11/4/11

Uruguay: La diáspora de un país de inmigrantes


Nicolás Grab
El Uruguay formado por inmigrantes sufrió un transformación traumática al convertirse en el país de origen de una diáspora. Mantuvo por largo tiempo criterios y normas que se concibieron para realidades distintas por completo, y todavía le falta completar su ajuste a la nueva situación.
Eric Hobsbawm, extraordinario historiador de la era contemporánea, respondió una vez a la pregunta de cuál fue, a su juicio, el hecho de mayor trascendencia histórica del siglo XX. No mencionó las dos guerras mundiales ni el nacimiento de la era atómica. Ni el fin de los imperios coloniales, ni la confrontación de la Guerra Fría. Tampoco el estallido de la tecnología, la producción, la información y las comunicaciones, ni la globalización. No; dijo que el siglo XX probablemente sería recordado ante todo por sus acontecimientos demográficos: la evolución extraordinaria de la población mundial y sus consecuencias.
Esto sorprende porque lleva a segundo plano todos los hechos que en su tiempo se vivieron como más extraordinarios. La trascendencia histórica de un acontecimiento se refiere a su proyección en el futuro y sus derivaciones en germen; y el vaticinio de Hobsbawm contiene toda una lección en el ejercicio bien difícil de ponderar las cosas con perspectiva. ¿Cuántas veces hemos visto los veteranos, a lo largo de nuestra vida, que un hecho se proclamara como el umbral de una era totalmente nueva? La bomba de Hiroshima, la fundación de las Naciones Unidas, la píldora anticonceptiva, el trasplante de órganos, el SIDA, la caída del Muro de Berlín, el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York….
Y bien: sería interesante plantearnos, recogiendo la lección que lleva implícito el dictamen de Hobsbawm y situándonos en nuestra escala reducida, la misma pregunta respecto del Uruguay: ¿cuál fue el hecho de mayor trascendencia histórica del siglo XX en este rincón del mundo?
Por supuesto que corresponde a otros responder a semejante pregunta. Pero, sin más credenciales que la de haber sido testigo de ese siglo XX uruguayo durante un 60% de su duración, me atreveré a aventurar una hipótesis aunque solo sirva para que la refuten quienes pueden hablar con más autoridad. El hecho de mayor trascendencia histórica del siglo XX en el Uruguay tal vez haya sido la transformación de un país de inmigrantes en el país de origen de una diáspora.
Que el Uruguay era un país de inmigrantes fue siempre una verdad demasiado obvia para buscarle demostraciones. El territorio apenas tuvo, hasta avanzado el siglo XVIII, más pobladores que los indígenas que después fueron exterminados. La inmigración europea, aunque irregular y por oleadas, fue impresionante en todo el siglo XIX, y en 1860 más de un tercio de la población total era extranjera.
Pero el inmigrante típico cambió profundamente en el novecientos. Antes, en el siglo XIX, el inmigrante había sido esencialmente un extranjero. Buscó prosperar y lo logró en tal grado que controló prácticamente la economía del país: más de la mitad del valor de todos los inmuebles llegó a pertenecer a extranjeros, incluidos los campos. Pero esos inmigrantes optaron masivamente por mantener su condición de extranjeros y no nacionalizarse. En ese Uruguay que hasta el último tercio del siglo fue un país caótico con un Estado impotente, el inmigrante prefería el amparo de su bandera y de su cónsul dejando a las familias patricias (venidas algunas generaciones antes) el monopolio total de la política, sin inmiscuirse en sus querellas y sus guerras civiles.
Aunque estas caracterizaciones puedan ser una reducción a la caricatura, es indudable que el inmigrante típico del siglo XX asumió una actitud diferente, porque era distinto el país que encontró. Llegó a un país formado y estable, organizado y orgulloso pero abierto a recibirlo, y se vinculó con esa sociedad por lazos de otra naturaleza. Fuera español o armenio o centroeuropeo, cultivó la relación con sus coterráneos y no dejó de ser el tano o el judío o el gallego, pero tramitó en cuanto pudo su Carta de Ciudadanía y se sintió parte de ese Estado, ligado a él por el más fuerte de todos los sentimientos posibles de vínculo entre una nación y su gente: la satisfacción íntima y orgullosa de integrarla. Se forjó así un país que parecía consustanciado con esta peculiaridad. Un país en que Maracaná o las elecciones movían y conmovían a todos por igual, y al mismo tiempo los inmigrantes se distribuían en una profusión tal de clubes y sociedades que las había hasta por provincias de España y regiones de Italia, entrecruzadas con las afinidades políticas. Las radios trasmitían una cantidad inverosímil de programas en idiomas diversos, que las colonias respectivas no se privaban de mantener. Y esas colonias eran tan numerosas que un catalán, un libanés o un húngaro podía resolver todos sus asuntos (comprar pan, transportar sus muebles, cortarse el pelo o lo que fuera) recurriendo a sus coterráneos y hablando su idioma. Puedo dar fe.
