31/7/11

Escenarios de conflicto en la segunda gestión gubernamental de Evo Morales


Dunia Mokrani
Analizar la coyuntura actual en Bolivia supone situarse en un momento caracterizado por una serie conflictos y debates en torno al  carácter transformador  del llamado Proceso de Cambio. En este marco, las lecturas sobre el momento presente se dividen, al menos,  entre aquéllas que plantean que, a pesar de los conflictos, esta etapa sería parte de la consolidación de las luchas sociales  desde un proyecto estatal y, por otra parte, quienes entienden que estaríamos asistiendo al inicio de una crisis profunda del proceso, por su alejamiento de  los postulados  de  la agenda de los movimientos sociales y del propio texto constitucional.

Desde estas últimas  perspectivas se plantea que se  debería  reencauzar el proceso de cambio  por la vía de producir una mayor autonomía de las organizaciones sociales frente a las acciones gubernamentales.
Para comprender mejor  el momento político actual es importante  tener en cuenta, mínimamente, tres aspectos:
- El primero es  que nos encontramos en el marco de un escenario post constituyente, en el que la tarea política fundamental  es la aplicación  de  la nueva carta constitucional, aprobada por voto popular en enero de 2009, la misma que deberá plasmarse en un nuevo cuerpo  legislativo y  a través  políticas públicas conducentes a la conformación de un nuevo tipo de Estado: el Estado Plurinacional.
- El segundo aspecto a considerar  es que este escenario coyuntural se da en el marco del segundo mandato presidencial  de Evo Morales, tras la victoria electoral del Movimiento  al Socialismo (MAS), con el 64,22%  de los votos en diciembre de  2009, una votación que  le otorga al MAS una amplia mayoría en la Asamblea Plurinacional, con más del 68% de los asambleístas.
- En tercer lugar, es importante considerar que el escenarios actual también tiene antecedentes  en la crisis desatada por la promulgación  del  decreto presidencial  que determinaba el  alza de los carburantes, el llamado “Gasolinazo”, en diciembre de 2010, que marcó un claro distanciamiento de algunas organizaciones sociales con el gobierno,  relación que no logra restablecerse  a pesar de  la derogatoria del mencionado decreto y que, posteriormente deriva en una confrontación abierta entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno de Evo Morales.
En este marco, a dos años de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y transcurrido un año y medio de la segunda gestión presidencial de Evo Morales, podemos observar que la mayoría del MAS en la Asamblea Plurinacional no ha sido asumida por esta fuerza partidaria como la condición de posibilidad para articular una espacio deliberativo desde donde profundizar los cambios en diálogo permanente con las organizaciones sociales y lejos de las estrategias de bloqueo que ejerció la derecha en la Cámara de Senadores durante su primer gobierno. En este sentido y considerando que aún no se ha tratado una ley que  defina la forma, estructura y composición de los mecanismos de  participación y control social, de acuerdo a mandato constitucional, no existe actualmente un espacio de diálogo político plural desde donde interpretar un texto constitucional que ha sido calificado como un texto en transición hacia un proceso más profundo de transformaciones.
En Bolivia, en este nuevo periodo gubernamental se  han vivido en el país varios escenarios de conflicto, en los que se han planteado fisuras entre el gobierno y diferentes sectores sociales, rupturas que para algunos analistas son  evidencia de una crisis profunda del proceso y para otros son simplemente desacuerdos secundarios que no tocan temas fundamentales.
