Arturo Bolívar Barreto
La globalización
capitalista -que hoy recae en una crisis que puede ser épica- impuso hace unas
décadas, en nuestro país desde los 90, una nueva edición de liberalismo
económico con características extremas y dogmáticas. El reinado del mercado
como panacea para los problemas económicos y sociales trajo como consecuencia
la inhibición del rol del estado para todo control del capital privado, reducción
del gasto público social, el remate de empresas estatales –muchas muy
rentables-, la flexibilidad laboral o las leyes restrictivas que facilitan el
despido de empleados y trabajadores.
Si en todo el mundo esto
devino en incremento del desempleo, pérdida de ingresos salariales,
desprotección de servicios sociales, en países como el nuestro –que llegó a
mayores niveles de economía primario exportadora, de desindustrialización y de
desaliento de la agricultura para el mercado interno, como fruto de los intereses
de las sobreprotegidas inversiones extranjeras y de los tratados de libre
comercio- los problemas sociales, de por sí agudos, se potenciaron.
Los efectos en nuestro
país de la economía neoliberal implementada por los organismos financieros
internacionales son, hasta hoy, esencialmente los mismos: incremento del
desempleo -encubierto con altas tasas de subempleo o empleo precario-, pérdida
del salario real, decremento dramático del porcentaje de las personas que
cuentan con seguro social y de salud, incremento de la delincuencia y de las
modalidades cada vez más violentas de delinquir, y en los sectores juveniles y
de menores los multiplicados problemas del pandillaje, drogadicción, niños de
la calle, prostitución. Aunque el último lustro se haya incrementado los
ingresos fiscales, los índices de pobreza -salvo en la publicidad direccionada
de aquel gobierno- han decrecido muy poco y, en cambio, se ha ampliado la
desigualdad social por carencias redistributivas. Las altas tasas de TBC son
muy reveladoras, el Perú ocupa el primer lugar en América Latina a lado de
Haití, el país más pobre. Siendo Lima, de lejos, la ciudad de mayor incidencia
de tuberculosis en toda la región, según fuentes recogidas del Ministerio de
Salud y el Colegio Médico del Perú.
La política de
congratulación con el capital extractivo ha permitido, además, la afectación
del medio ambiente y el relegamiento de los pueblos andinos y etnias amazónicas
a un implacable irrespeto a su existencia y a su identidad.
La primera política
“cultural” es, por tanto, la promoción de este empobrecimiento y descomposición
social que, en el paroxismo por la sobrevivencia, rebaja en el poblador
las posibilidades de su educación y crea, contrariamente, una cultura de la
violencia. Además de alterar, con la incursión inconsulta del capital y del
autoritarismo del estado, las condiciones de vida de los pueblos originarios y,
con ello, su propia identidad étnica.
Otro elemento de esta
primera política cultural, relacionada estrechamente a la privatización del
estado y de los recursos nacionales, y a la disputa por la obtención de
beneficios en los contratos con el estado en un contexto autoritario, de
medidas tomadas de facto desde el poder ejecutivo o con los congresos
cómplices, es la corrupción institucionalizada. Es la concesión de
ventajas que se oferta a las empresas con la complicidad de los principales
funcionarios del estado y la de sus políticos, agentes, lobistas, en un
conglomerado de corrupción. Desde el desfalco de los ingresos por las
privatizaciones de las empresas públicas en la década de los 90, pasando por
las arbitrariedades empresariales: despidos, cierres , sobreprecios,
defraudación tributaria, licitaciones ganadas bajo la mesa, productos sin
control de calidad, argucias para incautar clientes (las tarjetas de crédito
últimamente), hasta la infección en todos los ministerios y dependencias:
Salud, Transporte, Energía, etc.
Todo lo cual no puede
producirse sin la codicia del capital liberalizado y la complicidad de los
funcionarios del estado, implementadores obnubilados de esa política. Por eso,
la corrupción no es sólo hecho personal o simplemente inmoral, es hecho
sistémico, es el correlato del neoliberalismo económico que empuja y encuentra
en los políticos oportunistas llegados al poder la horma de su zapato. Como
acto delincuencial desde la más alta administración del estado, dirige una
descomposición ética y social de efecto traumático. La corrupción
institucionalizada multiplica la marginación de los más débiles, ratifica el
encumbramiento de los más fuertes, y de éstos, a los peores; devalúa todo
mérito personal, institucional o social y refuerza la cultura de la amoralidad
y de la violencia. Además hace de la democracia, en la que pretenden mantenerse
formalmente, una caricatura, el régimen neoliberal es por naturaleza
autoritario, antidemocrático. Y esa práctica trasciende a todas las esferas de
la sociedad.
Esta liberalización del
mercado que debilita las entidades sin fines de lucro, las de capital local, deprime
el mercado interno e impone la ley de la selva, ha permitido, además, la
proliferación de “casas de cita”, tragamonedas, bares nocturnos lumpenizados,
templos, en muchos casos en locales que eran, en épocas anteriores, de
instituciones reguladas, o culturales, obligadas a cerrar: cines, cine clubes,
librerías, partidos políticos, etc.
Se puede decir que esta
básica medida neoliberal, el del “ajuste estructural” económico, implementada
desde el estado coaptado por el capital trasnacional y nacional monopólico, de
las dos últimas décadas, ha promovido, como efecto reflejo, casi simultáneo, el
desamparo social, la violencia, la corrupción, que son condiciones de deterioro
y obstáculo de cualquier desarrollo educativo y cultural. Esta es la primera
política cultural o, más precisamente, anticultural, que se implementó en
nuestro país en los últimos veinte años.
