9/9/11

Venezuela: Asuntos pendientes


Gustavo Márquez Marín  /  Especial para Gramscimanía
Acelerar la construcción de la nueva institucionalidad  revolucionaria y atender simultáneamente ingentes demandas sociales en las puertas de un proceso electoral,  coloca al gobierno bolivariano frente a múltiples  desafíos, que debe sortear eficazmente para fortalecer su base  de apoyo  y consolidar los avances de la revolución en el proceso de construcción del socialismo del siglo XXI.
Uno de ellos es garantizar el ejercicio por las Comunidades de una Contraloría Social efectiva,  respecto de la gestión del gobierno y de sus propios Consejos Comunales,  para que puedan evaluar el impacto real de las políticas públicas, de sus inversiones asociadas y  el comportamiento de la oferta de bienes y servicios -precio, calidad y acceso-  en su ámbito territorial. En la medida en que la comunidad organizada maneje colectiva y sistemáticamente la información de sí misma, podrá diagnosticar sus problemas y trabajar por soluciones estructurales, asumiéndose a sí misma como el agente fundamental de la trasformación.
Otro, es el hacinamiento carcelario con sus dramáticas consecuencias sociales y humanas. Este  podría abordarse a través de la sistematización de la información sobre el estatus de los privados de libertad, para gestionar de manera planificada y eficaz, el tránsito y posterior reinserción social de los reclusos,  mediante la construcción de un nuevo modelo carcelario basado en el fortalecimiento de la autoestima y en la formación ciudadana en el trabajo.
Ambos asuntos podrían atacarse apoyándose en la estandarización del uso de sistemas de información  aplicados  específicamente. En el primero, para permitirle a las comunidades el acceso a la información en su lucha contra la corrupción, el burocratismo y la especulación, a través del seguimiento de la ejecución presupuestaria, los planes de inversión y  del mercado. En el segundo, para descongestionar y organizar los penales según el perfil de los reos, facilitando la convivencia interna y,  hasta donde sea posible, adelantando en los propios recintos de reclusión los actos judiciales que requieran la comparecencia de los procesados, mediantes la extensión virtual de los Tribunales.