Algunos escenarios de conflicto que marcan hitos de distanciamiento del gobierno con sus bases sociales de apoyo
Uno de los principales conflictos en esta nueva coyuntura post constituyente y post electoral, es el planteado por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, (CIDOB), en junio de 2010,  a través de la denominada  “VII Gran Marcha de los Pueblos Indígenas por la Defensa del Territorio, la Autonomía Indígena y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, a  través de la cual la CIDOB, con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) reclaman condiciones efectivas para la implementación de la autonomía indígena, como base de la reconfiguración territorial, con asignación de recursos económicos y formas propias de autogobierno; también se demanda la administración y aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran sus territorios; el saneamiento y la titulación de tierras fiscales a favor pueblos indígenas,  y se rechaza al número de circunscripciones especiales indígenas en la Asamblea Plurinacional, que según la ley electoral suman 7 escaños, demandando que se incrementen a 18. En medio del conflicto, el gobierno lejos de promover espacios plurales de debate sobre la interpretación del texto constitucional en lo que a la implementación de las autonomías indígenas se refiere, recurre constantemente a una estrategia de deslegitimación de las movilizaciones, señalando que las mimas respondían a intereses clientelares por cargos en las estructuras de gobierno o que  estarían siendo instrumentalizadas por ONG y por USAID a favor de la fuerzas políticas de derecha. También se argumentó, en contra de las movilizaciones, que las demandas  de reconstitución territorial son atentatorias de la unidad territorial del Estado. Sin embargo, para las organizaciones indígenas la constitución de un Estado Plurinacional supone avanzar en formas de reconfiguración de sus territorios ancestrales.
Llaman la atención en este contexto, las amenazas de las organizaciones cocaleras y de asambleístas del MAS del Chapare de no dejar pasar la marcha de la CIDOB, catalogando a los indígenas de tierras bajas como “traidores al proceso de cambio”. Desde este momento, en diferentes escenarios de conflicto, ha sido recurrente la estrategia de deslegitimación de movilizaciones desde la división de organizaciones y dirigentes/as entre “Traidores” o “Patriotas”, de acuerdo a su posición de apoyo a rechazo a las políticas gubernamentales. Sin embargo, de  manera análoga y como respuesta, empieza también a cobrar importancia un tipo de argumentación que sostiene que el proceso de cambio no se limita a las acciones gubernamentales, por lo que apoyar el proceso no supone brindar un apoyo incondicional y  acrítico al gobierno.
Un conflicto que también plantea un punto de quiebre entre el gobierno del MAS y sectores sociales que fueron su base de apoyo es aquel confronta, a mediados del año 2010, a organizaciones sociales y cívicas del departamento de Potosí con el gobierno central. En la ocasión el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), a la cabeza de de 28 organizaciones sociales y sindicales, realiza una serie de marchas masivas y bloqueos, paralizando el departamento de Potosí durante casi 20 días en demanda del cumplimiento de promesa electorales orientadas al “desarrollo” del departamento, entre las que se destacan: la reactivación de un complejo metalúrgico, políticas de preservación del Cerro Rico de Potosí, instalación de  una fábrica de cemento, la explotación e industrialización del litio del Salar de Uyuni, la construcción de carreteras y de un aeropuerto. Este escenario también se caracterizó por la ausencia de un espacio de deliberación, que permitiera abrir un debate sobre el propio contenido de las demandas y su relación o contradicción con los horizontes del Vivir Bien. Tampoco se tocaron temas tales como el saqueo de los recursos mineros de la región por parte de empresas trasnacionales, cuyos intereses no han sido tocados de manera significativa. La estrategia gubernamental de manejo del conflicto sólo terminó agravándolo, ya que consistió en intentar minimización la importancia de las movilizaciones y deslegitimarla a través de argumentaciones que con las que se buscaba equiparar las acciones del CONCIPO con aquellas con ofensiva de la derecha a través de los comités cívicos y gobiernos departamentales opositores, en el escenario constituyente  y  durante el denominado golpe cívico prefectural de septiembre de 2008. El resultado, el deterioro de las relaciones del gobierno de Evo Morales con una de las regiones que más respaldo electoral le dio a su gestión.
