2/9/11

Desigualdad Social en Chile


Andrés Solimano [1]

Resumen
Chile ha tratado de definir un contrato social en varias direcciones en las últimas cuatro décadas, pasando por la “revolución en libertad” de los 1960s, la “vía chilena al socialismo” de inicio de los 1970s, la “economía social de mercado” del régimen militar y el “crecimiento con equidad” de los 1990s (lema abandonado en los 2000s). Una constante de la experiencia neoliberal Chilena (tanto en sus variantes en autoritarismo como en democracia) es la persistencia de la desigualdad de ingresos y riquezas un fenómeno de raíces históricas en Chile pero que se ha exacerbado en décadas recientes. Este artículo documenta varias dimensiones de la desigualdad, examina las causas de su persistencia, discute sus efectos económicos y sobre la democracia e identifica la necesidad de un nuevo contrato social más equitativo e inclusivo.
Abstract
Chile has been seeking a durable social contract in recent decades. This has gone through various experiences such as the “revolution in freedom” of the 1960s, the “Chilean way to socialism” in the early 1970s, the “social market economy” under the military regime and “growth with equity” in the 1990s (the motto was abandoned in the 2000s). A constant of the neoliberal era (under the authoritarian and democratic variants) is the persistency of inequality of income and wealth a historical feature of Chilean society but exacerbated in recent decades. This article documents several dimensions of Chilean inequality, examines the causes of its persistence, analyzes its effects on the economy and democracy and highlights the need for a new more equitable and inclusive social contract. 
1. Introducción
El modelo económico chileno es alabado internacionalmente por sus logros en materia de estabilidad macroeconómica, apertura externa, mayor crecimiento y potencial productivo; sin embargo, el terremoto del 27 de Febrero mostró también grietas preocupantes en la infraestructura física y social del país. La prosperidad de las últimas dos décadas nos ha permitido recientemente ser admitido como miembros de la OCDE, un club de países ricos (con algunas excepciones como México y Turquía y ahora Chile). Sin embargo, una de las características de la mayoría de las economías de la OECD es tener índices desigualdad económica muy inferiores que los de Chile y de la mayoría de los países en desarrollo[2]. Los criterios de admisión a este club cubren un conjunto de indicadores que van desde la capacidad de manejo macroeconómico, los marcos regulatorios, la transparencia y otros. El rol que juega la distribución del ingreso en los criterios de la OECD es una interrogante abierta. 
A pesar de haber sido relegado a un segundo plano en la era neoliberal, el tema distributivo en Chile ha sido siempre importante. Este ha motivado la búsqueda (por acción u omisión) de varios tipos de contrato social en las últimas cuatro décadas, pasando por la “revolución en libertad” de los 1960s, la “vía chilena al socialismo” de inicio de los 1970s, la economía social de mercado” del régimen militar y el “crecimiento con equidad” de los 1990s (este lema fue abandonado en los 2000s). Cada contrato social conlleva un arreglo institucional propio, una definición del rol del estado, de los diversos agentes sociales y una matriz cultural de legitimación del orden social vigente. [3]Las últimas tres décadas han sido de gran continuidad en lo anterior reforzando y consolidando un modelo de capitalismo neoliberal con prominencia del lucro, no solo en la producción de bienes, sino en esferas como la educación , la salud, los medios de comunicación y las universidades privadas a una escala históricamente sin precedentes en la sociedad chilena. Sin embargo al mismo tiempo se ha intentado moderado el neoliberalismo con políticas de protección social de transferencias del estado y de reforma de la seguridad social.
Chile es una sociedad que ha gozado de una innegable prosperidad macroeconómica en los últimos 20 años aunque con una desaceleración en su ritmo de crecimiento económico en la última década. Sin embargo este crecimiento ha ido acompañado de una persistente desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, a pesar que la pobreza ha disminuido (como lo evidenció el reciente terremoto la vulnerabilidad de la pobreza es aún grande). Somos, así, un país con una modernidad de fuertes contrastes. Materialmente se han logrado logros importantes: hay un alto nivel de conectividad a internet, de uso de teléfonos celulares y la población tienen acceso a bienes de todo tipo (productos electrónicos, autos, viajes, ropa). No obstante el país depende para sus comunicaciones, el agua potable y la electricidad enteramente de las empresas privadas proveedoras, sin sistemas alternativos de provisión de estos servicios, que lo deja vulnerable tanto en su seguridad interna como externa. Al igual que países capitalistas desarrollados a los que tratamos de emular la sociedad de consumo que se ha asentado se basa, en gran medida, en el crédito y el endeudamiento de las personas y las familias. Junto a esta amplia disponibilidad de bienes y crédito, el acceso y la calidad de la vivienda y de los servicios sociales como la salud, la educación y otros están fuertemente diferenciados según la capacidad económica de los usuarios. La educación superior se ha expandido mucho con la entrada de las universidades privadas que privilegian el lucro y la docencia más que la investigación. El tipo de inserción laboral (sueldos, calidad de los empleos) de los nuevos contingentes de graduados de estos centros de estudio permanece aún una incógnita. [4] La salud está también muy diferenciada por el nivel socio-económico del usuario: así en barrios de altos ingresos encontramos clínicas de alto nivel y lujo; sin embargo en barrios más populares y en provincia los hospitales públicos están atochados y sufren de falta de recursos humanos y financieros, además muchos de ellos mostraron tener una débil infraestructura física y fueron muy afectados por el terremoto. Por otra parte, hay una tendencia a que nuestras ciudades se organicen en barrios segregados, separados e incomunicados. Al mismo tiempo vemos aumentos de la delincuencia.