La segunda política
cultural es la entronización ideológica que trajo consigo este
neoliberalismo económico y que cubre el mundo actual: el cinismo del egoísmo
lapidario como valor. No es que el individualismo no rigiera siempre el mundo
manejado por los sistemas capitalistas sino que era considerado éticamente como
un antivalor y practicado vergonzantemente, aún por las élites económicas y
políticas. Los valores aceptados socialmente seguían siendo los del pensamiento
clásico o los demoliberales: conciencia, igualdad, fraternidad, justicia. O los
seculares valores cristianos, amor al prójimo, piedad con los pobres, etc. Con
el capitalismo neoliberal éstos fueron desechos e impuestos los de carácter
economicista: competitividad, productividad, éxito, eficacia, calidad, que
fueran levantados como valores épicos y vendidos en el mercado mundial como
recetas únicas y totalitarias. De esta manera, con la caída del muro de Berlín,
la restricción de los Estados del Bienestar, el repliegue del movimiento
social, se derrumbaron también los paradigmas histórico culturales: la
ilustración, el humanismo, la liberación social, el socialismo. Junto con el
único sistema imperante y viable, a saber, el capitalismo unipolar, se impuso
también el pensamiento único. La herencia cultural e histórica de la sociedad
civilizada, los paradigmas clásicos, son un escollo, una rémora para la
posmoderna moral del éxito y del individualismo lapidario, es pensamiento
premoderno, tradicional, antediluviano, en tanto y en cuanto no reconoce que el
bienestar material y social dependen de la productividad y la eficiencia, y
esta última se corrobora en el mercado. Nada que no sea tu esfuerzo personal
puede generar riqueza real. La colectividad, la solidaridad, o un Estado Social
que pueda representar a éstas, son ficciones, utopías, especulaciones
impracticables. El bienestar material y social, y hasta la riqueza, abierta y
factible en este mundo de las libertades económicas y de las oportunidades, se
gana con tu competitividad puesta a prueba entre las fuerzas de la oferta y la
demanda. Si lo eres (ser competitivo) lo mereces y si no, tienes que
desarrollar esas capacidades, no has sido todavía lo suficiente.
Así pues, los fantasmas
de todas las filosofías burguesas reaccionarias del pasado han vuelto con
fuerza, el voluntarismo, el darwinismo social, el existencialismo, la
“filosofía de la vida”, pero legitimados e imponiéndose en la conciencia
popular por el peso de la hegemonía económica y la modernidad. El “superhombre”
de Nieztsche no ha vuelto en su forma aristocrática del derecho que, por el
peso natural de su fuerza e inteligencia, tenga que reinar obligadamente la
“raza de los señores” por sobre la “raza de los esclavos”, sino en su forma
posmoderna de la democratización posible del éxito y la riqueza, posible y
factible para cualquiera siempre que demuestre el peso de su capacidad
individual, su competitividad, su “meritocracia” . Es la forma ideológica del
capitalismo abierto, del “todos somos capitalistas”, del “capitalismo popular”.
Quienes no se han adaptado a los tiempos y reconvertido sus capacidades están
merecidamente condenados a la marginación social. Nadie más que ellos mismos,
los excluidos, son los responsables de esa exclusión.
Este sujeto posmoderno,
masificado, uniformizado en lo banal, en la sensación de lo instantáneo, se
vende a través de los medios masivos de comunicación, la televisión, la
informática y multimedia. Se despliega imponente en los diarios rebajados a
niveles brutales, hijos de la corrupción ; y en la publicidad; en las ofertas
académicas de moda (márketing, gerencia, publicidad); se trasluce en todos los
asesoramientos para los programas de autoayuda y microempresa, y en sus
ediciones financiadas sobre “historias exitosas” de “microempresarios”; en las
ONGs que destinan fondos en el interior del país hasta para la educación en
género, ecología e identidad étnica, pero con enfoques sospechosamente segmentados,
“propositivos”, desligados de los conflictos de clase, reivindicaciones por la
tierra, de las cuestiones estructurales del poder capitalista; la ideología
dominante se difunde en los sermones de los gurús económicos, en los
“expertos”, lobistas, consultores y políticos sostenidos por el poder
económico, y hasta en las cátedras de maleables y “actualizados” intelectuales
de izquierda que se compraron el discurso de la modernidad para corregir sus
ideas primigenias y no quedarse al margen de la historia posmoderna y así
desacreditarse en el sistema. Se revela en la lógica del liberalismo a
ultranza, sin medida ni valores (el tragamonedas es la nueva droga masiva que
no respeta mujeres ni niños), en la pantalla virtual del chat y los videojuegos
procaces y cínicos que manipulan niños y adolescentes con desenfado, y se
manifiesta en la socialización violenta y en el lenguaje grosero que, con
naturalidad, llena todo el vocabulario de nuestros niños y jóvenes.
Así moldeado el individuo
actual, consumista y sin paradigmas, es un sujeto sin trascendencia,
desamparado; sin ideas ejes, sin norte, sin el auxilio de ningún racionalismo
filosófico o científico, el entretejido dinamismo del mundo global, virtual o
real, se le presenta inasible y complejo, nada es simple y lineal, todo es
relativo, es el dominio de lo subjetivo. La sensación de inestabilidad, de lo
volátil, hace presa en él, la inseguridad, la incertidumbre es el otro lado de
la moneda.
La vida espiritual o el
correlato espiritual de este sujeto neoliberal, de este hombre supermoderno,
pero desamparado de cultura y de paradigmas, en sus ansias de seguridad se
refugia en la religiosidad más tradicional y conservadora –la penetración de
sectas religiosas o del Opus Dei en las élites-. Y es lógico, esa ausencia de
racionalidad científica, histórica o cultural, deviene en sujeción a los
fundamentalismos más rancios y anacrónicos..
O también, en
concordancia con la era de la tecnología y el automatismo, la oferta en el
mercado de la técnica espiritual. La transformación de sí mismo se alcanza
gracias a las técnicas psicocorporales o psicoesotéricas. Una metaciencia
ajustada al mercado. Es decir, un pragmatismo y un eclecticismo también en la
cura corporal y espiritual.
