23/8/11

La oposición en Nicaragua “va palo abajo”

Foto: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

María Julia Mayoral 
Sin propuestas novedosas para contender al gobierno, la totalidad de las coaliciones políticas que enfrentan al sandinismo en Nicaragua centran su atención en colocar obstáculos y restar legitimidad al proceso electoral en curso. 
La tendencia se hace cada vez más evidente ante la proximidad de los sufragios del venidero 6 de noviembre, en los que unos 3,3 millones de votantes deberán elegir a presidente y vicepresidente de la República para un período de cinco años.
También a 90 diputados a la Asamblea Nacional y a 20 legisladores para la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano (Parlacén).
En años recientes, sectores conservadores acudieron aquí a la llamada política del miedo con el propósito de restar apoyo al mandatario Daniel Ortega, reelecto en 2006 con el 37,99 por ciento de los votos válidos emitidos.
Trataron de enraizar la idea de que su retorno al poder en enero de 2007 significaría una coyunda para la iniciativa privada y la economía caería en bancarrota, luego de 16 años de supuestas bonanzas con tres sucesivas administraciones neoliberales.Sin embargo, en cuatro años y medio de gestión, el Ejecutivo, que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), logró un ritmo de crecimiento anual del cuatro por ciento en alianza con la empresa privada y los trabajadores, sin dejar atrás programas de amplia cobertura social a partir de recursos estatales.
En opinión del expresidente del Banco Central de Nicaragua y actual representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Francisco Mayorga, la economía nacional se encuentra "muy fortalecida, por lo que la crisis del capitalismo en Europa y Estados Unidos no le afectará en gran medida".
Nicaragua, estimó el experto, "cada día es menos vulnerable a las vicisitudes del mercado internacional", y para 2011 el Producto Interno Bruto podría crecer hasta el cinco por ciento.
Evaluaciones aparecidas en la publicación Informe Pastrán indican que "una de las ventajas del partido en el gobierno es que no está prometiendo a los electores, sino que está haciendo obras y programas de impacto social que la gente ve y eso le estaría sumando votos".
La falta de polarización de la opinión pública en relación con los candidatos marca la diferencia entre la actual campaña y las celebradas entre 1990 y 2006, añadió el boletín electrónico.
Daniel Ortega, valoró la misma fuente, "ha logrado captar la opinión favorable de un grupo de tradicionales indecisos que ven en el pleito de la división de los sectores liberales, una desesperanza".
Tribunal Electoral en la picota
Periódicos y agrupaciones políticas opositoras insisten en poner en tela de juicio al Consejo Supremo Electoral (CSE), luego de fracasar a fines de 2009 en los planes de crear un vacío de poder con el objetivo de socavar al gobierno e impedir una posible reelección de Ortega.
Por esa fecha, la Asamblea Nacional debía elegir a una veintena de funcionarios del CSE, la Corte Suprema de Justicia y otros poderes del Estado, pero el Legislativo incumplió debido a consecutivos bloqueos por parte de los diputados antisandinistas.
La solución del Presidente, mediante decreto emitido en enero de 2010, fue prorrogar el mandato legal de esos servidores públicos.
Pese a la respuesta institucional, medios de prensa y políticos locales utilizan habitualmente el término de "magistrados de facto" para referirse a los miembros del CSE, mientras colocan en primer plano supuestos actos de corrupción y malos manejos de fondos públicos por parte del ente electoral.
Sobre el órgano a cargo de organizar y dirigir los comicios llueven las críticas por supuestas manipulaciones del padrón electoral y en la entrega de cédulas de identidad a los ciudadanos aptos para concurrir a las urnas.
En varios territorios, entre ellos el norteño municipio de San Fernando, activistas de alianzas adversarias lograron catalizar en contra del gobierno las demoras reales en los trámites de cedulación, lo cual dio lugar a varias manifestaciones de protesta.
El Vocero del CSE, Félix Navarrete, adjudicó los incidentes a los partidos de oposición que están manipulando a sus simpatizantes. "Esta es una maniobra que algunos sectores políticos están realizando para desvirtuar la labor que hace el CSE en materia de cedulación", declaró el funcionario a un canal de televisión en Managua.
Pronósticos coincidentes