La experiencia neoliberal Chilena de las últimas tres décadas a pesar de sus peculiaridades no es única en el mundo. Estas políticas se han aplicado con distintos grados de radicalismo en Rusia, los países Bálticos y naciones de Europa oriental tras la caída de los regímenes socialistas de esa región. El fenómeno de la desigualdad ha adquirido características globales Se ha observado un aumento de la desigualdad también en países tan influyentes como Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China, India, Sud-África y otros. En contraste, los países Escandinavos y varias economías de Europa continental han conseguido moderar las tendencias a la desigualdad asociadas al libre mercado y la globalización a través de la acción de sus estados de bienestar.
Este artículo examina el tema de la desigualdad desde varias perspectivas. Primeramente, aporta varios argumentos de porque la desigualdad es problemática tanto desde un punto de vista ético-moral como instrumental en términos de su impacto económico y sobre calidad de la democracia. Enseguida se analizan distintos indicadores de desigualdad en Chile referente a ingreso, riqueza y concentración de mercados. Después el artículo analiza varios factores causales de la persistencia de la desigualdad en Chile. Finalmente, se examinan opciones para reducir la desigualdad en el marco de un nuevo contrato social más equitativo e inclusivo.
2. ¿Por qué la desigualdad es problemática?
Una de las características culturales del capitalismo actual es la indiferencia hacia la desigualdad. El enfoque dominante es que el problema es la pobreza y no la desigual distribución de los frutos de la prosperidad y la modernidad. Las causas de esta actitud son varias. Por una parte en Chile está el recuerdo de que las políticas redistributivas de la segunda mitad de los años 1960s con Frei Montalva e inicios de los 1970s con Allende generaron una fuerte resistencia en las elites y terminaron finalmente en una desestabilización económica y política del país. Intentar cambios en la estructura del poder económico (ingreso, riqueza, control de activos) y redistribuir el ingreso – aunque sea con otros instrumentos y modalidades--- sería cortejar nuevamente el desastre. Por otra parte está la noción de que la economía de mercado premia a los que se esfuerzan mas, trabajan duro y tienen mejores iniciativas empresariales. Interferir con la magia del mercado solo retardaría el desarrollo nacional.[5]
En cambio nadie estaría en contra de asegurar a la población acceso a los bienes necesarios para cubrir sus necesidades básicas.[6] Esta postura es minimalista y no genera conflictos ni necesita cambios en la estructura de poder económico. La práctica estándar para clasificar a una persona, o familia, como pobre es comparar los ingresos de estas con el costo de una canasta mínima de satisfacción de necesidades básicas. La ventaja práctica de este método es que, en principio, se puede “medir” la pobreza y, si se creen los números obtenidos, estos pueden ser comparados en el tiempo y entre países para inferir avances o retrocesos en la “lucha contra la pobreza”. Por supuesto esta medida de la pobreza es prácticamente una caricatura de la condición humana. El tema de la condición humana ya preocupó a los filósofos griegos de la antigüedad como Platón y Aristóteles, a los utilitaristas como Bentham y Jevons, y a pensadores como Marx, Arendt, Sartre, Sen, Cohen y otros, que trataron de ir más allá de las condiciones materiales de las personas para inferir felicidad, satisfacción y calidad de vida. Varios de estos autores usan una métrica amplia que considera otras dimensiones relevantes como alienación versus auto-realización, capacidades para llevar una vida plena, el sentido de pertenencia a la familia y a la comunidad, reconocimiento social, acceso a bienes estéticos, capacidades creativas, y la práctica de la solidaridad social como medio de trascendencia moral. Obviamente ni la canasta de bienes de consumo y servicios mejor medida del mundo va ser capaz de reflejar, cabalmente, estas consideraciones. Sin embargo los gobiernos y las instituciones internaciones necesitan mostrar resultados concretos de su acción y aparentemente la lucha contra la pobreza es capaz de movilizar consensos en torno a un objetivo, en apariencia inobjetable, pero que analizado con profundidad necesita de profundas revisiones. 
Bienestar, felicidad y desigualdad.
