18/6/09

Colombia: ¿El otoño del patriarca?


Hernando Tejada [Colombia] Historia de Cali, mural de 380 m2

Jairo Zavaleta   /   El Militante

 

El debate en el seno de la burguesía colombiana entorno a la convocatoria de un referéndum que permita al actual Presidente, Álvaro Uribe Vélez, optar a un tercer mandato en las elecciones presidenciales del 2010 recuerda cada vez más a esos culebrones de giros dramáticos tan rocambolescos como decepcionantes y previsibles finales en que se han especializado muchas televisoras latinoamericanas. Todavía no sabemos si este culebrón irá en la onda de "El cartel de los sapos" o se parecerá más a "Los ricos también lloran", pero lo que está claro es que los "dimes y diretes" sobre la reelección presidencial, los problemas para sacar adelante la misma incluso en un Parlamento férreamente controlado por el uribismo, las dudas del propio Uribe, y la oposición pública de algunos destacados representantes de la oligarquía y el imperialismo a la opción reeleccionista, representan un cambio importante en el panorama político nacional.

Como hemos explicado en muchas ocasiones los marxistas,"a menudo el viento de la revolución empieza agitando las copas de los árboles". Las dudas y divisiones que recorren a la oligarquía colombiana desde hace varios meses sólo pueden entenderse plenamente si tomamos en cuenta la magnitud del descontento acumulado en la sociedad, el auge de las luchas obreras y populares que hemos vivido durante los últimos tiempos (especialmente en el último trimestre de 2008) y la encrucijada en que se encuentran los capitalistas a la hora de enfrentar una crisis económica tan profunda como inesperada para ellos. La lucha de clases tiende a agudizarse y la burguesía colombiana, como sus colegas del resto del mundo, siente moverse el piso bajo los pies.

La entrada en escena de las masas

La revista burguesa Dinero reconocía en su edición de noviembre de 2008 que las movilizaciones obreras de finales de ese año fueron "la mayor oleada de luchas obreras de las últimas dos décadas". Es decir, desde que la burguesía colombiana consiguiera superar el ascenso revolucionario de los años 80 mediante la combinación de la represión -utilizando la acción mancomunada del ejército y las bandas paramilitares fascistas- y la estafa a las masas que supuso la Asamblea Constituyente de 1991.

Las luchas de los corteros de caña, de los trabajadores judiciales y de los indígenas, el paro nacional en el sector público del 23 de octubre, no sólo sirvieron para confirmar la recuperación del movimiento obrero y popular que ya se observaba desde 2007. Demostraron también que el camino para derrotar a la burguesía no son las acciones al margen de las masas sino la lucha, movilización y organización consciente de éstas. Así mismo, todas estas movilizaciones pusieron al desnudo -como explicamos en diferentes artículos- los límites del poder del gobierno y del aparato represivo del estado burgués. Uribe y su camarilla intentaron recurrir a los métodos que en otras ocasiones les habían funcionado: acusaron de "terroristas" a los dirigentes indígenas, enviaron al ejército contra sus marchas y asesinaron a varios de ellos, decretaron el estado de conmoción interior para intentar romper las huelgas... !Pero esta vez no pudieron lograr su objetivo!.

Las luchas obreras y campesina superaron el obstáculo de la represión y generaron tal ola de simpatía y apoyo entre la población que Uribe Vélez tuvo que dar un paso atrás, guardar temporalmente el uniforme de paraco en el closet y ponerse la piel de cordero. El Presidente tuvo que acudir al Encuentro con la Minga indígena, donde se vio desenmascarado por los lideres de ésta, y aceptar que las huelgas que había criminalizado públicamente se prolongasen varias semanas, sirviendo de ejemplo e inspiración para millones de jóvenes y trabajadores.

Aunque finalmente, a causa de la falta de una alternativa por parte de los compañeros dirigentes de la CUT y el PDA que permitiese unificar todas esas luchas y extenderlas, cada sector tuvo que buscar acuerdos parciales, las mismas sirvieron para demostrar que el poder represivo del gobierno puede verse mermado sensiblemente e incluso paralizado cuando se enfrenta a la movilización masiva de los trabajadores, los campesinos y la juventud.

Las copas de los árboles

Las divisiones en el seno de la clase dominante reflejan el nerviosismo de los capitalistas al sentir que los métodos que les han servido para garantizar su dominio durante los últimos tiempos empiezan a agotarse. Incluso cuando estos enfrentamientos revisten una forma más "personal", o se centran en aspectos secundarios, no dejan de ser accidentes que expresan la necesidad. A su vez, las fisuras que se han ido abriendo en el seno de la clase dominante contribuyen a rasgar el velo de unidad que habitualmente rodean a la oligarquía, desnudan su hipocresía y transmiten al movimiento de masas el mensaje de que, con un enemigo desorientado y dividido, es un momento propicio para pasar a la ofensiva. Todo ello anima la movilización obrera y popular, lo que supone un nuevo motivo de fricción y zozobra para la clase dominante.

Como suele suceder siempre en estos casos, en un primer momento, las contradicciones interburguesas se vieron animadas por factores de índole muy diferente: desde las luchas por el control de espacios de poder político y por el reparto del botín económico extraído de la explotación de las masas hasta las ambiciones personales o incluso el ego herido de tal o cual dirigente. A medida que las contradicciones de clase se agudizan, lo que inicialmente parecen desencuentros puntuales o actuaciones arbitrarias de carácter individual van adquiriendo perfiles políticos mucho más definidos.

Un factor que alimenta las tensiones en el seno de la oligarquía colombiana es el equilibrio inestable entre la llamada "paraburguesía" (los sectores de la clase dominante más vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico) y los sectores más tradicionales de la burguesía industrial y financiera. Entre ambos sectores no hay una línea de separación fácil de delimitar y, de hecho, a medida que el primero ha ido aumentando su peso la tendencia a vincularse y establecer negocios conjuntos también se ha incrementado. No obstante, sí es posible distinguir en el seno de la clase dominante un sector que ha emergido en los últimos dos décadas entorno a los negocios vinculados al narcotráfico y la estrategia contrarrevolucionaria de ampliar la actuación de los grupos paramilitares tanto para luchar contra la guerrilla como para reprimir la movilización social.

Este sector ha obtenido una posición cada vez más influyente en el aparato estatal y sectores importantes de la oficialidad del ejército, la burocracia estatal y la casta política se han vinculado a él a través de todo tipo de negocios (legales e ilegales), concesiones del estado, el manejo de los fondos para la lucha contra la guerrilla, los planes Colombia, Patriota, etc, las privatizaciones, ... Aunque a la hora de la verdad, cuando la movilización obrera y popular amenazan su control de la sociedad, los diferentes sectores de la oligarquía tienden a unirse para aplastar y reprimir las luchas sociales, en ocasiones sus intereses económicos y/o políticos a corto plazo pueden entrar en contradicción.

Todo lo que sube, tiene que bajar

Surgido de esa narcoparaburguesía, Uribe fue impulsado inicialmente por ella a la Presidencia del país en 2002. Sin embargo, ya en los tramos finales de la campaña y tras su llegada al poder, el ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín dedicó buena parte de sus esfuerzos a intentar obtener el reconocimiento de los sectores tradicionales de la burguesía, muchos de los cuales en un primer momento le veían como un advenedizo y desconfiaban tanto de su excesiva ambición y arrogancia como de sus estrechos vínculos con los narcos y jefes paramilitares.

Durante la campaña electoral, Uribe ya había logrado forjarse una base de masas entre la clase media y los sectores más atrasados de las capas populares empleando un discurso que alternaba la promesa demagógica de "acabar con la violencia" (responsabilizando por supuesto de esta a la guerrilla), la crítica todavía más demagógica si cabe a la corrupción (culpando a los partidos tradicionales de la misma) y todo tipo de promesas populistas, en su mayor parte posteriormente incumplidas. Este éxito a la hora de presentarse como un caudillo fuerte y con una base de masas, en un contexto en el que los partidos tradicionales de la oligarquía (Liberal y Conservador) estaban completamente desprestigiados, permitió que prácticamente todos los sectores decisivos de la clase dominante -con más o menos entusiasmo- tuviesen que aceptar a Uribe Vélez como su "salvador". Avalado además por la camarilla ultraderechista que dominaba la Casa Blanca, Uribe ha utilizado sus éxitos en la lucha contra la guerrilla y el apoyo de los altos mandos militares para reforzar su imagen y poder.

En petit comite, seguramente, no debían faltar ya entonces grupos en el seno de la oligarquía que se quejasen del personalismo, autoritarismo y tendencia a concentrar el poder del inquilino del palacio de Nariño. Pero la burguesía, además de cobarde, es muy pragmática. Aparentemente, los métodos de Uribe "funcionaban" y servían para tener crecimiento económico y mantener a raya la protesta social. En la práctica, y con el beneplácito de prácticamente todos los burgueses, el "Doctor Varito" (como llamaba el narco Pablo Escobar a Uribe en la intimidad cuando eran amigos a principios de los 90) se convirtió en una especie de árbitro entre los distintos estratos de la clase dominante. Este es el papel que hoy, en gran parte, todavía sigue jugando, aunque con problemas cada vez mayores para mantener en orden el corral.

Como hemos explicado en otros artículos, la base sobre la que se cimenta el uribismo no es ni tan firme como muchos creen, ni por supuesto inquebrantable. En realidad las victorias electorales de Uribe, presentadas por los medios de (des)información burgueses en Europa y Estados Unidos como prueba evidente de un apoyo casi unánime por parte de la población, se produjeron en todos los casos con una participación electoral menor al 50% del censo electoral. El candidato que gana todas las elecciones en Colombia desde hace décadas es la abstención. Si vamos a los números contantes y sonantes, Uribe Vélez nunca ha logrado reunir más del 30% de los sufragios de los votantes inscritos.

La causa fundamental de que se haya mantenido hasta ahora en el poder ni siquiera hay que buscarla en esa base social de masas heterogénea que ha logrado reunir explotando el conflicto militar y los errores de los dirigentes de las FARC y el ELN. En realidad la base social del uribismo es lo que Marx llamaba "polvo social". Enfrentada a una lucha masiva de la clase obrera, con una dirección revolucionaria y un programa socialista capaces de infundir a ésta confianza en sus propias fuerzas, ese polvo se disiparía y dividiría en líneas de clase. El factor decisivo para que la oligarquía colombiana haya podido mantener el poder durante las dos últimas décadas es la inercia de la trágica derrota de los 80 y los 90 unida a la ausencia de una organización revolucionaria de masas que explique las causas de aquella derrota, saque todas las lecciones necesarias de ella y ofrezca un programa y unos métodos capaces de hacer a la clase obrera plenamente consciente de su fuerza y mostrarle el camino para ponerse al frente de todos los oprimidos y transformar la sociedad.

Sobre esta base, la extensión del paramilitarismo durante las dos últimas décadas y la utilización demagógica por parte de la burguesía del conflicto armado , unido a los errores estratégicos y programáticos de los dirigentes guerrilleros y la falta de una alternativa por parte de las dirigencias de la CUT y del PDA capaz de entusiasmar a las masas, permitieron que el miedo, el escepticismo y la desmoralización alejasen por todo un período a la mayoría de la población de la participación política. Esta ha sido la base política sobre la que se ha desarrollado y sostenido el régimen uribista a lo largo de los últimos ocho años

La lucha individual por sobrevivir, trabajando muchas horas, aceptando empleos sin contrato, en malas condiciones, o sin organización sindical; la propia emigración a Venezuela, EE.UU o Europa; la economía informal; han actuado por todo un periodo como válvula de escape a las tensiones acumuladas en la sociedad colombiana. Por supuesto, incluso en esa situación hubo luchas importantes y la clase obrera y los campesinos mostraron su capacidad de resistencia. De hecho, como también hemos explicado, si la burguesía no ha podido ir más allá en su represión y no ha logrado aplastar y desarticular a los sindicatos obreros, al movimiento campesino y los partidos de izquierda ha sido por la heroica lucha de los propios trabajadores y campesinos colombianos, complementada con la inspiración, apoyo y animo que ofrece la movilización revolucionaria de sus hermanos de clase del resto de Latinoamérica y en particular de los países hermanos: Venezuela , Ecuador, Bolivia, etc

Ahora, con el cambio del ciclo económico, todas las contradicciones acumuladas bajo la superficie en la sociedad colombiana tienden a emerger. Sectores que estaban a la retaguardia del movimiento, o que habían sido muy desestructurados por las privatizaciones y la tercerización, como los corteros de caña, se ponen súbitamente al frente de la lucha y marcan el camino a los demás. Lo mismo ocurrió con un sector tan heterogéneo como los trabajadores judiciales. En los últimos meses nuevos sectores obreros, e incluso de trabajadores autónomos propietarios de sus medios de producción como los camioneros, han entrado en lucha. El paro de los camioneros obligó al gobierno a bajar el precio de la gasolina. Otras luchas obreras han conseguido victorias parciales. Los obreros agrícolas de las bananeras del Urabá, en Antioquia, o los trabajadores del carbón del Cesar y La Guajira han tomado el relevo de la movilización y están protagonizando una lucha ejemplar, en la que junto a los obreros que forman parte de la plantilla participan miles de obreros externalizados.

En los próximos meses, el descontento ante el crecimiento del desempleo y los intentos de la burguesía de hacer pagar a los trabajadores los platos rotos de la crisis hará que nuevos sectores de la clase obrera y del resto de los explotados saquen conclusiones de su experiencia y se incorporen a la movilización. El descontento social es un torrente que ha empezado a desbordarse. El ritmo del proceso no puede ser previsto con exactitud pero su dirección y profundidad son claras.

¿El otoño del patriarca?

Durante años, Uribe ha intentado mantener cuidadosamente el equilibrio entre los distintos sectores y clanes de la clase dominante. En varios momentos marcó distancias públicamente con algunos de sus amigos de la primera hora e incluso no dudó en "sacrificar" -al menos de cara a la galería- a algunos de ellos cuando entraban en contradicción con los intereses generales de la clase dominante. El penúltimo episodio ha sido el sacrificio de David Murcia, máximo dirigente de la pirámide financiera más exitosa de Colombia (DMG). Murcia ha pasado de ser amigo de Uribe, financiar su campaña para la reelección y ser presentado como modelo del carácter emprendedor e imaginativo del empresario colombiano a dar con sus huesos en la cárcel y convertirse en chivo expiatorio y principal culpable (según los uribistas casi único) del desplome de las pirámides financieras.

