21/1/11

Nación dividida por el bien y el mal


Paul Krugman

La semana pasada, el presidente Barack Obama hizo un llamamiento a los estadounidenses para que “acrecentemos nuestra imaginación moral, escuchemos a los demás con mayor cuidado, agudicemos nuestro instinto de empatía, así como nos recordemos todas las formas en que nuestras esperanzas y sueños están entrelazados”. Fueron hermosas palabras; hablaron de nuestro deseo por la reconciliación.

Sin embargo, la verdad es que somos una nación profundamente dividida y es probable que lo sigamos siendo por largo tiempo. Por lo que más quieran, escuchémonos mutuamente con mayor cuidado; sin embargo, lo que vamos a descubrir, temo, es cuánta distancia hay entre nosotros.


Esto porque el gran cisma en nuestra política no es realmente sobre temas pragmáticos, sobre cuáles son las estrategias que funcionan mejor; es sobre diferencias en esa misma imaginación moral que Obama nos exhorta a acrecentar, sobre creencias divergentes con respecto a qué constituye justicia.

Y el verdadero desafío que enfrentamos no está en cómo resolvemos nuestras diferencias –algo que no ocurrirá en el futuro cercano– sino en cómo mantenemos la expresión de esas diferencias dentro de los límites.

¿De cuáles diferencias hablo?

Un lado de la política estadounidense considera que el estado moderno de asistencia social –una economía de empresa privada, pero en la cual se cobran impuestos a los ganadores de la sociedad para que cubran el costo de una red de seguridad social– es moralmente superior al violento y descarnado capitalismo que teníamos antes del New Deal. Tan solo es correcto, cree esta parte, que los ricos ayuden a los menos afortunados.

La otra parte cree que la gente tiene derecho a quedarse con lo que ganan, y que cobrarles impuestos para mantener a otros, sin consideración a cuánto lo necesiten, equivale a robo. Eso es lo que está detrás de la predilección del derecho moderno por la retórica violenta: muchos activistas de la derecha realmente consideran que los impuestos y la normatividad son imposiciones tiránicas sobre su libertad.

No hay terreno medio entre estas perspectivas. Un lado consideraba que la reforma de salud, con su extensión subsidiada de cobertura para la gente sin seguro, cumplió un imperativo moral: creía que naciones ricas tienen la obligación de suministrarles atención elemental a todos sus ciudadanos. La otra parte veía la misma reforma como una indignación moral, un embate sobre el derecho de los estadounidenses a gastar su dinero como ellos decidan.

Este profundo cisma en la moralidad política de los estadounidenses –ya que a eso equivale– es un progreso relativo en fechas recientes. Comentaristas que anhelan con nostalgia los días de civilidad y bipartidismo, se den cuenta de ello o no, anhelan los tiempos en que el Partido Republicano aceptaba la legitimidad del Estado asistencialista, e incluso estaba dispuesto a contemplar su expansión. Como han notado muchos analistas, la reforma de salud de Obama –cuya aprobación enfrentó vandalismo y amenazas de muerte en contra de integrantes del Congreso– seguía el modelo de planes republicanos de los años noventa.

Pero, eso fue en esos tiempos. Hoy día, el Partido Republicano, conocido como GOP, considera que buena parte de lo que hace el gobierno federal de tiempos modernos es ilegítimo; no así el Partido Demócrata. Cuando la gente habla sobre diferencias partidistas, con frecuencia parece que dan a entender que estas diferencias son menores, cuestiones que podrían resolverse con un poco de buena voluntad. Pero, de lo que hablamos aquí es de un desacuerdo fundamental con respecto al papel apropiado del gobierno.

Los lectores asiduos saben de qué lado del cisma estoy. En columnas subsiguientes no dudaré en pasar mucho tiempo destacando la hipocresía y falacias lógicas del grupo de “Yo lo gané y tengo el derecho a conservarlo”. Y también tendré mucho que decir con respecto a cuán lejos estamos verdaderamente de ser una sociedad de oportunidades iguales, en la cual el éxito dependa exclusivamente de los propios esfuerzos.

No obstante lo anterior, por ahora el interrogante está en saber en qué podemos coincidir dado este profundo cisma nacional.

En cierta forma, la política en general ahora se parece a la añeja política hacia el aborto: es un tema que pone en contra valores fundamentales, en el cual ambas partes creen que la otra está moralmente equivocada. Han pasado casi 38 años desde el fallo Roe vs. Wade, y esta discusión no está más cerca de una resolución.

Sin embargo, en su mayor parte hemos logrado acceder con respecto a ciertas normas básicas en la polémica del aborto: es aceptable expresar la propia opinión y criticar a la otra parte, pero no es aceptable ya sea participar en violencia o motivar a otros a que lo hagan.

Lo que necesitamos ahora es una extensión de esas reglas básicas al ámbito mayor del debate nacional.

Justo ahora, cada una de las partes en ese debate cree apasionadamente que la otra parte está mal. Y está bien que ellos digan eso. Lo que no es aceptable es el tipo de violencia y retórica alentando la violencia de eliminación, que se ha vuelto demasiado común en estos últimos dos años.

No basta con apelar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Necesitamos que dirigentes de ambos partidos políticos –o el presidente Obama solo, si es necesario– declaren que no se permite tanto la violencia como cualquier lenguaje que insinúe que la violencia es aceptable. Todos queremos la reconciliación, pero el camino a ese objetivo empieza con un acuerdo en el sentido de que nuestras diferencias serán arregladas mediante el estado de derecho.

© 2011 The New York Times News Service.