A pesar de estas consideraciones una parte importante del “problema económico” es lograr que la población se alimente bien y pueda satisfacer sus necesidades de consumo, abrigo, vivienda, salud. [7] En este sentido, asegurar que la población pase ese umbral mínimo es una prioridad valida, en la medida que sea visto solo como una solución parcial del “problema social” y no como la solución final. Pretender la “eliminación” de la pobreza aunque es un objetivo loable puede ser casi un espejismo, si consideramos que la misma línea de la pobreza se eleva con el nivel de desarrollo económico de un país. Así una persona considerada como “pobre” en un país de alto ingreso como Suecia seguramente sería considerado como de clase media acomodada en un país pobre como Haití. Mientras más alto es el nivel de desarrollo, mas alta es la vara para considerar a una persona como pobre. Una observación mas detenida del comportamiento y la naturaleza humana revela que las necesidades se vuelven relativas y ahí el problema adquiere otro cariz. Lo relativo puede ser “horizontal” respecto a lo que tienen otros y entonces dependemos de la distribución de los ingresos y las oportunidades. También lo relativo puede ser definido en relación a lo que una persona o familia tenían en el pasado (contar con un TV blanco y negro era probablemente una enorme fuente de satisfacción para una familia en la década de 1960 pero hoy, al finalizar la primera década del siglo 21 volver a un TV blanco y negro sería un evidente retroceso para muchos). También lo relativo puede ser respecto a las expectativas de bienestar material futuro de las personas. En cualquier caso, pasando del umbral de satisfacción de sus necesidades básicas (como ya vimos este criterio obviamente también cambia en el tiempo y a través de los países, su felicidad y satisfacción la evaluarán en una perspectiva relativa.
Compararse a otras personas no es solo un problema de “envidia” como algunos aducen para descartar la preocupación por el tema distributivo. Simplemente parte de la satisfacción (o frustración) de la gente se deriva de su percepción de vivir o no en un orden social justo, donde las oportunidades son percibidas como razonablemente iguales para todos, donde la capacidad de esfuerzo individual y colectivo, el talento, la inventiva y la actitud frente al riesgo son los determinantes fundamentales de la capacidad de progreso económico y de generación de ingresos de las personas más que los contactos sociales, la pertenencia a un partido político, la riqueza familiar o el origen social.[8]Muchas veces la satisfacción con el entorno laboral, la capacidad de participación ciudadana, la inserción comunitaria y una vida familiar plena son tantas o más importantes que el acceso a los bienes de consumo.[9] Lamentablemente nuestro modelo económico y las varas culturales de éxito que este modelo ha generado premian más el consumo material que estas otras dimensiones de satisfacción humana.
Costos de la desigualdad
Económicamente, la desigualdad y la concentración económica generan una serie de costos económicos y sociales. Enumeremos al menos dos. 
Perdida de capacidades y talentos. Cuando los activos que llevan al crecimiento económico (educación, crédito, voz y acceso a las políticas públicas) se reparten inequitativamente, entonces se desaprovechen las capacidades y talentos de segmentos de la población que no va a buenos colegios, que no cuentan con los recursos económicos para pagar las muy caras universidades, que no tienen acceso al crédito productivo, y que tienen limitado acceso a los medios de comunicación para hacer ver sus puntos de vista e influir en la definición de las políticas públicas. Estas dinámicas de exclusión y diferenciación social tienden a reproducir la desigualdad existente. Romper este círculo vicioso no es fácil.
Crecimiento económico y desigualdad. Tiempo atrás se pensaba que era necesario, en las fases iniciales del proceso de desarrollo concentrar la distribución del ingreso en los grupos de rentas altas para generar excedentes de ahorro que financiaran una aceleración del crecimiento económico. Este razonamiento suponía que todo lo que se ahorraba se invertía lo que no siempre es así. En particular, la misma concentración de la distribución del ingreso deprime el ingreso de los sectores pobres y medios generando insuficiencias de consumo y gasto lo que atrofiaba los estímulos a invertir por falta de mercados internos. Nuevos análisis del tema han llegado a la conclusión opuesta que la desigualdad de ingresos y riquezas en la sociedad tiende a castigar o penalizar el crecimiento económico. Se han identificado al menos cuatro mecanismos detrás de este resultado: (i) en sociedades muy desiguales, para reducir los conflictos distributivos y facilitar la gobernabilidad, se necesita aumentar las transferencias del estado y el gasto publico. Para financiar estos gastos se necesitan mayores niveles de impuestos lo que puede tener efectos adversos en la inversión y por lo tanto en el crecimiento[10], (ii) la desigualdad crea tensiones sociales, conflictos laborales y distributivos que generan incertidumbre, deterioran las relaciones laborales al interior de las empresas y el clima político del país y penalizan la inversión y el crecimiento y (iii) la desigualdad además castiga los retornos de invertir en educación, iv) la desigualdad orienta los mercados de capitales hacia las empresas grandes y las personas de ingresos altos y deja sin financiación proyectos rentables de personas pobres y de clase media (ya sea para invertir en educación y/o PYMES) los que quedan fuera del circuito de crédito[11]. Sin crédito se obstaculiza el crecimiento de las PYMES que generan mucho empleo.