La tendencia de Uribe a oscilar de manera bonapartista entre los distintos partidos y sectores de la oligarquía, e incluso a apoyarse en momentos puntuales en sectores de su base social para atacar o criticar a algún sector de la clase dominante y obligarle a aceptar sus planes, siempre ha provocado rivalidades, conflictos y rencillas internas. Pero mientras todo iba bien estos trapos sucios se lavaban "en casa". Esto, unido al crecimiento económico, creaba la sensación en el seno de la clase dominante de que todo estaba bajo control. Cada vez que surgía un problema Uribe parecía capaz de poder solucionarlo. Lo significativo de los últimos meses es que los trapos sucios que antes se mantenían ocultos ahora son aireados públicamente y cada vez con mayor virulencia y acritud.

Un factor que favoreció el control de Uribe sobre sus partidarios y que ahora, dialécticamente, alimenta las luchas internas es la fragmentación del uribismo en numerosos partidos que en realidad tienden a actuar más bien como clanes o "familias" mafiosas. Uribe empezó dinamitando el Partido Liberal, del cual procedía, para luego aliarse con sectores del Partido Conservador y finalmente apoyarse en una galaxia de pequeños partidos que le permitían controlar el poder elevándose por encima de todos ellos como árbitro.

En un primer momento, la oposición de algunos dirigentes uribistas a una nueva reelección era una mezcla de oportunismo, ambición y cálculo. Varios de ellos, descontentos, querían más prebendas a cambio de sus votos. Otros esperaban secretamente poder optar a ser el sucesor. Alguno simplemente estaba descontento o había sido elegido como cabeza de turco de algunos de los múltiples escándalos destapados. El sector que apoyaba la reelección optó por meter presión a los que mantenían trancada la reelección en el parlamento y pasarles por encima organizando la recogida de, según ellos, 4 millones de firmas demandando la convocatoria de un referéndum sobre la reelección. Las denuncias acerca de muertos que firman (un viejo milagro que tienden a producir, con sorprendente regularidad, todas las campañas contrarrevolucionarias en diferentes países y momentos históricos), los supuestos firmantes que denuncian la falsificación de sus rúbricas, las firmas conseguidas a punta de pistola por los "paracos" o la compra directa de firmantes, destaparon un nuevo escándalo y enfrentaron una vez más al gobierno con sectores del poder judicial.

Como ya hemos dicho, enfrentamientos que comienzan por motivos secundarios e incluso contaminados de fuertes elementos de "personalismo" -en un contexto social, político y económico favorable para ello- pueden adquirir una dinámica propia. Al mismo tiempo que dentro del uribismo se abrían fisuras respecto a la reelección, sectores de la burguesía decidieron empezar a destapar públicamente los "guardados" del régimen. O, como mínimo, a permitir que escándalos como los "falsos positivos" (asesinatos a sangre fría de jóvenes por parte del ejército que luego son presentados como guerrilleros caídos en enfrentamientos armados) o la "parapolítica", que hasta entonces denunciaba en solitario la izquierda, se hiciesen públicos y su difusión llegase más lejos de lo que se hubiese permitido anteriormente.

Estos sectores intentaron establecer en todo momento una separación entre el presidente Uribe y lo que supuestamente no eran más que amigos y colaboradores del Presidente "descarriados" o "prácticas reprobables" pero que el Jefe de Estado, por supuesto, desconocía. El objetivo de estas actuaciones, probablemente, al menos en un primer momento, más que sacar a Uribe de en medio era enviar a éste un mensaje. Se trataba de demostrar quién manda en la casa, obligarle a disciplinar a las distintas camarillas en que se basa y que actuase como un instrumento fiable al servicio de los intereses generales de la oligarquía y empezase a preparar una transición controlada para cuando tenga que abandonar el poder.

Pero las denuncias también generaron una dinámica propia y difícil de parar. Todo ello ha contribuido a deteriorar la imagen del gobierno y a incrementar las tensiones y el malestar en el seno de la propia clase dirigente. Los "falsos positivos" y la vinculación de muchos de los principales dirigentes de los partidos uribistas, incluidos destacados miembros del parlamento y del gobierno, con los asesinatos perpetrados por las bandas paramilitares fascistas han desvelado públicamente ante muchos ciudadanos la corrupción y miseria moral del régimen. Los casos de corrupción contribuyen a echar más leña al fuego, así como el escándalo de las escuchas telefónicas organizadas por los cuerpos de seguridad (DAS) o la reforma electoral, que intenta excluir del parlamento a las minorías y permite a los implicados en casos de paramilitarismo presentarse a las elecciones y ejercer cargos públicos, otorgándoles una impunidad de facto.

En esta nueva situación de creciente descontento y cuestionamiento al gobierno y la clase dirigente, la crisis económica empieza a actuar como amplificador y acelerador de todas estas denuncias y contradicciones, avivando al fuego del malestar social. Como explica el camarada Julio Antonio Bretón en su artículo "¿Podría caer Colombia en bancarrota?" la crisis, en sus primeros coletazos, ya ha empujado el desempleo más allá del 15% de la población activa, está reduciendo de forma drástica el dinero procedente de las remesas de los emigrantes y tumbó el boom de la construcción, uno de los pilares fundamentales del crecimiento de los últimos años. La sociedad colombiana, preparada por años de precarización de las condiciones de vida de las masas, abonada por todos los escándalos citados y fermentada por la crisis, es un volcán a punto de estallar.

Deshojando la margarita de la reelección

Los sectores mayoritarios (al menos por ahora) de la clase dominante, incluso algunos que se han mostrado bastante críticos con Uribe, viendo la profundidad de la crisis y conscientes de estas perspectivas poco halagüeñas, han intentado en los últimos meses cerrar filas en torno al "caballo ganador" de los últimos años. Una crisis, y más una tan profunda como la actual, no parece el mejor momento para cambiar de apuesta. Pero el problema que tienen es que hagan lo que hagan tendrán graves problemas.

La reelección enfrenta numerosos obstáculos. Aparte de las luchas internas entre los clanes y mafias uribistas, el más importante de ellos es el desgaste y creciente oposición al gobierno que se extiende por la sociedad. Los reeleccionistas han ganado, con todo tipo de maniobras, amenazas y estratagemas, la votación en el Senado para poder convocar el referéndum acerca de la modificación constitucional e intentar reelegir a Uribe en el 2010. Sin embargo, ahora tienen que lograr que el Congreso apruebe el texto de la pregunta. Lo que en otro momento sería un trámite sin importancia, reflejando todas estas contradicciones que venimos analizando, se ha transformado en una discusión bizantina, un auténtico lío del que la clase dirigente lleva meses intentado salir.

Lo absurdo del debate es un reflejo más de la perplejidad y desorientación reinante en las filas burguesas. El Presidente del Congreso, Germán Varón, ha planteado que el congreso ya aprobó un texto planteando la posibilidad de que un Presidente que haya ejercido dos mandatos continuados pueda presentarse por tercera vez como candidato presidencial. El problema es que, según los magistrados del Tribunal constitucional esto significa que, si Uribe ganase el referéndum, podría presentarse a la reelección pero...!en 2014 y no en 2010! Y ello a causa de que en el momento de presentar su candidatura no habría cumplido dos mandatos sino solamente uno, ya que el segundo estaría todavía en vigor. El intento de los reeleccionistas de solventar este "tecnicismo" cambiando el texto ha sido aprobado, aunque no sin problemas, por el Senado. Pero hasta el momento Varón, en su condición de Presidente del Congreso, se ha negado a aceptar el cambio de texto. Ello supone el aplazamiento del proceso refrendario, que podría no cumplir los lapsos legales para poder ser convocado.

Probablemente, si la clase dominante finalmente decide jugársela con Uribe y apostar por la carta de la reelección, encontrarán la manera de convencer (por las buenas o por las malas) a Varón y conseguirán en el Congreso el número de votos necesarios para llevar adelante sus planes. Imitando al Padrino de Mario Puzo y Coppola, a Uribe y compañía no les costaría mucho encontrar el modo de hacerle al presidente del Congreso una oferta que no pueda rechazar. Aunque, seguramente, más próximos al estilo directo y sin matices de su viejo amigo Pablo Escobar que a la elegancia y savoir faire de Marlon Brando, podemos apostar que no serán tan sutiles como Don Corleone.

Sin embargo, el obstáculo fundamental para la reelección (y lo que quita el sueño a la burguesía) no es el laberíntico mundo de las leyes ni las arenas movedizas del parlamentarismo burgués sino la respuesta popular. Según las leyes colombianas, para poder presentarse nuevamente a las elecciones, Uribe no sólo necesita ganar el referéndum por mayoría simple sino que para que la consulta sea válida deberán participar en la misma un mínimo de 7.200.000 personas. Pero el mayor apoyo electoral sumado por Uribe Vélez a lo largo de su carrera política ha sido 7.300.000 votos. Y ello en su momento más álgido, en pleno pico del crecimiento económico.

La lucha contra la reelección

Carlos Gaviria, Presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), la principal organización de izquierda, y el candidato que disputó la presidencia a Uribe en 2006 en la segunda vuelta obteniendo un resultado histórico para la izquierda (22%) ha llamado correctamente a los dirigentes sindicales, organizaciones sociales y de derechos humanos a organizar un gran frente de movilización social contra la reelección. No obstante, la clave para ganar esa batalla es levantar un programa revolucionario que vincule la lucha contra la reelección a las luchas obreras y sociales, planteando la defensa de las reivindicaciones de todos los oprimidos frente al intento capitalista de cargar la crisis sobre sus espaldas.

La propuesta de la izquierda en caso de que se convoque el referéndum, según todo indica, será la de llamar a la abstención y forzar de ese modo que una hipotética victoria uribista en el mismo no sea válida, como ya ocurrió en un anterior referéndum organizado en 2004 por Uribe y que éste ganó pero quedó invalidado al no reunir un porcentaje de participación suficiente. Sin embargo, esta táctica encierra algunos peligros. El primero es la tendencia de los dirigentes reformistas a creer que las urnas o la legalidad burguesa pueden servir para zanjar asuntos decisivos de la lucha de clases que sólo se pueden ser resueltos en la calle, en los pueblos, las ciudades, las fábricas y las haciendas, organizando y movilizando al pueblo y en primer lugar a la clase obrera.

Si finalmente decide ir al referéndum, la burguesía colombiana hará todo lo posible para ganarlo. Una derrota, en un contexto como éste, supondría tal inyección de moral a las masas que significaría la apertura de una época revolucionaria. Para ganar, los burgueses no dudarían en utilizar todos los recursos a su alcance, tanto legales como ilegales. Lo más probable es que organicen un fraude, ya sea directamente en las urnas o cambiando la legislación, modificando el censo, o por cualquier otra vía. Por eso, la clave para derrotar la maniobra reeleccionista es no alimentar ningún tipo de ilusiones en el "estado de derecho" , la "legalidad", etc. Los dirigentes del PDA y la CUT deben llamar a crear Comités Antireelección en cada centro de trabajo, barrio, pueblo y coordinar estos a nivel local, regional y nacional organizando un amplio movimiento de masas. Además de movilizar desde ya a las masas en la calle contra la reelección, vinculando la lucha contra esta a la solución de los problemas económicos y sociales de los trabajadores y los sectores populares, deben explicar que el riesgo de fraude es completamente real y empezar a organizar la lucha contra el mismo. El camino para salir de Uribe pasa obligatoriamente ,y sea cual sea el resultado de las distintas maniobras legales y electorales de la burguesía, por la movilización masiva en la calle y la organización desde abajo de los jóvenes, los campesinos y los trabajadores.

En el contexto de malestar social acumulado y crisis económica profunda que vive Colombia el referéndum puede ser un camino muy peligroso para la burguesía. Podría ofrecer precisamente el cauce que la polarización política y social que ya existe en el país está buscando. En ese contexto, un intento de fraude podría tener consecuencias imprevisibles, incluida una explosión social.

¿Hacia una situación revolucionaria?

El punto más difícil de determinar siempre a la hora de elaborar una perspectiva política, y más en una época de transición como la que se vive hoy en la sociedad colombiana, es cuando la cantidad se va a transformar en calidad. Antes o después, es inevitable que los sectores más atrasados de las capas populares y las capas inferiores de la pequeña-burguesía que han apoyado a Uribe y confiado en su discurso durante estos años, tras haber sido duramente golpeados por el derrumbe de las pirámides y estar sufriendo los golpes de la crisis económica, retiren su apoyo a éste y giren a la izquierda. ¿Ha empezado a ocurrir ya esto? ¿Podría ser el referéndum o una lucha de masas contra un hipotético fraude el punto de inflexión de ese cambio político? La respuesta a estas preguntas sólo la dará la propia práctica. Lo que sí podemos decir es que la tendencia de los acontecimientos va claramente en esa dirección.

Como hemos explicado muchas veces los marxistas, la conciencia tiende a ir por detrás de los acontecimientos. Durante un tiempo las masas, frente a los sinsabores e incertidumbre del presente, intentan aferrarse a las ilusiones del pasado pero en cuanto comprueban que esto no sirve para resolver sus problemas su conciencia puede dar un salto brusco. Capas y sectores de los oprimidos que hasta ayer mismo estaban en la retaguardia, alejados de la política e incluso apoyando a partidos burgueses reaccionarios, pueden ponerse súbitamente en primera línea y buscar ideas revolucionarias. La revolución no es un proceso gradual de lenta acumulación de fuerzas y desarrollo lineal sino que se produce a saltos, mediante cambios bruscos y repentinos. Eso es lo que hemos visto en Venezuela, Ecuador o Bolivia y en el pasado en la propia Colombia. Esto es lo que volveremos a ver en el próximo periodo. Por cierto, un factor que puede favorecer que estas tendencias que emanan de toda la situación objetiva del capitalismo colombiano se expresen subjetivamente ya o tarden más en hacerlo es, como hemos dicho, la propia actuación de los dirigentes de la izquierda.