La crisis del llamado “Gasolinazo”, desatada en diciembre 2010 tras la promulgación del Decreto Supremo 748, que establecía el alza de precios de los carburantes, es quizás la que produjo una de las principales fisuras entre el gobierno del MAS y los sectores sociales, que fueran su base fundamental de apoyo. La medida económica, que dejó a la población desamparada frente a una espiral especulativa de precios fue defendida por sus impulsores como una medida necesaria para a proteger la economía nacional y así consolidar y garantizar el modelo de desarrollo productivo. Siendo que  esta fue una medida de shock  insostenible desde la economía de las clases trabajadoras, se infiere que la decisión de adoptarla respondió a un tipo de cálculo en el que se jugó a apostar a la popularidad de  Evo Morales y la instrumentalización de las dirigencias afines al MAS más que a un diálogo sobre las posibilidades de transición hacia otros modelos productivos. El carácter  sorpresivo de la medida y sus efectos inmediatos en el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar dejó instalada en la población más pobre una sensación  de desconcierto y hasta de traición por parte de una gobierno al que se apostó como el propulsor de cambios para mejorara su calidad de vida. Si bien en este caso si se dio algún nivel de debate en torno a la problemática de las subvenciones y la dificultad de hacerlas sostenibles en un mediano plazo[i], el gobierno no ha logrado convencer a la población sobre la pertinencia de su medida, a pesar de que  intentado argumentar que la misma afectaría principalmente a las familias más ricas a las que el Estado no podía seguir subvencionando gasolina para sus suntuosos vehículo. Sin embargo, estaba claro que la misma afectaría con más dureza a los sectores más empobrecidos. Tampoco fueron suficientes las medidas compensatorias ofrecidas por el gobierno, tras las primeras manifestaciones de rechazo al decreto, las mismas que fueron: el incremento de un 20 % al salario mínimo nacional  y a los salarios de  la Policía, las Fuerzas Armadas, de los trabajadores en Salud y en Educación; el aumento del 50% en el bono escolar “Juancito Pinto”; la creación de 25000 empleos de emergencia y el congelamiento de las tarifas de servicios básicos; la oferta de compra de la producción de soya a precios internacionales, y del 10%  mayor al precio del mercado interno en la compra  del maíz, el arroz y el trigo a los productores nacionales. También se ofreció la creación de un fondo económico destinada a la inversión municipal en obras de riego y la implementación del apoyo subvencionado para la reconversión de vehículos de gasolina gas (GNV). Los porcentajes de incremento ofrecidos a nivel salarial estaban lejos de compensar los nuevos costos de los precio de los combustibles, que para el caso de la  gasolina especial y la premium se incrementaron en un 73% y 57% respectivamente, ocasionando un alza especulativa general de precios en porcentajes similares.
Las movilizaciones en contra de la medida comenzaron manifestando en rechazo al incremento de precios y fue avanzando en el cuestionamiento  de la política energética, en general y del proceso de nacionalización en particular. Es importante destacar que durante las movilizaciones no sólo se apuntó  a criticar al presidente y sus ministros (as), sino que se comenzó a cuestionar las formas mediación políticos de las y los  sindicales y organizaciones sociales, que en algunos casos respaldaron públicamente el “Gasolinazo”, pero no pudieron contener las movilizaciones de sus sectores. El decreto sólo tuvo vigencia de una semana pues las movilizaciones hicieron retroceder al gobierno, cabe apuntar aquí que las mismas se dieron con más fuerza en los departamentos considerados bastiones electorales del MAS: Potosí, Oruro y La Paz  y Cochabamba. Sin embargo y a  pesar de que el gobierno se vio obligado a retroceder en su medida por la fuerza y proyección de las movilizaciones, en este escenario de conflicto también se recurrió a la minimizar la acción popular y a intentar deslegitimarla señalando que las mismas habrían sido  orquestadas por la oposición. En ese momento el gobierno acusó a su ex aliado, el Movimiento sin Miedo (MSM) de urdir un plan de desestabilización contra el gobierno. También se recurrió nuevamente a categorizar a las organizaciones como patriotas y antipatriotas de acuerdo a sus posiciones de respaldo o rechazo a la medida. Lo paradójico es que  se retrocede en la medida, señalando que el gobierno es capaz  de “Mandar obedeciendo” a su pueblo, pero, a la vez, se califica a ese pueblo como un masa  manipulada por la derecha y sin capacidad de una  propia de interpelación. En este marco, también se plantea un tipo de argumento según el cual la izquierda crítica al gobierno sólo es útil para hacerle el juego a la derecha.
