los partidos satélites y el
surgimiento del PRD, como resultado de una nueva alianza entre los grupos
priistas nacionalistas escindidos y la izquierda nacionalista y socialista; 2)
un nuevo proceso de revolución pasiva que busca la formación de un nuevo bloque
histórico pero sin ruptura radical del anterior, proceso que es
dirigido por una fracción reformista de la tecnoburocracia recién ascendida al
poder, que bajo el principio ideológico del liberalismo social busca dar cauce
al despliegue de los fundamentos tecnológico-productivos de la nueva fase de
desarrollo y la apertura comercial (de donde su carácter liberal en la
economía), pero, a diferencia del neoliberalismo, la restauración de la
dominación de las clases dominantes debía lograrse recuperando y fomentando las
tradiciones prehispánicas de solidaridad en los trabajos y las actividades
comunitarias (como el tequio u otras formas), combinándolas con la tradición
maoísta de organización de la población en consejos autogestionados, como
principio de una nueva relación del Estado con las clases y grupos
subalternos (de donde su carácter social). Ese principio se extendió a todos
los ámbitos de relación con las clases y grupos subalternos, a saber: 1) las relaciones
laborales e industriales, en donde se buscaba sustituir la acción de
intermediación productiva y tutelar sobre la clase obrera de la burocracia
sindical, en favor de un neocorporativismo sindical comprometido y
participativo en los procesos de reestructuración productiva; 2) en el campo se
pretendía dar una nueva perspectiva de desarrollo a los ejidatarios medios,
quienes serían los únicos capaces de enfrentar la apertura a la competencia de
la propiedad de la tierra, resultado de las reformas al artículo 27
constitucional, lo cual se complementaba con los nuevos programas de crédito
como el PROCAMPO; 3) en las zonas urbanas deprimidas, sobre una base
territorial, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) pretendía equipar
con infraestructura a los barrios pobres a partir de principios como la
autorganización y corresponsabilidad de los pobladores en la solución de sus
problemas materiales[23];
4) la constitución de un nuevo parlamentarismo corporativo, en donde el PRI
pierde importancia relativa como instancia política de solución de los
conflictos entre la tecnoburocracia y las burocracias política y sindical –las
cuales habían sido fuertemente golpeadas por los procesos de desregulación en
general y el nuevo principio de relación con las clases subalternas–, en favor
del congreso, sustentado en una nueva alianza PRI-PAN que sella un nuevo
compromiso con grupos del empresariado conservador, la Iglesia y las clases
medias de altos ingresos[24];
y 5) en 1994 tiene lugar la extensión del crédito, particularmente el destinado
al consumo, lo que ampliaría la base de legitimidad al conjunto de las
clases medias, al mismo tiempo que constituiría una de las causas de la
crisis financiero-productiva de finales del año (Ordóñez, 1998).
El liberalismo social entra en crisis por su eslabón más
débil, es decir, la relación del Estado con los campesinos y los indígenas,[25]
y se consuma con la ruptura en el seno del grupo político dirigente y su secuela
de asesinatos políticos.[26]
Tal ruptura se originó en la confrontación de dos proyectos sobre el curso
ulterior del liberalismo social, una vez llevado a cabo lo fundamental de la
reforma económica: el «camachismo» que promovió una reforma del Estado que
implicaría una ruptura democrática del régimen político de partido de Estado, y
el «cordobismo» que limitaría tal reforma a la persistencia del régimen
político. Este último proyecto resultó triunfante en la sucesión presidencial
de diciembre de 1994, aun cuando el liberalismo social sufrió una nueva
fractura definitiva con el encarcelamiento del hermano del ex presidente y el
«exilio» de éste.