En la posmodernidad,
pues, proliferan toda clase de sectas, fundamentalismos, supersticiones,
esoterismos, la metafísica. Los gurús, los guías espirituales, los
predicadores, los metacientíficos, hacen su agosto, se levantan como en la
noche medieval a ser los salvadores del alma y del cuerpo enfermos de la era de
la tecnología y la posmodernidad.
No es el vértigo
tecnológico lo que se enjuicia –en el capitalismo es inmanente el dinámico
desarrollo de las fuerzas productivas- sino su sujeción deshumanizante, su uso
operativista y automatizado para las necesidades del mercado y los poderes
económicos, procedementalismo y automatización puestos como cultura exclusiva y
masificada en el mundo de hoy. Ni la máquina antes ni la electrónica
comunicacional hoy son intrínsecamente malos, al contrario. La gran
socialización que promueve ésta está poniendo en jaque la camisa de fuerza de
las relaciones de apropiación privada. Las propias trasnacionales del cine,
música o del libro, de soporte convencional, se quejan de la competencia de la
era digital, abierta y casi inasible al control comercial. Como lo avizoró
Carlos Marx, la tecnología creada en el capitalismo, estimulada por los afanes
de lucro y de su supervivencia reproductiva, guarda la potencialidad de
mejorar, ahora sí, la calidad de vida, el desarrollo material y espiritual de
la generalidad de las personas. Un orden social menos autodestructivo
descubrirá su potencialidad para favorecer la elaboración de un tejido social
más progresivo y humano, un manejo integral de información, pensamiento, ciencia
y cultura, la elaboración de planificaciones centrales y regionales. Hoy mismo,
en el lado de la reserva humana y de una emergente juventud envuelta en el
proceso de los conflictos sociales que el propio sistema en declive genera, se
germina la posibilidad de esa utilización integral e íntegra. El intercambio
cultural alternativo a través del espacio virtual: música, poesía, pintura,
artículos; los debates contra las medidas gubernamentales que afectan el
trabajo, la educación o la salud; las propuestas económicas y políticas
contestatarias a las oficiales y las que contrarían a las formas de gobierno
imperantes; el redescubrimiento del pensamiento clásico o revolucionario y su
debate. Asimismo, las campañas a través del twitter o facebook contra personajes
y programas continuistas en las elecciones políticas y, por cierto, las
convocatorias masivas a protestas y el repliegue oportuno por medios digitales.
Una juventud acunada en la tecnología informática pero frustrada en un sistema
en descomposición irreversible, usa los medios que domina para expresar no sólo
su descontento, sino también su capacidad de organización y sus propuestas. Ya
no entona con la Generación X ó Y. Vuelve sus ojos a la generación de sus
abuelos y presta oídos a la filosofía de la lucha social y del cambio.
La tercera política
cultural es la propiamente dicha, la política del sistema educativo formal y de
la administración del patrimonio cultural, implementadas desde los aparatos
burocráticos del estado. La política educativa se diseña desde los 90 con
la dictadura fujimorista y se mantiene con todos sus componentes por lo menos
hasta el último lustro de gobierno aprista. Componente del “ajuste estructural”
neoliberal, es ejecutada por el Ministerio de Educación con auspicio de los
organismos financieros internacionales como toda la política económica.
Se trata de liberalizar
también el mercado de la educación para reducir gasto público –el ideal de la
oligarquía financiera es un estado recaudador y no interventor, salvo para
proteger sus intereses- y ajustar social y culturalmente a los ciudadanos para
ser funcionales al nuevo orden tecnológico y posmoderno, tanto desde la
educación básica en la formación de la nueva generación informática como hacia
la desmovilización del molesto sector magisterial (cuya organización sindical y
politización es perturbador al sistema).
Con la lógica económica
capitalista trata a la organización educacional como empresa, a los docentes
como medios de producción, a los padres de familia como clientes y a los
alumnos como producto (el capital humano). Al punto que, en esta lógica, se
llegó a dar a los directores de escuela el papel de “gerentes”, ya desde la
primera década de la experimentación privatizadora de la educación. El propio
cambio de nominación, en los últimos años, de las escuelas o centros educativos
por “instituciones” educativas tiene ese mismo sesgo, igual que los primeros
decretos leyes de “autonomía” en gestión escolar que se dieron, es decir, la
promoción del autofinanciamiento educativo.
Los ensayos de
capacitación del “nuevo enfoque” pedagógico desde la década de los 90, propuso
el cognitivismo –el constructivismo- que significó una formación pedagógica
subjetivista, a la par de pragmática y utilitaria, castrada de la herencia
cultural, “tradicional”. Véase la reducción curricular en las áreas de
formación humanística y científica, carácter cognitivista de la formación
educativa que, por eso, restó fomento a las artes y al deporte, cosa que va muy
acorde, además, con la lógica de reducción del presupuesto público y a su
abierto sesgo privatista. Rasgo privatista que se expresó en normas que
alentaban los distintos “aportes” de la “sociedad civil” (padres de familia,
organismos privados), hasta el ensayo de municipalización de este último
lustro, municipalización que ha sido, por su fracaso, eliminada también por la
nueva administración.
La campaña de
desprestigio a la escuela pública, sumado a las facilidades para la fundación
de escuelas particulares con los requisitos mínimos, hizo proliferar toda clase
de escuelas privadas, para todos los bolsillos, apuntalando la educación como
un negocio más—recurso de autoempleo de muchos docentes o de inversionistas
pequeños, así como de grandes en zonas de mayores recursos--, siendo uno de los
factores del despoblamiento relativo de los centros escolares del estado. Amén
de que se dejó a la suerte de cada institución particular el manejo curricular
y la calidad educativa -en su mayoría de bajo nivel-, así como los negociados
con textos escolares con determinadas editoriales, la venta de uniformes
escolares, etc.