Concentración económica, dinero y democracia
La relación entre riqueza, poder económico y democracia tiene varias aristas que se pueden enumerar. Primero, es casi un axioma que para ser elegido en cargos de representación política (parlamentarios, alcaldes, concejales, Presidente de la Republica) se necesitan recursos económicos. Hay que hacer propaganda política, reunirse con los votantes, tener acceso a los medios de comunicación y conseguir el voto ciudadano. Segundo, el lobby orientado a influir en la promulgación de leyes y en la toma de decisiones públicas es también costoso. Tercero, dedicarse a la actividad política en si es una actividad costosa. Si la persona no cuenta con riqueza propia, esta debe trabajar para sustentar su hogar. No hay mucho tiempo entonces para dedicarse a la polis como decían los griegos. Es un lujo que los pobres no pueden afrontar. De ahí el reducido número de representantes obreros, campesinos y trabajadores de bajos ingresos que se observa en el parlamento. Cuarto, la propiedad y los contenidos de los medios de comunicación es clave para una democracia informada y plural. Si los medios son dominados por algunos grupos económicos este pluralismo y diversidad informativa se afecta, distorsionando la democracia.[12] 
3. Las varias dimensiones de la desigualdad en Chile 
Chile tiene una distribución de ingresos muy desigual, bastante estable en el tiempo y con fuertes mecanismos de reproducción y de preservación del status quo.
Examinemos estas tendencias al desarrollo desigual en tres frentes: (a) ingresos, (b) riquezas y (c) presencia de mercados. Cabe agregar también que este desarrollo desigual se observa también en otras dimensiones como son la gran concentración de la distribución territorial de la producción en la región Metropolitana y el consiguiente centralismo económico y administrativo del país; y la heterogeneidad productiva entre empresas grandes y medianas y pequeñas.
Concentración de ingresos.
Una medida cuantitativa ampliamente usada para evaluar la desigualdad de ingresos (o riquezas) en una sociedad es el llamado coeficiente de Gini que se ubica en el rango de 0 a 100 por ciento). Cuando los valores del índice son más altos hay una mayor desigualdad de ingresos; en contraste, cuando el índice es más bajo, la desigualdad es menor. El coeficiente de Gini de los llamados ingresos autónomos es decir a los ingresos generados por las personas en el mercado antes de transferencias del estado, registra un valor promedio de 56.7 por ciento para el periodo 1987-2006.[13] Como ilustración el valor promedio del índice de Gini de la OECD es de 38 por ciento (hacia fines de los 2000), un valor muy inferior al chileno. Cuando se calcula el valor promedio del coeficiente de Gini para el mismo periodo a los ingresos monetarios que si incluyen el valor de las transferencias monetarias del estado el valor del índice baja, levemente, a 55.6 por ciento. Es decir después de ajustar por transferencias monetarias del estado la desigualdad de ingresos en Chile varía poco (si se incluyen transferencias no monetarias la desigualdad bajaría un poco mas). Es importante destacar que en Chile a pesar de la aceleración de crecimiento económico que ha tenido lugar en las últimas dos décadas la desigualdad no se reduce significativamente (relativa constancia del coeficiente de Gini). Lo que sí ha resultado más sensible al mayor crecimiento es la pobreza que ha disminuido sustancialmente aunque como ya se mencionó anteriormente y como lo dejó evidenciado el terremoto cabe revisar, conceptual y empíricamente, los conceptos de pobreza que se utilizan, ya que la vulnerabilidad de las localidades pobres es mayor que lo que sugieren las cifras abstractas de pobreza. En definitiva, en la democracia actual, la distribución del ingreso se ha “polarizado” en el sentido que la participación en el ingreso total del 10 por ciento más rico se mantiene casi constante en el periodo 1987-2006, lo que incluye el periodo de transición posterior al régimen de Pinochet. 
Concentración de riquezas
Una constante histórica de la estructura económica y social de Chile, replicada en otras economías latinoamericanas, es un alto nivel de desigualdad en la distribución de la riqueza productiva (capital, tierra, recursos naturales) y de la riqueza financiera. Antes de la reforma agraria de la década de 1960 la principal fuente de concentración de la riqueza productiva en Chile era la tierra.
Actualmente, la principal fuente de concentración de riqueza reside en la propiedad del capital físico de las empresas, la banca y los activos financieros. Lo anterior genera una concentración, en pocas manos, de la distribución de los ingresos (flujos) como utilidades, dividendos e intereses. [15] Es posible afirmar que la desigualdad de ingresos y riquezas se tornó más alta después de 1973. La desigualdad ha acompañado tanto la implementación de políticas de libre mercado “puro y duro” en el periodo de Pinochet como la fase siguiente de mantención y consolidación del modelo de libre mercado, suavizado con mayor protección social, por los gobiernos democráticos iniciados en 1990. La tendencia a la concentración de la propiedad en Chile está confirmada por varios estudios empíricos. [16] Esta concentración de activos en Chile se observa en una amplia gama de actividades económicas que incluyen las tenencias de acciones del sector industrial, en la banca, en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y en las ISAPRES (proveedores privados de servicios de salud). [17] En Molina (2005), se muestra que los cinco grupos económicos más grandes de Chile serían propietarios, directa o indirectamente, del 47.6 % del valor de activos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago.[18] En el sector bancario, los tres bancos privados de mayor tamaño tienen una participación superior al 50% de las colocaciones del sistema bancario (esto excluye al Banco del Estado). Finalmente, las tres Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, de mayor tamaño acumulaban el 70% de los fondos de pensiones, en el año 2000 (en el 2007 este porcentaje sube a 74 %, ver anexo). Por otra parte, siete ISAPRES captaban cerca del 92% de los beneficiarios y el 93.4% de las cotizaciones. En el Mapa de la Extrema Riqueza, elaborado por Fazio (2005) en base a información de la Bolsa de Comercio y de la Superintendencia de Valores y Seguros, se construye un ranking de patrimonio de sociedades anónimas e identifica a sus principales controladores por grupo económico. En el estudio se destacan los altos índices de concentración en la banca, ISAPRES, supermercados, comercio minorista, el sector farmacéutico y energético. Más abajo en este documento presentaremos evidencia reciente de concentración en estas áreas de actividad económica.
Concentración de mercados
Parte de la concentración de ingresos y riquezas que hemos documentado para Chile está asociada a estructuras de mercados poco competitivos y concentrados.[19] Parte de las tendencias concentradoras que se observan en Chile se debe a que el tamaño de los mercados con débil competencia del exterior vía importaciones es relativamente pequeño aunque ha aumentado con el crecimiento económico y el mayor poder de compra de las familias. Para medir empíricamente el grado de concentración de mercado se utiliza, internacionalmente, el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) que puede tomar valores en el intervalo de 0 a 100 por ciento (al igual que el coeficiente de Gini). Mientras más cercano a 100 por ciento el valor del HHI, mayor es el grado de concentración de empresas en el mercado, lo contrario cuando el índice es menor.
Para tener una primera aproximación del grado de concentración de la economía chilena se calcula el índice HHI para seis sectores: farmacias, forestal, bancos, AFP, minería e Isapres. La definición de concentración de mercados (usada para evaluar fusiones de empresas) en países como Estados Unidos es la siguiente: un sector es calificado como no concentrado si el HHI es menor que 10 por ciento, como moderadamente concentrado si el HHI se ubica entre 10 por ciento y 18 por ciento y altamente concentrado si el índice HHI es mayor que 18 porciento. Usando esta definición para Chile en el año 2008 encontramos que los seis sectores analizados se ubican entre moderadamente concentrados y altamente concentrados (no hay un solo sector, de los seis escogidos, que se pueda clasificar como “no concentrado” según la definición de concentración de mercados que se usa en Estados Unidos). Entre los sectores altamente concentrados encontramos las farmacias con un HHI de 29 por ciento y las AFP´s con un índice de 21 por ciento. Los sectores “moderadamente concentrados” con esta definición son: minería (15 por ciento), banca (13 por ciento), forestales (13 por ciento), e ISAPRES (17 por ciento). Además, el grado de concentración de mercados de las farmacias, forestales, AFP e ISAPRES aumentó en la década de los 2000 y ha permanecido relativamente constante en la minería y la banca. Cabe notar también que esta concentración económica se observa en sectores que son regulados por superintendencias (como las AFP, ISAPRES, y Bancos). En el caso de la previsión social se ha dado una muy significativa reducción en el número de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en los últimos años 10 a 15 años en Chile. En efecto en 1996 había veintidós (22) AFP mientras que en el año 2009 hay solo cinco (5) AFPs que administran los fondos de pensiones de varios millones de contribuyentes chilenos. El sistema de AFP privadas (un negocio altamente rentable) funciona sin competencia de una AFP pública, o de AFP extranjeras.
4. Causas de la desigualdad de riqueza e ingresos en Chile
Un análisis a fondo de las principales causas de la desigualdad de ingresos y riquezas, su persistencia en el tiempo y el papel jugado, por acción u omisión, por las políticas económicas escaparía a la extensión de este artículo. Sin embargo, podemos identificar seis factores explicativos:[20]
(a) Persistencia histórica de la desigualdad en Chile que ha generado estructuras de poder, una matriz institucional y patrones culturales orientados a dar legitimidad y reproducir este fenómeno en el tiempo. Además, estas tendencias endógenas a la persistencia de la desigualdad del modelo de libre mercado no han sido compensadas por una acción pública en la dirección contraria en las últimas décadas.
