El Estado colombiano gobernado históricamente por un exclusivo club de privilegiadas familias que mediante un par de corruptos y obsoletos partidos (liberal y conservador) ha usufructuado del país como una hacienda feudal, se vio obligado a pedir perdón por el criminal exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP), un experimento político de izquierda democrática que nació en 1982 como consecuencia de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la agrupación insurgente de las Farc.
El pasado 9 de agosto de 2011, el ultraconservador ministro
del Interior, Germán Vargas Lleras, en nombre del Estado colombiano y en el
Salón Elíptico del Capitolio Nacional debió pedir perdón por el magnicidio del
senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas y reconocer, igualmente,
la responsabilidad por el exterminio de esta colectividad política de izquierda
que constituye una vergüenza para Colombia.
Vargas Lleras lo hizo en cumplimiento de una sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida en mayo de 2010, por cuanto
el establecimiento colombiano se rehúye a reconocer su complicidad en este
genocidio que en buena medida sigue impune.
Roberto Romero Ospina, periodista e investigador social de
amplia trayectoria documentó en un extraordinario trabajo bibliográfico el
proceso político de la Unión Patriótica y los asesinatos de sus dirigentes y
militantes. En su obra, Unión Patriótica, expedientes contra el olvido, Romero
Ospina recoge y documenta 1598 asesinatos de los más de tres mil que hubo
contra los militantes de esta expresión de izquierda.
El objetivo del libro es, según el autor, hacer justicia con
la memoria histórica de Colombia, para que las nuevas generaciones sepan lo que
ocurrió aquí, pues el genocidio de la UP fue la peor catástrofe histórica de
América Latina en el último medio siglo respecto de la criminal desaparición de
una colectividad política, solo comprable con el genocidio del gaitanismo,
guardando las proporciones, aunque es una tragedia similar.
"El dolor causado
por esta crueldad de los perpetradores, tanto de los que apretaron el gatillo
como de los autores intelectuales que dieron la orden desde las altas esferas
del establecimiento, que se llenó de pánico ante el avance sin precedentes de
la izquierda, entre 1985 y 1990, es infinito. Miles de deudos jamás podrán
superar esta tragedia. Solo la verdad tendrá algún valor como bálsamo, pero
infortunadamente como se demuestra en el libro, la impunidad en el caso de la
UP ronda el 93% y al ritmo que lleva la Fiscalía, se necesitarán cien años para
culminar los procesos", afirma Romero.
Esta historia dramática empezó en 1984, cuando se firmó el
acuerdo de paz de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc.
Se pactó un cese al fuego y de hostilidades, y se planteó la necesidad de crear
un movimiento político. Nació entonces la Unión Patriótica. El Gobierno
Betancur se comprometió a ampliar la democracia, con la elección popular de
alcaldes, la expedición de un estatuto para la oposición y el impulso de una
reforma agraria.
La UP se expresó en las urnas. En las elecciones
legislativas y regionales fueron elegidos 24 diputados departamentales, 275
concejales, cuatro representantes a la Cámara y tres senadores, dos de los
cuales venían de la guerrilla: Iván Márquez y Braulio Herrera.
Con su crecimiento electoral llegó la sangre. En el primer
aniversario del nuevo partido de izquierda fueron asesinados 300 militantes. Y
las divisiones tampoco tardaron en llegar. Por un lado estaban los comandantes
guerrilleros como Jacobo Arenas que reconocían a la UP como parte del plan de
guerra y los más moderados los 'perestroikas' -en alusión a la Perestroika rusa
liderada por Mijaíl Gorbachov- , quienes condenaban la combinación de todas las
formas de lucha. En esa orilla estuvo Bernardo Jaramillo, quien sucedió en la
candidatura presidencial a Jaime Pardo Leal, asesinado por los paramilitares el
11 de octubre de 1987. Tal fue la división que incluso en las Farc se habló de
traición y Consejo de Guerra y algunos miembros de la dirección de la UP
tuvieron que salir del país por temor a las represalias del movimiento
guerrillero.
Las cifras de muertes siguieron en aumento. Dos décadas de
ejercicio político de militantes de la UP produjeron más de tres mil muertes.
En 1994, las autodefensas asesinaron al último representante de esta
colectividad en el Congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda. El
fin jurídico del partido sólo llegó en el 2003, cuando el Consejo Nacional
Electoral le quitó la personería jurídica al movimiento, que tras este recuento
de asesinatos y persecución no logró sino 50 mil votos en las elecciones de
2002.
El libro de Romero reconstruye una historia contada por los
sobrevivientes, muchos de los cuales forman parte del Polo Democrático
Alternativo.
Este trabajo de 435 páginas no se dedicó únicamente a
recordar este crimen. Romero, otrora miembro de la Unión Patriótica, estudió
todos los ejemplares que salieron del periódico de izquierda Voz en los años
ochenta y noventa, y como resultado obtuvo el nombre de 1.598 víctimas, con
lugar y fecha de su muerte. La primera de ellas: Milcíades Contento, asesinado
el 6 de abril de 1984 en Viotá (Cundinamarca); la última: Ana Garavito,
asesinada el 30 de diciembre de 1997 en Arauquita (Arauca).