Pero también en el siglo XX el último tercio marcó un cambio, y su profundidad fue mucho mayor aun. El péndulo osciló brutalmente. Cuando en 1971 el Frente Amplio lanzó en su primera campaña electoral la consigna "Hermano, no te vayas: ha nacido una esperanza", ya hacía tiempo que funcionaban clubes uruguayos en Toronto y en Sidney. La emigración entre 1963 y 1975 se ha estimado entre 220.000 y 290.000 personas: solo en esos años se fue, como mínimo, uno de cada 13 habitantes del país. Los uruguayos que emigraron solo en 1974 fueron más que los habitantes de la ciudad de Paysandú. Solamente a Australia se fueron ese año 10 uruguayos por día. Y hoy los residentes uruguayos en el exterior son más de 550.000.
Quinientos cincuenta mil emigrantes significan que hay un uruguayo emigrado por cada seis que residen en el país. En ese "Departamento 20" de la diáspora viven más uruguayos que al norte del Río Negro. Si la diáspora fuese de verdad un departamento más, elegiría 14 diputados.
Sicólogos y sociólogos han enfocado en detalle las peculiaridades sociales e individuales de los emigrantes. Pero sus elementos manifiestos y típicos, que tienden a ser generales en todo el mundo, son notorios. El emigrante adopta en su nuevo entorno algunos rasgos que pueden no haberlo caracterizado en su ambiente de origen: ante todo, una disposición excepcional al esfuerzo, el sacrificio y la frugalidad, que puede combinarse con aspiraciones ambiciosas a largo plazo. Esta actitud, que en tiempos lejanos fue tan patente en el Uruguay en almaceneros armenios, guardas de ómnibus gallegos o quinteros italianos, la presentan desde hace décadas con la misma evidencia los emigrantes uruguayos en Málaga o en Nueva Jersey.
El Uruguay vivió este vuelco fundamental sin ajustarse institucionalmente durante mucho tiempo al profundo cambio de realidades que suponía. Solo hace pocos años se empezó a actuar para crear y consolidar vínculos serios entre el país y su gente dispersa.
Tiempo atrás, los países europeos que veían alejarse importantes contingentes de su población buscaron preservar en lo posible el vínculo de los emigrados con su país natal, y han mantenido esa política firmemente hasta hoy. Es importante reparar en los fundamentos de esa política. Basta pensar en los regímenes que la instauraron en el siglo XIX para comprender que no la inspiraba una solidaridad altruista con los compatriotas a quienes la miseria expulsaba a horizontes lejanos, sino la comprensión de que el interés nacional aconsejaba a todas luces proceder así. Por lo mismo, esa tendencia de los países de emigración ha sido permanente y sistemática. España e Italia, los dos países que más aportaron a la población uruguaya, lo muestran con elocuencia. Además de toda clase de esfuerzos y actividades de orden social y cultural, ambos procuran conservar los lazos puramente políticos. La nacionalidad se reconoce y se mantiene a los emigrados y sus descendientes sin poner reparos a la doble nacionalidad con la del país de residencia. Esos ciudadanos votan en las elecciones como los demás. Italia reserva para los "italianos del exterior" un número fijo de escaños en el Parlamento.[1] Los españoles permiten el voto por correspondencia para la circunscripción de origen del emigrante, o del antepasado que emigró, con los mismos efectos que si el votante residiera allí.[2]
En Uruguay se mantuvieron sin cambios reglas que se establecieron cuando nuestra realidad era totalmente distinta. La Constitución se redactó sin imaginar la hipótesis de una población uruguaya emigrante, cuando los problemas que era preciso definir se referían a la situación de los extranjeros en el Uruguay. Basta reparar en la norma que concede derecho de voto sin ciudadanía uruguaya a los extranjeros con 15 años de residencia[3], disposición cuyos beneficiarios se han reducido a algunos cientos. La Constitución define al país mismo como "la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio".[4]
Hacía falta un cambio radical de perspectiva y de actitud. Es una aberración tratar al uruguayo de la diáspora como un desertor o un tránsfuga en vez de reivindicar a los uruguayos dispersos como conciudadanos, miembros plenos de esa "asociación política" de que habla la Constitución. Más allá de cualquier consideración de justicia o solidaridad, va en ello el interés del Uruguay, nuestro interés nacional, como lo fue y sigue siendo el de Italia o de España.