(b) Dispersión salarial. Una fuente importante de la desigualdad está asociada a la dispersión de los ingresos salariales, con grandes diferenciase entre los cargos gerenciales y profesionales y los cargos medios y bajos tanto al interior de las empresas como entre empresas de distinto tamaño. Además con la apertura al exterior de la economía y el fenómeno de la globalización estas diferenciales muchas veces tienden a aumentar. Las empresas que deben competir en los mercados internacionales ya sea exportando o compitiendo con importaciones, tratan de reclutar y mantener trabajadores, técnicos, profesionales y ejecutivos con mayores niveles de calificación técnica, educación, y una actitud favorable a la toma de riesgos. En el rango profesional y ejecutivo estas personas, a menudo, vienen de familias acomodadas y cuentan con buenas conexiones sociales. En este sentido hay un “premio salarial” por mayores niveles educativos y conexiones sociales.
(c) Segmentación entre educación pública y privada. Un mecanismo tradicional de movilidad social ascendente es la educación. Sin embargo las crecientes diferencias existentes entre los recursos que dispone la educación pública a la que asisten los hijos de familias trabajadoras y parte de la clase media en contraste con los recursos muy superiores utilizables para la educación privada en que asisten los hijos de las familias de clases medias acomodadas y familias de altos ingresos se ha transformado en un factor importante de diferenciación social. Se estima que por cada peso que recibe un alumno de la educación pública (primaria y secundaria), el alumno de los colegios privados recibe cuatro pesos. Esta relación de uno a cuatro es indicativa de la falta de igualdad de oportunidades. Una educación más igualitaria reduciría la desigualdad de ingreso generadas por el sistema educativo vigente. Finalmente, hay que considerar la existencia de una doble causalidad entre educación y desigualdad. Por un lado las diferenciales de recursos y calidad entre la educación pública y privada aumentan la desigualdad; por otro lado al estructurarse el sistema educativo según la capacidad de pago de los estudiantes (determinado por su ubicación en la distribución de la renta) , el sistema educativo refleja y amplifica la desigualdad existente en la sociedad. 
(d) Concentración de mercados y propiedad de los activos productivos. Una causa importante de la desigualdad de ingresos es la alta concentración de la propiedad en sectores claves, tales como la banca, la manufactura, el comercio al por menor, las AFP, farmacias y otros sectores que hemos documentado en este articulo. Esta concentración genera altas tasas de retorno por unidad de capital invertido a los dueños del capital y por ende un flujo alto de utilidades, dividendos y otras rentas de la propiedad a las elites económicas.
(e) Sistema tributario. Chile se destaca por una alta dependencia en su estructura tributaria de los impuestos indirectos (un IVA muy alto) en relación a los impuestos directos, lo que refleja el hecho que las elites económicas se resisten a pagar mayores impuestos al ingreso, un rasgo común en la mayoría de América Latina. Así el sistema tributario chileno tiene la peculiar combinación de un nivel muy bajo de impuestos directos a las empresas, (no así a las personas) tanto nacionales como extranjeras, (de los más bajos de América latina) y a su vez uno de los IVA más altos de la región. También existe un conjunto de exenciones tributarias que son generalmente regresivas. Lo anterior, ciertamente, no contribuye a hacer más equitativa la distribución de ingreso en el país. 
( f ) Débil poder de negociación del sector sindical. Chile tiene un bajo nivel de sindicalización de los trabajadores, alrededor de 10 % de la fuerza laboral ocupada. El debilitamiento del poder sindical, que llegó a su máximo nivel histórico en el gobierno de Allende, se inició con el régimen de Pinochet que reprimió fuertemente el movimiento de trabajadores e introdujo una legislación laboral atomizadora de los sindicatos. En democracia la legislación laboral heredada del periodo autoritario no ha cambiado sustancialmente. Esto limita el poder de negociación de los trabajadores frente a los empresarios lo que reduce la capacidad de obtener una participación mayor del factor trabajo en las ganancias de productividad que se generan en una economía en crecimiento como la chilena.[21]
5. Contrato social y políticas hacia la desigualdad
El contrato social Chileno actual, en gran medida, tiene su eje en el modelo económico. Este contrato social es reforzado por una matriz institucional (sistema binominal, poder asimétrico en las relaciones laborales, duopolio de la prensa escrita, privatización creciente del sistema universitario) que hace difícil el cambio social y tiende a mantener el estatus-quo.[22] En este contexto el tema de la desigualdad es un “convidado de piedra” del modelo económico y el contrato social. En esta perspectiva, una reducción efectiva de la desigualdad, requeriría de un nuevo contrato social que reexamine y reforme las instituciones que la mantienen y la reproducen en favor de las elites económicas. Este nuevo contrato social debe redefinir la política social ampliando sus alcances, objetivos e instrumentos. También se debe balancear una política económica que da mucho más prioridad a los objetivos macroeconómicos que a los distributivos. Un nuevo enfoque de política social debe incorporar, en su diseño conceptual y operativo además de los sectores pobres, a las clases medias, debe reducir la enorme segmentación prevaleciente en el acceso a la educación, salud y vivienda según nivel económico y estatus social, debe dar más poder a las organizaciones sociales para que