Como correlato del conflicto anterior, en el mes de marzo del presente año la COB plantea un nuevo conflicto a la gestión de Evo Morales, que se extiende y radicaliza hasta el mes de mayo. 47 confederaciones, federaciones nacionales y centrales obreras departamentales y regionales de todo el país se movilizan en demanda de: a) la derogación Decreto Supremo 809, que dispone el incremento salarial del 10%, señalando que éste fue impuesto unilateralmente por el gobierno, sin una negociación previa con las organizaciones sociales. b) la derogación el artículo 23 de la Ley Financial,  que busca que las cajas de salud transfieran todos sus bienes y recursos para que sean administrados  por el Ejecutivo, como medio para financiar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). c) La derogación del Decreto Supremo 21060, que marcó el inicio de la implementación del modelo neoliberal hace 26 años. d) La implementación de políticas orientadas a una  verdadera reactivación del aparato productivo. Los paros de actividades, bloqueos de caminos y las marchas fueron adquiriendo fuerza y tuvieron momentos de alta tensión principalmente en episodios donde  se llegaron a enfrentar sectores como los mineros o los maestros rurales con la policía. Por otra parte la escalada de las movilizaciones tuvo que ver  también con que a las protestas se fueron sumando varios sectores como el de jubilados/as y universitarios/as. En el marco de este conflicto, nuevamente las dirigencias  campesinas declararan su apoyo total al gobierno, señalando su disposición a enfrentarse a las movilizaciones de trabajadores/as “en defensa del proceso de cambio”. En este marco, las descalificaciones de gubernamentales a la protesta se orientaron a cuestionar la condición de clase de los movilizados, señalando que la COB habría reemplazado la vanguardia de proletariado minero por sectores supuestamente pertenecientes a “clases medias estatales”, refiriéndose al magisterio y trabajadores del sistema de salud, a quienes acusan de ser un sector “improductivo” de “conspiradores”,  “golpistas”, y “traidores”.
Por otra parte, algunos analistas y el propio gobierno  han criticado las movilizaciones de la COB en el sentido de que las mismas estarían evidenciando la incapacidad de el órgano matriz de los trabajadores de trascender el umbral de sus demandas corporativas e intereses particulares para asumir un papel más activo en el proceso de cambio junto a los sectores indígenas y campesinos y hacia la  construcción de un horizonte postcapitalista. Desde otra perspectiva, se plantea que la resistencia a una medida como el “Gasolinazo”, junto a la demanda legítima de salarios más justos  y de derogación del Decreto Supremo 20160 son señales de una COB revigorizada, que puede asumir un rol interesante en un proceso marcado por una fuerte presencia identitaria indígena. Desde esta línea se plantea que existen serios límites para lograr un diálogo político sobre la profundización del proceso de cambio, capaz de trascender el ámbito de las demandas corporativas, que nos son atribuibles únicamente a los limites de las organizaciones sociales y sindicales, sino y principalmente a la ausencia de un escenario amplio y plural de deliberación colectiva.
En este punto del análisis cabe mencionar que, en el  marco del  conflicto con la COB y en ocasión del Día Internacional del Trabajo, el gobierno derogó el decreto  21060, promulgando una norma que elimina todas las disposiciones que fundamentaron esta disposición legal de 1985, que configuró el orden neoliberal en el país, a través de la implementación de las reforma estructurales concebidas bajo el Consenso de Washington. Esta medida, que era además una demanda del la COB, no ha logrado en la población el  impacto que tuvo el decreto de nacionalización del 1º de mayo de 2006, al inicio del primer gobierno de Evo Morales. Lo anterior se debe, por un lado,  a que el mencionado decreto ha sido implementado a través todo un cuerpo de leyes que deberá reformularse como condición para que se haga efectiva esta medida derogatoria. Es decir se deberán modificarse leyss tales como la Ley de Inversiones, la Ley de Exportación, la Ley Forestal, el Código de Minería, la Ley de Bancos y Entidades Financieras, entre otras. Por otra parte, existe escepticismo en algunos sectores principalmente de trabajadores sobre  la voluntad política del gobierno de  avanzar en un esquema post neoliberal, ya que existen otros decretos promulgados previamente por este gobierno,  orientado a eliminar los resabios del neoliberalismo, como por ejemplo una norma que elimina por decreto las práctica de flexibilización laboral  y sin embargo las mismas se siguen practicando de manera generalizada, incluso en las contrataciones de instituciones gubernamentales.
