Luis Britto García |
| Especial para Gramscimanía |
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Con orgullo, con satisfacción, con renovada fe en el futuro
de Venezuela leemos el Comunicado del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de 25 de enero de 2012
donde se denuncia de manera irrevocable ante el Banco Mundial el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados".
Durante años Fermín Toro Jiménez y quien suscribe sostuvimos que caímos en el
Ciadi por presión de las transnacionales y violando la inmunidad de jurisdicción
que consagran nuestras constituciones, específicamente el artículo 151 de la
vigente.
El Ministerio proclama que “Venezuela se adhirió a este Convenio en
1993, por decisión de un gobierno provisional débil y desprovisto de
legitimidad popular, presionado por sectores económicos transnacionales que
participaban del desmantelamiento de la soberanía nacional venezolana”. Añade
el Ministerio que “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999 invalida, en su espíritu y en su letra, las disposiciones del mencionado
Convenio, cuando reza en su Artículo 151 que ‘en los contratos de interés
público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos,
se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según
la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos
y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes,
serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad
con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a
reclamaciones extranjeras". Cuando acudimos ante el Tribunal Supremo de
Justicia para solicitar la aplicación de dicho artículo 151, en sentencia del
17 de diciembre de 2008 éste consideró
que los ciudadanos no teníamos capacidad ni interés para defender la soberanía
de Venezuela, y que la inmunidad de jurisdicción que consagra el artículo 1 de
nuestra Carta Fundamental no vale porque que para nuestro país “resulta
imposible sostener una teoría de la inmunidad absoluta” pues “se acogió al
sistema de inmunidad relativa”. Pero el 28 de enero de 2011 el Presidente
declara que "No hay ni podrá haber ni habrá ninguna instrucción de ningún
centro económico político por encima de la Constitución". Relativos eran los jueces que pretendieron
derogar la Constitución de un plumazo. Ellos sí que no tenían capacidad ni
interés.
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El Comunicado confirma, por otro lado, que existe la
democracia participativa. Cuando ciudadanos sin cargo oficial ni militancia
partidista ni dominio sobre los medios asumimos la misión aparentemente
imposible de ejercer las acciones y el llamamiento a la opinión pública que
nuestra conciencia nos exigen, terminamos por obtener resultados. En 2006
denunciamos una Ley Orgánica de Hacienda Estadal que permitía privatizar ríos,
lagos y lagunas, establecer contratos para inmunizar a los ricos contra las alzas de impuestos y
en general desintegrar el país, y el
ciudadano Presidente de la República la vetó en uso de la potestad que le
confiere la Constitución. Cuando la Exxon intentó embargar las reservas
internacionales de nuestro país, aportamos a todas las autoridades competentes
las normas en virtud de las cuales
dichas reservas eran inembargables, y dicho criterio prevaleció. Todavía
más, vemos con satisfacción que Venezuela repatria sus reservas en oro y
metales preciosos, inmunizándolas contra medidas de saqueo como las que
recayeron contra los depósitos en el exterior de Libia. El camino de la
participación está erizado de retardos, aparentes reveses, postergaciones, e
incluso de amenazas por parte de los enemigos de la soberanía. Pero basta tener
tesón y razón para que una causa válida triunfe.
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Justamente los enemigos de la soberanía han saludado la
restauración de ésta con profecías apocalípticas. Que si nadie contratará con
Venezuela. Que si nos perderemos la
ventaja de ser arrastrados ante un tribunal de linchamiento que en 234
sentencias sólo ha favorecido a los países demandados en dos casos. Bolivia y
Ecuador se retiraron del Ciadi, y nada les ha pasado. Brasil no pertenece al
Ciadi, es potencia emergente, la sexta economía del planeta, y todo el mundo
contrata con él. Que si de todos modos quedan contra Venezuela una veintena de
demandas ante árbitros internacionales.
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Los enemigos de la soberanía no sólo no conocen la
Constitución que pretenden derogar: tampoco las normas extranjeras con las que
pretenden sustituirla. En la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional, el
artículo 34 dispone que el laudo arbitral es nulo cuando “ i) según la ley de
este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o
ii) el laudo es contrario al orden
público de este Estado”. Según vimos, de acuerdo con el artículo 151 de la
Constitución las controversias sobre contratos de interés público “serán
decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con
sus leyes” y no por árbitros extranjeros, y además dichos contratos son materia
de orden público, que como sabe cualquier jurista digno de tal nombre, no puede
ser negociada ni transada por acuerdos arbitrales, ni en términos de nuestras
leyes ni de las extranjeras.
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Por otra parte, es oportuno informar que ante demanda de la
British Gas contra Argentina, el Tribunal de Apelaciones de Washington decidió
que “de acuerdo con el tratado bilateral de inversiones argentino-británico,
las disputas entre inversores deben ventilarse, en una primera instancia, en
los tribunales del país demandado y esperar, luego, 18 meses antes de llevar el
caso a una Corte arbitral”. Añade el comentarista de Página 12 que “El fallo
puede convertirse en un antecedente para las causas que se tramitan en el
Ciadi, el tribunal que depende del Banco Mundial, donde hasta el momento se ha
ignorado la jurisdicción nacional”
(Página 12, 19-1-2012). Ni en una sola de las demandas contra Venezuela
se ha agotado la jurisdicción nacional: lo que buscan los enemigos de la
soberanía y las transnacionales es aniquilarla a favor de la extranjera.
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No concluye aquí la labor de la recuperación de la soberanía
ante cortes foráneas. Contra Venezuela avanza una granizada de denuncias ante la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos en Washington y la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, órganos de la OEA que prejuiciadamente fallan casi siempre contra
nuestro país. Hace poco pretendieron habilitar para participar en elecciones a
un corrupto inhabilitado por las autoridades venezolanas. Por ese camino,
pretenderán decidir quién no puede participar en ellas, y quién las ganó. Para
invadir Libia se utilizaron como pretexto supuestas violaciones de los Derechos
Humanos que no pasaron de ser un fraude informativo. Los infames Tratados
contra la Doble Tributación pretenden someternos también a árbitros
extranjeros. De esas trampas jurídicas debemos salirnos para recuperar
plenamente nuestra soberanía. Para ello basta con cumplir con la Constitución.
PD: En
la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, Monte Ávila Editores
presentará la Biblioteca Luis Britto García; y Editorial Ayacucho presentará la
edición definitiva de “Abrapalabra”, proyectos que llevan varios años en
preparación.