junto a los organismos de regulación del estado sean actores activos en la fiscalización de las practicas anti-consumidor de los conglomerados económicos. También se debe fortalecer la capacidad de apoyo y fomento de las PYMES fuente de empleo e ingreso de sectores populares y de la clase media. Los desafíos que enfrenta el Chile del bicentenario y de las décadas siguientes son múltiples. La economía debe elevar su capacidad de crecimiento de largo plazo, pero este crecimiento debe ser menos dependiente de los recursos naturales no-renovables, debe ser amistoso con el medio ambiente, favorecer una localización geográfica de la actividad económica menos concentrada en la región metropolitana y menos vulnerable a los desastres naturales. Hay que favorecer un estilo de vida más humano, en ciudades menos congestionadas y más seguras. La experiencia de las dos últimas décadas, muestran que la distribución de ingresos no mejora automáticamente con el crecimiento económico, al contrario este puede ser inequitativo al tiempo que genera riqueza. La dinámica de los mercados y la globalización, junto al acceso preferente al crédito, tecnología y mercados de las empresas grandes en relación a las medianas y pequeñas generan tendencias de concentración de mercados y riqueza, que debe ser contenido con políticas públicas de regulación económica, anti-colusión y pro-transparencia y con una redistribución de poder a los agentes sociales excluidos por la concentración y el control mediático. El estado debe desplegar con fuerza los medios que dispone para este fin y fortalecer las superintendencias y los mecanismos de protección del consumidor, ayudados por el control ciudadano, por una prensa independiente y plural y por organizaciones sociales revitalizadas. Chile debe estar abierto a la crisis del modelo neoliberal en el mundo. El reciente terremoto y la explosividad social latente que este evidenció, son un llamado de alerta que hay que escuchar en la búsqueda de un desarrollo incluyente, equitativo y genuinamente democrático. 
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Notas
[1] Economista y Magister en Economía de la Universidad Católica de Chile, Doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Estados Unidos. Presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB. Correo: asolimano@gmail.com
[2] Sin embargo, algunas de estas economías, como Estados Unidos y el Reino Unido si han visto aumentar sus coeficientes de desigualdad en las últimas tres décadas.
[3] El concepto de contrato social, está en la tradición de Jean Jacques Rosseau, John Locke y más contemporáneamente John Rawls. Este autor desarrollo su concepto de un contrato social justo, -- ver su Teoría de la Justicia--, diseñado en la “situación original” bajo el “velo de la ignorancia” para asegurar que los intereses de los diseñadores del contrato social no atenten contra un orden social e institucional justo. Para Rawls, la Constitución (documento legal) de una nación debe ser reflejo de dicho contrato social justo. Los argumentos de Rawls apuntan a la necesidad de que el contrato social debe ser elaborado con independencia de los intereses de los que detentan el poder institucional y político en el momento de su deliberación. En caso contrario, no se cumple el principio del velo de la ignorancia en la situación original, condición esencial para un contrato social justo. El tema se empezó a tratar, muy sucintamente, en la última campaña presidencial del 2009.
[4] Aparentemente las universidades son actividades muy rentables., pero su estatus formal es el de “corporaciones privadas sin fines de lucro”. Para lograr esta rentabilidad los estudiantes y sus familias deben pagar altos aranceles y matriculas (los tiempos de la clase media con acceso casi gratuito a la educación superior son ya cosa del pasado). Además, consistente con la lógica del mercado y del lucro muchas veces estas universidades se parecen a verdaderas fábricas para producir profesionales en masa.
[5] Existe en la literatura sobre desigualdad, tanto aplicada como teórica, (ver Dworkin, 1981a y 1981 b, Roemer 1994, Solimano 1999, 2000, Cohen, 1995, Sen, 2009) una amplia discusión sobre cómo enfocar el tema de la desigualdad, que instituciones se deben construir y “que se debe igualar” si se desea un sistema económico razonablemente justo. Tradicionalmente, la literatura hace una distinción entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. En la literatura teórica sobre este tema se distingue entre los factores que están más allá del control individual del individuo (o factores “moralmente arbitrarios” como se lo denomina en la tradición de la filosofía económica) y factores de resultado. Entre los factores exógenos al individuo están generalmente atributos como la raza, el género, el lugar de nacimiento, el status económico de su familia al nacer y ciertos talentos heredados o genéticos. Algunos autores agregan también el acceso a activos productivos. En contraste, los resultados son variables que miden el éxito de las personas en su vida laboral a través del ingreso, riqueza, status y logros de diverso tipo. El estándar de vida y los logros de las personas serían entonces el resultado del esfuerzo individual, el talento laboral o empresarial, la actitud de las personas respecto al riesgo, y finalmente el factor suerte. En el enfoque de igualdad de oportunidades se busca asegurar un “punto de partida” igual para todos en cuanto a oportunidades y a una vida de realizaciones y progreso económico. Lo que suceda después, durante la vida de las personas, en este mundo idealizado de igualdad de oportunidades, sería el resultado del esfuerzo individual y el uso de talentos que serían parte de la responsabilidad de las personas.