De manera general, en los conflictos antes descritos se da una suerte de dinámica de despolitización del proceso, desde un discurso   gubernamental cada vez más generalizado, con el cual se pretende equiparar las resistencias sectores de izquierda y de organizaciones sociales, sindicales e indígenas. Se argumenta que existe un tipo  de radicalidad de izquierda, en la que se engloba a múltiples actores a quienes no se puede acusar de oposición derechista, que estarían poniendo en peligro la continuidad del  proceso de cambio alinease supuestamente a la oposición de derecha. En este sentido, cualquier crítica a las políticas gubernamentales es leída como una amenaza al proceso de cambio. Sin embargo desde algunas organizaciones sociales, al menos desde sus espacios y dirigencias más autónomos se plantea, cada vez con más fuerza, que el apoyo al proceso de cambio no supone un apoyo incondicional al gobierno.
En los últimos días ha comenzado a hacerse más visible el conflicto  que confronta al gobierno con indígenas yuracarés, moxeños y chimanes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por la construcción de un mega proyecto carretero, que es parte de uno de los  corredor bioceánico y pretende  vincular Villa Tunari (Cochabamba) con  San Ignacio de Moxos (Beni)  atravesando  dicho parque y que le costará al Estado $US 442 millones de $US La Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIBC), la Central de Mujeres Indígenas de Beni (CMIB) y la Central de Pueblo Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B) y la CIDOB han pedido la paralización de las obras, exigiendo  el respeto del derecho a la consulta[ii]. El gobierno ratifica su posición de continuar la construcción de la vía. El vicepresidente del Estado señaló que los indígenas que se oponen son una minoría, pues esta carretera es una demanda de los pueblos indígenas de la zona, que la habría pedido hace 30 años y que si hasta ahora no se la construyó fue porque las oligarquías regionales lo habrían impedido y acusó a las ONG con “intereses oligárquicos” de intentar “bloquear” la ejecución del proyecto. Sin embargo, la dirigencia indígena negó que se haya pedido alguna vez que la carretera pase por el corazón de esa reserve ecológica. Los indígenas de Tierras bajas anuncian una marcha de protesta en contra de la ejecución del proyecto caminero, la misma que se iniciará el 2 de agosto si antes no se llaga a un acuerdo. Las dirigencias indígenas piden el cambio de el segundo tramo de la carretera para evitar que la reserva sea partida en 2.