Todos los ingredientes para un estallido social existen en la sociedad colombiana. En todo caso, si esa explosión social se aplazase un poco más a causa de la falta de dirección y el peso de la inercia del pasado, un hipotético tercer gobierno de Uribe sería muy diferente de los anteriores. Desde el principio tendría que atacar brutalmente a los trabajadores y el pueblo y enfrentaría una oposición y resistencia masiva. Se parecería mucho al último gobierno de su amigo y mentor George W. Bush, con la diferencia de que las reservas del capitalismo colombiano no tienen nada que ver con las de EE.UU. Un tercer gobierno con esas características, enfrentado a una crisis económica profunda y a un cuestionamiento social masivo, probablemente no llegaría a culminar su mandato. !Y a nadie se le escapa que una caída de Uribe forzada por la movilización social abriría un período revolucionario en el país!.

Por supuesto, para que ello ocurra y pueda ser aprovechado favorablemente o no, el papel que jueguen los dirigentes sindicales y políticos de la clase obrera, insistimos una vez más, será decisivo. A poco que los dirigentes del PDA, la CUT, la Minga indígena y las organizaciones campesinas ofrezcan un camino revolucionario será perfectamente posible bajar al gobierno paramilitar y abrir una nueva etapa revolucionaria en la historia de Colombia. Esto ya fue posible en 2007 tras las movilizaciones masivas de los profesores y estudiantes. O el año pasado si se hubiesen unificado, tal como propusieron los dirigentes de la Minga, las reivindicaciones de todos los sectores en lucha. En el caso de que por miedo a una explosión social la oligarquía tuviese que aceptar una derrota en el referéndum, el resultado de un Uribe derrotado en las urnas sería igualmente el de abrir una oportunidad revolucionaria. Este es el problema de la burguesía: hagan lo que hagan el escenario hacia el que nos dirigimos no será de tranquilidad y estabilidad sino de agudización de la lucha de clases, revolución y contrarrevolución.

Candidatos como setas

Los sectores más perspicaces de la burguesía ven estos mismos riesgos y de ahí la intensidad del debate acerca de qué camino tomar. Aunque por ahora, como hemos dicho, parecen mayoritarios los partidarios de jugársela con la carta que hasta ahora les ha dado mejores resultados, también crece el número de los que piensan en guardar el cartucho de Uribe en la recámara. El propio Uribe, al mismo tiempo que sus seguidores presionan para que se apruebe el referéndum, envía mensajes contradictorios y ha vuelto a insistir en el peligro de que un tercer mandato pudiese significar un "deterioro de las instituciones democráticas". Algunos voceros del imperialismo y la oligarquía, como el responsable de The Economist para Latinoamérica, el Washington Post o el Presidente de la Conferencia Episcopal colombiana se han manifestado en contra de la reelección con argumentos como el temor a que una nueva reelección provocase deterioro de la convivencia y de las instituciones democráticas (o sea, polarización social) o incluso haciendo referencia a la contradicción flagrante que supone apoyar la reelección de Uribe cuando al mismo tiempo se organiza una campaña salvaje de terrorismo mediático en todo el mundo contra la reelección de Chávez en Venezuela...

La contradicción entre el discurso de toda la burguesía internacional presentando la reelección de Chávez como un paso hacia la dictadura y que uno de sus niños mimados, como lo es Uribe, se reeligiese ya en 2006 recurriendo a todo tipo de chanchullos y maniobras (compra de votos de diputados incluida) y vuelva a intentarlo en 2010 pone en evidencia la hipocresía y cinismo de los capitalistas. Sin embargo, este es un factor secundario en sus cálculos y dudas acerca de una nueva reelección en Colombia. Toda la palabrería sobre los riesgos de perpetuar a un hombre en el poder, deteriorar las instituciones democráticas, etc oculta en realidad el miedo a las consecuencias políticas y sociales de una reelección que no están seguros de ganar.

De hecho, en estos momentos, la burguesía, empezando por el propio núcleo duro del uribismo, mantiene varias opciones abiertas. Al tiempo que presionan para que la posibilidad de convocar el referéndum sea aprobada, están preparando un posible candidato que represente la continuidad respecto a Uribe. El elegido es Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa de Uribe hasta hace escasos días. Santos es conocido por ser el perro de presa de Uribe tanto en sus declaraciones contra Venezuela como en su obsesiva persecución a las FARC y a la izquierda y es miembro de una de las más rancias familias de la oligarquía. Propietario junto a sus dos hermanos (uno de ellos también ministro de Uribe) del diario El Tiempo y del principal grupo mediático colombiano, está estrechamente vinculado tanto al imperialismo estadounidense como a la burguesía española a través de sus negocios con el grupo PRISA.

La dimisión de Santos como ministro de Defensa significa que un sector de la clase dominante cree que insistiendo en su imagen como paladín de la lucha "contra el terrorismo", invistiéndole con todo el apoyo de Uribe y logrando además la anuencia más o menos unánime del imperialismo estadounidense y las burguesías europeas, podrían ganar y eludir algunos de los riesgos más inmediatos que presenta la opción reeleccionista. Sin embargo, la opción Santos tiene tantos o más riesgos para la clase dominante que intentar la reelección de Uribe. El primero es el de que Santos es visto como un candidato incluso más a la derecha que Uribe (por difícil que esto sea) y al mismo tiempo como un oligarca de toda la vida. En un contexto como el actual, podría hacer que todo el descontento social se movilizase entorno al candidato que compitiese contra él. Una segunda vuelta entre Santos por un lado y Carlos Gaviria como candidato del Polo por otro podría hacer salir a la superficie toda la polarización política y social existente en el país y, dependiendo de la propia campaña del PDA, no se podría descartar que actuase como un revulsivo y empujase a participar a sectores que no votan desde hace años. En un contexto semejante la posibilidad de una sorpresa para la oligarquía y una victoria de la izquierda no puede descartarse. Si Santos ganase tampoco resolvería nada. Un gobierno con él al frente se encontraría con un escenario muy similar al que antes comentábamos para un posible tercer mandato de Uribe.

Precisamente a causa de esta incertidumbre acerca de si la opción Santos permitiría aglutinar y movilizar a toda la base social del uribismo o si podría representar más bien el pistoletazo de salida para una estampida, algunos grupos de la clase dominante y sus expresiones mediáticas están haciendo apuestas entorno a otros posibles candidatos. El resultado ha sido una explosión de candidatos, hasta casi 20, y eso cuando ni siquiera es seguro que Uribe no compita. En caso de que finalmente decidiese no hacerlo la epidemia de candidatitis aún podría empeorar. En este momento, el mejor situado de todos esos candidatos parece ser Sergio Fajardo, un profesor universitario que fue Alcalde de Medellín hace 4 años y ganó en aquel momento la Alcaldía como independiente y apoyado entre otros por el Polo. Fajardo es presentado como un hombre independiente de los partidos, como hizo la burguesía con Uribe en su campaña de 2002, pero en este caso intentando darle una imagen de "centro", "ni uribista ni antiuribista" (lo que quiera que eso signifique).

La burguesía intenta potenciar a Santos y Fajardo. Ante una hipotética segunda vuelta quiere como candidatos a gente suya o que considera controlable y conjurar de ese modo el peligro de una victoria del Polo que de producirse podría cambiar radicalmente la situación política nacional y abrir la puerta a un ascenso revolucionario. Para ello también está utilizando a dirigentes del ala derecha del Polo recientemente escindidos del mismo como Lucho Garzón (ex secretario general de la CUT, candidato a la presidencia por el Polo en 2002 y primer Alcalde de Bogotá elegido por una lista del PDA). En una entrevista en el diario El Espectador Garzón se mostraba dispuesto a participar en una candidatura de políticos independientes, "buenos gestores", procedentes unos del uribismo y otros del antiuribismo, que llame a la unidad de todos los colombianos. Garzón incluso planteaba la posibilidad de que esa candidatura independiente confluyese con los liberales o con sectores descontentos del uribismo como el partido Cambio Radical. El objetivo de esta candidatura, que un sector de la burguesía apuesta porque lidere Fajardo, sería arrebatarle votos al Polo y evitar cualquier posibilidad de que éste llegue al gobierno. Pero una cosa es querer y otra muy diferente poder.

Todo este baile de candidatos y tácticas no refleja otra cosa que la desorientación y preocupación existentes en las filas de la clase dominante. Esto es lo fundamental que debemos comprender los revolucionarios y lo que debemos explicar al conjunto del movimiento obrero y popular. En realidad, las posibles combinaciones electorales, intrigas palaciegas y movimientos de la clase dominante entre bambalinas son múltiples y resulta imposible prever con exactitud a algo menos de un año de las elecciones presidenciales cual de ellas se impondrá. El problema para la oligarquía es que la crisis del capitalismo es tan profunda, sus efectos sobre la sociedad colombiana serán tan traumáticos y el descontento acumulado es tal que, hagan lo que hagan, no podrán evitar la agudización de la lucha de clases y de la polarización política y social. Para los marxistas lo importante es comprender los procesos de fondo que se dan en la sociedad y, sobre todo, dotarse de un programa y unas consignas que permitan aprovechar la desorientación y divisiones en el seno de la clase capitalista para que la clase obrera y el resto de los oprimidos puedan sacudirse definitivamente la inercia de los últimos años y pasar a una ofensiva abierta por transformar la sociedad.

La trampa de una coalición PDA-Partido Liberal

Aunque una parte de los dirigentes más derechistas del Polo, como Garzón, se ha escindido, otros dirigentes ubicados en la derecha del PDA, y que defienden en la práctica la disolución política del Polo en una gran coalición con el Partido Liberal e incluso con sectores descontentos del uribismo, siguen dentro del Partido. Alguno de los máximos representantes de esta ala de derechas, como el senador Gustavo Petro, después de sugerir prácticamente que se iba con Garzón, ahora parece estar pensando en la posibilidad de lanzarse a una especie de primarias del PDA contra Carlos Gaviria, el actual Presidente de la organización, elegido en el último Congreso mayoritariamente por las bases y apoyado por los sectores más a la izquierda del Polo.

Los sectores más derechistas están planteando, en la práctica, la disolución del Polo en una "gran coalición" con partidos burgueses como el Liberal (que en los últimos tiempos ha desarrollado una estrategia de oposición o semi-oposición a Uribe) e incluso sectores descontentos del Partido Conservador y del uribismo. En el último Congreso del PDA, la propuesta de Petro, el ahora escindido Garzón y otros fue rechazada por las bases. Sin embargo, la posición de la mayoría de la dirección respecto a los posibles pactos con partidos de la burguesía sigue teniendo elementos de confusión que pueden ser peligrosos. La mayoría de dirigentes, incluido el propio Gaviria, han insistido correctamente en que el Polo es el principal partido de la oposición, el referente de millones de trabajadores, campesinos y jóvenes y no puede subordinarse a ser un mero barniz de izquierda para una coalición liderada por candidatos o partidos de la burguesía. Pero, al mismo tiempo, una parte de esos compañeros dejan abierta la puerta a la posibilidad de establecer acuerdos y un programa de gobierno conjunto con partidos burgueses y pequeñoburgueses siempre y cuando el Polo sea el eje del mismo.

Los defensores de esta propuesta en el seno del Polo insisten en la idea de que si el PDA acude en solitario a las elecciones es imposible la victoria. Esta idea, que intenta parecer realista, puede parecer un argumento de peso para muchos militantes honestos que hartos de soportar la barbarie capitalista y la represión del uribismo pueden pensar que al menos un frente con estos sectores burgueses permitiría suavizar o frenar la represión y preparar en mejores condiciones un futuro asalto de la izquierda al gobierno. Los marxistas debemos explicar a estos camaradas de forma paciente y con un método compañero, al mismo tiempo que con firmeza y claridad, que esa posición según la cual si el Polo modera su programa y objetivos puede ser aceptado por sectores de la burguesía y llegar más fácilmente al gobierno es una trampa mortal.

La historia tanto de Colombia como de otros países está llena de ejemplos que demuestran que cada vez que las organizaciones de masas de la izquierda han buscado acuerdos con sectores de la clase dominante e intentado hacer su programa aceptable para ésta el resultado ha sido una trágica derrota. Esos supuestos sectores "progresistas" de la burguesía han utilizado cualquier pacto para engañar a las masas, frenar cualquier propuesta revolucionaria y darse un barniz de izquierda que les permitiese ganar tiempo y, finalmente, poder aplastar en mejores condiciones al pueblo.

Más allá de que haya sectores dentro del Partido Liberal que son vistos con respeto por las masas a causa de su oposición a Uribe y al paramilitarismo como la senadora Piedad Córdoba (quien lidera un ala de izquierda minoritaria dentro del partido) los principales dirigentes del PL son burgueses. César Gaviria, uno de estos dirigentes, fue Presidente de Colombia y Presidente de la OEA. Es un agente del imperialismo y tiene una responsabilidad decisiva en fenómenos como el desarrollo del paramilitarismo, las privatizaciones y ataques al movimiento obrero y campesino, la guerra sucia contra la izquierda, etc.

El cinismo de los dirigentes burgueses del Partido Liberal

César Gaviria ha girado demagógicamente hacia un lenguaje bastante crítico con el uribismo, denunciando la parapolítica o la reforma constitucional. Los diputados liberales han votado junto a los del Polo contra le reelección o abandonado la cámara junto a ellos en varias ocasiones como protesta contra las maniobras de la aplanadora uribista. César Gaviria incluso se ha mostrado dispuesto a discutir la posibilidad de una coalición con el PDA para las próximas presidenciales. Pero si analizamos en detalle las declaraciones del dirigente liberal a la revista Semana, vemos como bajo esa máscara crítica se oculta el cinismo y la hipocresía que siempre han caracterizado a los caudillos burgueses del liberalismo.

"SEMANA: ¿Aparte de la desinstitucionalización, cuál es el principal motivo del Partido Liberal para oponerse a la reelección?