Todo lo cual incrementó
el costo educativo en general, rebajó el nivel del aprendizaje (la reiterada
posición rezagada en América Latina, en comprensión lectora, lo revelan así)
que, asimismo, incluye el bajo fomento de las artes y el deporte en las
escuelas. Se incrementó la violencia y la deserción escolar y,
consecuentemente, se ha producido una mayor elitización educativa.
La devaluación del
“insumo” maestro para considerarlo en un rol secundario –mero ”facilitador” y
no intermediario de la herencia histórica y cultural de la sociedad
civilizada-, la proliferación de institutos de formación pedagógica por la
desregulación económica del modelo, han contribuido a la rebaja del nivel
docente, propugnándose así su inestabilidad laboral y la rebaja de salarios. La
evaluaciones implementadas supuestamente para agarrar al toro por las astas de
la deficiencia de la educación pública, según esta propuesta, especialmente el
factor maestro, se reveló falsa y punitiva, por el carácter unilateral de las
pruebas y porque, la “meritocrática” nueva Carrera Pública Magisterial aprobada
en el último lustro (hoy igualmente en observación), que anunciaba elevar el
estímulo económico, no apela a un presupuesto suficiente y su espíritu central
apunta a la flexibilización laboral.
Las consecuencias han
sido la caída del nivel salarial docente, aumento del porcentaje de maestros
con título pedagógico desempleados, elevación del estrés y carga emocional, en
consecuencia desmejoramiento de la calidad docente. Desmejoramiento de la
calidad docente al que las evaluaciones han contribuido, al ser resultadistas y
propugnar un docente “especialista” y no el de formador integral, el del
auténtico pedagogo. De ahí la apertura -irrespetando la carrera profesional-
del ingreso de “otros profesionales”, ajenos a la actividad educativa con tal
que dominen su “disciplina”. Todo en el contexto de una concepción pragmatista
de la educación. Y abarrotando, con esto, aún más el mercado laboral
magisterial y contribuyendo a la inestabilidad social del docente, estrategia
última de la propuesta.
De manera que si bien
hasta los años 80 la educación, inserta en sociedades de herencia oligárquica,
se debatía en crisis endémica, tenía una serie de falencias de inserción, era
inequitativa y no había solucionado, ni mucho menos, la propuesta de una
educación que permitiera el desarrollo de un hombre libre y soberano como era
el ideal de los proyectos educativos clásicos; tenía, sin embargo, postulados
avanzados como los de Paulo Freire y experiencias exitosas como la cubana o
también experiencias de alfabetización como en Nicaragua. Entre los 70 y 90 la
tasa de alfabetización, verbigracia, estaba evolucionando en América Latina.
Tras largos años de reforma educativa y de experiencia neoliberal, y tras las
metas por alcanzar “calidad educativa”, ésta, según todas las mediciones, ha
empeorado. Y precisamente porque para esta propuesta mercantilista de la
educación no existen los problemas sociales, no existe el contexto social de
descomposición y pobreza, ahí no se encuentra el problema, sino en la solución
individual o la iniciativa privada.
Ante la falencia
educativa y ante la pregunta, ¿por qué no aprenden nuestros niños y jóvenes?,
la respuesta neoliberal fue amañada, ideológica, una farsa, ya que cualquier
reflexión racional, de cara a la realidad, respondería que no aprenden nuestros
niños y jóvenes porque, en primer lugar, están desnutridos (5 de cada 10 niños
peruanos sufren anemia y 2 de cada 10, desnutrición crónica, una de las más
altas en América Latina, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-
ENDES) Y es colosal cómo, en estas dos últimas décadas, consecuente con la
ideología practicada, no se dio prioridad a una política de ayuda alimentaria
–cohesionada, mínimamente eficaz-- para los niños de las escuelas públicas; sí
se fue pródigo, en cambio, cuando de clientelaje político se ha tratado. Los
niños no aprenden porque los colegios públicos con sesgo privatista han
incrementado los gastos de los padres de familia, afectando todavía más el
precario ingreso familiar y, consiguientemente, la permanencia de los chicos en
la escuela o manteniéndolos muy precariamente en ella; los niños y jóvenes no
aprenden porque la metodología pedagógica impuesta –pragmática, reduccionista,
segmentada, carente de estructura lógica-histórica de las materias—ha rebajado
y anarquizado la enseñanza, además porque los profesores de por sí con
carencias, no están estimulados ni capacitados integralmente, más bien
maltratados y tratados punitivamente, más allá de su inestabilidad laboral
recurrente. Los niños no aprenden porque en un país de mercado desregulado y
corruptela estatal, los medios de comunicación, vendidos y comercialmente
desbocados, son particularmente denigrantes, amorales, sin “autocensura”. Los
niños no aprenden porque se ha incrementado la violencia social que infesta a
vista y paciencia todos los espacios sociales con sus valores tan difundidos
mediáticamente y tan poco contrarrestados, el oportunismo, el ventajismo,
entronizados cínicamente, sin ningún reparo social.
El Plan Lector implementado
en este lustro como avanzada de formación pedagógica –la importancia de la
lectura- ha tenido siempre el sello y el espíritu de la educación neoliberal.