Hasta el momento todas las encuestas ubican a Ortega como virtual ganador en las elecciones de noviembre, con un mínimo de aceptación superior al 40 por ciento.
De acuerdo con la legislación nicaragüense, para ganar en una primera ronda cualquier aspirante presidencial necesita el 40 por ciento de los votos válidos o sumar un mínimo de 35 por ciento y cinco puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano rival.
Un reciente sondeo de la firma M&R Consultores concedió al líder sandinista el 56,5 por ciento de las intenciones de voto, lo que permitiría su reelección con amplia ventaja.
El diagnóstico ubicó en segundo lugar al octogenario empresario radial Fabio Gadea (14,1 por ciento), lanzado al ruedo político bajo el manto legal del Partido Liberal Independiente (PLI).
Es de conocimiento público que Gadea goza de simpatías por su personaje de historietas para la radio, pero pocos ven en él a un hombre con posibilidades para gobernar.
Apareció como aspirante a la primera magistratura, en calidad de "candidato de consenso", cuando dos figuras claves de la corriente liberal (el ex presidente Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre) concluyeron 10 meses de infructuosas negociaciones para determinar quién de los dos iría a la cabeza frente a Daniel Ortega. El reciente sondeo de M&R Consultores posicionó en tercer lugar, con el 5,8 por ciento de las intenciones de voto, a Arnoldo Alemán, postulado por la coalición que comandada el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Una nueva encuesta, hecha por la consultora Siglo Nuevo, marcó un comportamiento similar al expuesto por M&R Consultores: Ortega acaparó el 57,1 por ciento de la preferencia electoral, con más de 40 puntos de ventaja sobre su más cercano contendiente, Fabio Gadea (15,8 por ciento).
La totalidad de las mediciones ubican muy por debajo a los otros dos contendientes: Enrique Quiñones, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), y Roger Guevara, representante de la coalición que encabeza la Alianza por la República (APRE).
Ya sea por desconfianza real o por empañar la condición de Ortega como favorito, analistas nacionales observan con recelo los datos de las firmas encuestadoras. Sobre el tema, el boletín Informe Pastrán recordó que el 26 de enero de 1990 el extinto diario Barricada del FSLN dio por ciertos los estimados de la firma encuestadora ECO-UCA que confirió amplia primacía al sandinismo.
Aquel estudio concedió el 67,8 por ciento de las intenciones de voto al FSLN con Daniel Ortega como candidato, y 27,9 a la UNO y a la aspirante Violeta Barrios de Chamorro.
Al final, comenta Informe Pastrán, la historia fue al revés: la UNO obtuvo más del 53 por ciento y el FSLN 40.
Actualmente fuentes ligadas al PLC y al PLI circulan por Internet aquellos pronósticos divulgados por Barricada "para restarle méritos y credibilidad al último sondeo de M&R", señaló Informe Pastrán poco después de darse a conocer el estudio.
Figuras de la oposición muestran temores no sólo porque Ortega tendría la posibilidad de desarrollar otros cinco años de gobierno, sino porque un porcentaje elevado le permitiría a la alianza comandada por el FSLN (Unida, Nicaragua Triunfa) contar con mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional y en la representación nicaragüense en el Parlacén.
Sin embargo, nada parece indicar que los afanes antisandinistas logren unirse; al contrario, las discordias van en aumento, y ahí se inscriben las imputaciones mutuas entre Gadea y Alemán, quienes a pesar de tener vínculos familiares, decidieron sacar a la luz "trapos sucios" que denotan falta de honestidad y uso indebido del erario público.
Entre los llamados "golpes sucios" figura además el reclamo que formalizó el PLC ante el tribunal electoral para exigir la suspensión de tres candidatos a diputados por la alianza PLI: Gustavo Gross, Joel Lira Torres y Maximino Rodríguez.
El poder electoral aceptó la petición al reconocer que esos candidatos cometieron violaciones al usar distintivos del PLC en actos proselitistas a favor del PLI, en un contexto de doble militancia.
Hay al menos dos realidades evidentes en la actual contienda electoral en Nicaragua: el éxito del sandinismo basado en su gestión de gobierno y la incapacidad de los adversarios para sobreponerse a rencillas y afanes personales por el poder.
No obstante, la evaluación final la dará el pueblo el próximo 6 de noviembre, mediante el voto secreto y directo en las urnas. 
Título original: “Elecciones en Nicaragua: Pugna y declive en las filas opositoras”
  Fuente: Prensa Latina