C.G.: La mayoría de elementos de la política de seguridad del presidente Uribe son correctos: la presencia de la Fuerza Pública en el territorio, el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y que el Presidente ejerza de manera activa la jefatura de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en otros aspectos el gobierno ha tenido fallas profundas: ha hecho poco en infraestructura; ha promovido una política agrícola de precios caros y de estímulo al desplazamiento; no ha desarrollado una buena política de vivienda popular, no ha atinado en cómo modernizar el sistema judicial, ha dado tumbos en el manejo de la política económica y en la de salud y ha promovido una estructura tributaria que hoy día es un retazo de privilegios y va en contravía de la generación de empleo. No tiene sentido creer que la reelección es la única respuesta a todos los males del país y que el Presidente debe seguir a toda costa sin importar si las instituciones se deterioran."

Tras solidarizarse con la esencia política y económica de las políticas de Uribe, el caudillo liberal manifiesta su disposición a aliarse con los uribistas de Cambio Radical y responde como sigue a la pregunta acerca de un posible pacto con el PDA:

"SEMANA: ¿Ve la posibilidad de una gran alianza opositora entre el Partido Liberal y el Polo?

C.G.: Eso dependerá de si el Presidente logra ser candidato, así sea forzando las normas constitucionales, y de cuál sea la coyuntura política al final del año. Tenemos toda la voluntad de construir una coalición de centro izquierda pos Uribe y no anti Uribe."

Traducidas del lenguaje filisteo de la burguesía liberal al lenguaje llano del pueblo las respuestas de César Gaviria vienen a decir más o menos lo siguiente: "En las cosas fundamentales, la política de seguridad democrática (es decir, la represión contra el movimiento obrero y popular disfrazada de lucha contra el terrorismo), la defensa del sistema capitalista, etc. estamos totalmente de acuerdo con Uribe. Pero ante el peligro de que se desborde el descontento social es necesario ir preparando un recambio, remozar un poco la fachada para que no cambie nada fundamental. Si Uribe logra ser candidato no vamos a apoyar a la izquierda para polarizar más el país, pero si la cosa se pone tan difícil que Uribe no logra ser candidato ¿porqué no formar una coalición con el Polo para intentar moderar a éste, frenar la movilización de las masas y ganar tiempo para volver a engañar al pueblo y derrotar cualquier tentativa revolucionaria, como lo hemos hecho en otras ocasiones?".

¿Cómo puede llegar la izquierda al gobierno?

No obstante, para los estrategas burgueses la opción de permitir un gobierno de coalición de algunos de sus partidos con el Polo sería la última salida. Una llegada del Polo al gobierno, incluso aunque fuese de la mano de un partido burgués como el liberal, en el contexto de crisis capitalista y lucha de clases que se vive en todo el mundo y en particular en Latinoamérica, y después de tantos años de represión, sería interpretado por las masas como una victoria y abriría las compuertas a la movilización social. En el caso de Colombia, el acceso de la izquierda a posiciones de poder significaría aún más que en cualquier otro país latinoamericano un choque rápido y frontal con el aparato del estado y la clase dominante. La cúpula del ejército, la narcoparaburguesía e incluso amplios sectores de la burguesía tradicional sólo aceptarían un resultado semejante si la movilización de las masas les obligase y llegasen a la conclusión de que cualquier intento de impedirla mediante un fraude, un golpe de estado, la violencia paramilitar, etc estaba condenado el fracaso. Pero incluso en una situación semejante la llegada al poder de la izquierda no resolvería la cuestión del poder sino que la plantearía de un modo más claro y directo. Un gobierno de izquierda en Colombia sólo podría responderle a su base social y resolver los problemas del país tomando medidas decisivas contra la oligarquía y en particular contra el problema fundamental que históricamente ha generado la violencia en el país: la propiedad de la tierra por parte de los latifundistas.

 Pero cualquier reforma agraria seria pone en cuestión inmediatamente no sólo los intereses de los terratenientes, la narcoparaburguesía y los jefes del ejército vinculados a ellos. También afecta a los banqueros y la burguesía comercial e industrial que comparten propiedades agrarias y se benefician con los capitales que bombea el narcotráfico a todo el sistema. Por no hablar del miedo que infunde a todos y cada uno de estos sectores cualquier movilización de las masas. Inevitablemente, todos los sectores de la burguesía, con el apoyo del imperialismo, intentarían tumbar a cualquier gobierno de izquierdas o progresista que escapase a su control. La salvaje campaña del imperialismo y la reacción que vemos hoy en Venezuela contra el gobierno de Chávez sería un juego de niños ante lo que serían capaces de llevar a cabo la oligarquía y el imperialismo en Colombia. No es una hipótesis, es lo que hemos visto en cada momento histórico decisivo de la historia del país. La izquierda en Colombia, aun mas que en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, etc. sólo tiene dos caminos: o armarse con un programa socialista que expropie política y económicamente a la burguesía y resuelva los problemas de las masas o intentar negociar con la burguesía, defraudar de ese modo las esperanzas populares de cambio y ser aplastada por la reacción.

La única forma de evitar que la crisis económica se cargue sobre el pueblo, que la violencia, la corrupción y la barbarie generadas por la clase dominante sigan dominando, que los jóvenes, los campesinos y los trabajadores se enfrenten a una pesadilla de pobreza, miseria y explotación es acabando con el dominio de la burguesía. Las constantes huelgas desde 2007, 2008, y ahora en 2009, demuestran que la clase dominante, incluido el monstruo del uribismo, tiene pies de barro. La clave de la situación es el programa y la actuación de los dirigentes del PDA y la CUT. Estos dirigentes han convocado a la movilización masiva contra la reelección. Esto es correcto pero es imprescindible sacar lecciones de la historia y en particular de los últimos años y presentar un programa y un plan de lucha que permita aislar a los fascistas y demás contrarrevolucionarios y desplegar todo el poder y confianza en sus propias fuerzas de la clase obrera y el conjunto de los oprimidos.

Para ello los dirigentes sindicales deben vincular la lucha contra la reelección con la lucha contra el intento por parte de la burguesía de cargar la crisis sobre los trabajadores y presentar un programa de transición al socialismo que partiendo de las necesidades más urgentes e inmediatas de las masas sirva para tender un puente en la conciencia de estas hacia la necesidad de la transformación socialista de la sociedad. El primer paso en ese camino es agarrar con las dos manos la propuesta realizada por la Minga indígena a finales de 2008: unificar todas las reivindicaciones sociales (salarios dignos, lucha contra los despidos y recortes por causa de la crisis capitalista, protección social, reforma al sistema de salud, plan para ayudar a desempleados y desplazados, reforma agraria, paz, etc). Al mismo tiempo los dirigentes de la CUT y el PDA deben rechazar cualquier intento de moderar su programa para hacerlo aceptable por sectores de la burguesía y buscar pactos con estos. Hay que explicar que sólo un gobierno de los trabajadores y el pueblo pueden solucionar los problemas económicos, políticos y sociales del país. Por último, deben plantear claramente que para ello el único camino es expropiar a la oligarquía y nacionalizar bajo control obrero la banca y la industria y realizando una auténtica reforma agraria que dé la tierra a los campesinos.

¡Ningún pacto con partidos burgueses!!Por un frente único del PDA, la CUT y las organizaciones populares con un programa socialista!

El camino para cambiar la situación política en Colombia no es ningún frente con sectores de la burguesía sino un frente único de las organizaciones de la clase obrera y los demás explotados: sindicatos, partidos de izquierda, organizaciones campesinas e indígenas, la Minga,...La primera tarea de este frente debe ser organizar una movilización de masas contra la reelección. Esta movilización debe empezar por marchas y actos de masas en todas las ciudades organizados por los partidos de izquierda, sindicatos, etc y confluir en una huelga general. Para organizar esta movilización es necesario impulsar desde ya Comités para luchar contra la reelección y contra cualquier intento de fraude en todos los centros de trabajo, universidades, pueblos y barrios del país. Estos comités deben encargarse además de organizar la autodefensa y protección tanto de todos los activistas obreros, campesinos y estudiantiles amenazados, como de cualquier manifestación o acto contra las amenazas de grupos paramilitares fascistas como las Águilas Negras. No es posible confiar para esto ni en el ejército ni en la policía, completamente vinculados a estos mismos grupos fascistas, sino en las propias fuerzas del movimiento obrero y popular. Un frente con estas características debería llamar a los dirigentes guerrilleros a asumir este mismo programa revolucionario y sustituir el camino y los métodos del enfrentamiento militar con el estado burgués y los paramilitares al margen de las masas por la lucha de masas, bajo el control del movimiento obrero y popular organizado en asambleas, comités de lucha, sindicatos, etc.

No faltarán quienes digan que este programa y plan de lucha son imposibles hoy en Colombia, que son utópicos, que provocarían la oposición radical de la burguesía y harían imposible un gobierno de la izquierda. Pero lo realmente utópico es pensar que la oligarquía colombiana, que durante 60 años ha aplastado sangrientamente cualquier intento -por moderado que sea- de poner en cuestión sus privilegios y su dominio absoluto del poder vaya a cambiar ahora, y menos en un contexto de crisis profunda del capitalismo a escala internacional. Hay que recordar que esa misma idea de que no podemos pedir todo sino que debemos ir poco a poco y llegar a acuerdos con los sectores menos reaccionarios de la clase dominante ya ha sido ensayada y siempre ha tenido un trágico final. Gaitán no planteaba la expropiación de la oligarquía sino un programa avanzado de reformas e intervención estatal en beneficio de los más pobres y la oligarquía a pesar de ello prefirió bañar el país en sangre a aceptar compartir una parte de sus ganancias y poder con el pueblo. La ANAPO a principios de los años 70 tampoco planteaba acabar con el capitalismo. Al contrario. Su candidatura estaba encabezada por sectores burgueses y pequeñoburgueses y tenía un programa extremadamente confuso. La oligarquía organizó un gigantesco fraude electoral para impedir que su llegada al gobierno pudiese animar la movilización social. La Unión Patriótica primero y la Alianza Democrática M-19 después no planteaban un programa socialista de expropiación de la burguesía sino un programa progresista avanzado en beneficio de los trabajadores y campesinos. ! Y todos sabemos como fueron salvajemente masacrados!

Tampoco faltarán analistas "equilibrados" y sabihondos que nos digan que somos demasiado optimistas, que todo está muy mal, que Colombia vive una época de reacción y harán falta décadas para que la clase obrera y los explotados en Colombia puedan siquiera pensar en tomar el poder. Pero la realidad es que la historia, y menos en las épocas de grandes convulsiones sociales, de crisis, revoluciones y contrarrevoluciones (y esa es la época en la que hemos entrado a escala mundial) no funciona siguiendo la lógica formal ni se puede reducir a fórmulas y definiciones abstractas. En épocas como ésta no hay nada peor que intentar sustituir el análisis concreto de la realidad y la propia intervención de los revolucionarios en la lucha de clases para intentar aprovechar todas las oportunidades que se presentan por fórmulas generales. Como explica Trotsky en su libro "¿A dónde va Francia?" "Lo que existe sobre todo, en nuestra época de capitalismo en putrefacción son situaciones intermedias, transitorias: entre una situación no revolucionaria y una situación pre-revolucionaria, entre una situación prerrevolucionaria y una situación revolucionaria...o contrarrevolucionaria".

El único modo de garantizar una victoria electoral de la izquierda en Colombia es entusiasmando, organizando y movilizando a las masas, convenciéndolas de que la única solución a todos sus problemas es un gobierno del PDA con un programa socialista, e imponiendo esta solución mediante la movilización, no sólo electoral sino sobre todo en las calles, los centros de trabajo, las universidades, el campo, ... La clave tanto para impedir la reelección como para derrotar a cualquier candidato que finalmente pueda elegir la burguesía para suceder a Uribe no es convencer a sectores de la propia clase dominante ni llegar a acuerdos con los líderes de los partidos burgueses o pequeño-burgueses que hoy, viendo el desgaste de Uribe, buscan reacomodarse en el escenario político nacional. La clave es en primer lugar entusiasmar a la propia militancia del Polo y la CUT con un programa socialista y una estrategia que desarrolle la confianza de la clase obrera en sus propias fuerzas.

Los dirigentes del PDA y la CUT deben defender un programa que partiendo de las necesidades y reivindicaciones concretas de los trabajadores, los campesinos, la juventud, e incluso las capas inferiores de la clase media, explique que estas sólo pueden ser resueltas con una transformación decisiva de la sociedad, que denuncie como la crisis se carga sobre las espaldas de los más pobres y plantee que el único modo de impedirlo es la propia organización y movilización consciente del pueblo trabajador y la elección de un gobierno de los trabajadores y el pueblo que arrebate el control de la economía y el estado a la oligarquía para ponerlo en manos de los trabajadores, expropiando las principales palancas económicas ( la banca, los grandes monopolios y la tierra) y planificando democráticamente la economía en función de las necesidades sociales.

Un programa semejante sería atacado ferozmente por los medios de comunicación burgueses pero entusiasmaría a las bases obreras y campesinas. El entusiasmo de los centenares de miles de jóvenes y trabajadores que hoy participan en el PDA y la CUT sería la mejor carta de presentación ante el resto de los explotados. En un contexto económico, político y social como el actual se contagiaría como una llama al conjunto de la sociedad. Este también seria el mejor modo de dividir y/o neutralizar a la base social del uribismo. Un Polo con la militancia movilizada y entusiasmada y un programa que ofrezca solución a los problemas concretos de los trabajadores, los campesinos y la juventud podría ilusionar y movilizar a millones de personas que durante los últimos años no han participado ni en marchas ni en elecciones y convencerlas de que es posible cambiar las cosas. Esto abriría una nueva época revolucionaria en la historia del país.

A propósito de la problemática del Estado en “El Capital”


Vicente Callaci [Argentina] Figuras

Georges Labica

 

1. La clase y el Estado

Cuando Marx, tratando de la acumulación primitiva, muestra cómo está constituido el proletariado, se ve inducido a explicar que al principio del proceso de expropiación de los trabajadores (esencialmente los campesinos), se ha elaborado una legislación particularmente sanguinaria contra lo que él llama el proletariado sin casa ni hogar. El proceso al cual él se atiene es el siguiente: la expropiación se hace de manera perfectamente anárquica; existen más trabajadores "liberados", por tanto libres en el mercado, que las fábricas no pueden absorber; de donde, la constitución de lo que más tarde vendrá a ser el "lumpen proletariat": bandas de vagabundos y de criminales que la legislación calificada por Marx de sanguinaria, va a reprimir con la más extrema dureza. Cita a este propósito las cifras enunciadas por Tomás Moro afirmando que sólo en el reinado de Enrique VIII—la represión había comenzado desde Enrique VII— se contaban 72 000 ejecuciones.