Ha importado más la metodología individualista y subjetiva, la obtención
informativa, la velocidad en la comprensión lectora, antes que la reflexión
humanística y el tomar en cuenta la calidad de los textos en un plan de
selección literaria. El pragmatismo en la producción de textos y de lecturas
tomando casi como exclusiva referencia el entorno inmediato y cuasi anulando la
selección de literatura clásica e histórica, nacional y mundial. Si bien el
plan ha incrementado la cantidad de horas de práctica lectora, lo ha hecho sin
importar la filtración cuantiosa de textos de contenido comercial, que junto
también a la responsabilidad del maestro y la presión por cumplir en cantidad
más que en calidad, está la presión ejercida por grandes editoriales en este
mercado desregulado y en un estado no interventor. Las que han medrado
especialmente en los colegios privados de todo nivel, inflando los precios para
sobornar a autoridades del colegio, en perjuicio de los padres de familia. El
estado en cambio sí ha hecho presencia para los contratos de edición de textos
escolares para el sector público, textos por lo demás mediocres, no sólo por el
contenido estrecho ajustado a la metodología educativa neoliberal sino hasta en
cosas tan elementales como las ortográficas, falencias que se han denunciado.
En el terreno de la educación
superior, desde el control de las universidades públicas por la intervención
militar en la década de los 90, se vivió el mismo proceso: reducción del
presupuesto, normas para la obtención de “recursos propios”, reducción de
remuneraciones docentes y evaluación estandarizada y humillante para éstos. El
recorte curricular del bagaje cultural y humanístico en las carreras
profesionales son otro efecto desculturizante y acientífico de la educación
superior en el modelo neoliberal.
La proliferación de
institutos privados superiores –ya lo comentamos, sin control de calidad ni
regulación- y la desordenada creación de universidades privadas, facilitadas
por decretos leyes de la misma modalidad que para la creación de cualquier tipo
de negocio privado, condujeron a la anarquía académica y descenso de la
formación profesional. Por el afán de lucro se ofertó una multiplicidad de
especialidades profesionales y de postgrado, incluida la formación profesional
a distancia; al punto que muchas carreras profesionales difieren unas de otras
dependiendo de la universidad de la cual proceden los egresados. Para no hablar
de las irregularidades legales y corrupción en estas instituciones, así como de
la sobreexplotación al alumno-cliente.
Los efectos generales en
la esfera de la educación superior saltan a la vista: mayor elitización
provocada por la dificultad de acceso aun a las universidades “públicas”- los
“ingresos propios” han elevado las tasas de matrícula y los pagos que realizan
los postulantes, manteniendo incluso un sistema injusto de preuniversitaria
para obtener ingresos-; rebaja del nivel de formación profesional;
desnaturalización del rol de las universidades como foro universal, cultural y
científico; despolitización y aculturación del estudiante universitario.
El proyecto neoliberal de
educación es sistémico y ha negado un auténtico proyecto educativo nacional
que, precisamente, empate con un reordenamiento social y económico alternativo
al imperante y que responda a la necesidad de desarrollo y progreso social
realmente democrático.
Si los recursos
productivos y la educación formal se han tratado como meros medios de drenaje
rentista, rebasando principios básicos de la legalidad democrática,
medioambiental y de los derechos sociales y humanos, otro tanto ha
ocurrido con la administración del patrimonio cultural. Y no es ni mucho menos
una política sólo experimentada en el Perú, viene ocurriendo por ejemplo aún en
México, un país con fuerte tradición cultural nacionalista, carácter que José
Vasconcelos le dio postrevolución. Y, no obstante, desde la firma del Tratado
de Libre Comercio, se viene propugnado cambios legislativos para adecuarla a la
gestión empresarial del manejo cultural. “El neoliberalismo ha condenado a
desaparecer no sólo a los pobres de México sino también a sus culturas. Para el
neoliberalismo no existe el Desarrollo Cultural que no es otra cosa que el
desarrollo espiritual del pueblo, lo que puede existir acaso es el “folklore”
que puede dejar dólares a la economía vía el turismo” “El patrimonio cultural
solo puede ser útil en tanto sea generador de divisas. El México antiguo es
para los turistas y no para la identidad de los mexicanos...” (La política
cultural del estado mexicano de cara al s. XXI, www.toltecayotl.org).
Ya desde los 90, después
de las políticas de ajuste, el decremento relativo del presupuesto del estado
abandonó las políticas de preservación y fomento del desarrollo cultural e,
igual que en los sectores productivos, alentó la inversión de capital
trasnacional en el sector. Pero el capital no ingresa allí donde su inversión
no le reporte rentabilidad y, salvo que esté presente un estado regulador, no
considerará la preservación de los monumentos arqueológicos, por ejemplo, como
prioridad. Ningún sector le reporta más que la explotación del patrimonio arqueológico
y turístico en general. Y allí fue el sector donde con todas las ventajas
ingresó con más fuerza el capital. Los demás sectores del patrimonio cultural y
del arte, cine, literatura, música, etc., siempre han sido dominio de las
verdaderas industrias culturales internacionales.
Con la creación del
Ministerio de Cultura -el último año del régimen pasado- se ha pretendido
unificar todas estas acciones de sesgo privatista, en un solo haz de política
cultural neoliberal, absorbiendo todas las instancias culturales, incluyendo
las dependientes del Ministerio de Educación, ya muy ocupado en liberalizar la
educación como para ocuparse por el sostén a la manera tradicional de los otros
sectores culturales como las que se encargara el Instituto Nacional de Cultura.
La creación de un ministerio que desarrolle la gestión privatizadora en ese
“marco de la modernización del estado”.
La secuela de esto ha
sido la mayor marginación presupuestal para la preservación y conservación o
promoción del patrimonio cultural, tanto de los monumentos arqueológicos,
documentarios o de las expresiones artísticas –a pesar de los mayores recursos
del fisco en el lustro pasado- de manera que, como complemento de ello se
desarrolló una política aparatosa y monumentalista (infraestructural), como la
edificación del Teatro Nacional, verbigracia, que –pasada la inversión pública
en su construcción- apuntaba a su autofinanciamiento, con gestión del capital
privado. Criterio exclusivamente infraestructural que esconde la mezquindad
hacia el gasto permanente y prioritario en el cuidado técnico y el
mantenimiento del patrimonio, como hemos sido testigos con la rapiña que han
sido objeto las entidades que preservan los documentos históricos: Biblioteca
Nacional, Archivo General de la Nación. Todo lo cual se hizo autoritariamente y
de facto, expresándose en la pose personalista, muy ajustada al egocentrismo
del mandatario anterior.
