Gustavo Márquez Marín / Especial para
Gramscimanía
Acelerar la construcción
de la nueva institucionalidad
revolucionaria y atender simultáneamente ingentes demandas sociales en
las puertas de un proceso electoral,
coloca al gobierno bolivariano frente a múltiples desafíos, que debe sortear eficazmente para
fortalecer su base de apoyo y consolidar los avances de la revolución en
el proceso de construcción del socialismo del siglo XXI.
Uno de ellos es
garantizar el ejercicio por las Comunidades de una Contraloría Social
efectiva, respecto de la gestión del
gobierno y de sus propios Consejos Comunales,
para que puedan evaluar el impacto real de las políticas públicas, de
sus inversiones asociadas y el
comportamiento de la oferta de bienes y servicios -precio, calidad y
acceso- en su ámbito territorial. En la
medida en que la comunidad organizada maneje colectiva y sistemáticamente la
información de sí misma, podrá diagnosticar sus problemas y trabajar por
soluciones estructurales, asumiéndose a sí misma como el agente fundamental de
la trasformación.
Otro, es el hacinamiento
carcelario con sus dramáticas consecuencias sociales y humanas. Este podría abordarse a través de la
sistematización de la información sobre el estatus de los privados de libertad,
para gestionar de manera planificada y eficaz, el tránsito y posterior
reinserción social de los reclusos,
mediante la construcción de un nuevo modelo carcelario basado en el
fortalecimiento de la autoestima y en la formación ciudadana en el trabajo.
Ambos asuntos podrían
atacarse apoyándose en la estandarización del uso de sistemas de
información aplicados específicamente. En el primero, para
permitirle a las comunidades el acceso a la información en su lucha contra la
corrupción, el burocratismo y la especulación, a través del seguimiento de la
ejecución presupuestaria, los planes de inversión y del mercado. En el segundo, para
descongestionar y organizar los penales según el perfil de los reos,
facilitando la convivencia interna y,
hasta donde sea posible, adelantando en los propios recintos de reclusión
los actos judiciales que requieran la comparecencia de los procesados,
mediantes la extensión virtual de los Tribunales.