La ley de la Madre Tierra y la Ley de  Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria
En medio de los escenarios antes descritos, escenarios marcados por el conflicto y distanciamiento entre el gobierno y las organizaciones sociales, en el que el factor común de la dinámica política ha sido la estrategia gubernamental de desacreditar cualquier postura que plantea alguna crítica a sus políticas, en lugar de propiciar espacios de deliberación y debate plural, existen algunos momentos políticos de este segundo mandato presidencial de Evo Morales en los que  se han dado procesos importantes de construcción colectiva de propuestas legislativas. En este punto es import6nate rescatar el dialogo entre las organizaciones del Pacto de Unidad y algunas instancias del gobierno y la Asamblea Plurinacional para la elaboración una propuesta de  Ley de la Madre Tierra. Como producto de un proceso deliberativo amplio en el marco de la articulación de organizaciones sociales del Pacto de Unidad se plantea una importante propuesta de Ley de la Madre Tierra, en la que desde las cosmovisiones indígenas se elabora  un instrumento legal fundamental que pudiera ser el marco para construir un nuevo cuerpo de leyes y políticas públicas  orientadas a enfrentar de manera clara y contundente el sistema de acumulación capitalista basado en la explotación de la naturaleza y en concepciones estractivistas de la  producción. Desde esta perspectiva se abandona la idea de recursos naturales explotables para avanzar en una concepción de los ciclos vitales como base para la constitución de horizontes políticos del Vivir Bien.  La ley concibe un capítulo de derechos y obligaciones para con la Pachamama ( Madre Tierra) y proyecta la construcción de un consejo de la Madre Tierra , en cargado de la coordinación de políticas públicas , sí como mecanismos de participación y el control social para la gestión integral y ecológica  de la Madre Tierra y estipulo el derecho de los pueblos indígenas al  consentimiento previo, derecho reconocido de los pueblos indígenas por la Constitución Política del Estado, por parte de Naciones Unidas y convenios internacionales. También se mencionan etapas de transición de los “recursos naturales estratégicos” destinados al Vivir Bien a nuevas formas de concebir y construir la relación de los diferentes seres vivos en la naturaleza lejos de miradas antropocéntricas.  La norma también ofrece interesantes alternativas para la gestión de la territorialidad, la tierra y el territorio, así como de las áreas protegidas y la conformación de un nuevo régimen económico. Un extracto de esta propuesta ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de  2010 bajo el nombre de Ley Corta de los Derechos de la Madre Tierra[iii]. Sin embargo, la propuesta más amplia, producto del proceso deliberativo  no ha sido aún debatida en el pleno de las cámaras del el órgano legislativo, pero está ya agendada. Entre tanto se  ha promulgado la ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria. Según fuentes ofiviales el carácter revolucionario de la Ley está en el apoyo  a los productores con créditos, seguro agrícola, así como en la los incentivos a la promoción del consumo nacional y conservación de áreas para la producción, como base de una nueva política de seguridad y soberanía alimentaria. El cuestionamiento principal a la misma es que permite el cultivo de productos transgénicos siempre y cuando no sean alimentos originarios del país, como la papa y el tarwi, con lo que se ha dicho que es una ley que apoya el agronegocio[iv].
Lecturas contrapuestas sobre la conflictividad sociopolítica en el país en el segundo gobierno de Evo Morales
Finalmente, presento  una síntesis de dos visiones contrapuestas sobre el escenario antes descrito, que han circulando en las últimas semanas en documentos político publicados en medio de comunicación.
Por un lado, el vicepresidente Álvaro García Linera se refiere al momento actual como la quinta fase del proceso de cambio[v], en una lectura lineal según la cual las dos primeras fases corresponden  a la Guerra del Agua y las sublevaciones de septiembre-octubre del 2003. La tercera fase  tocaría a la primera elección Evo Morales, hecho que para García Linera supuso la toma el poder por parte del bloque popular. La cuarta fase al intento golpista de la derecha y la victoria  popular sobre el mismo, que habría terminado afianzando el proceso de cambio. La quinta fase se caracteriza por la presencia de contradicciones dentro del bloque nacional-popular,  en torno a la conducción del mismo,  contradicciones no sólo  considera secundarias, sino creativas por su potencial movilizador. Las llamadas tensiones creativas tienen que ver, para el vicepresidente, con los siguientes puntos:   a) la relación entre Estado y movimientos sociales, que según su versión estaría  resuelta mediante el debate democrático. b) La segunda tensión planteada  es la que se da entre la necesidad de garantizar la conducción indígena, campesina, obrera y popular del proceso y a la vez incorporar otro sectores. c) Tercera tensión se refiere a la confrontación de  intereses generales frente a intereses particulares; entre la lucha comunitaria y la búsqueda del interés individual, sectorial, particular y privado. d) Cuarta tensión se refiere al proceso de   industrialización en marcha y el horizonte del Vivir Bien.