La crisis financiero-productiva de fines de 1994 se
encargaría de dar la puntilla final al liberalismo social, lo que traería
consigo la adhesión plena del país al neoliberalismo, proceso en el cual se han
verificado los siguientes cambios significativos en el seno del viejo bloque
histórico corporativo: 1) en el marco de la estrategia de crecimiento el país
ha desarrollad elementos del capitalismo del conocimiento y actividades del
sector electrónico-informático, en tanto que nuevo complejo industrial y de servicios
articulador y dinamizador del crecimiento, como una nueva industria electrónica
exportadora, una importante industria de servicios de telecomunicaciones y una
incipiente pero dinámica industria del software en los años noventa y dos mil;
2) un proceso de internacionalización de los grupos financieros
como resultado de la crisis financiero-productiva
de 1994-1995 y la consecuente quiebra de los bancos nacionales, que
conlleva a una nueva jerarquía en favor de los grupos internacionalizados y la subordinación
a éstos de los grupos de base nacional; 3) un nuevo compromiso entre las clases
y grupos sociales que sustenta el viejo bloque histórico, constituido por el
arribo al poder de una nueva tecnoburocracia con la alternancia partidista, y
su alianza con los grandes grupos financieros internacionalizados y los grandes
grupos industriales transnacionalizados, los cuales conforman el nuevo grupo
hegemónico, quien se alía con las antiguas burocracias política y sindical en
el marco de un parlamentarismo sustentado en la alianza PAN-PRI, bajo la
hegemonía del primero.
Al final, la constitución de un nuevo grupo hegemónico para
seguir dando vida al viejo bloque histórico corporativo en el marco del
neoliberalismo, parece dar la razón parcialmente al «camachismo» sobre la
necesidad de una ruptura democrática del régimen político de partido de Estado,
aun cuando ello no ha ido acompañado de su corolario: para una reforma del
Estado; la cual, en lo sustancial, no ha tenido lugar. Pero la crisis
financiera global reciente está expresando la crisis mundial del
neoliberalismo, lo que pone nuevamente en el orden del día la necesidad de un
nuevo bloque histórico en México.
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Notas
[1]
Estructura entendida como el resultado de patrones recurrentes de acción y
expectativas, que se mantiene porque algunos grupos y clases que se benefician
del status quo logran difundir ideas, instituciones y condiciones materiales de
soporte que la reproducen. La estructura económica es entonces el marco para la
acción de las clases, grupos e individuos, la cual puede contribuir a su
reproducción, o bien, ir en contra de ella y orientarse a la conformación de
una nueva estructura.
[2]
Para las citas de Gramsci se hará referencia a la edición crítica italiana de
los Cuadernos de la cárcel de V. Gerratana (1977) («C.4», indica que se trata
del cuaderno nº 4).
[3]
Estos conceptos los aplica Gramsci al estudio de tres fenómenos políticos
diferentes: la solución bonapartista de una crisis catastrófica (o cesarismo);
la formación del Estado burgués durante la Restauración y el
Risorgimento; y finalmente, el proceso de conservación de éste mediante la
«innovación», como en el fascismo y el «americanismo» en los años veinte y
treinta. A pesar de su diversidad, estos fenómenos tienen en común la
transformación de un Estado con la participación más o menos importante,
pero siempre pasiva, de las clases y grupos subalternos. Ver Gramsci (1933:
C.15, parágrafos 17, 59 y 60), (1932-1935: C.10 parágrafos 6 y 61), (1931-1932:
C.8, parágrafo 236), y (1934: C.22, parágrafos 1 y 11). Ver también
Buci-Gluksmann (1977) y De Felice (1977).
[4]
El concepto de revolución pasiva, en una acepción más amplia, implica una
asimilación «molecular» y continua del resto de la sociedad por parte de las
clases y grupos dominantes, en el seno de una nueva unidad histórica del
capitalismo. En esta perspectiva, estas clases y grupos deben lograr
presentarse como un organismo en movimiento continuo, capaz de ampliar técnica
e ideológicamente su esfera de clase, asimilando, a su nivel económico y
cultural, a otras clases sociales (Gramsci, 1931-1932, C.8).
[5]
Gramsci, 1932-1935, C.10, p.1221. A este paso, Gramsci lo denomina el momento
específicamente político, o «catarsis», en tanto que «[...] tránsito del
momento puramente económico [...] al momento ético-político, es decir, de la
elaboración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de
los hombres. Esto implica igualmente el paso de lo “objetivo” a lo “subjetivo”
[...]» (Gramsci, 1932-1935, C.10, p.1244). El concepto de «catarsis» implica el
hecho de que «[...] la política está siempre en retraso, y en un retraso
importante respecto a la economía» (Informe al Comité Central del PCI, 2-3
agosto de 1926, p.121).
