Ignacio Ramonet
El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de
la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de
rescate financiero, el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones
exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania:
draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de
las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y
privatizaciones masivas. De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de
terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que
someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero”
mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero
Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer
ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas,
conservadores y extrema derecha.
Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a
Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor
realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada
bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su
presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.
Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia
además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En
julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y
presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será
enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial
Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un
Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación
y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una
entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la
Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el
envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una
administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro
alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.
A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero
prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea”
para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika[Comisión
Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar
permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del
Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará,
no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda
soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las
pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de
derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y
los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia...
Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado
soberano.
De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una
nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más
Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia,
un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se
asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias
establecieron durante la era colonial: el de protectorado.
Para los colonizadores, el protectorado era una manera de
extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela
territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir
los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y
simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva
formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política
exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.
No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008
de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más
particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los
Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).
Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado
europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.
Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de marktkonforme demokratie (democracia en
conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado
es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para
que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El
mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los
que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y
los bancos (5).
Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa.
Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de
maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para
domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de
lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como
norma legal en la Unión Europea.
Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio,
por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo
organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado
por los Parlamentos de los países europeos sin ningún debate público, a pesar
de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los
ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a
países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse
bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de
ajuste.
El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el
pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una
exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus
Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit
estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en
sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal
de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.
Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial,
no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos
decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están
convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?
Notas
(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.
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Título original: "Nuevos protectorados "
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