Recuerda también que una disposición perfectamente legal bajo el reinado de Eduardo VI, permite tomar a título privado como esclavo a un truhán o a un vagabundo sobre el cual se habría tenido el acierto de poner la mano. La exposición que hace Marx concerniente al fenómeno de la expropiación tiene como aval (se dice a veces que es la parte histórica de El capital, pero ella es tan teórica como las otras), el fenómeno de la explotación colonial que, aclara, no concierne de ningún modo a la constitución ni al origen del proletariado, pero señala hacia el ejercicio del modo de producción capitalista cuando ya está debidamente constituido. El interés de la puesta en paralelo de estos dos pasos, fundamentados ambos en legislaciones perfectamente precisas, es hacer ver, en el segundo caso, la realidad sin tapujos de lo que son las relaciones capitalistas de producción; Marx, al describir en términos bien conocidos la colonización tal como és practicada por potencias como Holanda, Gran Bretaña y Francia, subraya que en el Nuevo Mundo se ve al esclavismo sin rodeos revelar y poner al desnudo al esclavismo disimulado de los asalariados de Europa.

* Ponencia presentada en el Coloquio sobre "El estado en el capitalismo contemporáneo", México, octubre de 1979. Traducción, Josefina García

Para leer la ponencia, pinchar aquí. Formato pdf.

Discurso, historia y conflicto en Bolivia


Alfonso Quispe Yana [Bolivia] Sagrada mitología andina

Nadia Guevara Ordóñez   /   Espacio Crítico, Bogotá

 

“La historia de un país atrasado suele avanzar por la vía de sus héroes fundamentales”: René Zavaleta Mercado

 

Desde el año 2000 el panorama político boliviano cambió en repetidas oportunidades, mientras viejos analistas hablaban de la anomia a la que llevarían las continuas movilizaciones sociales, las “organizaciones vivas” mantenían sus propuestas e iban buscando alianzas que en muchas ocasiones respondían a la rapidez de los acontecimientos más que a un proyecto específico de toma del poder. Sin embargo, la “guerra del agua” inició un camino que no tenía vuelta atrás, la victoria de los regantes cochabambinos era la primera victoria social en muchos años, y revivía las esperanzas de cambio que nuevos sectores de izquierda albergaban. Además de la victoria material y simbólica de la organización, se iniciaba un ciclo corto en tiempo, pero intenso en resultados, que llevaría a sectores antes dispersos a establecer alianzas que trascendían sus propuestas ideológicas.

En este contexto de reformulación de la lucha social se reeditaron imaginarios, discursos y proyectos inconclusos. Lo que sectores neoliberales nombraban como logros, fueron puestos en duda y llegó a mostrarse que ni la revolución nacional de 1952, ni la apertura democrática iniciada en 1982 o las leyes de participación popular y de multiculturalismo habían logrado una inclusión real de sectores excluidos. Es más, la lectura de muchos de los representantes de los movimientos sociales mostraban que todas esas medidas tenían un perfil homogenizante y por lo tanto positivista, en el que se llevaba a los sectores sociales a la cooptación estatal y partidaria, sin tocar las verdaderas estructuras de dominación y exclusión.

En este escenario de cambios discursivos y de visibilización de la “Bolivia profunda” saltaron a la palestra partidos políticos como el MAS  -  IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político de los Pueblos) y el MIP (Movimiento Indígena Pachacutik), el primero, con experiencias locales previas en elecciones de alcaldes y de diputados uninominales, el segundo de raíces e ideología Katarista. No obstante, el MAS logró articular un discurso abierto a todo aquel que se sintiera parte del llamado de “pueblo”, por lo que su base se amplió de forma más rápida que la del MIP y que finalmente logro en 2002 el segundo lugar en las elecciones y posteriormente el primer lugar aplastante en las de 2005.

Las preguntas sobre las políticas adoptadas por el gobierno de Evo Morales están abiertas, mientras algunos sectores sociales exigen más radicalidad en las medidas, sectores de la llamada “derecha” comienzan a reestructurarse en una suerte de alianzas regionales que ponen cada vez más obstáculos a las medidas iniciadas desde el gobierno. Para comprender este complejo escenario, ponemos a consideración una vista panorámica de las críticas a las estructuras sociales, económicas y políticas que albergaban los movimientos sociales, así como las consecuencias perversas del proceso de cambio, que serán las que lo van frenando.

La crítica a la sociedad: Historia, Colonialidad y Memoria

Los análisis históricos en Bolivia estuvieron centrados generalmente en la historiografía de los grupos en el poder y las medidas adoptadas por éstos. Los grupos “subalternos” (Ranahit Guha) se hacían visibles solamente por medio de insurrecciones o conflictos específicos. Este hecho muestra la primera forma de continuidad con la colonia, ya que en aquella época el reconocimiento de “el otro” indígena era prácticamente nulo. El primer grupo en el que se centró la atención fue el de los mineros. Al igual que en el resto del mundo, como lo señala Eric Hobsbawn [1], el interés del análisis de la historia de estos grupos se dio con la incursión de los obreros en los diversos escenarios nacionales y la creciente relevancia de la emergencia de nuevas problemáticas

Así, las distintas trasformaciones sociales son las que visibilizan a los grupos otrora ignorados. Pero el fin de contar “sus historias” no es simplemente narrativo, sino que brinda herramientas para “representar el pasado”, ya que al igual que con otros hechos y conceptos sociales, es un elemento que pude observarse desde distintos puntos. El fin de analizar el pasado desde este punto es contar con elementos que permitan comprender el presente. Este hecho significa de forma muy clara, que la reinterpretación del pasado llevará también a una reinterpretación del presente y del futuro. Mientras la historia oficial ensalza, por ejemplo, figuras como la de Bolívar, olvidando a otros líderes como Tupac Katari, la historia no oficial habla de que el proceso de independencia se inició en 1780 (en el caso boliviano). Estas nuevas visiones plantean la posibilidad de entender a la sociedad desde los hechos no resueltos y desde la continuidad de los procesos, y no desde la narración a favor de líderes que supuestamente fueron “revolucionarios”.

 Así mismo, debe tomarse en cuenta que la historia también será  parte de los hechos fundadores de la identidad nacional, o mejor dicho, la forma en la que la historia será utilizada para fundamentar dichos sentimientos [2] . Además de este uso, cabe recalcar el papel de los medios institucionales para su difusión: “La historia no es una memoria atávica ni una tradición colectiva. Es lo que la gente aprendió de los curas, los maestros, los autores de libros de historia y los editores de revistas y programas de televisión” [3].  Esto coincide con la visión de Foucault en Vigilar y Castigar, en el hecho en el que las estructuras serán interiorizadas principalmente por medio de instituciones que ejercerán un poder físico con el disciplinamiento de los cuerpos, y también sobre las almas con la interiorización de los conceptos y principios que defienden [4] .

El resultado de este proceso de creación de mitos e identidades nacionales a partir de la visión de los de “arriba” derivará también en el rechazo de otras estructuras que serán consideradas como premodernas, arcaicas o incluso bárbaras. La “comunidad imaginada” de la que habla Benedict Anderson [5] fue formada en América Latina a partir de la visión de sus elites, que se imaginaron a sí mismas pero olvidaron al resto de la población, siguiendo patrones de pensamiento coloniales que dieron origen a los problemas que se enfrentan hoy en día.

El pensamiento post colonial, por su parte, plantea  la necesidad de repensar los orígenes de las formaciones y estructuras imperantes. Para esta segunda corriente, no solo se parte de la idea de explorar en la historia de los de “abajo”, sino también en la idea de analizar el hecho de porqué se encuentran en esa posición, a diferencia de lo ocurrido en Europa, la conformación de las relaciones de explotación no sólo responden a consideraciones de la conformación capitalista contemporánea, sino al mismo hecho de la conquista, colonización, y las formas de producción y de división del trabajo impuestos por ésta.

Para Aníbal Quijano, la idea de raza es una construcción mental [6], que responde a la visión de clasificación de población que se dio al inicio de la colonia, y que además estaría unida a la conformación capitalista mundial y a la división internacional del trabajo, que en la práctica significó una especie de “división racial del trabajo”. Además de este hecho tangible de dominación, la negación de una identidad como tal será evidente en la conformación de nuevas identidades geográficas. Mientras que se pensó en un “oriente” en oposición al occidente europeo, no se planteó la posibilidad de asignar una identidad diferenciada a América, no hubo un reconocimiento de “el otro”, por lo que incluso después de la colonia, las elites gobernantes se asumieron como parte de un occidente europeo y se lo plantearon como ideal en todos los campos. Además de esto, la colonia reasignó identidades homogeneizadoras que acabaron con la multiplicidad precolonial, todos los indígenas, independientemente del grupo al que pertenecían pasaron a ser “indios”, los esclavos traídos a la América, dejaron sus identidades en África y pasaron a ser esclavos o simplemente “negros”.

Al fin de la colonia, el poder quedó en manos de los criollos, que se asumieron como blancos, es decir, como dignos de ser considerados como ciudadanos y los únicos capaces de llevar a cabo el proyecto nacional. Además, la aspiración máxima era la modernidad, una modernidad que era asumida “a la criolla”, porque se renegaba de las poblaciones indígenas y de sus conceptos de temporalidad y territorialidad y se los veía como inferiores, pero no se planteaba la posibilidad de crear mecanismos que ayudasen a  asumirlos como ciudadanos libres y objeto de derechos, el resultado eran intentos de búsqueda de modernización económica, pero no estructural [7] .

El rol que juega las historias no contadas por la historia oficial se hace evidente a la hora de analizar los planteamientos políticos que logran agrupar los intereses de una sociedad en base a una “memoria colectiva” [8].  En el caso específico de la parte andina boliviana, puede verse que a pesar de que sus pueblos no contaron con medios escritos para su difusión, lograron mantener una historia oral, al igual que sus organizaciones comunales  y tradiciones conjuntas, de forma muy eficaz. En este sentido, Silvia Rivera Cusicanqui nos habla de dos conceptos que serán centrales en la mayoría de los análisis de la realidad de este país. La memoria corta y la memoria larga (a la que podría añadirse la memoria inmediata), muestran cómo las experiencias organizativas tanto en los momentos de las luchas coloniales, como en el empoderamiento del “pueblo” en la revolución de 1952 (y últimamente con las insurrecciones de 2000 y 2003), dieron al movimiento indígena la posibilidad de articular la memoria colectiva en pro de una visión de empoderamiento, en base a la memoria de victorias [9]. La memoria larga se centraría en las insurrecciones lideradas por el líder Túpac Katari en 1780, además de la incursión armada de Zarate Willka (el temible Willka) en la guerra federal de 1898. La memoria corta se centraría en la experiencia de participación por medio de los sindicatos campesinos post 9 de abril de 1952. La propuesta de la incorporación de la “memoria inmediata” se debe a que tanto en 2000 como en 2003 se conjugaron elementos similares a los de los otros dos momentos, y además dejaron en la memoria la posibilidad de victoria por medio de la movilización.

La continuidad de las estructuras de poder y de exclusión inauguradas en la colonia serán continuadas por el positivismo y las medidas derivadas de éste en el siglo XIX, que no sólo significaron la continuidad con la colonia, sino que en muchos casos fueron peores. La independencia no planteó la posibilidad de incorporar a los indígenas como ciudadanos, se mantuvo una especie de “apartheid”, en el que los “indios” seguían haciendo parte de las haciendas y las propiedades heredadas de la colonia. El proyecto nacional se basó en la opinión de los “letrados” que se veían más en Europa que en su propio país. En el caso boliviano esto era doblemente trágico, ya que las elites no sólo se vieron a sí mismas como las únicas capaces de llevar a cabo el proyecto nacional, sino que renegaban de la “parte” que les había tocado, se veían a sí mismos como aislados por la cordillera y en un país con predominancia indígena. Si siquiera se pensó en proyectos de “blanqueamiento” como en otros países, sino simplemente en mantener las prerrogativas heredadas y expandirlas.

La naciente Bolivia se basó en dos matrices productivas: el de la tierra y el de la minería. En el caso de la tierra, el avance sobre las propiedades comunales se recrudeció después de la independencia: “Con los términos de los decretos confiscatorios de 1866, Mariano Melgarejo declaró que el Estado era el dueño de todas las propiedades comunales. Todo indio que residiera en tierras estatales estaba ahora obligado a adquirir títulos individuales... los campos de quienes no lograsen adquirirlos en los términos estipulados serían confiscados y subastados al mejor postor.  El decreto de 1868 puso la sal a las heridas inflingidas por la ley anterior: permitía que comunidades enteras fueran subastadas como unidades agrarias e impuso el tributo, quedando los indios sujetos a dos veces las tasas estándar” [10]. El Estado boliviano ponía sobre las espaldas indígenas la responsabilidad de cubrir los gastos estatales ante el declive de la producción de la minería de la plata. Sin embargo, las comunidades indígenas lograron resistir estas agresiones, los levantamientos e insurrecciones constantes lograron un delicado equilibrio con el Estado [11], la primera prueba fue que en 1971 el nuevo gobierno declaró nulas las leyes de Melgarejo. Este pobre equilibrio se mantuvo hasta entrado el siglo XX, para las elites en el poder significaba la tranquilidad de saber que no serían agredidos como en anteriores levantamientos, para los indígenas, significó la posibilidad de mantener sus costumbres, organizaciones y memoria a pesar de los intentos “modernizadores.

