6/5/11

WikiLeaks: Masivas violaciones a los derechos humanos en Guantánamo


No causó sorpresa la revelación efectuada por WikiLeaks respecto de casi 5.000 informes secretos compartidos entre las fuerzas de control de la base de Guantánamo y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, relacionados a las masivas violaciones a los derechos humanos de los presos alojados en esa cárcel de máxima seguridad.

Las filtraciones difunden información acerca del perfil de más de 700 hombres que pasaron por las celdas de esa prisión. Según informó el diario español "El País", los detenidos eran clasificados según una escala de tres niveles de peligrosidad, evaluación basada mayoritariamente en conjeturas, sospechas o delaciones de otros presos sometidos a torturas.

El estudio minucioso de los perfiles y los datos con que las fuerzas estadounidenses los elaboraron confirman que la cárcel fue tan sólo un depósito de personas brutalmente maltratadas. Y que entre sus detenidos hubo maestros, granjeros y periodistas que ninguna relación tuvieron con actividades terroristas.

De los más de 700 presos cuyos perfiles fueron revelados, 89 no suponían riesgo alguno para la seguridad del país. En tanto que Estados Unidos reconoció que es "improbable que otros 77 fuesen una amenaza para la nación o sus aliados". Por lo demás, los informes permiten concluir que el 20% de los detenidos fue conducido al centro de detención de forma arbitraria.


En dichos documentos apenas aparece mencionada la palabra tortura. Sin embargo, estudios independientes como el publicado días atrás por la revista "PLoS Medicine" revelan la participación del personal sanitario durante las violencias ejercidas contra los detenidos durante los interrogatorios.

Según esa revista, en nueve de los casos analizados las prácticas de los interrogatorios se basaron en las tristemente conocidas "técnicas reforzadas". Se trata, concretamente, de privación de sueño, exposición a temperaturas extremas, amenazas graves y posiciones forzadas. Técnicas consideradas como tortura por varios comités de las Naciones Unidas, aunque aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos a partir del 2002 para este tipo de prisioneros.

Lo curioso es que, según sostuvo días atrás el diario "Página 12", Argentina formó parte de los países a los que el gobierno de Barack Obama intentó convencer para que recibieran en su territorio presos provenientes de la cárcel de Guantánamo. Ofrecimiento que se produjo poco después de la llegada de Obama a la Casa Blanca, en los primeros meses del 2009, y que tuvo una respuesta negativa por parte de la Argentina.

El cierre de la cárcel de Guantánamo fue una de las primeras promesas formuladas por Obama como presidente. Sin embargo, no sólo fracasó en su objetivo, sino que propuso pagar 22.000 dólares anuales por cada preso que Argentina aceptara llevarse desde la cárcel aún en funcionamiento.

Tal como confirman los cables filtrados por WikiLeaks, los detenidos que llegarían a nuestro país habían sido apresados de manera ilegal, pues no eran prisioneros de guerra ni estaban amparados por el derecho internacional ni tampoco tenían acceso a la Justicia.

Según el prestigioso filósofo Giorgio Agamben, carecemos hasta hoy en el derecho público de una teoría del estado de excepción, a punto tal que los juristas suelen desconocerlo como un genuino problema jurídico. Se trata, entonces, de una verdadera tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político y entre el orden jurídico y la vida.

Tan así es que el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Lo cual constituye una verdadera dislocación de una medida provisoria y excepcional que se vuelve técnica de gobierno, con el peligroso efecto de transformar radicalmente el sentido de las garantías constitucionales tradicionales.

La prisión de Guantánamo es una manifestación de ese estado de excepción y sus detenidos, el arquetipo esencial de un puro señorío de hecho. Su puesta en funcionamiento ha venido a consagrar una suerte de detención indefinida no sólo en el sentido temporal sino también en cuanto a su propia naturaleza, dado que se encuentra absolutamente sustraída a la ley y ajena a todo control jurídico.