Una lectura opuesta a la de las tensiones secundarias y creativas sobre la conflictividad política en el segundo gobierno de Evo Morales es la que plantean quienes consideran que el proceso de cambio ha entrado en una fase de crisis profunda, caracterizada por el distanciamiento del gobierno y las organizaciones sociales y la falta de aplicación real del texto constitucional. Tal es el caso de la Coordinadora Plurinacional de la Reconducción[vi], que ha emitido un pronunciamiento público en el que plantean la existencia de contradicciones fundamentales que deberían ser resueltas si se quiere reencauzar el proceso. En lo económico se plantean contradicciones que tiene que ver con el estancamiento de la nacionalización; la persistencia del modelo extractivista y rentistas; el crecimiento de la deuda pública. En lo político se planten dos contradicciones centrales una que tiene que ver con la violación a principios democráticos y el alejamiento del gobierno construcción del Estado Plurinacional.
También es importante mencionar el Acta del encuentro de las organizaciones del Pacto de Unidad, de 4 y 5 de junio del presente año emitido  en el que se habla de la usurpación del papel que deberían tener  los movimientos sociales en el  proceso de cambio por parte de funcionarios estatales estatal que estarían incurriendo en una serie de errores políticas. En este documentos e señala la necesidad de que el Pacto de Unidad se constituya en un Consejo Político del Gobierno, que esté por encima del ejecutivo y de la Asamblea Plurinacional y que suma el rola de “salvar”  y profundizar el proceso para asumir la construcción del Estado Plurinacional[vii].
Sobre estas miradas contrapuestas del proceso, podemos señalar a modo de conclusión, que lamentablemente no se han enfrentado en un escenario de debate público y plural. Desde ámbitos oficialistas se ha pretendido descalificar cualquier tipo de manifestación pública crítica, restándoles importancia o a través de descalificaciones, sustentadas en adjetivos  calificativos más que en argumentos. Lo despolitizador de este momento está en que se pretende equiparar artificialmente la crítica de actores, que han sido y son parte del proceso por el hecho de haberse  alejado de la gestión gubernamental, con la crítica de sectores conservadores. Paradójicamente algunos sectores claramente identificados con la derecha son admitidos sin mayores reparos  en las filas del MAS. También se apunta a descalificar las posiciones de dirigentes sociales que plantean algún tipo de observación a la gestión gubernamental o se sataniza la palabra ONG cuando se  trata de aquellas que plantean posturas críticas, aunque en sus momento fueran consideradas aliadas del proceso. En este sentido, no parece vislumbrase un escenario deliberativo en el que el gobierno asuma la sana postura de ser una parte, pero no la totalidad de un proceso de cambio que lo precedió y que, por ende, también puede superarlo. Sólo desde una perspectiva tal podrá asumir las posturas críticas como importantes y necesarias.
Notas

[i] La subvención le costó al Tesoro General de la Nación (TGN), la gestión 2010, $us 666 millones y se  estima que  2011 llegaría a costar aproximadamente $us1.000 millones de $US.
2Para mayor información sobre este punto, ver en  anexo el artículo  “ Indígenas, un alto en el camino”  de Jaime Salvatierra  ( http://www.la epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=648)
[iii]Ver en anexo proyecto  de ley de las organizaciones del pacto de Unidad y la ley corta aprobada en la Asamblea Plurinacional
[iv] Ver en anexo artículos sobre el debate en torno a esta ley de revolución productiva
5Ver en  anexo el artículo Las tensiones creativas de la revolución de Álvaro García Linera http://www.la-razon.com/version_temp.php?ArticleId=1711&EditionId=2550&idp=42&ids=33
4En este espacio figuran algunas ex autoridades de gobierno, que se han distanciado de este por sus posturas críticas al modo en que se está conduciendo el proceso; dirigentes sociales e intelectuales indígenas y de izquierda. Consultar su último pronunciamiento en el anexo  o en www.bolpress.com/art.php?Cod=2011062207
[vii] Ver anexo Acta de le encuentro Pacto de Unidad