[6]
Gramsci (1931-1932), C.8, p.182; Gramsci (1932-1935), C.10, p.
1237-1238, 1337-1338 y 1932-1934, y C.13, p.1569-1570. Según la concepción de
Poulantzas, la hegemonía tiene lugar únicamente en las superestructuras
complejas de la sociedad y puede ser ejercida exclusivamente por las clases
dominantes, lo cual es contrario a la concepción de la hegemonía que «nace» de
la estructura económica –puesto que no tiene en cuenta la relación orgánica
entre estructura y superestructura–, y contradice también la concepción de la
hegemonía como condición esencial de lucha de clases y grupos subalternos por
convertirse en clases y grupos dominantes, mediante la toma de poder del
Estado.
[7]
El concepto de bloque histórico implica una relación entre estructura y
superestructura alternativa a la economicista y mecanicista de la III
Internacional.
[8]
Por intelectuales se entiende a todo estrato social que ejerce funciones
organizativas en sentido amplio, ya sea en la producción, la cultura o la
esfera político-administrativa; producen y reproducen las concepciones del
mundo, políticas, ideológicas y culturales. Los intelectuales se diferencian de
los individuos «simples» de su clase o grupo social por sus capacidades
técnico-formativas y de liderazgo, y, en ese sentido, cada clase o grupo social
tiene su propia categoría especializada de intelectuales, pero, debido a esas
características distintivas y al mismo tiempo comunes a otros grupos de
intelectuales, tienden a agruparse en un estrato diferenciado, es decir, el
estrato de los intelectuales. Sin embargo, en un sentido amplio todo hombre
es intelectual, en la medida en que hace uso de su intelecto para
el desarrollo de su actividad práctica, pero no todos los hombres tienen la
función de intelectuales en la sociedad. La organicidad de los estratos
intelectuales depende de su más o menos conexión con un grupo social
fundamental; en cambio, las tareas de los intelectuales tradicionales será la
de poner en contacto a la masa campesina o urbana con la administración, no
tienen ninguna iniciativa, sólo reproducen lo ya existente (Gramsci, A.,
1932-1935, C12, p. 1516-1519, C19, p. 2041).
[9]
Aunque Madero fue consciente de los problemas sociales, y su concepción de
pueblo no fue elitista; en 1912, las discusiones del problema agrario no habían
cambiado su concepción liberal de la sociedad. «Madero siguió sosteniendo el
objetivo de “formar el pequeño propietario”, sin aceptar la expropiación de las
grandes propiedades territoriales» (Córdova, 1973).
[10]
En el pensamiento de Carranza, las reformas debían ser conducidas por el Estado
y no debían competer a las masas; ni grupos ni individuos se encuentran en
condiciones de realizarlas. En realidad –argumenta Córdova–, la concepción
carrancista sobre los problemas sociales jamás dejó de ser individualista y
liberal. Carranza concebía una relación clásica entre Estado-individuo en la
que el Estado debía ser el actor principal que podría dirigir el desarrollo de
la «sociedad individualista» (Córdova, 1973).
[11]
Hacia 1914, cuando las fuerzas de Carranza y las de Villa y Zapata estaban
virtualmente equilibradas, Carranza propuso un programa de reformas sociales.
Con esto, Carranza se pondría por delante de Villa y Zapata como el
revolucionario, mientras que Villa, en una posición «reaccionaria» pugnaba por
efectuar elecciones (Córdova, 1973:199).
[12]
Aunque desde la concepción misma de la Constitución en 1917, en el proyecto
carrancista ya se incluyen demandas de las luchas campesina y obrera (ver nota
11).
[13]
La COPARMEX se opone activamente a la política de Cárdenas. Este conflicto
alcanza su punto culminante en 1936, durante la huelga de la firma La Vidriera.
Los agricultores propietarios eran contrarios a la profundización de la reforma
agraria, lo cual se manifiesta durante las reformas legislativas llevadas a
cabo a partir de 1933 (cuando los «agrarios», que promueven tal profundización,
se imponen a los «callistas», que la resisten), si bien tal oposición se
localiza a nivel de los Estados (Hamilton, 1983).
