Luis
Britto García / Especial para Gramscimanía
Los Estados son soberanos
El artículo 1 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
pauta: “son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la
libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la
autodeterminación nacional”. Los Estados, que representan la soberanía
inalienable del pueblo, tienen inmunidad contra las decisiones
de otros Estados, y más contra las de órganos no soberanos.
¿Es soberana Venezuela?
¿Es soberana Venezuela?
Pero una sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia suscrita el 17 de octubre de 2008 por Luisa Estela Morales
contradice la Constitución al afirmar que “resulta imposible
sostener una teoría de la inmunidad absoluta o afirmar en términos
generales la inconstitucionalidad de las cláusulas arbitrales en contratos de
interés general(…)”. Como resultado, Venezuela está sometida a la condena de
una sucursal del Banco Mundial llamada CIADI en una veintena de demandas que
superan el monto de sus reservas internacionales, y una Corte Interamericana
de la OEA pretende anular las sentencias del mismo Tribunal Supremo y
declarar inocentes a los corruptos en nombre de los Derechos Humanos.
Derechos
Inhumanos
Derechos Humanos son aquellos que corresponden a
todos los miembros de la humanidad por su condición de tales,
independientemente de su sexo, edad, nacionalidad, cultura o condición
socioeconómica. Han sido recogidos en diversos documentos, desde la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en
1789, pasando por la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de la ONU hasta la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos. Decía Mark
Twain que el Diablo también puede leer la
Biblia. El Imperialismo también puede leer los Derechos Humanos.
La
Suprema Corte de los Violadores
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los
principales violadores de Derechos Humanos en el mundo, no se someten
a ningún tribunal internacional competente en la materia. De todos modos, estos
tribunales forman parte de organizaciones internacionales dominadas por las
grandes potencias, y aplican jurisprudencia según la cual las empresas
privadas, que explotan a sus trabajadores, destruyen la naturaleza y venden
productos dañinos o mortíferos, sólo responden ante sus accionistas, y no ante
la colectividad ¿Entonces, quién puede ser enjuiciado por violación de Derechos
Humanos? Según los tribunales del Imperio, el Estado, pero no el Estado
Imperialista (que no suscribe ningún tratado que lo someta a tribunales
externos) sino el Estado del Tercer Mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
que no comparecen ante tribunales de Derechos Humanos, financian infinidad de Organizaciones
no Gubernamentales (ONGs) para que denuncien a los Estados del Tercer Mundo
ante esos juzgados. Así, si una empresa envenena a millares de ciudadanos,
estos tribunales externos declaran responsable al Estado por no
haberlo evitado; pero si lo evita, entonces los tribunales internacionales lo
declaran violador del Derecho Humano que ellos consideran Supremo:
el de la Propiedad. No hay manera de ganar en este juego.
Dictadura
maquillada de Derechos Humanos
¿Le cabe a usted alguna duda de que los nobles
Derechos Humanos pueden ser invocados para los usos más infames? El 11 de abril
de 2002 un golpe mediático apoyado por una camarilla militar y el gremio
patronal secuestró al Presidente electo de Venezuela, derogó la
Constitución aprobada en referendo por todos los venezolanos, e impuso por
la fuerza una autocracia. Con las manos todavía tintas en sangre de ciudadanos
inocentes, los conjurados aprobaron por aclamación el acta de instalación de la
dictadura, alegando: “Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno ha menoscabado
sistemáticamente derechos humanos garantizados en la Constituciónde 1999 y
en los tratados, pactos y convenciones internacionales relativas a los derechos
humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que
nunca como en estos últimos tres años los organismos interamericanos de
protección de Derechos Humanos han recibido tantas denuncias fundadas de
violación de los mismos, en particular relativas al derecho de la vida, al
debido proceso, a la libertad de expresión e información y al derecho a la
información”. (…) “Que Hugo Chávez Frías y su Gobierno ha propiciado desde
sus altas posiciones una instigación a delinquir, al propiciar violaciones de
toda índole a la propiedad privada (…)”. Asistí como simple ciudadano a una audiencia
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
Washington, donde abogados de una ONG opositora acusaban al pueblo que
reinstauró a la Constitución y al gobierno legítimo ¡por haberse
defendido!
