Jesús Dávila
El Presidente Barack Obama designó para el Tribunal Supremo a una jurista que desarrolló la teoría de que es viable conceder arreglos especiales a Puerto Rico si se le anexa como estado de la Unión, a la vez que su Gobierno inició los pasos para liberar a un preso político independentista. Las dos acciones estratégicas de Obama sobre Puerto Rico, tomadas en un mismo día, se refieren a hechos ocurridos hace cerca de 30 años en relación con dos aspectos muy distintos del caso colonial de esta nación caribeña, que el mandatario estadounidense ha prometido resolverá este mismo cuatrienio.
El primero ocurrió en 1979 cuando Sonia Sotomayor, una puertorriqueña nacida y criada en el Bronx, Nueva York, escribió un ensayo para
Sotomayor argumentó entonces que nada en la Constitución impedía a EEUU dar ese trato especial a Puerto Rico.
Con el correr del tiempo, aquella brillante abogada joven, de historial jurídico descrito como “moderado” y miembro de
Muchos mencionan casos famosos en los que ha intervenido, como su decisión que resolvió la disputa que paralizó la liga de béisbol profesional estadounidense, pero pocos recuerdan su peritaje en cuanto a medidas especiales para viabilizar que Puerto Rico se convierta en estado de la Unión.
El segundo caso ocurrió apenas meses después de que Sotomayor escribiera su ensayo, cuando fueron arrestados en Evanston, Chicago, una decena de miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, que tenía un historial de ataques como parte de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Uno de los arrestados, que se negaron a defenderse porque se declararon “prisioneros de guerra”, era el joven
A la vez que Obama acaparaba la atención de los medios de prensa con la designación de Sotomayor, sin hacer mucho ruido la Junta de Libertad Bajo Palabra de EEUU celebró una audiencia a Torres, uno de los presos políticos con más tiempo encarcelado. La junta acordó recomendar un proceso gradual para la liberación de Torres, que incluiría su traslado a una institución de “readaptación” durante seis meses, luego de lo cual podría quedar en libertad bajo condiciones especiales.
Tanto sobre la designación de Sotomayor, como en cuanto a la liberación de Torres, se trata de determinaciones que tendrán que ser refrendadas por los organismos pertinentes antes de ser finales y firmes. En el caso en particular de la designada como juez asociada del Tribunal Supremo, la votación será tomada en el Senado en Washington y ya sectores de derecha de la prensa estadounidense han comenzado a atacarla.
Para el movimiento anexionista, que controla en Puerto Rico la gobernación, las cámaras legislativas, el Comisionado Residente en Washington y hasta el Tribunal Supremo insular, la designación de Sotomayor para el Tribunal Supremo de EEUU era tomada con gran entusiasmo. El alto foro judicial sería la última instancia apelativa si se generan controversias legales sobre el proceso para revisar la condición política de Puerto Rico que ya comienza en el Congreso, aunque sin consenso de las fuerzas políticas boricuas.
Pero la designación de Sotomayor no era aplaudida sólo por los anexionistas, sino que contó de inmediato con un respaldo sólido de parte de los autonomistas y de diversos sectores puertorriqueños, tanto en el territorio nacional acá en el Caribe como en la “diáspora” boricua de EEUU. Huérfana de padre desde temprana edad, criada por su madre en un vecindario pobre del Bronx, estudiante aventajada y con un historial de servicio social impresionante –como su participación en el Puerto Rican Legal Defense Fund- Sotomayor es ahora símbolo de orgullo boricua fuera de líneas partidarias o doctrinales.
El caso de la libertad de los presos políticos, por otro lado, es otro tema que ha demostrado ser objeto de apoyo por parte de sectores amplios en Puerto Rico y EEUU.
Se trata, sin embargo, de los primeros movimientos perceptibles por parte del nuevo Presidente de EEUU en un camino que parece un campo minado.
Eso quedó demostrado cuando el pasado primero de mayo el Ejército Popular Boricua-Macheteros informó haber detectado agentes del Buró Federal de Investigaciones en unión a la Policía nacional tomando posiciones con francotiradores en las azoteas de los edificios cercanos al paso de la manifestación multitudinaria de trabajadores.
A tono con su política ordinaria, el FBI informó que no podía confirmar ni negar los informes de que sus agentes estuvieron activos ese día durante la manifestación obrera. Los Macheteros, por su parte, afirmaron que lo observado es indicativo de que el FBI y la Policía nacional “continúan planificando operativos” como el de un grupo comando que mató a su comandante Filiberto Ojeda en 2005.
El operativo de 2005 abortó las conversaciones que Ojeda sostenía con
