12/12/11

Preguntas sobre la Familia Real española

Salvador López Arnal                      

Especial para Gramscimanía
¿La familia Infanta Borbón-Duque Urdangarín es una familia con un funcionamiento digamos usual? ¿Es pensable y razonable que los tejemanejes del señor Urdangarín sean desconocidos en su totalidad por su señora esposa, la infanta Cristina Borbón? ¿Cabe un supuesto así en alguna racionalidad social que no estalle en mil pedazos y provoque océanos de hilaridad?

¿Cabe interpretar la visita de la Reina Sofía a su hija y yerno, fotografía incluida, de alguna manera que no sea el respaldo de la Casa Real, y, por tanto, de la máxima autoridad del Estado a la pareja partidaria de la acumulación primitiva acelerada? ¿Para qué puede ir la miembro permanente del club Bilderberg y esposa borbónica a la capital imperial? ¿Para hacerse unas fotitos con la niña Cristina y el yerno?

¿Ninguno de los múltiple asesores y servidores de la Casa Real conocía la participación Borbón-Urdangarín en un proyecto, un nuevo proyecto de privatización de bienes y presupuestos públicos con procedimientos potencialmente delictivos?

Como ha señalado Alberto Montero Soler: ¿algo totalmente nuevo bajo el sol? ¿Es irreal la alargada sombra de la sospecha que se extiende sobre el origen del patrimonio del propio monarca?

¿Qué puede significar el amago de expulsión de Urdangarín de la Casa Real y su pronta y urgente reincorporación?

¿Qué parte del presupuesto público entregado a la Casa Real sin control público sobre su destino puede haber sido desviado para abonar inversiones de la pareja borbónica en trasteros, pisos en ciudades obreras o palacetes en barrios privilegiados de Barcelona?

¿Son la pareja en cuestión familiares díscolos o siguen prácticas cultivadas, abonadas y enseñadas en su tradición familiar? ¿Es necesario recordar los nombres de turbios financieros encarcelados amigos íntimos de la Casa Real Borbónica?

¿No tendrá que ver lo sucedido, aunque sea indirectamente, con el artículo 56 de nuestra sagrada Constitución que asegura que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”? ¿Cómo es posible aceptar una barbaridad jurídica de tal dimensión? ¿Una constitución puede ser democrática si incluye un principio así?

“Ante la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo puntualizar que lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis actividades privadas” ha manifestado el Duque sobre lo que llama sus “actuaciones profesionales”. ¿Dice algo sobre la legalidad y legitimidad de las mismas?

¿Qué tipo de “asesor jurídico y portavoz” es el señor Mario Pascual Vives, letrado del Colegio de Abogados de Barcelona? ¿Una persona autorizada a hablar en su nombre? ¿Por qué?

Si la investigación del juez de Palma José Castro que apunta a que el señor Urdangarin facturó a través de Instituto Nóos y su conglomerado de empresas más de 16 millones de euros -casi el 40% de los ingresos totales salieron del erario- y que la ingeniería financiera de la trama le permitió lucrarse con dinero público y pagar menos impuestos, ¿no debería merecer todo ello la máxima atención de la opinión pública? Aunque no sea comprable, ¿no tuvo el señor duque, cuando aún no era señor duque, algunos problemillas con el pago de multas?

¿Un partido socialista y obrero tiene que limitarse a expresar respeto y a defender la presunción de inocencia después de que Urdangarín haya asegurado que la Casa del Rey nada tiene que ver con sus actividades privadas? ¿Y ya está? ¿Pasamos página y esperamos que llueva en abril?

¿Cómo puede admitirse que una institución como la Generalitat valenciana haya alterado a posteriori un expediente para justificar el pago de 3,1 millones a la ONG de Urdangarin? ¿La Generalitat sorteó la ley para favorecer a Iñaki Urdangarin y la ONG que presidía? ¿El Estado sortea su propia ley?
¿Qué papel jugó en toda esta trama Diego Torres, un ex profesor que era profesor durante toda esta “brillante jugada financiera” de la barcelonesa y renombrada escuela de negocios ESADE en toda esta trama? ¿Es el nuevo Javier de la Rosa de los Borbones más jóvenes? ¿Tampoco sabían nada en ESADE de las andadas cortesanas del señor Torres?

¿La Sindicatura de cuentas valenciana pudo censurar a la Generalitat su comportamiento con Nóos tanto en su informe de 2005 como en el de 2006 y no pasó nada? La advertencia de la sindicatura: “Se considera necesario que en el expediente quede acreditada la necesidad del gasto, la excepcionalidad en la aplicación de publicidad y concurrencia y la justificación del importe comprometido por la sociedad”, ¿no era altamente significativa?

¿De quién provino la orden de preparar un falso informe dado a ex directora de operaciones de Cacsa? ¿Del entonces director de la empresa pública? ¿Por decisión propia? ¿Y quién dio la orden al que ordenó?

¿No debería Izquierda Unida-Chunta Aragonesa-ICV iniciar la nueva legislatura con una batería interminable de preguntas e iniciativas parlamentarias? ¿No deben clamar las ciudades y plazas exigiendo transparencias, dimisiones, responsabilidades y contemplando de frente lo que realmente es –y ha sido- la Casa Real Borbónica?

PS: Por cierto, si mi información no errónea, no debería Izquierda Unida preguntar también sobre este segundo escándalo bancario, no muy alejado del primer territorio de abyección, infamia y hormigón:

¿Por qué los bancos, cuando se quedan con la vivienda de los ciudadanos la pueden vender sin ponerla a su nombre y así no pagar el 7% de transmisiones patrimoniales? ¿Cuantos miles de millones de euros tendrían que pagar a Hacienda si lo hicieran, si lo hubieran hecho?

Un cálculo que ha corrido en la red: si ha sido 1 millón el número de viviendas que los bancos han arrebatado a los hipotecados fallidos y poniendo un valor medio a la vivienda de 200.000 euros, el importe total del inhumano desaguisado sería de 200.000 millones de euros.

Al 7%, el resultado es de 14.000 millones de euros. ¿Estas son las dimensiones de este posible nuevo robo bancario?