[6] Ver Solimano y Pollack (2006).
[7] La pobreza tendería a desaparecer con el crecimiento económico y de la presión social por mejorar la situación de los sectores populares y pobres. Así lo indicó hace tiempo el famoso economista británico John Maynard Keynes quien escribió, en medio del pesimismo de la depresión de los años 30 un famoso artículo titulado The Economic Possibilities of our Grandchildren (Las Posibilidades Económicas de Nuestros Nietos) que con el cerecimiento la hum. En dicho artículo Keynes mostraba que un país creciendo a una tasa razonable (3 por ciento por año para el Reino Unido fue su ejemplo) resolvería su problema económico, entendido como contar con los bienes materiales para cubrir las necesidades fundamentales de la población, en no más de dos generaciones. Por supuesto la sociedad inglesa era menos desigual que la Chilena y por lo tanto derrotar la pobreza era más fácil aunque incluso los países ricos no pueden cantar victoria total en ese frente. Pero el punto de fondo es que el problema de la pobreza tenía solución en un plazo de tiempo razonable.
[8] En este sentido el contrato social justo de John Rawls buscaba un ordenamiento institucional que fuera diseñado en abstracción de estos intereses (ver Rawls, 1970 y notas de pie # 1 en este articulo).Sin embargo esta es la idealización de lo que sería un contrato social justo, no una descripción de la realidad. 
[9] Ver Layard ( 2005) para una exposición de la “economía de la felicidad” en que analiza un conjunto de determinantes , no solo ingreso, del bienestar y felicidad de las personas. Para una visión crítica de este enfoque ver Irvin (2008).
[10] Autores como Alesina y Rodrik (1994) encuentran además una relación negativa entre Gini y tasa de crecimiento del PGB per cápita.
[11] Ver Informe del Desarrollo Mundial 2005/06 del Banco Mundial dedicado a la igualdad y el desarrollo que enfatiza la multidimensional naturaleza de la equidad que acompañan a los determinantes económicos, institucionales y políticos. También ver Solimano (2000), Solimano y Torche (2008).
[12] Las elites económicas buscan preservar su poder y reaccionan ante intentos por regular sus negocios y redistribuir la riqueza por parte del estado, al que prefieren lo más pequeño posible. En el ideario conservador este debe solo garantizar el orden público, los derechos de propiedad y proveer algunos bienes públicos esenciales). Las elites buscan influir en las políticas públicas a través del lobby y otros mecanismos orientados a debilitar la capacidad regulatoria del estado y a favorecer legislación y proyectos favorables a sus intereses.
[13] Calculado en base a la encuesta CASEN del año 2006, la ultima disponible. Ver Solimano y Torche (2008) y Solimano (2009b).
[14] Solimano, 2009b.
[15] La evidencia internacional muestra además que la distribución de la riqueza financiera, productiva y de la tierra es generalmente más concentrada que la distribución de los ingresos, siendo los Gini de riqueza generalmente más altos que los Gini de ingresos (ver Davies et al. 2006).
[16] Molina, 2005, Fazio 2005, Solimano y Pollack , 2007.
[17] Una fuente del estudio de Molina (2005) es Lefort y Walker (2004).
[18] Molina, 2005, pp. 9.
[19] Cierta concentración de la producción y provisión de bienes y servicios es requerida para aprovechar economías de escala. Los datos de esta sección se basan en Solimano (2009). 
[20] Para una discusión más extensa de de estas causas ver Solimano (2007, 2009a y b), Solimano y Torche (2007), Solimano y Pollack, (2007), Solimano, Tanzi y del Solar (2008).
[21] El rol de la capacidad de negociación de los trabajadores en la apropiación de las ganancias de productividad fue subrayado por el famoso economista inglés David Ricardo hace mucho tiempo.
[22] Ver Solimano (2009b). La democracia chilena puede ser considerada como de “baja intensidad” con reducida participación social electoral de la juventud (cerca de 2.5 millones de jóvenes entre 18 y 29 años no están inscritos en los padrones electorales y no votan los chilenos en el exterior). Es importante consignar la debilidad relativa, en democracia, de los agentes sociales que históricamente tuvieron una agenda pro-igualdad en Chile como el movimiento de trabajadores y otros grupos populares, apoyada por partidos tradicionalmente ligados a estos movimientos sociales.