18/9/10

Turquía acumula condiciones para convertirse en potencia regional

Balthus (Francia) La habitación turca

Andréi Fediáshin
Con muchos deseos o sin ellos, próximamente Europa tendrá que decidir la cuestión de la integración de Turquía en la Unión Europea.
El asunto debió abordarse en la estratégica Cumbre de la UE, el 16 de septiembre en Bruselas. En medio del peliagudo asunto de los gitanos, los líderes y los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Unión tuvieron que definir su postura acerca de las relaciones con sus socios estratégicos, incluida Rusia, así como con los países vecinos.
Y la posibilidad de que este asunto "se puede examinar más tarde", delante" fue difícilmente aceptable.
Es evidente que Bruselas no puede perder más tiempo. En Turquía están madurando transformaciones internas muy importantes, encaminados a fortalecer su papel geopolítico a nivel regional y su influencia económica, que en la actualidad ya es significativa.
En el referéndum constitucional del pasado 12 de septiembre la población de Turquía dio carta blanca al Primer Ministro Tayip Erdogan para que reforme los fundamentos del Estado turco.
A pesar de que los sondeos demuestran que poca gente tenía claro los postulados a favor de los cuales estaba votando: más del 50 % fueron incapaces de recordar una sola de las 26 enmiendas a la Constitución de 1982, presentadas por Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo, de tendencia social-conservadora y   moderadamente pro-islámico.
 A favor votó el 58% de los votantes (el 78% de la población con derecho a voto). Es decir, fue un voto de confianza a Erdogan que de manera casi automática le garantiza la victoria en las elecciones presidenciales del año que viene y una tercera presidencia.
 Las fuerzas de la oposición no están demasiado unidas, sobre todo después de este fracaso, y sus advertencias de que no se trataba de un simple plebiscito, sino de la primera etapa del desmantelamiento del Estado laico, parecen no haber surtido ningún efecto en los electores.
Merece la pena señalar que los miembros del Partido Republicano que está en la oposición, seguidor de la causa del "padre de todos los turcos", Mustafá Kemal Ataturk, tienden a exagerar el peligro "evidente y directo" que presentan las reformas de Erdogan para el "Estado laico".
 Lo cual, por otro lado, no debería sorprendernos demasiado en una campaña electoral. Es verdad que las reformas propuestas suponen un cierto retroceso en ese sentido, pero no se puede decir que estemos en presencia de una desviación  hacia un constitucionalismo radical islámico semejante por ejemplo al que se puede observar en Irán.
 Los turcos -y también el mismo Erdogan- aspiran a ser admitidos en la UE y difícilmente podrían presentar como credencial ante esta organización una nueva Constitución de inspiración islamista y, mucho menos, introducir la sharía.
En el referéndum, fueron presentadas 26 enmiendas a la Constitución de 1982, aprobada 2 años después del golpe de Estado de 1980.
 Se trata de cambios comunes en toda Europa: se amplían los derechos de las mujeres, los niños y los minusválidos; se reconoce el derecho de los funcionarios públicos a declararse en huelga; se conceden unas potestades más amplias a los sindicatos y el derecho de los ciudadanos a la protección por parte del Defensor del Pueblo; se declara la inviolabilidad del derecho a la información, etc.
Es decir, son un conjunto de disposiciones perfectamente equiparables a las que se pueden encontrar en otros países europeos.
La mayor parte de las críticas se las ha llevado la reforma judicial, propuesta por el Primer Ministro.
 De ahora en adelante el organismo judicial supremo de Turquía, el Tribunal Constitucional, constará de 17 jueces (en vez de 11) que serán designados por el Gobierno y el Parlamento, contralados por completo por el Partido de Erdogan.
El mismo esquema se aplicará al Consejo Supremo de jueces y fiscales, el número de cuyos miembros aumentará de 7 a 21 personas. Hasta ahora, dicho órgano se encargaba de designar a los jueces y fiscales del país, teniendo todos los miembros del Consejo derecho de veto.
A los tribunales militares se les prohibirá juzgar a civiles, pero los tribunales civiles, al contrario, podrán abrir sumarios contra los militares involucrados en la organización de golpes de Estado.
En cualquier país, a excepción de Turquía, semejante "desmilitarización jurídica" encontraría un apoyo incondicional. 
Desde la época de Ataturk los militares son vistos en el país como los garantes de un Estado laico, haciendo de "mecanismo de contención" del agresivo espíritu islámico otomano.
 El hecho de privar de inmunidad procesal a los participantes del golpe de Estado de 1980, no es otra cosa que una sabia maniobra de Erdogan: el referéndum fue celebrado precisamente el día en el que se cumplían 30 años desde aquel memorable acontecimiento y, por lo tanto, se acababa el plazo para una posible persecución judicial.
En los últimos 50 años estos "guardianes del Estado laico" han organizado cuatro golpes de Estado y todos ellos tenían poco de democráticos.
Las malas lenguas aseguran que el Partido de Erdogan aprovechará los mencionados cambios para acabar desplazando al Ejército del mecanismo de funcionamiento estatal y hacerse con el control sobre el último y único organismo laico de Turquía, sus tribunales.
En realidad, Erdogan tenía buenas razones para detestar esta "jurisprudencia laica". En 1988, cuando el futuro líder era todavía un partidario incondicional del Islam (y no moderado, como ahora), fue en varias ocasiones encarcelado por haber infringido los principios laicos del Estado turco.
 En 2008, el Tribunal Constitucional estuvo a punto de prohibir el Partido de la Justicia y el Desarrollo por la misma razón. Las fuerzas de la oposición advierten de que, en adelante, Erdogan estará en disposición de hacer con la Constitución y con el Estado turcos lo que le venga en gana. 
La transformación de una postura moderada en una radical no es ninguna sorpresa en nuestro cambiante mundo. Turquía es un país de 72 millones de habitantes, que se encuentra en la frontera de Europa con Asia y limita con Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Siria, Grecia y Bulgaria; sus costas están bañadas por el mar Negro, el Mediterráneo y el Egeo y controla los estrechos del mar Negro.
La radicalización de este país no sería sólo un problema: sería un verdadero desastre.
Así que la UE lo que debería decidir es cuándo permitirle a Turquía la entrada, en vez de limitarse a decir: "habría que hacerlo".
Recordemos que las negociaciones están de cierta forma estancadas desde 2005.
 En el marco de la UE hay bastantes partidarios de la integración de Turquía, que notan la influencia benéfica de las corrientes políticas europeas, ya que las normas de conducta europeas propiciarán la contención de los eventuales ímpetus radicales.
 En la actualidad Turquía forma parte de la G-20 y su economía está creciendo a un 5% anual, de acuerdo con los datos más recientes. Según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para el año 2050 Turquía ocupará el segundo lugar entre las economías europeas, dejándole el liderazgo a Alemania.
 En estos momentos los empresarios turcos controlan en Europa empresas y fábricas que suman un total de 500.000 empleados y un facturaciones de 51 millones de dólares.
La postura de los partidarios de aceptar a Turquía en la UE es bastante lógica: hay que permitirle la entrada para el bien de todos. Porque, de lo contrario, no se sabe cómo podrían desarrollarse los acontecimientos.
 Es importante tener en cuenta que después del referéndum la cotización de la lira turca y de las acciones en las acciones de las empresas turcas empezaron a subir.
 Así que los empresarios de la UE ya han adoptado su decisión.