Igualmente, recopiló
los testimonios de un número de importante de personas que como él vivieron en
carne propia el exterminio de la Unión Patriótica, entre ellas los exconcejales
de Bogotá Aída Abella y Jaime Caycedo Turriago.
El estudio identifica también las regiones donde más
miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados: Meta y Antioquia. En el
primero de estos dos departamentos hubo 458 víctimas mortales; en el segundo,
385. Es decir, más de la mitad del total de militantes asesinados.
El investigador resaltó que en esas zonas el partido de
izquierda se consolidó con más fuerza, lo que generó el rechazo de personas que
fácilmente pasaron de las críticas a la violencia. "La intención fue
clara: acabar con el partido y con el tejido social que permitió su
nacimiento", dijo Romero.
Para ejemplificar su hipótesis recordó la masacre de Segovia
(Antioquia), ocurrida el 11 de noviembre de 1988. "Los paramilitares
llegaron y mataron a todas esas personas. Luego, antes de irse escribieron en
las paredes: 'No vuelvan a votar por la Unión Patriótica. Eso les causa la
muerte'". Resultado: ese partido perdió todo su poder en la región.
Romero hace un recuento así mismo de los avatares políticos
de la UP y señala que tras hacer presencia en la escena institucional del país,
se desligó de las Farc. "Por ejemplo, Bernardo Jaramillo Ossa rechazaba
tajantemente a las Farc e igual lo mataron", dijo Romero, quien agregó que
el fin último del partido era conseguir la paz. "Y ese anhelo sigue vivo".
El genocidio
Los resultados del estudio muestran que, en las zonas en
donde nació y se desarrolló el paramilitarismo, coinciden con la mayor
concentración de crímenes en contra de miembros de la UP. Con el aumento de los
atentados vino el descenso de las votaciones de los aspirantes a cargos
públicos de la UP y el miedo generó la diáspora de sus militantes y sus
simpatizantes.
"Para cumplir con ese clamor de paz es necesario que
haya cambios. La sociedad tiene que aceptar que permitió este genocidio y debe
pedir perdón", afirma este periodista.
"El primer paso para llegar a la verdad es identificar
a las víctimas", dice Romero, por ello dedicó un apartado completo del
libro a citar a las víctimas con sus respectivos nombres y apellidos, así como
los lugares y las fechas en los que se cometieron los asesinatos y los
presuntos responsables de los mismos.
"Detrás de las cifras hay seres de carne y hueso que
murieron por un ideal político, no son simples números", agrega Romero.
El informe reunió los reportes periodísticos del semanario
Voz y los archivos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
desde 1984 hasta 1997.
"Los altos
mandos hacían listas de los condenados a muerte de la UP y se jactaban de
ellos" cuenta en el libro la exiliada expresidente de este partido, Aída
Abella, todo porque la colectividad de izquierda le disputaba el poder a los
partidos tradicionales.
Con el exterminio de los militantes de la UP "murió la
oposición legal y nació la oposición armada que intensificó el conflicto",
dice Carlos Lozano, director de Voz. El periodista pide que hasta que no sean
aclarados por la justicia el genocidio de la UP no podrá darse una verdadera
negociación de paz entre las guerrillas y el establecimiento.
El informe reúne también 23 perfiles de víctimas de la
persecución, historias de vida que van desde el más humilde militante como José
Leonardo Martínez, campesino tolimense acribillado en su vereda cuando salía
con una mochila llena de votos durante las elecciones presidenciales en las que
participó Jaime Pardo Leal, hasta el magnicidio del destacado dirigente de la
UP y secretario general de la Juventud Comunista, José Antequera, acribillado
el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado.
La persecución contra los miembros de este partido no ha
terminado. A pesar de que los años más críticos fueron entre 1985 y 1989, que
coincide con el auge electoral de la UP y con el crecimiento del
paramilitarismo, el 31 de diciembre de 2010, a pocos minutos del año nuevo, fue
asesinado en Tuluá, Valle, José Lenin Mayusa, el último de una familia de
militantes de la UP, de los cuales 3 hermanos también acribillados y sus 3
hermanas detenidas por la policía.
Romero confesó que después de un tiempo ya no lo
impresionaba escuchar de compañeros caídos y recordó que, como lo escribió la
exalcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón en el prólogo a este libro, en cada
funeral la gente se despedía diciendo: nos vemos en el próximo.
"La frustración
llega a ser tal que uno ya no siente. Creo que es por eso que la sociedad
colombiana está tan aletargada de tantas tragedias que ha vivido",
puntualiza el autor de este libro testimonio de una de las tragedias que
ensombrece la historia reciente de este desheredado país.
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| http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones67/nota15.htm |