Solo hace pocos años se abordó desde el gobierno la indispensable atención a estos problemas. Se han creado por fin mecanismos oficiales dedicados a ocuparse de la ciudadanía ausente, fomentar el sentimiento de unidad nacional a través de fronteras y darle significado práctico. Una ley de 2008[5] abordó toda la temática de las migraciones, que estaba sujeta a un régimen nebuloso y caótico en que las decisiones seguían apoyándose en normas de 1936 o 1947 o hasta en criterios adoptados por la administración sin ningún sustento legal. Dentro de esta ley, un capítulo especial consagró por fin algunos principios fundamentales sobre los uruguayos residentes en el exterior.[6]
Hay incógnitas y previsiones variadas sobre hacia dónde se inclinará en el futuro el péndulo de nuestras migraciones. Pero una cosa es segura. Puede ocurrir que se acentúe una tendencia al retorno de emigrados y también es posible que el Uruguay vuelva a recibir inmigrantes de otras tierras. Pero no dejará de existir una diáspora uruguaya. Seguirá habiendo un volumen importante de compatriotas dispersos aunque el saldo migratorio vuelva a ser positivo. También en esto valen los precedentes de Italia o España. Dejaron de sufrir la sangría de la emigración, pero no dejaron de tener en el exterior núcleos enormes de emigrantes y sus descendientes.
Por lo tanto, la adecuación a esta realidad, que mal puede llamarse nueva después de cuarenta años, tiene que completarse. Lo que se puede realizar en el marco de las leyes y la acción de gobierno es fundamental pero tiene límites que forzosamente habrá que superar. Los criterios de la Constitución, en cuanto su anacronismo perjudica al país, deberán modificarse siguiendo los procedimientos que ella estipula. Se destacan en este sentido dos temas: el derecho de voto de los residentes fuera del país y la ciudadanía de los hijos de uruguayos.
La Constitución reconoce la condición de "ciudadano natural" a "los hijos de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento…".[7] Pero esta disposición es más altisonante que eficaz, porque la frase sigue: "… por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico". Ese necesario "avecinamiento" se entiende como la residencia estable en el país, cuya efectividad se controla minuciosamente por la Corte Electoral. O sea que el hijo de uruguayo o de uruguaya nacido en el exterior, a pesar de que se lo proclama "ciudadano natural", no tiene el ejercicio de sus derechos cívicos si no regresa al país y se instala efectivamente para residir en él.[8]
En cuanto al reconocimiento del derecho de voto, es la primordial entre las modificaciones indispensables[9] porque allí reside una manifestación patente y oprobiosa de discriminación. Nuestro régimen no prohíbe a los emigrados votar libremente, sino que condiciona su voto a que puedan desplazarse hasta el Uruguay para emitirlo. Como ninguna norma exige la residencia en el país para poder votar, el emigrado que dispone del dinero y el tiempo necesarios es bienvenido a votar con absoluta licitud. Nadie objeta que lleve décadas viviendo fuera del país, y más bien todo el mundo aprecia su venida como un acto patriótico, una muestra muy encomiable de apego a su tierra. Pero, al mismo tiempo, el que no viene porque no cuenta con esos medios, o reside demasiado lejos, o no puede viajar, no puede hacer lo mismo. Ese no puede votar.
¿Podemos seguir tolerando en el Uruguay este criterio sublevante que supedita los derechos cívicos a la riqueza?

Notas
1] Art. 48 de la Constitución italiana, en traducción: "La ley determinará los requisitos y las modalidades para el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos residentes en el exterior y garantizará su efectividad. Se instituye con ese fin una Circunscripción del Exterior para las elecciones a las Cámaras, a la que se asignarán escaños en el número que se establezca por norma constitucional y conforme a criterios determinados por la ley."
[2] Art. 68, párrafo 5, de la Constitución española: "La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España".
[3] Art. 78: "Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República".
[4] Esta fórmula se estableció en 1917, pero la limitación a los residentes en el territorio proviene de la primera Constitución, de 1830, que decía así: "El Estado Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los ciudadanos comprendidos en los nueve departamentos actuales de su territorio". La Constitución de 1830 establecía más adelante (art.8) dos clases de ciudadanos ("naturales" y "legales"), incluyendo en la primera a "todos los hombres libres, nacidos en cualquier parte del territorio del Estado" y en la segunda a numerosas categorías de extranjeros residentes en el territorio, combatientes en el Ejército, padres y cónguyes de "hijos del país", y "los hijos de padre o madre natural del país, nacidos fuera del Estado, desde el acto de avecindarse en él". Muchas de estas cosas subsisten o tienen vestigios hasta hoy, en particular la dualidad de criterios entre la definición del país y la determinación de sus ciudadanos.
[5] Ley de Migración, nº 18.250. Su capítulo XIV se titula "De los uruguayos en el exterior".
[6] Establece el artículo 73: "El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, tendrá a su cargo la coordinación de la política nacional de vinculación y retorno con la emigración. Planificará, programará y ejecutará dicha política en el exterior a través del Servicio Exterior de la República, el que considerará especialmente las sugerencias que al efecto emitan los Consejos Consultivos en cuanto fuera pertinente."