La introducción del
concepto Industrias Culturales –empleadas por lo demás en otras latitudes de
política neoliberal- rebela este enfoque en el manejo cultural del país, tal
como el mundo de los negocios lo vio históricamente cuando descubrió su veta
rentable, la “cultura de masas”, la mercantilización cultural, la cultura del
entretenimiento-. Sólo que en países como el nuestro el lugar de las
“industrias culturales” ya están copados por las multinacionales del cine,
música, editoriales. Por eso la ilusión de que con el “moderno” acicate de
”industria cultural” los hacedores de cultura nacional: escritores, cineastas,
músicos, etc., puedan también tener su lugar dentro del contexto de las
políticas del “libre mercado”, es eso, una ilusión, salvo que sean parte de un
proceso social hacia un estado nacional, y su lucha se convierta -no en una
lucha exclusiva mercantil- sino en la forja de una política cultural, nacional
y regional, que reivindique la cultura como riqueza social, como desarrollo
espiritual de los pueblos, involucre a éstos en el acceso y creación cultural.
Veamos la experiencia
vivida por algunos sectores del patrimonio cultural y de las “industrias
culturales”.
El patrimonio arqueológico
El patrimonio cultural de
los recursos naturales y arqueológicos, ha sido reducido al turismo predador.
Desde esta perspectiva ha llevado a una focalización de las “ofertas
turísticas” más rentables, especialmente el Santuario Nacional Machu Picchu,
descocándolo de su esencia de ícono de la identidad nacional. Ya desde hace
años la red hotelera y el servicio de trenes que se ha ido tendiendo en función
exclusiva del cliente (el turista extranjero), ha irrespetado el paisaje y la
vida natural de la zona, de las comunidades aledañas, para no hablar de la
connotación racista en el trato al campesino y al visitante peruano, más allá
de que éstos no estén en condiciones, en general, de entrar al circuito de
ofertas costosas de estos servicios. El estado ha estado ausente para regular
el exceso de estas empresas, para integrar en un proyecto reivindicatorio a las
comunidades campesinas aledañas y para dar alternativas de acceso decente al
propio connacional.
Ese mismo concepto que
emplea cualquier negocio de cualquier rubro en el sentido de que el móvil
siempre es “la satisfacción del cliente” (es decir, del que compra la oferta
turística, fundamentalmente el visitante extranjero) se ha manejado para
establecer la cantidad de visitantes al sagrado Mausoleo. Las consultoras
privadas que han manejado este asunto con aceptación del estado –y que en este
último lustro han desconocido completamente el vigente Plan Maestro 2005-2015
sustentada en las normas de la Unesco, que establecen una capacidad de carga
turística máxima de 2500/día, que suficientemente autofinancia y además
previene la preservación del patrimonio—, tales consultoras elaboran sesudos
estudios que han establecido cargas de más de 3400 y proyectándose a 6800
visitas por día. Proceso de sobreexplotación focalista - no alienta un
desarrollo integral del circuito turístico nacional-, con la secuela del
deterioro progresivo del Santuario. Además, con esta misma perspectiva de lucro,
amplía las áreas circundantes copándolos con hoteles y otras instalaciones que
atraviesan la ciudad inca, el camino del inca, etc., e, insólitamente, poniendo
en duda la propiedad del Estado en estos terrenos de la “zona turística
expandida”, considerándolos privados o privatizables.
“Se puede mejorar
diversos aspectos de gestión específicamente turística –concluye un informe de
Manuel Dammert, responsable técnico del vigente Plan Maestro 2005-2015 de Machu
Picchu-, para una más adecuada gestión de los visitantes, y con más amplia
presencia del empresariado nacional y las comunidades campesinas, pero sin esa
extraña ampliación de áreas turísticas a las que se niega propiedad del estado,
sin excluir a los porteadores, y sin transformar el Itinerario cultural de
caminos inca en una ruta de hotelería.” “No es solo que la Unesco vuelva a
venir en enero del 2012, y existe la probable declaratoria de poner a Machu
Picchu en la lista de los sitios del Patrimonio en riesgo. Sobre todo se trata
que el Cusco y los peruanos afirmemos uno de los más importantes sitios
sagrados del mundo andino como parte de la afirmación nacional y desarrollo
descentralizado, con los cambios que el país ha iniciado.” (M. Dammert, Machu
Picchu: puesta en valor o depredación, diario La Primera, 06.08.2011)
La cultura literaria
Es recurrente la mayor
pauperización de la cultura literaria en el país y el abandono a su suerte de
los creadores y artistas, a pesar del esfuerzo y capacidad de éstos que de
manera individual o asociados crean, imprimen, fomentan foros y movimientos
culturales a lo largo del país. Las causas han estado en el acentuado deterioro
social y de valores ideológicos, sumado al decremento educativo que ya hemos
evaluado (el Plan Lector aunque ha incrementado la demanda de lectura, ha sido
demanda de baja exigencia cultural formativa gracias a la concepción
constructivista implementada y al contexto de oferta comercial del que se
posesionaron determinadas editoriales por el liberalismo económico -y, en esa
razón, de la vista gorda de los las entidades oficiales, empezando por el
Ministerio de Educación-, oferta comercial que cae como anillo al dedo a la
concepción pragmatista de cultura de la propuesta neoliberal). Se suma a esto
el poco serio fomento cultural. Promolibro, manejado en la línea muy respetuosa
del “rol subsidiario del estado”, es decir, no entrar allí donde el mercado
puede “satisfacer” la demanda -léase las empresas privadas- ha sido mezquino
presupuestariamente en fomentar la lectura y el libro peruano, aunque no muy
mezquino, precisamente por eso, en el manejo burocrático de sus funcionarios.
Además, en ese contexto
de estrechamiento del mercado cultural, la política de liberalización de las
importaciones (Ley del Libro) ha dado más de los mismo, beneficiando a las
grandes distribuidoras y editoriales internacionales y al libro extranjero. Por
el contrario, los incentivos, en ese contexto, poco ayudaron a las empresas
editoras nacionales, editoriales nacionales que son precisamente las que están
en la mejor disponibilidad de publicar al autor nacional y promocionar a los
nóveles. Nada de eso ocurrió, al contrario, para no morir de inanición,
tuvieron que banalizar su oferta literaria (Coello; Sí se puede) a la par que
las empresas internacionales que nos abundan con libros esotéricos, de
autoayuda o literatura ligera.
Ante tal deterioro social
y abandono cultural, las editoriales pequeñas son un punto aparte de gestión
empresarial y literaria, pero también expresión de sobrevivencia de esa
condición social del país. Son prácticamente fuentes heroicas de autoempleo y
autopublicación –financiamiento propio de autor en impresión, además de
distribución- de la gran cantera de escritores y poetas peruanos de la ancha
base social, limeña y regional, muchos de gran talento pero invisibilizados.
Las grandes editoriales,
no obstante favorecidas con las exoneraciones, responden a la demanda de los
sectores sociales de élite –aún más en este proceso de mayor elitización-- y
para algunos mercados con posibilidad de gasto como los colegios privados o
colegios religiosos semiprivados. Naturalmente no promueven al autor nacional
–ni el estado estuvo presente para proponer determinadas condiciones de fomento
del autor peruano- o a lo más lo hacen con los ganadores de premios que
organizan internacionalmente favoreciendo a autores que provienen generalmente
de esas mismas élites y que se ajustan a la demanda de producción literaria
comercial del mundo actual.
La piratería no es,
aunque la agrava, la causa de la crisis editorial nacional. Aquella es también
consecuencia de la desregulación del mercado y del deterioro social, lo que
sumado a las facilidades de la tecnología actual, ha campeado en el disminuido
mercado interno. Así como las grandes editoras campean, por sus altos precios,
en los sectores favorecidos. Estrujadas entre ambas se debaten las editoriales
formales locales.
La tarea está clara para
el nuevo periodo, como en los demás sectores culturales: exigencia de un estado
nacional que desarrolle tanto el mercado interno como la industria local,
apuntalando al desarrollo social, así como reasumir su rol, por décadas muy
abandonado, hacia el fomento integral de la cultura. En esta labor el escritor,
el creador, tiene un rol que jugar, no en la mira pequeña de demandas coyunturales
o muy específicas como si, gracias a la vanidad -como decía José Carlos
Mariátegui, propio del artista- reclamara una posición de sector privilegiado,
sino en la mira del compromiso con la suerte, los derechos y las
reivindicaciones del pueblo del que forma parte. La suerte malquista del
escritor sin seguro y sin pensión y que se muere de hambre y muere abandonado,
es la suerte de millones de peruanos en la condición de país castigado,
situación que mejorará o hará digna la vida, si el escritor también, como
sujeto social, organizándose y luchando con su pluma y con su talento,
contribuye a aupar esta perspectiva abierta de cambio social.
El cine nacional
Las demandas al estado de
incremento de presupuesto (o cumplimiento de lo previsto en ley) para el
fomento descentralizado de la producción nacional de cine –o de audiovisuales-,
así como mecanismos regulatorios de fomento para hacer más competitivo el cine
nacional ante el cuasi monopolio de las películas de Hollywood, eran demandas
recurrentes desde mucho tiempo. Pero con la creación del Ministerio de Cultura,
en el último año de gobierno aprista, se dio un salto cualitativo para atrás.
Se pretendió consumar las políticas neoliberales como en los otros sectores
económicos y sociales. Se promovió la promulgación de una ley en el Congreso
favorable a los “majors” (las grandes distribuidoras) estableciéndose que, a
condición de bajar a 0% su tasa de impuestos, realicen, en la práctica, un
aporte voluntario o donativo para contribuir con los fondos para promover el
cine nacional. Junto a la disolución de CONACINE –entidad más representativa
del cine nacional- y su sustitución por una entidad burocrática y autoritaria,
conllevó a la pérdida de presupuesto y al manejo caprichoso de los incentivos
para el cine nacional: suspensión arbitraria, hermetismo, cambio de jurados a
última hora, en los premios y concursos previstos, como lo denuciaran diversos
comunicados de la Unión de Cineastas del Perú.
”Por suerte esta
iniciativa (la ley favorable a los majors) no llegó a prosperar…, porque
hubiera significado la privatización del apoyo cultural al decretarse
adicionalmente la pérdida del presupuesto de CONACINE”, dice un comunicado de
la UCP del 28.07.2011. Pero ya la propia Presidenta de la Comisión de Cultura del
Congreso se había pronunciado en diciembre de 2010: “No cabe duda tampoco de
que la ley aprobada por el Pleno es una ley lobbista promovida por las llamadas
“majors” (las cinco grandes distribuidoras). Con esto se completa la dominación
de nuestra cinematografía por Hollywood y sus empresas, quienes, además de no
pagar impuestos por el ingreso de las copias de películas, transferirán a su
matriz central US$ 5 millones adicionales al año…, continuando, asimismo, con
su política de relegar y maltratar la presencia del cine nacional en las
pantallas. Esta es una ley inédita promovida por estas empresas”. Y el mismo
comunicado de la UCP concluye: “la creación del Ministerio de Cultura …no
resultó muy beneficiosa para la comunidad cinematográfica, pues la fusión por
absorción del CONACINE, establecida en el Decreto Supremo inicial del
ministerio, ha significado para todo efecto práctico la desaparición del
organismo oficial, recayendo las atribuciones y decisiones de la ley en un
funcionario, que ni siquiera pertenece al sector, acompañado de una decorativa
y finalmente irrelevante Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía
(COCONACINE).”
Y es que,
sintomáticamente, quien como Director General de Industrias Culturales y Artes
ha tenido protagonismo en todo este proceso de halo privatista en lo
relacionado al cine nacional, ha sido un economista, experimentado funcionario
público que ya había sido influyente asesor en el Ministerio de la Producción y
en el manejo de las políticas de Turismo del régimen saliente. “Es pertinente
tomar en cuenta estos antecedentes –concluye el comunicado de la UCP del
27.07.11- cuando existe una corriente de opinión, de la que es parte el
ministro saliente Juan Ossio, de reunir la cultura y el turismo en un solo
ministerio”. Se refiere, claro está, al criterio puramente mercantil como se
manejó el rubro del turismo con el patrimonio cultural en las otras áreas.
La nueva gestión que ha
sustituido a alguien que era ajeno al sector por un cineasta –Christian Wiener-
en la dirección general de Industrias Culturales, en cuyas propuestas trasluce
la convicción de convertir al estado en eje para el crecimiento democrático del
cine nacional y recuperar su perspectiva artística y de identidad nacional y
multicultural, augura mejores perspectivas para el cine peruano. Porque no hay
otra forma de pretender el desarrollo nacional del cine que no sea la dualidad
promoción estatal y arte. El cine nacional sólo puede legitimarse como
alternativa -ante el posicionamiento de facto de las grandes industrias
culturales internacionales- con un cine que reivindique su identidad nacional y
la diversidad cultural o regional, en una lucha por recuperar la naturaleza del
arte como fuente de enriquecimiento espiritual, humanización y contribución al
desarrollo social. Precisamente porque la alternativa puramente lucrativa
dominante en el mundo es la que ha traído la desigualdad de desarrollo entre
los países y la enajenación y deshumanización cultural.
Hay una actitud cínica o
una confusión de algunos productores o actores mediáticos peruanos que, ante el
alejamiento del público de las salas, pretenden que el remedio sea ser más
machaconamente comercial pues el público “sólo quiere pasar un buen momento y
basta”, que el cine peruano está mal “porque todos quieren ser Felline”. Cuando
es precisamente lo contrario. La escuela de cine del Cusco de los años 50-60
señaló el camino a tomar con un cine documental, y asimismo de ficción, pero de
profundo raigambre andino, o popular, que fue el fervor del público cusqueño y
también limeño. “Cuando se estrena “Kukuli” en el cine Le París –dice uno de
sus integrantes, el camarógrafo Luis Vignati- las colas eran enormes. Por
primera vez se veía en el cine a gente campesina…, a gente de los barrios
periféricos de Lima… Era la primera cinta hablada en quechua…” Pero aun cuando
en los 80, o en períodos recientes, se ensayó buen cine hemos visto la
respuesta del público, como la vemos en otras regiones de América Latina. Lo
que ocurre es que el cine nacional mendicante tiene una ínfima participación en
el circuito de cine en el Perú. Y además se pretende competir recurriendo a
propuestas manidas, gastadas, que apelan, muy huachafamente, a los patrones de
sexo y violencia del cine americano, con el ingrediente de lo grotesco como sello
propio.
El fomento para una
cobertura bastante mayor de participación en la pantalla nacional, unida
necesariamente a una mejor propuesta de identidad cultural y artística, harán
no sólo “competitivo” el cine nacional, sino que contribuirá a una verdadera
cultura de masas y a un acercamiento auspicioso a otros países de nuestra
región latinoamericana y, porque no, mundial.
Epílogo
La política neoliberal ha
significado una amenaza letal, y lo sigue siendo, para el desarrollo cultural
del país, pero porque lo ha sido para las condiciones materiales y sociales de
existencia. Así como lo viene siendo en el mundo. Deprimió no sólo la condición
educativa y cultural, moral y ética, así como el patrimonio cultural heredado y
el quehacer artístico de las instituciones locales, sino que está afectando el
ecosistema particularmente de las culturas vivas, de los pueblos originarios
ubicados en las zonas de explotación de los recursos naturales. Amenaza del
ecosistema que, naturalmente, no sólo depreda a las culturas vivas, sino que,
con ellas, involucra la existencia humana en general.
Pero el efecto de
desequilibrio humano ecológico se ve también en la ciudad, además del campo, no
solo por la pauperización social, se da también transversalmente, afectando
todo el espectro de la sociedad, con el perjuicio que las empresas
liberalizadas hacen contra la calidad alimentaria y de salud –recientemente la
penetración de transgénicos-, con la complicidad de un estado que desprotege
militantemente a los ciudadanos.
No obstante, nuevas
condiciones se abren que pueden permitir enrumbar hacia un reordenamiento
social más racional y humanizado. Y aquí, otra vez, antes que sea demasiado
tarde, la responsabilidad es transversal. Aunque el protagonismo fundamental es
de los pueblos y sus organizaciones y, en esa carrera, los cultores del arte y
la literatura tienen un rol decisivo que jugar.
Arturo Bolívar Barreto es poeta, narrador,
luchador social. Ha publicado Historia singular del profesor Chicho
Rivasplata y otros cuentos (1997), la novela Gotita (2002), el
libro de poesía Creciente hora nuestra(2010); así como artículos y
comentarios.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138539&titular=balance-de-las-pol%EDticas-culturales-de-fujimori-a-garc%EDa-o-el-vandalismo-neoliberal-en-el-
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138539&titular=balance-de-las-pol%EDticas-culturales-de-fujimori-a-garc%EDa-o-el-vandalismo-neoliberal-en-el-