En el caso de la minería, como un hecho tristemente conocido, se pasó de la minería de la plata a la minería del estaño hasta mediados del siglo XX. La minería de la plata había decaído a fines del siglo XVIII y la república no fue capaz de viabilizarla, años de mala explotación habían dejado a la mayoría de las minas sin mineral o sin infraestructura adecuada para la explotación a profundidad. El cambio a la minería del estaño significó volver a los circuitos comerciales internacionales, y una inserción precaria al mercado mundial. La exportación de materias primas no se tradujo en ninguna infraestructura o crecimiento a nivel nacional. Siguiendo la teoría de la dependencia, Bolivia se constituyó desde su nacimiento en periferia.

Fue la guerra del Chaco (1932 - 1935) la que comenzará un proceso de interpelación a la configuración del poder en Bolivia. Dada la poca población con la que se contaba, se tuvo que incorporar a la población indígena, principalmente del Altiplano en las fuerzas armadas. A pesar de que su incorporación  no se daba por decisión propia, sino más bien por coerción de los dueños de las haciendas, y que aún en combate se mantuvieron las relaciones de castas de la sociedad boliviana [12]. Fue en las trincheras donde los diversos actores se encontraron y reconocieron [13]. Al fin de la guerra las alianzas de los partidos tradicionales se derrumbarán y darán paso a las posturas nacionalistas. En el caso de los partidos de izquierda, éstos salieron mal parados de la contienda, ya que su no participación en la guerra les significó el rechazo por parte de algunos sectores que si habían participado.

La participación de los mineros en las luchas nacionalistas será de vital importancia. Hasta 1952 fueron el único sector opositor al régimen pro rosca minera (Patiño, Hochild y Aramayo, los “barones del estaño”), además de contar con una organización que les permitía hacerles frente y planteamientos claros plasmados en la “tesis de Pulacayo” (1946) planteada por la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia). En dicho documento se utilizaba la interpretación marxista, a la vez que se señalaba la particularidad boliviana, la de no contar con una burguesía capaz de eliminar las relaciones feudales y coloniales [14]. Además de plantear la necesidad de la toma del poder.

Las elites bolivianas no vieron la necesidad de llevar a cabo cambios. A pesar de la incursión de RADEPA [15], desde 1946 hasta el 52, los abusos estatales en defensa de los intereses mineros no cesaron y precipitaron la respuesta de los partidarios nacionalistas. El 9 de abril de 1952 los sectores urbanos emenerristas y los mineros a la cabeza de Juan Lechín comenzaban la toma del poder. Algunos analistas ven a esta revolución como radical, por haber partido de las organizaciones obreras y por haber planteado la reforma total del Estado. Para otros, entre ellos René Zavaleta, y el propio Lechín años después, significó una simple insurrección popular o un golpe de Estado más, ya que le quitó la posibilidad al movimiento obrero de concretar sus proyectos, pues había dejado la conducción de la revolución a los “jacobinos sin burguesía” del MNR.

Las medidas encaminadas por el MNR tendían más a la modernización homogenizante que a la democratización [16] o inclusión. El voto universal fue instrumentalizado para perpetuar al MNR en el poder y lentamente dejar la alianza con la COB. En cuanto a la reforma agraria, la consigna “la tierra es para quien la trabaja” no se acompañó por “apoyo a los que trabajan la tierra”, lo que derivó en el empobrecimiento de la producción y la subdivisión de la tierra, lo que se traducirá en el “surcofundio” en el Altiplano y los valles, mientras que la noción de la “propiedad mediana” se traduciría en años posteriores en los grandes latifundios en el oriente del país. Además de esto, la reforma agraria del 3 de agosto perseguía la trasformación de los indígenas en campesinos. Además de esto, el proceso se vio interrumpido por el golpe de Estado de 1964. Sin embargo, la experiencia de organización en los sindicatos campesinos, así como la memoria de victoria de la revolución se constituirá en la memoria corta.

El “pacto militar -  campesino” [17] instaurado en la dictadura de Barrientos iniciará la etapa de subordinación pasiva del campesinado y su alejamiento del movimiento obrero. Dentro de la organización campesina el único sector que se opuso al pacto fueron los Kataristas. Este grupo se originó en el proceso de urbanización desde la década de los 60. Al llegar a las ciudades los migrantes rurales  mantuvieron sus formas de organización y las trasplantaron a otros ambientes como las escuelas y las universidades. De este proceso nacerá el Katarismo, una combinación entre el indigenismo de Fausto Reinaga y los planteamientos del nacionalismo revolucionario y cuyo principal exponente será Genaro Flores.  En 1973, en el “manifiesto de Tiwuanaku” se declaran en contra de la opresión de cualquier grupo sobre otro. Esta puede verse como el inicio de la independencia del movimiento indígena – campesino de las corrientes obreras.

Barrientos muere en 1970, a su muerte se hace un ensayo de la implementación de un gobierno socialista, en las manos de Juan José Torres, otro hijo de las FFAA de la revolución nacional.  Siguiendo el discurso inaugurado por Toro y Busch pretende implementar cambios en el sistema político, económico y social por medio de la Asamblea Popular, nuevas nacionalizaciones, expulsión de los cuerpos de paz, alineamiento con los países comunistas, etc. En esta etapa vuelven a surgir las masas obreras como un actor fundamental, y a la ausencia del MNR. La Asamblea Popular estaba pensada bajo la organización de una especie de “soviets” donde cada sector tuviese un representante [18] . A pesar de lo “revolucionario” de la iniciativa de la Asamblea Popular, se mantuvo el enfoque urbano del movimiento de izquierda. Después de la ruptura del pacto militar campesino (1974), el movimiento campesino pasará por un proceso de reconfiguración que dará origen a la CSUTCB  (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) en 1979. Esta nueva organización precipitará la caída del nuevo dictador Bánzer y tendrá un papel protagónico en la recuperación de la democracia.

El “Bolivia se nos muere” o  recetas para ser presidente de Bolivia

El 6 de agosto de 1985 la UDP (unión democrática popular) entregaba la presidencia al MNR, después de una corta experiencia de alianza de sectores (katarismo campesino, la COB obrera y partidos de izquierda como el MIR). Al igual que en otros gobiernos post dictatoriales, la UDP tuvo que afrontar con problemas económicos heredados de los manejos militares [19]. Problemas como un altísimo endeudamiento que no se había traducido en infraestructura o emprendimientos estatales, sino en el enriquecimiento de aquellos que estaban ligados al poder. En el caso boliviano, durante la dictadura de Bánzer, el 80.8% del total de crédito agrícola se centró en el incentivo de la agricultura capitalista en el oriente, principalmente Santa Cruz [20]. Dichos créditos no serían pagados por los empresarios que los utilizaron y pasaron a ser parte de la deuda externa. Además, en el mismo periodo se distribuyeron cerca de 17.800.000 de hectáreas de las que el 90% estaban en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando [21].

La UDP se vio forzada a acortar su mandato, el MIR se había retirado de la alianza, la COB volvía a las calles pidiendo aumentos salariales y ayuda para afrontar la crisis, y el katarismo sufría las consecuencias de su alianza. La hiperinflación alcanzó el 60000%, el congelamiento de los precios, el aumento de los salarios, la baja del precio de los minerales, sumado al rechazo de los Estados Unidos ante un gobierno de izquierda y la exigencia de los organismos internacionales para pagar la deuda, llevó al debacle al régimen y a las elecciones anticipadas.

El 29 de agosto de 1985 Víctor Paz, en un mensaje televisado le decía al país “Bolivia se nos muere” y responsabilizaba a la UDP de la crisis económica. Para salvar a Bolivia de esa supuesta muerte, decretaba el DS 21060, que daba “fin a la matriz estado – céntrica que había dominado desde 1952” [22]. Lo irónico del caso es que dicha forma de manejo estatal había sido a lo mucho intermitente y principalmente centrado en fortalecer a grandes empresarios como en el caso de Santa Cruz.

Con esta medida se daba inicio a la Nueva Política Económico (NPE), que significaba un régimen libre de cambio monetario, libre contratación, fin a los programas de asistencia y subsidios, etc. No obstante, la medida más controversial de dicho decreto fue la relocalización. La baja del precio de los minerales, además de los intentos de apoyo al sector minero hacía inviable a los ojos del MNR continuar con la COMIBOL (Corporación minera de Bolivia) como se la conocía, por lo que se ordenó el despido de más de 20000 mineros. La idea de esta medida, como lo dice su nombre, era reubicarlos en alguna otra actividad productiva, esto nunca se llevó a cabo y los mineros se vieron obligados a migrar principalmente a tres lugares: el Chapare (zona de cultivos de coca), la ciudad de El Alto y la ciudad de Santa Cruz. A su llegada a estos centros se daría un proceso irreversible de reconfiguración de organizaciones y de mezcla de experiencias que puede observarse en dichas organizaciones.

Los intentos de los mineros por frenar las medidas neoliberales de Paz Estenssoro fracasaron, el sector minero no volvería a ser el mismo y durante algunos años se pensaba en que se había puesto fin a las protestas obreras. A pesar del alto costo social y psicológico que tuvo la NPE, logró su objetivo. Organismos internacionales, principalmente el FMI veía con buenos ojos el desarrollo del plan de estabilización y concedía algunos alivios al pago de la deuda, a cambio claro, de mantener una política macroeconómica “coherente”. Durante muchos años Bolivia fue vista como un ejemplo para la región de lo beneficioso de  los planes de estabilización, además de mostrar un comportamiento económico ejemplar.   

La segunda ola de reformas económicas vino de la mano una vez más del MNR, esta vez en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993). La idea era atraer capital extranjero, la medida fue la “capitalización” de las principales empresas estatales que aún estaban en manos estatales. La capitalización más traumática fue la de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), pues otorgaba el control de los hidrocarburos a empresas extranjeras bajo el supuesto de que dicha empresa había sido “motín” de corrupción y no había logrado mejorar los niveles de producción. Las protestas en contra de la capitalización (que era interpretada como privatización) no se hicieron esperar, el primer sector que se opuso fue el de los beneméritos de la guerra del Chaco y los jubilados. Este hecho muestra la unión de esta empresa con la memoria colectiva nacional. YPFB fue creada en 1936 al fin de la guerra del Chaco, en el gobierno de David Toro. El fin de su creación era el manejo nacional de los recursos hidrocarburíferos que se encontraban en el Chaco, y que se habían salvado por unos cuántos kilómetros de quedar en poder paraguayo. 

La capitalización gonista no logró los resultados esperados, si bien la inversión extranjera se incrementó, lo hizo en empresas ya existentes y no crearon nuevas, y mucho menos cumplieron las expectativas de creación de empleos. No obstante, los resultados macroeconómicos si fueron reconocidos y por lo menos los primeros años nadie se atrevía a cuestionar el modelo.

Dentro de las exigencias externas un punto crucial será la implementación de los planes de lucha contra el narcotráfico, en especial la reducción de cultivos de coca excedentaria. La presión ejercida principalmente por los Estados Unidos se hará evidente a partir de la década de los 80, y se agudizará en 1997 con el “plan dignidad”. El costo humano fue evidente, como ya se vio anteriormente, la zona del Chapare (donde se encuentran los cultivos excedentarios) fue uno de los principales centros receptores de migración interna, por lo que las medidas en contra de los agricultores de coca significaba atropellar los intereses de miles de familias. El plan dignidad marcó un corte con las anteriores políticas de erradicación, ya que planteaba la “coca cero”, además de la militarización y la erradicación sin compensación. Los continuos conflictos entre el Estado y los cocaleros hizo que dicho sector cobrara importancia nacional, además de que lo llevó a articularse con los movimientos indígenas, campesinos, y de izquierda en general. Esto se hace evidente con la teoría de los marcos constitutivos de los movimientos sociales, ya que el movimiento cocalero contaba con la organización heredada tanto de indígenas como de mineros (sindicatos y federaciones), además de una historia e imaginario en común y una razón para movilizarse, ya que si bien no eran el sector más empobrecido, fueron el sector que más sufrió con la implementación de las políticas estatales.

La crítica a la política: dictaduras, democracia pactada y partidocracia

Para René Zavaleta Mercado, el rol principal de la configuración de la identidad nacional se dará por medio de los momentos constitutivos [23]. Se entiende por momento constitutivo un hecho o punto originario de las sociedades en su sentido más remoto.  A pesar de que el autor entiende a este momento como un hecho singular y lejano, nos permitiremos utilizar este concepto de una forma más amplia, como hechos concretos que marcarán en adelante el accionar y la percepción de un actor en cuanto a ese hecho, además de ser un momento de construcción de imaginarios y organizaciones: “El momento económico de formación nacional y su momento económico y cultural son paralelos y se fundan ambos en el contexto dado por el momento constitutivo” [24].

Se tomarán como momentos constitutivos a la guerra del Chaco como la articuladora de la conciencia nacional, la revolución del 52 como la culminación de este pensamiento y que dará además la memoria de victoria, y el tercer momento serán las insurrecciones que fueron de abril de 2000 a octubre de 2003. Esta interpretación puede unirse a la de Rivera Cusicanqui y las memorias. En todo caso, dichos hechos serán en los que “las dos Bolivias” se encontrarán, reconocerán y articularán. De estos tres momentos se desprenden distintas experiencias de interpretación, y cada sector social actuará según su historia y objetivos particulares. A este análisis nos gustaría añadir el análisis de los momentosdisolutivos, que en contraposición se caracterizarán por ser momentos en los que el poder Estatal encarnado en las oligarquías, roscas, élites, etc, llevarán a cabo programas y medidas orientados tanto a la homogenización como destrucción de los sectores sociales.

El primer intento de disolución en claves de modernización será paradójicamente, el primer gobierno del MNR, y el intento de campesinizar. El segundo proceso será el del Pacto Militar Campesino de 1964, en el que se dislocó la alianza entre campesinos y obreros. El tercer momento será el de la dictadura de Bánzer, en el que la brutal represión de los sectores campesinos, obreros e intelectuales urbanos hará difícil la elaboración de cualquier tipo de propuestas. El cuarto momento es el de la implementación de la Nueva Política Económica o el modelo neoliberal.

