2/5/11

La inteligencia emocional y la corrupción en Colombia



María Luisa Rodríguez Peñaranda

Siempre me pareció extraña la inusitada fama que el libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman tenía en el contexto colombiano. Bajo la premisa de que el éxito laboral no sólo se explica por las capacidades cognitivas de las personas y que la habilidad para autocontrolar nuestras emociones y orientarlas hacia la eficacia del trabajo personal y las relaciones con otras personas podían llegar a jugar un rol mucho más importante que la misma inteligencia para conseguir el anhelado fin; el mensaje caló con fuerza en una sociedad en la que una buena parte de la población está dispuesta a hacer cualquier cosa para sobrevivir y destacarse.

 De repente cualquier ciudadano recitaba la versión vulgarizada del texto como cápsulas de buen comportamiento laboral, frases como “hay que ser adaptativo”, “usted está aquí para facilitarle las cosas al jefe y no para complicárselas” y la muy coloquial “no hay que pataer la lonchera”, en donde la lonchera es la provisión de alimentos que no se puede poner en riesgo, independientemente de los motivos que tuviese el trabajador, servían como pretexto para el conformismo y la disciplina laboral. Así poco a poco, y bajo el autoritarismo exhalado por el expresidente Uribe, se creó un clima en el que disentir laboralmente era visto por los colegas como inoportuno e impertinente, y evidencia de un carácter inconforme, de un liderazgo negativo, la rueda suelta que no se acomoda al unanimismo imperante, en suma: falta de inteligencia emocional.

Intuyo que cuando Goleman escribió su primer libro, no se le ocurrió un contexto en el que justamente el peor de su clase puede llegar a ser su jefe; porque en estas tierras el mérito, sin más, es el mecanismo menos usual para ascender laboralmente; mientras que el clientelismo, la familia, los contactos, los favores, el comercio sexual, condimentado con una amplia  permisibilidad moral y sensibilidad por el dinero rápido se imponen. Aunque todo esto es sabido por los colombianos, una vez conseguido el cargo, conservarlo es lo más difícil. Con un botín burocrático enorme y los cargos de libre nombramiento y remoción, o en la versión más realista cargos  “de difícil nombramiento y fácil remoción” el poder del que ostenta la cabeza de la rama ejecutiva y sus ministerios, así como los entes de control que se terminados en ía: la Procuraduría General, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Auditoría, concentra además de sus funciones, la amplia discrecionalidad de la que dispone para seleccionar a un buen porcentaje de sus funcionarios sin concurso y sin justificación.

Dentro de las virtudes que debe desplegar cualquier jurista para llegar a una de esas altas dignidades está su capacidad de negociación de puestos con el ente nominador. Quien mejor reparta es el que más opción tiene para llegar. Esta lamentable dinámica del poder ha hecho que el entorno cercano de un Senador y su maquinaria política sea el que generalmente se quede con el grueso de los cargos públicos al interior de los órganos de control.

Por otra parte, que la principal forma de provisión de los cargos públicos sea la del libre nombramiento y remoción convierten a un don nadie que asciende a una Procuraduría General de la Nación, para sólo mencionar un ejemplo, en el gran magnate que en 4 años tiene en sus manos la disponibilidad de cientos de cargos, y de carreras profesionales, con los más altos sueldos del Estado para proveerlos según sus caprichos. Justamente el actual Procurador Alejandro Ordoñez ha escogido como principal criterio para proveer los cargos de la entidad el de intercambiarlos por votos en el Senado para preparar su reelección, unido a un encarnizado fanatismo e intolerancia religiosa de flagrante vulneración de los derechos humanos.

Pero ¿qué pasa cuando el jefe, símbolo del éxito, forma parte de una cadena de corrupción religiosa o económica? Esta pregunta cuya respuesta parece fácil, en el entorno descrito no resulta ser tan obvia. Justamente en los últimos meses, jóvenes que hasta hace apenas un año eran vistos como exitosos profesionales en cargos de alta responsabilidad del Estado o del sector privado, profesionales de universidades de élite, algunos con títulos de doctorado en el exterior, hijos de exministros, se ven ahora sentados en el banquillo por dos de los escándalos de corrupción más importantes en las últimas décadas, el denominado “carrusel de la contratación de los primos Nule” y el Agro Ingreso Seguro -AIS.

El primero de ellos relacionado con el reconocimiento público y posterior confesión judicial de los jóvenes empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule, dos hermanos y un primo, de que como contratistas de las megaobras de infraestructura de Bogotá pagaron millonarias comisiones, apartamentos y vehículos a altos cargos del gobierno distrital, a las directivas  del Instituto de Desarrollo Urbano Distrital  -IDU-, y al Contralor Distrital, al que además se involucró al Senador Iván Moreno, hermano del actual alcalde de Bogotá Samuel Moreno, todo ello para la supuesta monopolización de los contratos y el recibo de billonarios anticipos, dinero del erario público que al parecer se despilfarró sin el menor recato. Los iniciales retrasos en la entrega de las obras, la falta de planificación, y finalmente el estancamiento de la movilidad en Bogotá agudizaron la situación ante la opinión pública.

El segundo escándalo le imprimió un sello de gestión a la administración inequitativa y de concentración de la tierra del gobierno Uribe. Se trata del proyecto conocido como Agro Ingreso Seguro –AIS-, que canalizó mediante subsidios no reembolsables al Estado una cifra aún no precisada, pero que ronda nada menos que unos 140.000 millones de pesos, a unas pocas familias terratenientes y uribistas de la costa atlántica y del Valle del Cauca. La entrega de dineros públicos se hizo bajo el pretexto del fortalecimiento del campo y la creación de proyectos, pero en realidad culminaron con el fortalecimiento de tan sólo tres monocultivos agroindustriales ecológicamente agresivos, la Palma Africana, Banano y Caña. Por lo demás los dineros fueron dirigidos únicamente a  labores de riego y drenaje. Escándalo que como daño colateral también involucró a una ex reina nacional de la belleza cuyo novio era el viceministro.  Esta fiesta de dinero se repartió cuando aún no se ha solucionado la terrible crisis humanitaria producida por el desplazamiento forzado de miles de familias del campo a las ciudades a causa del conflicto armado.

El responsable directo de AIS fue el exministro de Agricultura, el joven economista Andrés Felipe Arias, quien tuvo como principal mérito que al ser el señuelo de Uribe en la aspiración a la reelección, y dada su innegable capacidad para mimetizar el carácter y estilo del expresidente, consiguió hacerse suyo el apodo de “uribito”, una excelente estrategia de ascenso cuando el jefe es el presidente y una pésima opción cuando es el expresidente.

Lo cierto es que a los estrados judiciales han venido a parar distinguidos jóvenes anteayer exitosos, capaces de adaptarse, diligentes y eficientes en su labor, que actuaron de buena fe según sus propias palabras, inteligentes emocionales hace un año, hoy débiles de carácter, oportunistas y finalmente corruptos.  La corrupción económica es de alguna manera fácil de probar, la religiosa será un poco más dispendiosa, en todo caso, en un contexto como este, en el que para mantener el cargo hay que comprometer la conciencia,  fracasar laboralmente es prácticamente el mejor éxito personal.  

María Luisa Rodríguez Peñaranda es profesora de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia