Foto: Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien como Presidente del Congreso
mostró su desacuerdo con las concesiones que ilegalmente se habían hecho al Vaticano
El instrumento legal que regía las relaciones con el Vaticano era la llamada Ley de Patronato, aprobada por el Congreso de la Gran Colombia en 1824, presidida entonces por Simón Bolívar y cuyo Vicepresidente era Francisco de Paula Santander. Cuando desapareció la Gran Colombia, fue ratificada por el Congreso de Venezuela en 1833.
Eleazar Díaz Rangel
El convenio entre la Santa Sede y el Estado venezolano, suscrito el 6 de marzo de 1964, hizo que emergieran significativas diferencias entre el presidente Rómulo Betancourt y el entonces presidente del Senado, Luis Beltrán Prieto Figueroa, en desacuerdo con las concesiones que se habían hecho al Vaticano.
Aunque Betancourt, cuando asumió la presidencia en 1959, se refirió en su mensaje al Congreso sobre la necesidad de aprobar un instrumento sobre esas relaciones, el caso es que siempre encontró alguna resistencia en su partido; durante casi cinco años no pudo aprobarlo y debió demorarlo hasta pocos días antes de entregar el gobierno a Raúl Leoni, electo en 1963.
Ese convenio reemplazaba a la Ley de Patronato, que había sido aprobada por el Congreso de la Gran Colombia en 1824, cuyo presidente era Simón Bolívar, y el vice, Santander; una vez separada Venezuela, fue ratificada en el Congreso en 1833.
Este convenio de 1964 se discutió en el mayor secreto, ni siquiera el CEN de AD estaba enterado, aunque sí algunos de sus miembros. Uno de los problemas a resolver era el de cómo revocar la ley de 1824. Entre quienes sí intervinieron estaba el Dr. Rafael Caldera, entonces líder único de Copei, y relató el cardenal Quintero: se necesitaba "… encontrar una fórmula mediante la cual se pudiera llevar a cabo ese difícil entierro (de la ley de 1824, nota EDR). En visita privada que por aquellos días me hizo el Dr. Caldera cambiamos ideas sobre la materia y a él se le ocurrió el artículo apropiado: "una vez ratificado el presente convenio será la norma que regulará las relaciones entre el Vaticano y el Estado". Y no se añadirían aquellas habituales expresiones de abrogación de leyes, etc., que estuvieran en oposición a lo pactado. El artículo redactado en esa forma, con el que silenciosamente se daba sepultura a la Ley de Patronato, al ser propuesto en la sesión de la Nunciatura obtuvo sin más la aprobación unánime y con él se puso fin a las conversaciones sobre el convenio".
Fue firmado el 6 de marzo por Marcos Falcón Briceño, canciller, y el Nuncio Apostólico, Luigi Dadaglio.
Ahora corresponderá a la Cancillería estudiar su eventual revisión, lo que significaría el acuerdo con la otra parte, y la elaboración de un proyecto de ley que lo reemplace, que sería materia de la Asamblea Nacional.
Vea a continuación el texto íntegro del Convenio