La dictadura de Banzer en 1971 fue la reacción de la derecha conservadora, principalmente afincada en Santa Cruz de la Sierra y en el seno de las Fuerzas Armadas, frente al proceso del gobierno de J.J Torres. La persecución de la izquierda y de los sectores sociales se materializó en múltiples masacres en centros mineros y rurales, además de la persecución de activistas de derechos humanos y de exponentes de la teología de la liberación [25]. La salida pactada y hasta honrosa del dictador, dará la tónica de la democracia que se iniciaba. En las primeras elecciones ganó la UDP, no obstante, esto no fue del agrado de los militares y de 1979 a 1982 se dio una triste sucesión de gobiernos militares y civiles. Al parecer las elites y sus contactos militares podían aceptar la democracia, siempre y cuando no fuera unida a medidas de cambio estructural. De esta manera, en las elecciones de 1985 aparecía impresa la flecha de la ADN (Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer Suárez), la será impresa permanentemente y que en 1997 logrará la presidencia democráticamente. No se hablaba de juicio de responsabilidades ni de violación de derechos humanos. Incluso sus partidarios mantendrán el discurso de haber salvado al país del “demonio comunista”. Al igual que en Chile y otros países del cono sur, la participación partidaria en democracia se convertiría en el blindaje de seguridad de los antiguos dictadores para evitar cualquier revisión  y análisis adverso.

Las medidas iniciadas por el MNR y el entramado electoral de partidos quedarán como la forma “deseable” de “hacer” democracia, al igual que la idea de modernización y progreso como un proceso lineal que ya existía. A esto se sumaba las premisas de estabilidad macroeconómica y de elecciones regulares. La unión de estas visiones no permitiría durante dos décadas el acceso de otras visiones a la arena política. Un ejemplo de esto será la incursión de CONDEPA (Conciencia de Patria) en los años 90. El líder de este partido reivindicaba un modelo “endógeno”, así como la participación y el reconocimiento de las clases populares desde sus programas en la televisión y en la radio. La solución del gobierno ante este atrevimiento fue prohibir las trasmisiones, sin embargo, los seguidores del programa Tribuna Libre del Pueblo continuaron con su apoyo hasta que se fundó el partido. Si bien el discurso podría compararse con el de “nuevo populismo” como el de Fujimori, es interesante ver en esta iniciativa precoz, el vacío de los “partidos tradicionales” que no lograban articular una propuesta para ese “pueblo”.

El discurso de la democracia liberal logró aplacar las demandas sociales a partir de 1982 y las direccionó hacia el proceso de participación institucional. No obstante, se convirtió también en la medida para todas las cosas. De 1985 a 2002 no sucedería nada nuevo en el escenario político partidario, salvo la incursión de intentos “populistas” [26]. En ese tiempo se dio una secesión de alianzas ante la imposibilidad de todos los partidos de lograr la mayoría en las elecciones. Las alianzas más exóticas se dieron en  1989 y 1997, con la unión de la ADN y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario). Gracias a esta alianza el MIR logró la presidencia a pesar de salir tercero en las elecciones de 1989. Este pacto mostraba que las cuestiones ideológicas habían desaparecido, y que al parecer el abanico político se había concentrado en el centro. Atrás quedaban los “Ríos de Sangre” y todo se convertía en razón política [27]. La corrupción, prebendalismo e ineficacia del Estado se irán sumando lentamente a lo largo de todos los gobiernos.

La privatización de YPFB eclipsó la importancia de dos medidas que cambiarían a la larga el panorama político. La ley de participación popular y la descentralización administrativa. La primera permitirá la participación política de pequeños partidos a nivel local, uno de estos partidos será el MAS. En la primera elección en la que participó lo hizo bajo otro nombre: IU (Izquierda Unida), pero lograría el control de las alcaldías del Chapare y en 1997 el ingreso al parlamento de Evo Morales. La descentralización tendría dos efectos, por un lado el libre manejo de recursos de pequeños municipios, pero también el control de las prefecturas sobre los recursos, lo que a la larga dará pie al discurso cruceño reivindicando el control de los recursos por los ingresos de la explotación de los pozos gasíferos ubicados en su departamento.

A pesar de que las elecciones eran periódicas y se garantizaba la participación ciudadana, no existía ningún mecanismo institucional fuera del parlamento para que los sectores sociales pudieran expresar su opinión. Esto explica, por ejemplo, que a pesar de que la ley 1008 de sustancia controladas violaba la propia constitución, las protestas cocaleras fueron repelidas brutalmente, como el resto de sus medidas. También explica porqué la mayoría de las protestas sociales eran tomadas como violaciones a la ley y a pesar de “vivir en democracia”, los arrestos arbitrarios de dirigentes, la dictación del estado de sitio, etc. eran utilizadas según la ocasión.

De guerras, cambio, esperanza y contradicciones

Abril de 2000 será el resultado, por un lado de la acumulación de fuerzas de los sectores sociales y su descontento con las medidas del Estado, y por el otro, la pérdida de legitimidad del Estado y sus instituciones, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía. En el caso de los sectores sociales, como ya se vio, desde la década de los 70 se dio una incorporación de visiones que conformaron las posiciones de cada sector. En el caso del Estado, la miopía de los gobernantes no les permitió ver que el continuo uso de la fuerza, algunas veces sin proporción, iba dando pie a la búsqueda de acciones cada vez más radicales. Los continuos bloqueos de caminos, marchas, desabastecimiento de las ciudades, etc. Fueron mostrando la debilidad de la fuerza represora del Estado, además de la vulnerabilidad de las ciudades. Ahí radica otro punto crucial de la guerra del agua, después de muchos años en los que el Estado había logrado aplacar las manifestaciones con la fuerza, Cochabamba mostraba que si los sectores sociales se unían, el aparato represor no podía hacer nada.

Febrero de 2003 mostrará de la misma forma las profundas grietas entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Rupturas que fueron producto incluso de las mismas medidas estatales. Esta ruptura tendrá dos resultados: por un lado constituirse en un “ensayo” de lo que será la “guerra del gas” y por el otro dejar la peligrosa imagen de la incapacidad del brazo armado. La segunda consecuencia será heredada por el gobierno del MAS y será una de sus debilidades.

No obstante, este periodo de movilizaciones sociales y búsqueda de cambios no solo llevará al fortalecimiento de los planteamientos de dichos actores. También el discurso y la posición de los sectores “conservadores” se irán radicalizando. Durante el gobierno de Bánzer se responsabilizó a los cocaleros de impedir el desarrollo del país por los bloqueos de caminos, además de la satanización del cultivo de coca, bajo el discurso de que los cultivadores de la hoja no eran más que narcotraficantes. La polarización de la sociedad boliviana responde a sus raíces históricas, sin embargo, la exacerbación de las contradicciones se aceleró a raíz de la política en contra de los cocaleros. Este sector se convirtió a u vez en la condensación de las reivindicaciones de diversos sectores sociales que lo fueron formando a su imagen y semejanza, lo que explica a su vez la diversidad de planteamientos y posiciones que alberga en su seno.

Del otro lado, “la Bolivia” que respondía a las hipótesis del gobierno no dudó en mantener el discurso en contra de los movimientos sociales. Primero se los acusaba de ser los culpables del atraso (como se lo hiciera en el siglo XIX y los discursos positivistas), después se los acusaba de querer romper con la democracia por no respetar las instituciones y las leyes del Estado. La salida de Gonzalo Sánchez de Lozada será otro punto importante de la configuración de estos discursos, ya que mientras los sectores sociales y organizaciones de derechos humanos llaman continuamente a un juicio de responsabilidades en su contra, y movilizan todos sus recursos para pedir la extradición del mismo de los Estados Unidos (donde aún hoy da conferencias sobre Bolivia en universidades), los sectores aglutinados en el comité cívico pro Santa Cruz sostienen que el verdadero culpable de los acontecimientos fue Morales. En este punto pude verse una vez más la disyuntiva tanto discursiva como ideológica entre las dos Bolivias.

El gobierno del MAS

La victoria del MAS en las elecciones de diciembre de 2005 pueden verse como la culminación de un proceso de empoderamiento de los movimientos sociales, pero también como el inicio de la segunda batalla, una en la que los planteamientos de la derecha serán los que marquen la tónica de la política nacional. Esta confrontación se iniciará en el mismo día de elecciones que otorgaban al  MAS una holgada  mayoría en la Cámara Baja, mientras que la Cámara Alta se inclinaba a favor de la oposición gracias a la regla de elección por minoría. Esta era la democracia en la que tocaba actuar. Una democracia de cifras, sumas y restas de votos al menudeo, por lo que para institucionalizar y legalizar los cambios que se pretendían, tocaba buscar formas de consenso con políticos y líderes abiertamente hostiles al movimiento.

La alegría de los masistas por los resultados de la elección presidencial eclipsó otro hecho relevante; era la primera vez que se elegía mediante voto directo a los prefectos de los nueve departamentos de Bolivia. Esta elección configuraba un escenario más complejo que el del congreso, ya que más de la mitad de las nuevas autoridades eran contrarios al MAS. El gobierno de Evo Morales tendría que afrontar dos frentes de oposición, uno al interior del poder legislativo y el segundo en las regiones, especialmente en Santa Cruz, que ya desde 2002 hablaba de la “Media Luna” y articulaba un discurso que pasó de la elección de prefectos a la autonomía rápidamente. En la práctica, la oposición congresal liderada por el partido de tendencia conservadora PODEMOS (poder democrático y social), perdió la oportunidad de liderar la oposición y cedió el terreno a los departamentos.

Los conflictos entre el gobierno y la oposición se materializaron en prácticamente todos los aspectos de la política boliviana. Dos de los hechos más llamativos fueron el de las luchas dentro de la Asamblea Constituyente, especialmente con el tema de la capitalía plena [28] (que significaba trasladar la sede de gobierno de La Paz a Sucre), y en el llamado al referéndum regional para aprobar un estatuto autonómico en la ciudad de Santa Cruz. En ambos casos la interpretación de conceptos y leyes jugó un papel muy importante. Para la “Media Luna” la forma en la que se aprobó el proyecto de nueva Constitución Política del Estado fue ilegal, para el MAS el referéndum cruceño era una simple consulta de opinión.

Sin embargo, detrás de estos debates sobre legalidad, democracia y libertad se oculta algo más profundo que un simple debate legal. Como ya se vio, a lo largo de la historia de Bolivia fueron muchos los intentos de democratización e incorporación, pero todos fueron procesos truncos, y generalmente desembocaron en reacciones conservadoras e incluso totalitarias. Entretanto, las organizaciones sociales que forman la base de apoyo del MAS responden a estos procesos truncos, a la vez que se alimentan de las experiencias de victoria en las continuas confrontaciones contra el Estado.

Los límites del gobierno del MAS son una combinación entre la debilidad permanente del Estado boliviano, y la exacerbación de los discursos basados en diferencias ilusorias. La debilidad estatal puede leerse como el “estado aparente” del que hablaba Zavaleta, esto es un Estado en el que la cantidad cartográfica no corresponde al espacio estatal, además de no ser homogéneo y unificado y albergar  distintos órdenes civilizatorios, y ser una construcción por negación [29]. Para muchos autores, el discurso de la creación de una nación será permanente en la política boliviana, al igual que el fortalecimiento de las instituciones estatales. El MAS es parte de este proceso “nacionalista” (en el sentido virtuoso del término), partiendo de la solución de los problemas estructurales que impidieron la consecución de anteriores proyectos.

La salida que planteada es la creación de un Estado plurinacional, que buscaría la incorporación y el reconocimiento de las diversas formas culturales, políticas, sociales y políticas que se manifiestan en su territorio [30]. El vicepresidente Álvaro García Linera señala que: “se trata de buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser” [31]. Esto demostraría que a pesar de la estigmatización de la oposición al calificar los intentos de este gobierno como “totalitarismo de izquierda”, lo que realmente buscan alcanzar es la constitución de un proyecto nuevo de nación, que responda a las condiciones de la sociedad boliviana y no a las instituciones y estructuras adoptadas en base a la imitación de procesos europea y norteamericanos. Esta construcción no buscaría una vuelta al pasado prehispánico, sino mas bien una “modernidad alterna”. Modernidad en tanto la eliminación de relaciones y de estructuras basadas en el origen familiar o racial, además de la eliminación de estructuras de explotación cuasi feudales y de esclavitud (según un informe de la ONU en el Chaco boliviano aún existen poblaciones en condiciones de esclavitud). Esta “modernidad” sería la unión entre mecanismos y estructuras capitalistas con modelos precapitalistas y post capitalistas. La incorporación de estos “pisos” económicos permitiría que los pueblos indígenas mantengan las organizaciones y costumbres que tienen, a la vez que les daría la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. En resumen, esta nueva modernidad se trataría de “vivir bien” [32] y no de “vivir mejor”

La política culturas, como búsqueda de creación de un proyecto nacional se vería en la incorporación del aprendizaje obligatorio de idiomas indígenas en las instituciones públicas y colegios, así como la revalorización de conocimientos y estructuras originarias. La posición de muchos a este respecto es que en un “mundo globalizado” estos idiomas significan atraso. La contraposición a este respecto es parte de un proceso de alteridades permanentes, mientras la oposición continúa con el proyecto de inserción a los circuitos mundiales, en base a la adopción de modelos culturales y económicos “deseables”, el proyecto del MAS busca primero solucionar el problema de la exclusión y el desconocimiento del “otro” interno antes de intentar competir como se hiciera en el pasado.

Entretanto, las medidas económicas: la nacionalización de los hidrocarburos y la reforma agraria serían parte de una construcción de imaginarios nacionales muy profundos. YPFB podría verse como la materialización de la memoria de la guerra del Chaco y los primeros intentos antiimperialistas de Bolivia, además de haber logrado una cohesión de sectores en base a un mismo objetivo nacional. En el caso de la reversión de tierras, la memoria va incluso más lejos, al despojo español de las tierras y sobre todo a las políticas agresivas de avasallamiento de la república. La reforma agraria de 1953 no logró el objetivo a falta de conocimiento y reconocimiento del territorio como territorialidad. Este concepto fue largamente trabajado por los pueblos del oriente, por lo que no es de extrañarse que la incorporación de esta petición dentro del movimiento cocalero primero y del MAS después hubiera logrado la alianza entre los pueblos de las tierras bajas y el resto de los movimientos sociales. Tampoco es de extrañar que en este campo se esté dando la batalla más cruenta para impedir el saneamiento de tierras.

