Salvador López Arnal  |
| Especial para Gramscimanía |
Como
señalaron agudamente aquellos jóvenes revolucionarios alemanes en 1848, todo lo
sólido se sigue desvaneciendo en el aire.
Tomo
pie en la información desde Palma de Mallorca, uno de los vértices del
polígono, de Andreu Manresa [1] y en los excelentes e informados artículos de
Alicia Gutiérrez en Público [2].
La
sociedad familiar de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, Aizoon SL,
domiciliada en la residencia particular de los duques en Barcelona (calle
Elisenda de Pinós 11-13) desde su creación en 2003, cambió el domicilio social
y fiscal a principios de diciembre de 2011. Se conoció entonces que la sociedad
era objeto de investigación judicial, poco después de verse imputado en el caso
“Palma Arena” Diego Torres, “el socio”, el que fuera profesor de ESADE. ¿Por
qué? Con esta operación de mudanza mercantil, el yernísimo y su sociedad
dejaron de recibir requerimientos judiciales y de hacienda en su residencia. El
propio Duque evitó que la comisión judicial y policial registrara su mansión,
su palacete de Pedralbes, el pasado 7 de noviembre, como ocurrió con todos los
despachos y viviendas bajo sospecha vinculadas al entramado de Nóos. ¿Cómo lo consiguió? Lo desconozco.
Andreu
Manresa recuerda que el 7 de noviembre de 2011, precisamente el 7 de noviembre,
al mismo tiempo que el fiscal Pedro Horrach dirigía los registros en Barcelona,
la primera autoridad del Estado tenía anunciados dos actos oficiales en la ciudad
de los prodigios, “la millor botiga del
món” según lema municipal promovido por una curiosa y “cosmopolita”
izquierda institucional actualmente alejada del gobierno de la ciudad. La
visita de don Juan Carlos fue suspendida. ¿La causa? Las “secuelas de las
operaciones en sus piernas”. ¡Las informaciones y avisos superan la velocidad
de la luz!
Hay
más movimientos desde luego.
Un
año después de que la Casa del Rey “obligara” por escrito a Urdangarín a
abandonar sus actividades económicas en la trama del Instituto Nóos, sus socios
seguían contando con él, y con el dinero dado por Torres y él mismo, para
lanzar su nuevo “proyecto”, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.
En poco más de dos años, según Manresa, “esta
nueva entidad recaudó más de 400.000 euros de donaciones de grandes empresas”.
Entre los patrones y mecenas: la SGAE, Volvo o Mutua Intercomarcal. Estaba
previsto requerirles hasta 200.000 euros; más de treinta empresas figuraban en
el listado de contactos.
La
obligación por escrito pareció tener escaso efecto. ¿Intervino la Infanta para
calmar los ánimos y apelar al amor paternal?
El
yernísimo, como decíamos, quedó teóricamente desligado de la trama en junio de
2006. Dimitió entonces, supuestamente, del instituto Nóos, tras la intervención
del delegado de Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao. Se le instó a
renunciar y se le mandó una carta con las instrucciones para abandonar el
cargo. Los gestores de Nóos "presentaron" a Romero -¡al mismísimo
conde de Fontao quien obviamente conocía bien la situación!- su proyecto de
nueva fundación, que debía cortar amarras con el primer instituto. Pero no fue
el caso. Las actividades “empresariales” del Duque siguieron su curso. Y parece
razonable pensar que la intervención de la Casa se produjo por el peligro que
podían representar esas “actuaciones”, no por ningún amor desmedido a la
justicia, pero en ningún caso se alejó al Duque de Palma de los encuentros y
representaciones de la Casa borbónica.
Otro
vértice. Señala A. Gutiérrez que Ballester, el ex director general del Gobierno
de Jaume Matas, desveló que el primer paquete de contratos del que se benefició
el conglomerado empresarial –los relativos a la promoción del equipo ciclista
Illes Balears- se negoció en septiembre de 2003 entre Matas y el yernísimo.
¿Dónde? ¿En el palacio de Marivent, en la residencia veraniega de la familia
Real? Han hecho pleno.
Un
año antes, 23 de julio de 2002, una trabajadora de Octagon Esedos, con membrete
de otras de las empresas ligadas al Duque, envió a la Zarzuela un fax dirigido
a Carlos García Revenga. ¿Quién es CGR? Dos en uno: secretario de las infantas
Elena y Cristina, y tesorero del Instituto Nóos durante el mandato del Duque
palmesano. El encabezamiento del fax, donde se señalan los datos del
destinatario, no tiene desperdicio: “At. Carlos García Revenga. Empresa. Casa
Real”. El fax daba cuenta al secretario -¡a su secretario!- de las Infantas
borbónicas de la creación de Namasté, otra de las empresas de la trama.
Un
nudo más. El Instituto Nóos recibió unos 6 millones de euros de los ejecutivos
balear y valenciano (parece evidente la conexión PP-conglomerado UBT). Una
cantidad idéntica apareció en las cuentas de cinco empresas satélites. ¿Por
qué? Por supuestos trabajos realizados que facturaron a Nóos, la pretendida
asociación sin ánimo de lucro.
Estas
cinco empresas recibieron en total unos 16 millones de euros (de clientes
públicos y privados). ¿Qué empresas de esas cinco sacaron mayor tajada,
“mayores beneficios empresariales”? Efectivamente, Nóos Consultoría Estratégica
S.L. y Aizoon SL. ¿Es necesario recordar a quien pertenece el 50% de la
propiedad de esta última empresa? Efectivamente, a la infanta Cristina de
Borbón, hija de Juan Carlos I de Borbón, una parte no marginada de la Casa Real
borbónica española, la misma infanta que fue visitada por la Reina Sofia en su
domicilio de Washington, en señal de apoyo, cuando empezaban a conocerse
algunas caras de este sucio poliedro.
“En
la actualidad, no es solo una cuestión de justicia en sí, es la propia idea de
la justicia la que está bajo ataque”. Las palabras son de Arundhati Roy. Tiene
razón, le sobran razones a la gran escritora india. Pero hay jueces, como el
juez Castro, no son muchos desde luego, a los que por lo que parece resulta totalmente
indiferente la familia a la que pertenece el yernísimo, Diego Torres o el ex
presidente Matas.
¿No
se ha hablado acaso recientemente de que la justicia es y debe ser igual para
todos sin pretender hacer ningún chiste?
Notas
[2]
Alicia Gutiérrez. Público, 9 de enero de 2011, pp. 14-15.