[14]
Tal acto de ampliación de la soberanía estatal es precedido por acciones en el
mismo sentido: la formación de la Comisión Federal de Electricidad, de
Petróleos de México y de la Administración del Petróleo Nacional, la ley de
expropiación de 1936, la ley de minas, la formación de
la Comisión de Promoción Minera y la nacionalización de la participación
minoritaria extranjera en el capital de los ferrocarriles (Hamilton, 1983).
[15]
La región lagunera era una región que contaba con irrigación y donde el 70% de
la tierra pertenecía a propietarios extranjeros (40 % a dos compañías inglesas)
(Hamilton, 1983).
[16]
En el programa del PRM figuran objetivos tales como la lucha por «la democracia
de los trabajadores» y por la «educación socialista» (Hamilton, 1983).
[17]
La primera establece que el sindicato mayoritario de una compañía es el titular
del contrato colectivo de trabajo, mientras que la segunda obliga al trabajador
a pertenecer al sindicato para ser empleado.
[18]
En el caso de algunos países de América Latina (como Argentina y Brasil)
experiencias similares son conocidas como populismos.
[19]
Periodización con base en Tavares, 1980.
[20]
Los grupos favorecidos son los medianos y pequeños industriales, aglutinados en
la Cámara Nacional de Industrias de la Transformación (CANACINTRA). En 1944 se
crea la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo objetivo será
regular las relaciones de los trabajadores con el Estado.
[21]
Por lo que los grupos favorecidos serán los grandes industriales nacionales y
extranjeros, que pueden tener acceso al crédito, agrupados en la Confederación
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), y que no fueron primordiales para el
interés del Estado en las etapas anteriores, ahora ocuparía su lugar la
CANACINTRA.
[22]
El neoliberalismo implica los siguientes principios: 1) la búsqueda del
reconocimiento y el individualismo por el liberalismo, los cuales pueden
realizarse debido a que el libre mercado, los derechos de propiedad (privada) y
la prosperidad material se retroalimentan
recíprocamente con una cultura universal de consumo; 2) una transferencia hacia
la sociedad civil de la responsabilidad tradicional del Estado de hacer frente
a las necesidades básicas de sobrevivencia de los grupos marginalizados por
medio de la provisión de servicios sociales e inversión en infraestructura; y
3) supeditación de la política a la democracia de mercado y los derechos de
propiedad, y emergencia de las redes comunitarias de sobrevivencia para hacer
frente a las necesidades sociales que anteriormente eran responsabilidad del
Estado (Bueno- Hansen, s/f).
[23]
El proyecto orgánico de reforma del
Estado incluía la reforma del PRI, la cual
se expresaría en un cambio de nombre a Partido de la Solidaridad
(Dresser, 1992).
[24]
Bajo la nueva alianza PRI-PAN son aprobadas las privatizaciones de la época y
las reformas constitucionales a los artículos 27, 130, además de cinco
artículos más.
[25]
La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene su origen,
sea en conflictos tan ancestrales como la marginación indígena y la lucha por
la tierra, sea en conflictos más modernos como la reforma al artículo 27
constitucional y el corporativismo político-social. Sin embargo, el
neozapatismo se inscribe en una tradición político cultural que podría
considerarse como «pos-moderna»: la insurrección no persigue la toma del poder
sino que es considerada como una forma de lucha complementaria de la lucha
política y cultural, la cual busca la recuperación de los valores de la
tradición cultural indígena (por oposición a la cultura occidental dominante)
bajo lineamientos de respeto, autonomía y libre expresión de la diversidad.
[26]
Existe un consenso generalizado entre intelectuales, empresarios, gran parte de
los políticos (no sólo de oposición) y opinión pública sobre el hecho de que
los asesinatos políticas son resultado de una lucha encarnizada entre las
élites en el poder. De ser así, lo que parece constituir el fin del sistema
político de partido de Estado se estaría consumando bajo el mismo signo con que
nació: la violencia política. Otro posible paralelismo histórico es el intento
de un «salinato» y el «maximato» de Calles.
Sergio
Ordóñez es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Paty Montiel
es maestrante del posgrado de Economía en la UNAM y profesora adjunta de la
Facultad de Economía de la UNAM.
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http://cuadrivio.net/2010/11/la-revolucion-mexicana-una-lectura-desde-gramsci/ |