Víctima
ante tribunal de verdugos
Dijimos que Estados Unidos, el principal
violador de los Derechos Humanos en el mundo, no se somete a ningún tribunal
internacional. En cambio nosotros nos entregamos como mansas ovejas a juzgados
influidos por Estados Unidos. Burócratas, jueces y árbitros extranjeros, que no
conocen nuestras leyes y además se sienten competentes para declararlas nulas o
carentes de efectos, enjuician y condenan constantemente a Venezuela y a
cualquier país progresista. Sordos y mudos para las colosales hecatombes en
Palestina, Irak, Afganistán y Libia, drásticos magistrados que jamás tuvieron
una palabra para condenar el genocidio del Caracazo del 27 de febrero de 1989
ni el golpe del 11 de abril ni el de Honduras ni el campo de concentración de
Guantánamo, se dan el lujo de incriminarnos.
Situaciones
coyunturales o estructurales
Así, los leguleyos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA (CIDH) durante las cuatro sangrientas décadas de la
Cuarta República apenas procesaron cuatro denuncias sobre violaciones
de Derechos Humanos en nuestro país (dos interpuestas por el terrorista Posada
Carriles). Pero en su Informe de 2010 achacan a Venezuela “situaciones coyunturales o estructurales,
que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones
que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos
fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la
Declaración Americana”. Y por ello nos sitúan en la misma categoría que
asignan a Colombia, Honduras y Haití, tres países ocupados por bases o milicias
estadounidenses, donde el enjuiciado debería ser Estados Unidos y no sus
víctimas. Colocar a un país junto con los invadidos es preámbulo de la
invasión.
Acusaciones
fraudulentas
¿En qué basa la CIDH esta
condena? La casi totalidad de sus pronunciamientos carece de
veracidad y validez porque se sustenta, según confiesa su propio Informe, en
denuncias presentadas por ONGs apenas basadas en notas de medios de
comunicación parcializados. Porque aducen como pruebas
meras suposiciones, presunciones o profecías de hechos futuros,
hipotéticos e inciertos, sustentándolas únicamente con expresiones tales como
“habría”, “podría”, “sería”. Porque intentan suplantar a las legítimas
autoridades administrativas y jurisdiccionales venezolanas decidiendo sobre
cuestiones que no han sido sometidas a ellas, o pronunciándose sobre leyes que
expresan la soberana voluntad popular. Y porque casi nunca aportan datos
precisos sobre lugar, fecha y protagonistas de los sucesos, ni
pruebas fehacientes. Con tales procedimientos se podría condenar a Jesucristo.
Fue lo que un tribunal de fariseos hizo.
Países
en capilla ardiente
La condena de estos tribunales de organizaciones
dominadas por el imperialismo es una sentencia de muerte que se ejecuta mediante invasión.
Nicaragua fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por defenderse de contrarrevolucionarios que se decían misquitos, y
ello desató durante casi una década la intervención masiva estadounidense a
través de la “contra”. Libia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU semanas antes de que reventara contra ella el genocidio
de la OTAN, que ya ronda los 60.000 muertos. También han sido expulsados
Siria e Irán, países contra los cuales llueven amenazas y quizá después
lloverán bombas.
Legítima
defensa
El imperialismo usa los Derechos Humanos para
negar a los humanos sus derechos. Venezuela soberana no puede ser juzgada, y
menos por tribunal de fariseos. Como medida de legítima defensa, nuestros
países deben denunciar y dejar sin efectos todos los tratados o instrumentos
que los sometan a enjuiciamiento, valoración y condena por tribunales o
árbitros internacionales de órganos dominados por potencias imperiales. Unasur
y la Celac deben crear sus propios órganos defensores de los Derechos
Humanos. Nuestros gobiernos deben prestar prioritaria atención a la defensa
contra todas las acusaciones formuladas por organismos de cualquier índole en
dicha materia y emprender una eficaz campaña informativa para propagar sus logros
en la defensa de los Derechos Humanos las falsedades que en relación con ellos
se le imputen. Deben, en fin, investigar, desenmascarar y exponer los posibles
financiamientos externos de las potencias imperiales a las ONGs. Organismos
financiados por potencias imperiales sólo deben denunciar las
violaciones de los Derechos Humanos que esas potencias cometen.