Entre tanto, al parecer el problema del racismo es el que marcará la tónica de las relaciones sociales en el futuro cercano. Los discursos a favor de las autonomías departamentales no sólo se articulan en base a la petición de mayor flexibilidad pare el manejo regional de recursos y de formulación de proyectos, sino también en una lectura bastante particular de la historia y de las relaciones sociales en base a ésta y el derecho de las prefecturas departamentales de emitir leyes sobre recursos naturales y ley de tierras.

Un hecho conocido es que la “Nación camba” se considera a sí misma diferente del resto del país (de los collas) por sus orígenes genéticos. Mientras que el altiplano respondería a la mezcla “enferma” entre aymaras, quechuas y la primera migración española a la región (españoles incultos), el origen de Santa Cruz se daría a partir de la colonización iniciada en lo que hoy es Paraguay y la influencia de las misiones jesuitas. En el “Estatuto Autonómico” de Santa Cruz puede leerse que se reconocerá la “ciudadanía camba” a los pueblos indígenas de la región (chiquitanos, guaraníes, etc), y deja de lado a los indígenas del altiplano, esto pareciera basarse en la concepción del “buen salvaje” y en planteamientos abiertamente racistas.

No obstante, el discurso y los estatutos se materializan en las acciones de los “autonomistas”. Las agresiones contra personas que “parecen collas” se incrementaron y pasaron a la agresión también de indígenas del oriente. Mientras que en el resto del país los movimientos sociales defienden el proceso e intentan “cuidar” a sus compañeros en tierras orientales. No obstante, el pronóstico es reservado, la población indígena en el oriente es reducida y están rodeados de grandes hacendados que actúan ante cualquier intento de oposición.

El detonante de los ataques (porque el discurso es mucho más antiguo) fue al parecer la ley de reforma agraria y de revisión de tierras emitida desde el gobierno. Lo que se buscaba es un saneamiento de tierras en base a los criterios de fin social y productivo. En la gran mayoría de los casos, las tierras en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz exceden la cantidad de hectáreas establecidas en la anterior ley, además de ser tierras de “engorde” por no tener un fin productivo. Además de esto, un breve análisis de los nombres de los dueños de las grandes haciendas mostrará otra faceta del enredo, en su mayoría son inmigrantes de Europa oriental, la Alemania post segunda guerra mundial y norteamericanos. Si bien es muy difícil comprobar la relación que sus posturas tienen con sus orígenes nacionales, una cosa es cierta, el proceso de “blanqueamiento” de la sociedad oriental se dio en base a inmigrantes extranjeros que llegaron en épocas en las que el precio de la tierra (principalmente en los 70) y el control estatal era ínfimo, por lo que la tenencia de las mismas carece de legitimidad frente a diversos sectores sociales. Además de esto, a diferencia del proceso de cambio de elites que se dio en el altiplano a raíz de la revolución del 52, en el oriente, principalmente Santa Cruz, las elites siguen siendo las mismas de la independencia y la era de oro del caucho, incorporando solamente a los inmigrantes “blancos” [33] .

La falta de diálogo y negociación entre los gobiernos departamentales y el central no es solo el efecto del gobierno del MAS, sino la clara muestra de posiciones que eran irreconciliables hace mucho tiempo, y que afloraron solamente a raíz de la enunciación de las mismas en el escenario nacional. Lo que está en juego no es un estado centralista o descentralizados, como pretenden hacer ver los prefectos de la “media luna”, sino dos proyectos de país que responden a dos historicidades muy distintas. Uno, como ya se dijo, busca una modernidad alternativa, mientras que el otro pretende mantener un estado señorial basado en la “exclusión social y la negación humana” [34] que se mantuvo durante muchas décadas.

El referéndum revocatorio propuesto para el gobierno para el 10 de agosto es una muestra del intento del MAS de resolver los problemas internos por medio de medidas legales e institucionales. Sin embargo, también podría convertirse en su máxima debilidad, al afrontar actualmente no sólo las posiciones autonomistas, sino un alza en los precios de los alimentos que afectan a las bases que sustentan el proyecto. En este sentido, al igual que en 1982, las condiciones internacionales jugarían un papel importante en la definición del nuevo escenario. Si en aquellos años fue la crisis de la deuda externa, ahora se afronta una tendencia al alza de los alimentos mundial. Esto demostraría también que como en los 80, la “derecha” dejó a la izquierda los restos que quedaron de los malos manejos y de la corrupción, además de la falta de iniciativas productivas. El gobierno de la UDP fue una derrota para la izquierda y para los proyectos alternativos, el rechazo al MAS en el referéndum significaría otro fracaso. Sin embargo, este fracaso tendría tintes nuevos, pues fracasaría la vía electoral, no la búsqueda de cambio, ya que los movimientos sociales no fueron desarticulados ni cooptados por el Estado, sino que mantuvieron sus posiciones, y al parecer, serían ellos los que buscasen la consecución de sus objetivos de formas alternas.

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-  Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé. 2006. Evo Morales: de la coca al Palacio. Una oportunidad para la izquierda indígena. (Bolivia. Ed. Malatesta)

Notas

[1] “…el interés por la historia de los de abajo aumentó al crecer el movimiento obrero”. Hobsbawn, Eric 1997. Sobre la Historia. (Barcelona: ED. Crítica. Grijalbo Mondadori.) Pag. 207.

[2“el mal uso que la ideología de la historia se basa más en el anacronismo que en la mentira… estos y muchos otros intentos de sustituir la historia por el mito y la invención no son simples bromas pesadas… el mito y la invención son fundamentales para la política de la identidad a través de la que numerosos colectivos que se definen a sí mismos “. Hobsbawn, Eric 1997. Sobre la Historia.(Barcelona: ED. Crítica. Grijalbo Mondadori).  Pag. 19

[3] ibid

[4] Foucault, Michel. 2000 (30 edición). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión.(México: ED. Siglo XXI)

[5] Anderson, Benedict 1993 Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre la difusión y el origen del nacionalismo. (México: FCE)

[6] Quijano, Aníbal. 2005. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander, Edgardo (compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. perspectivas latinoamericanas. (Argentina: .ED. CLACSO)

[7] “El mercado es el piso, pero también el límite de la posible igualdad social entre las gentes. Para los explotados del capital y en general para los dominados del patrón de poder, la modernidad generó un horizonte de liberación de las gentes de toda relación, estructura o institución vinculada a la dominación y a la explotación, pero también las condiciones sociales para avanzar en dirección a ese horizonte. La modernidad es pues, también una cuestión de conflicto de intereses sociales. Uno de ellos es la continuada democratización de la existencia social de las gentes. En ese sentido, todo concepto de modernidad es necesariamente ambiguo y contradictorio”. Ibid. Pag. 217

[8] “…desde el momento en que un recuerdo reproduce una percepción colectiva no puede ser sino colectivo, y sería imposible al individuo representar una vez más limitado a sus propias fuerzas, aquello que solamente ha posido ser representado inicialmente con el concurso del pensamiento de su grupo”. Halbwachs, Maurice. 2004. Los marcos sociales de la memoria. > (España: Ed. Anthropos)

[9] Rivera Cusicanqui, Silvia. 1986. Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900 – 1980. (Ginebra: ED. UNRISD)

[10] Larson, Brooke. 2002. Indígenas, élites y Estado en las formaciones de las repúblicas andinas: 1850 - 1910. (Perú:  Ed. Instituto de Estudios Peruanos. Pontificia universidad católica del Perú. Fondo Editorial)

[11] “La violencia india se incrementó a lo largo de tres años (1869 -1871), hasta un grado sin precedentes desde que Túpac Katari cercara La Paz casi un siglo antes. La mayor parte de la violenta oposición se concentró en las comunidades aimaras de Pacajes y Omasuyos, pero en 1871 miles de indios se aliaron con los enemigos políticos de Melgarejo para cercar La Paz y forzaron al caudillo a exiliarse permanentemente… los reformadores criollos no desaprovecharon la lección y aprendieron que un ataque frontal sobre las tierras comunales sería percibido como una pura y simple traición”. En Larson, Brooke. 2002…

[12] Klein, Herbet. Historia de Bolivia. 1982. (Bolivia: Librería Editorial Juventud). P. 206

[13“Los campesinos conocieron a los intelectuales y los universitarios se enteraron de que en Bolivia los indios tenía alma y querían pelear. Pero por su tierra, por su tierra de comunidad. Y en las noches se fueron contando cosas y todos asombrados. ¿Así que es así?. Los mineros que fueron al frente contaban del abuso en las minas. Y los otros de los hacendados, y los otros de los oligarcas”. Cajías, Lupe. 1994 (tercera edición). Juan Lechín. Historia de una leyenda. (La Paz – Bolivia. ED. Los amigos del libro).

[14] Tesis de Pulacayo, en:
http://www.pt.org.uy/textos/temas/pulacayo.htm

[15] RADEPA: Razón de Patria. Un grupo de oficiales jóvenes que en las trincheras chaqueñas comenzaron a tematizar la cuestión de la exclusión, del pongueaje y de la “rosca” minera, poniéndose como objetivo el terminar con aquellas condiciones.

[16] Voto universal: 21 de junio de 1952. Nacionalización de las minas: 31 de octubre de 1952. Reforma agraria: 2 de agosto de 1953.

[17] El proceso de este pacto puede entenderse a partir del “nuevo ejercito” forjado desde el Chaco, y las milicias populares de la revolución. Además de las funciones tradicionales, las FFAA asumen el control de las brigadas cívicas, que se encargaban de dotar de servicios básicos a poblaciones campesinas. 

[18] Zavaleta Mercado. 1978. El proletariado minero en Bolivia. En: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40. N°2, La situación laboral de América Latina (Apr – Jun 1978). México: ED. Universidad Autónoma de México.

[19] “En este período la deuda creció mucho más que en el resto, además se contrataron principalmente créditos de la banca privada internacional, con elevados intereses y plazos cortos de amortización; todo esto a pesar de que el país recibió montos importantes por las exportaciones, que tuvieron precios elevados. El saldo de la deuda creció a 1799 millones de dólares, a un ritmo del 17% frente a un crecimiento del PIB de solo 5.2%. Se recibieron 1.750 millones en desembolsos y se pagaron sólo 785 millones, a un promedio de 98.1 millones anuales. En este período se recibió mucho dinero y se pagó menos, aunque estos pagos aumentaron de 31 millones en 1971 a 204 millones en 1978. Los pagos se acumularon para el futuro y se hicieron cada vez más pesados. En 1977 se recibieron como desembolsos 422 millones de dólares, el monto más alto de la historia hasta 1998, lo que muestra el respaldo que recibió ése gobierno de los organismos financieros, de la banca privada internacional y del gobierno de EE.UU. Los pagos de la deuda llegaron al 22% de las exportaciones y el interés de 4.2% fue mucho mayor que en los otros períodos”. Echazú, Luis Alberto 2004. Historia de la deuda externa boliviana. 29 de enero de 2004. www.cadtm.org/article.php3?id_article=424

[20] Ormachea, Enrique Versión basada en el documento de coyuntura “¿Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente? El Gobierno del Mas y las políticas de tierras”, CEDLA, 2007 de pronta publicación

[21] Urioste, Miguel. 1988 Segunda Reforma Agraria. Campesinos, tierra y educación popular. (La Paz- Bolivia: CEDLA)

[22] Morales, Juan Antonio y Pacheco, Napoleón 1999 Contexto económico. En: Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea.( Bolivia:  ED. Harvard Clud de Bolivia)

[23] Zavaleta Mercado, René 1995. La caída del MNR y la conjuración de noviembre. (La Paz- Bolivia: ED. Los amigos del libro)

[24] Zavaleta Mercado, René. El Estado en América Latina. 1990. (La Paz –Bolivia: ED. Los amigos del Libro).

[25] Dentro de dichos militantes los más conocidos son Néstor Paz Zamora, Mauricio Lefevre,

[26] CONDEPA Y UCS (Unión Cívica solidaridad)

[27] Los “ríos de sangre” hacían referencia a una frase pronunciada por Jaime Paz Zamora, líder del MIR con relación al asesinato de miembros de su partido en la dictadura de Bánzer (la masacre de la calle Harrington), e incluso a la muerte de su propio hermano en la guerrilla de Teoponte en la misma época. Su hermano, Néstor Paz Zamora, junto con otros jóvenes seguidores de la teología de la liberación y la experiencia guevarista, fueron los fundadores del MIR.

[28] La capital oficial de Bolivia es Sucre, pero la sede de gobierno es La Paz. Esto se explica por el resultado de la guerra federal de 1898, cuando los conservadores centrados en Sucre se enfrentaron a los liberales paceños por el poder; al ganar los liberales la sede de gobierno se trasladó a La Paz, pero se llegó al acuerdo de que la sede del poder judicial y el reconocimiento como capital quedaría en Sucre.

[29] Moldiz Mercado, Hugo. 2007. Bolivia: crisis estatal y proceso de transformación. En: Stolowicz, Beatriz (coord). 2007. Gobiernos de izquierda en América Latina. (Colombia: Ediaciones Aurora.).

[30] “… el Estado boliviano hasta el día de hoy  se presenta como una institucionalidad política no sólo monocultural sino también monocivilizatoria o uniorganizativa, lo que impide históricamente su estabilidad, pues siempre se presenta como una mera parcialidad, como una parte de un todo que no logra sintetizar”. García Linera, Álvaro. 2003. Democracia liberal vs. Democracia comunitaria. En El desprendimiento: pensamiento crítico y giro des – colonial. interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento. (Argentina. Ed. Del signo. And globalization and the Humanities. Project. Duke University). Pag 76

[31] ibid

[32] Frase utilizada en repetidas ocasiones por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, David Choquehuanca.

[33] Soruco, Ximena (coord) 2008. los barones del oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. (Santa Cruz – Bolivia. Fundación Tierra)

[34] Moldiz Mercado, Hugo. 2007. Bolivia: crisis estatal y proceso de transformación. En: Stolowicz, Beatriz (coord). 2007. Gobiernos de izquierda en América Latina. (Colombia: Ediciones Aurora.).